Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
En materia de empleo, la administración de Enrique Peña Nieto se escuda en cifras que ni sus propios colaboradores avalan, como lo hizo evidente hace varios meses el titular de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Los ripios y supuestos logros que emanan de Los Pinos simplemente no se sostienen, ni siquiera en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La metralla publicitaria del gobierno ha sido incesante. En tiempos electorales, ante su impopularidad, el presidente Enrique Peña Nieto y su partido recurren al autoelogio, al panegírico de sus supuestos logros.
Radio, televisión, redes sociales y los espacios para anuncios espectaculares se ven inundados estos días por spots, videos, mensajes que dibujan a México como una gran potencia, un país de grandes ligas. Son muchas las ideas que el gobierno quiere encajar en la memoria de los mexicanos, de cara a las elecciones federales, como por ejemplo que de más de 200 países miembros del Banco Mundial, el nuestro ocupa el lugar 15 por el valor de su economía: un billón 47 mil millones de dólares en 2016. Es 17 veces menor a la de Estados Unidos, que ocupa el primer lugar. Pero eso no se dice.
O que México ya es el octavo país más visitado por turistas extranjeros; que somos el quinto productor mundial de automóviles, que el país es el exportador mundial número uno de aguacates; que, con más de 300 empresas internacionales instaladas aquí, la nación es ya la tercera proveedora de la industria aeroespacial en el mundo.
O que México es el cuarto país con mayor biodiversidad, lo que representa una oportunidad para impulsarlo como líder en biotecnología; que en cinco años se han creado más de 3 millones 460 mil empleos, cifra superior a “lo alcanzado en cualquier sexenio completo anterior”, dice con frecuencia Peña Nieto.
O que además del aguacate, México es líder en exportaciones de cerveza, tequila, limas, limones y pantallas planas.
La lista es interminable. Y nada es mentira. Acaso habría que matizar algunos datos.
El problema es que ese rostro impresionante de país moderno, de potencia exportadora que puede competir con cualquiera –y que es el que sólo admite y enfatiza el gobierno–, no corresponde con la vida cotidiana de la gran mayoría de los mexicanos, quienes viven en una desigualdad social cada vez más grave y con ingresos cada vez más precarios.
Peña Nieto ha presumido reiteradamente ser el “presidente del empleo”, pues en su administración se han creado unos 3.5 millones de trabajos formales nuevos, según él.
Pero el propio secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en entrevista con este semanario (Proceso 2126) el pasado julio, matizó el discurso presidencial, por no decir que le enmendó la plana a su optimismo:
“¿Qué es lo que en realidad ha pasado? Que hay una migración muy importante de empleos que eran informales, hacia la formalidad. Eso ocurrió. ¿Por qué le llaman ‘nuevo empleo’? Yo no utilizo esa palabra, yo utilizo ‘altas al Seguro Social’, para que se reconozcan las dos realidades; una es nuevo empleo y otra cosa es formalización, porque además el trabajo de formalización le corresponde mucho a la Secretaría (del Trabajo). Son empleos nuevos y empleos viejos que se formalizaron. La realidad es que es una combinación”, dijo.
Lo cierto es que las cifras oficiales –las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)– dan cuenta de una realidad: los nuevos empleos son más precarios y es más la gente que recibe salarios más bajos y menos la que recibe salarios más altos.
Por ejemplo, en el último año del gobierno de Felipe Calderón fueron seis millones 790 mil personas las que, en promedio, percibían “hasta un salario mínimo”. En el caso de Peña Nieto, el promedio, hasta el tercer trimestre de 2017, fueron siete millones 455 mil personas las que tenían ese nivel de ingresos. Es decir, 665 mil más: 9.8%.
En el caso de quienes ganan “más de 1 y hasta 2 salarios mínimos”, según el Inegi, en 2012 con Calderón fueron 11 millones 404 mil, en promedio. Con Peña la cifra subió a 14 millones 21 mil 189 personas: 2.6 millones más, 23%.
Un punto de inflexión se da en el rango de “más de 2 y hasta 3 salarios mínimos”. El promedio del último año de Calderón fue de 10 millones 644 mil 88 personas con ese ingreso, contra 11 millones 80 mil 140. Una diferencia, mínima, de 4% en favor de Peña.
A partir de ahí, la cruda realidad de la concentración de los mejores ingresos en menos personas. Quienes percibieron “más de 3 y hasta 5 salarios mínimos” fueron, con Calderón en su último año, 7 millones 364 mil 557, contra 6 millones 617 mil 396 de Peña. Una diferencia de 747 mil 161 personas: 10.14%.
Finalmente, quienes tuvieron ingresos equivalentes a “más de 5 salarios mínimos”, el rango más alto que registra el Inegi, se tiene que el promedio en 2012, último año de la administración pasada, fue de 3 millones 900 mil 335 personas. Con Peña, el número cayó dramáticamente: 2 millones 734 mil 537; 1 millón 166 mil menos, equivalente a 30% abajo.
Es decir, con Peña Nieto casi 1.17 millones de trabajadores abandonaron las filas de los ingresos privilegiados.
De estadísticas y salarios
Todos esos datos se desprenden de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que trimestralmente levanta el Inegi. En resumen, puede verse que, de una Población Ocupada, hasta el tercer trimestre de 2017, de 52 millones 438 mil 646 personas 62% percibe ingresos menores a un salario mínimo y hasta tres mínimos.
Sin duda, los datos más reconocidos sobre la distribución de los ingresos y la concentración de la riqueza en el país los da el propio Inegi a través de su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que levanta cada dos años. La más reciente, de 2016 y dada a conocer en 2017, revela la magnitud de la concentración de la riqueza en el país.
La ENIGH divide a la población en 10 deciles de hogares. Cada decil representa 10% del total de hogares del país. La encuesta de 2016 arrojó que el decil I, es decir, el 10% de los hogares con menos recursos, tuvo un “ingreso corriente promedio trimestral” de 8 mil 166 pesos, que significan 91 pesos al día (por todos los miembros del hogar) y aproximadamente 37 pesos diarios por perceptor.
En el extremo, los hogares del decil X, los de más altos recursos, tuvieron un ingreso trimestral promedio de 168 mil 855 pesos, que para el hogar en su conjunto significó mil 876 pesos por día, y 766 pesos diarios por cada miembro de la vivienda con ingresos.
En resumen: las familias del decil X tienen ingresos equivalentes a 21 veces los de los hogares del primer decil. O bien, los miembros de los del decil I perciben en promedio un ingreso diario –37 pesos– que es inferior 21 veces al ingreso de los miembros de los del decil X.
De otra forma: los hogares del decil I tienen un ingreso corriente trimestral promedio –8 mil 166 pesos– que es apenas 4.8% del ingreso trimestral –168 mil 855 pesos– de los del décimo decil.
Peor aún, la suma de los ingresos trimestrales del decil I al VII –70% de los hogares del país– es de 170 mil 926 pesos, apenas arriba de lo que perciben los hogares del décimo decil por sí solo.
En las actuales negociaciones para la “modernización” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) salió a relucir el tema de los bajos salarios en México, que Estados Unidos y Canadá cuestionan severamente, y las autoridades mexicanas defienden, pero que paradójicamente no ha llevado a una confrontación.
La razón: justamente los bajos salarios en México es lo que hace “competitiva” a la región de América del Norte frente al mundo, particularmente en el sector automotriz –no por nada prácticamente todas las marcas tienen plantas armadoras en el país–, pero en general lo es en la industria manufacturera.
Y ser más “competitivos” quiere decir que la región puede vender productos más baratos al mundo.
Un estudio de El Colegio de México reseñado recientemente en este semanario (Proceso 2130) refería: “Sin embargo, la diferencia salarial entre los países de la región del TLCAN persiste. En 2016, por cada dólar por hora que un trabajador mexicano ganó en las empresas armadoras automotrices, un estadunidense ganó 9.1 dólares y un canadiense 8.4. En la industria de partes automotrices la brecha fue mayor, de 11.8 y 12.8 dólares, respectivamente”.
También: “La brecha salarial entre los países no sólo se ha mantenido, sino que se ha incrementado. Por ejemplo, en 1994 los salarios en la industria automotriz terminal en Estados Unidos y Canadá eran 5.4 y 5.1 veces los salarios en México; en 2016, dicha razón de salarios se incrementó a 9.1 y 8.4. De igual manera, la brecha salarial se conservó en la industria de partes automotrices, donde un trabajador mexicano ganó 7.8% de lo que gana un trabajador canadiense y sólo 8.4% de uno estadunidense”.
El año violento
Información del Inegi sobre salarios en la industria manufacturera de varios países da cuenta de la dramática situación de los obreros mexicanos que mejores remuneraciones tienen. Tan sólo en enero de 2017 el salario en esa industria, en México, fue de 1.9 dólares la hora; en Chile, de 3.0 dólares y en Estados Unidos, 20.7 dólares por hora.
Para octubre de 2017 el salario en la industria manufacturera en México fue de 2.2 dólares por hora; en Chile, de 3.1, y en Estados Unidos, de 21.1.
De hecho 2017 fue un año singular y caótico. Fue, según cifras del propio gobierno federal, el más violento de la historia reciente del país: 26 mil 573 víctimas de homicidio.
También en la economía. No empezaron bien las cosas en el año y terminaron mal. La inflación se descontroló desde el principio. El fuerte incremento en los precios de las gasolinas, el 1 de enero de 2017, propició un disparo de la inflación que, incontenible, deterioró durante todo el año el valor real de los salarios.
Ya para la primera quincena de diciembre la inflación había alcanzado un nivel de 6.69%, lo que significó un retroceso de 23 años, pues esa cifra es muy similar al promedio mensual de inflación de 1994.
Desde el 1 de enero de 2017 el salario mínimo oficial era de 80.04 pesos, siete más que el vigente durante todo 2016, que fue de 73.04. Es decir, tuvo un aumento nominal de 10%. Ese incremento implicó una recuperación del salario mínimo real que, en 2016, había terminado en un promedio de 60.89 pesos (que significaba el poder de compra del salario nominal de 70.04 pesos) y en enero de 2017 había subido a 64.24 pesos (reales, con base en pesos de la segunda quincena de diciembre de 2010, como estableció el Inegi).
Sin embargo, el llamado gasolinazo del 1 de enero dio al traste con el salario real. Así, de un salario oficial de 80.04 pesos, vigente de enero a noviembre de 2017, se pasó a un salario real declinante.
En efecto, en enero fue de 64.24 pesos el salario mínimo real; en febrero, de 63.87; marzo, 63.48; abril, 63.40; mayo, 63.48; junio, 63.62; julio, 63.08; agosto, 62.77; septiembre, 62.57; octubre, 62.18 pesos, y noviembre (último dato), de 61.55 pesos.
Es decir, el salario mínimo real perdió 4.2% de enero a noviembre. Eso significó que el salario mínimo nominal de 80.04 pesos perdiera casi 18.5 pesos de poder de compra.
Ya el Banco de México dijo que será hasta 2019 cuando la inflación se acerque a su meta de 3%, más una variabilidad de más-menos un punto porcentual. Es decir, seguirán cayendo los salarios reales.
En 2018 no habrá remanentes del Banco de México tan generosos como en los dos últimos años, que le permitieron a la Secretaría de Hacienda bajar la presión de la deuda pública.
La economía sigue desacelerándose. Las negociaciones del TLCAN no pintan nada bien. El presidente Donald Trump ha vuelto a la cargada contra México: insiste en castigar a los dreamers y está decidido a construir su muro. Además de que su reforma fiscal ya tiene tronándose los dedos y sudando frío a las autoridades financieras del país.
Y por si faltara algo, la contienda electoral para definir al sucesor de Peña Nieto no augura un México en paz, tranquilo y con certidumbre. (Con información de Mathieu Tourliere y Juan Carlos Cruz.)
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Legislación laboral, punto débil de México en el TLCAN/ROSALÍA VERGARA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Desde 1994, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hasta 2016, último año del que se registran datos completos, se han presentado 47 peticiones de revisión por violaciones a los derechos laborales de los tres estados miembros: México, Estados Unidos y Canadá.
Ocho de estos recursos se presentaron simultáneamente en dos oficinas para revisiones por separado, por lo que no se tomaron en cuenta en el documento del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República, denominado “Temas laborales en la renegociación del TLCAN: Propuestas para el Acuerdo Laboral y su significado para las posiciones mexicanas”.
Los 39 casos restantes sí se revisaron y en dos de ellos está pendiente la decisión sobre llevar a cabo o no una revisión formal; otros seis casos aún tienen que pasar por todo el proceso hasta la etapa de resolución formal.
De los casos revisados, 23 impugnaron decisiones de México, 13 de Estados Unidos y tres de Canadá. Las violaciones a los derechos laborales colectivos más recurrentes son: libertad de asociación y protección al derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva. Las violaciones a los derechos laborales individuales más concurrentes son a las condiciones mínimas de trabajo, a las leyes en materia de salud, seguridad y a la transparencia en el acceso a la legislación laboral.
Desigualdad salarial, un obstáculo
En la tercera ronda de reuniones de renegociación del TLCAN realizadas en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre pasados, la representación estadunidense hizo una propuesta inicial que siguió en gran parte el capítulo laboral del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). El documento, fechado el 21 de noviembre pasado, establece que el primer cambio constitucional requerido es incorporar la Cláusula Laboral en el texto general del acuerdo de cooperación.
Además, se pone especial atención a las violaciones de los derechos laborales de migrantes reportados en los casos de visas H2A/H2B presentadas contra Estados Unidos, que incluyen pagos ilegales de cuotas de contratación a los reclutadores a cambio de visas, retención de pasaportes y otros documentos por parte de los empleadores, descuentos de honorarios con el pretexto de incumplimiento de contrato en represalia por salir de los lugares de trabajo debido a las malas condiciones y poner en una lista negra a los empleados por denunciar violaciones de los términos de los contratos.
“Ampliar la aplicación de la solución de controversias para incluir todas las violaciones laborales, así como aumentar las medidas de aplicación abriendo todas las violaciones a multas y sanciones comerciales, representa un fortalecimiento importante de los mecanismos de aplicación del acuerdo laboral, pero también representa serios riesgos para México”, indica el documento.
Lo anterior, porque con este nuevo esquema las violaciones al derecho de asociación y negociación colectiva estarían abiertas a mecanismos formales de solución de controversias que al final podrían resolverse por medio de multas y sanciones comerciales.
El problema es que, en México, están cerrados todos los tipos de resolución en los casos de violaciones a los derechos colectivos de los trabajadores, exceptuando las consultas ministeriales.
“Este nuevo escenario expone a México a posibles sanciones comerciales ante la presentación de nuevos casos en su contra”, señala.
Esto significaría una gran presión para las autoridades mexicanas para que se respeten los derechos de los trabajadores, pues las violaciones representan, ahora, un conflicto potencialmente grave para las relaciones comerciales.
Otro problema para México es el alto costo que pueden tener las multas por violaciones a los derechos laborales, pues en 1994 se estableció en .007% sobre el comercio total ordenado en el TLCAN, que si bien al principio era insignificante, después de 24 años de vigencia del tratado, en 2016, representaba una sanción de 314 millones de dólares por caso, si un panel determinara que México no está aplicando sus leyes laborales.
Además, menciona que las sanciones, “al menos según lo previsto en el TPP, no están dirigidas contra las empresas o incluso los sectores de la economía donde ocurren violaciones a los derechos laborales, dado que la Cláusula Laboral se centra en las acciones gubernamentales”.
Las sanciones comerciales se aplicarían a las exportaciones totales de un país en términos de derechos compensatorios sobre una gama de productos, igual al valor de las violaciones laborales.
Adicionalmente, en el contexto de la renegociación del TLCAN, se han cuestionado los bajos salarios mínimos que atraen a empresas estadunidenses al otro lado de la frontera.
“México ha enfrentado importantes críticas por parte de sindicatos en los tres países acerca de la gran disparidad salarial que existe entre los trabajadores en Canadá y Estados Unidos, por un lado, y los mexicanos por el otro, incluso si se trata del mismo sector”, añade.
Para los sindicalistas, afirma, el conflicto principal es que el sistema de regulación laboral en México –con sus límites a la libertad de asociación y negociación colectiva– establece un impedimento considerable para la auténtica representación de los trabajadores, por medio de la cual éstos “podrían negociar con sus empleadores el establecimiento de salarios decentes e iguales a la productividad del trabajador, incluso si ésta fuera menor que la de un empleado canadiense”.
Los sindicatos, menciona el documento, no consideran vital que se homologuen los salarios, sino que México cumpla con su propia legislación laboral y termine con las prácticas restrictivas que limitan la facultad de los trabajadores para negociar incrementos salariales.
En ese sentido, la poderosa Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales y el Sindicato Nacional de Trabajadores firmaron un pacto para pugnar por cambios al Capítulo Laboral del TLCAN que promuevan el cumplimiento de derechos colectivos e incluyan un salario mínimo que disminuya la brecha entre los países miembros del tratado, pues actualmente el salario mínimo de México es de 7% del estadunidense.
“Las críticas a la política de salario mínimo en México no están fuera de lugar: actualmente el salario mínimo oficial se establece por debajo del umbral nacional de pobreza y únicamente cubre 84% de los productos de la canasta básica”, añade.
Esta situación instó a la Confederación Patronal de la República Mexicana a enviar, en octubre de 2017, una notificación formal a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos solicitando un aumento de 19% al salario mínimo, a 92.54 pesos diarios; monto que cubriría todos los productos de la canasta básica, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. “Esto, sin embargo, representaría un avance mínimo para disminuir la brecha salarial entre los países miembros del TLCAN”, agrega el mencionado documento de la delegación estadunidense.
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