El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero

El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero/MATHIEU TOURLIERE

Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..

Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI, que se dio a conocer el miércoles 3.

El sistema de combate al lavado de dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros.

Tras 11 años de “guerra contra el narcotráfico” –en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas–, el gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales. De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero, que la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016, quedaron impunes.

Los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña– y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la segunda no investiga, y menos castiga, a los criminales.

Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos establecimientos, apenas 0.2%.

Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función “fundamental” en el lavado de dinero.

“A veces el notario puede estar coludido con el prestanombres (por ejemplo cuando el notario registra decenas de empresas a nombre de la misma persona sin reportarlo)”, señala el GAFI, el cual recordó que el SAT nunca ha revocado el permiso a un notario, aunque en 2016 detectó que 10 de ellos habían cometido más de 150 infracciones.

Según el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, publicado por el organismo internacional el pasado miércoles 3, existen “serias deficiencias” en la identificación de los llamados “beneficiarios finales”, es decir, los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias. Aprovechando estas fallas, los delincuentes utilizan intermediarios y prestanombres para crear sociedades de papel y abrir cuentas que les permiten lavar dinero anónimamente.

Particularmente expuestas a ser utilizadas para lavar dinero, las sociedades de banca múltiple –que gestionan actualmente 8 billones 858 mil millones de pesos en activos– tienen controles laxos para indagar a los beneficiarios finales e identificar a sus clientes de riesgo, entre ellos los políticos y otros “personajes políticamente expuestos” (PPE).

Según el GAFI, los bancos identifican a los beneficiarios finales “sólo en circunstancias limitadas” –muchas veces confían en las propias declaraciones de sus clientes– y en 99% de los casos clasifican a sus clientes PPE como de riesgo “mediano” o “bajo”.

El gobierno de Enrique Peña Nieto informó al GAFI que apenas está elaborando una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, la cual “establecerá prioridades más claras” y “está por finalizarse”.

Migajas del PIB

El gobierno federal estima que cada año los ingresos del tráfico de mariguana y cocaína, del fraude fiscal y de “otros delitos” suman por lo menos 56.5 mil millones de dólares (equivalentes a 6.6% del PIB nacional de 2014), los cuales requieren del lavado para ingresar en la economía formal, de acuerdo con un informe confidencial que la administración entregó al GAFI y que consultó la agencia Reuters.

En un reportaje publicado en noviembre pasado, la agencia señaló que esta suma no incluye “los ingresos del tráfico de heroína y metanfetamina” ni el dinero generado por “los crímenes de cuello blanco como el desvío de dinero público y el uso de información privilegiada, el tráfico de personas y de armas, el robo de hidrocarburos y la explotación sexual”.

Tras analizar el informe confidencial del gobierno –que sirvió de base para su propio estudio sobre México–, el GAFI consideró que algunas de sus conclusiones “no aparecen razonables o completas en algunos aspectos”. Lamentó, por ejemplo, que el gobierno no identifique la corrupción como una “amenaza principal” en materia de lavado de dinero.

Sin embargo, al igual que las estructuras de blanqueo de capitales utilizadas por el narcotráfico, los esquemas de desvío de dinero público más sonados de los últimos años involucraron redes de empresas fantasma y prestanombres.

Fue el caso en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, pero también en el presunto desvío de cientos de millones de pesos de la SHCP –entonces dirigida por Videgaray– operado a través del gobierno chihuahuense de César Duarte Jáquez para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016.

El GAFI se alarmó de que, en materia de corrupción, la PGR es todavía más estéril que con el lavado de dinero: de las 13 mil averiguaciones previas que inició entre 2013 y 2016, la dependencia consiguió apenas 51 condenas, equivalentes a una eficiencia de 0.4% o, dicho de otro modo, de una tasa de impunidad de 99.6%.

Por si fuera poco, la ley no incluye como PPE a los militares retirados, algunos de los executivos de las empresas paraestatales o funcionarios municipales, y tampoco obliga los bancos a determinar si los beneficiarios finales de las cuentas de sus clientes pertenecen a esta categoría.

Según los expertos del GAFI, la evasión de impuestos es una práctica “generalizada” en el país, que representó una pérdida de 484 mil millones de pesos para el Estado en 2012. Peor aún: año tras año, desde 2013, se redujo el número de investigaciones que la PGR inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013, a sólo 455 en 2016.

Eficiente en el papel

El Estado mexicano reconoció en 2000 la “vulnerabilidad” de su economía frente al lavado de dinero y se adhirió al GAFI, creado 11 años antes. En los últimos 17 años, los sucesivos gobiernos pasaron leyes y diseñaron mecanismos institucionales para combatir el delito acorde a las reglas del organismo.

El esquema actual recae en gran parte en la colaboración de los bancos y las empresas con actividades susceptibles de lavar dinero con las autoridades. Son los responsables de detectar las “operaciones de riesgo”, de identificar a sus clientes y de enviar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP cuando lo estimen necesario.

La UIF centraliza y analiza los informes y, de confirmar las sospechas, pasa los casos a la PGR. A su vez, ésta investiga, integra el expediente y lo presenta ante un juez.

Las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, junto con el SAT y el Banco de México, verifican que los bancos y empresas realicen las acciones de vigilancia e inspección, y castigan a las infractoras.

Tal es el marco normativo del combate al lavado de dinero que, según el GAFI, “mejoró significativamente” en México desde 2008.

Sin embargo, este año la ASF evaluó la eficiencia de la Procuraduría y de Hacienda en la detección y persecución de los delitos financieros. Su diagnóstico, junto con el informe del GAFI, exhibe el abismo que separa las leyes de la realidad.

Desastre en la práctica

La PGR tiene un alto grado de ineficiencia en la investigación y la persecución del lavado: en 2016, según la ASF, solo 39 de las 2 mil 26 averiguaciones previas abiertas acabaron ante la justicia, y sólo tres generaron sentencias condenatorias, lo que representa un nivel de ineficiencia de 98%.

La calidad de las investigaciones se deterioró en los últimos años: en 2013 se dictaron sentencias en 22% de las averiguaciones, contra 3% en 2016. “De mantenerse este comportamiento no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros”, advirtió el órgano fiscalizador.

Para explicar estos hallazgos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros se escudó detrás de la falta de personal para “atender la operación” del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, según la ASF.

La auditoría plantea que la PGR contaba en 2016 con 118 agentes adscritos a las unidades de combate a los delitos financieros. Hasta hace poco tiempo la dependencia no tenía el lavado de dinero entre sus prioridades, por lo que estas unidades todavía no tienen protocolos que les indiquen cuándo abrir una investigación, observó el GAFI.

Si bien la PGR tiene acceso a la enorme cantidad de información financiera, fiscal, bancaria y corporativa generada por la UIF –su base de datos tiene alrededor de 650 millones de registros–, entre 2013 y 2016 la consultó solamente mil 439 veces.

Además, la PGR realizó confiscaciones de bienes y de efectivo en apenas tres de los 35 casos “exitosos” de lavado de dinero que siguió desde 2013. Según el GAFI, la Procuraduría se incautó de 50 millones de dólares derivados del lavado de dinero en 2016, apenas 0.1% del monto que resulta de las operaciones ilícitas anuales.

El organismo internacional también notó que la PGR concentra sus esfuerzos en las operaciones de lavado de dinero en México, y a menudo se ocupa de los esquemas trasnacionales. Así, se tarda entre cinco meses y un año en atender las solicitudes de cooperación de otros países en materia de lavado de dinero.

Entre 2010 y 2016 la dependencia sólo presentó 210 solicitudes de asistencia de otros países en materia de lavado de dinero. Dirigió la mayoría a Estados Unidos (92) y en menor medida a Colombia (33), España, Guatemala y Panamá, y en estos siete años envió una sola solicitud a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y Singapur.

Según el GAFI, en este lapso la PGR no extendió ninguna petición a otros paraísos fiscales como Bermudas y las Bahamas, pese a las evidencias de que ricos mexicanos incorporaron estructuras offshore en estas jurisdicciones, como lo exhibieron las investigaciones periodísticas globales Panama Papers, BahamasLeaks y Paradise Papers, en las que participó Proceso y que detonaron investigaciones en la UIF.

Pese a los millones de reportes que las instituciones financieras envían cada año a la UIF, ésta interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero entre 2013 y 2016, que el GAFI considera un número “insuficiente”.

El gobierno mexicano reconoce que, a excepción de los bancos, una fracción ínfima de las empresas y de los profesionistas susceptibles de lavar dinero envía sus reportes a la UIF: según los datos oficiales, entre 2014 y 2016 la unidad recibió 477 alertas del sector inmobiliario, tres de casinos y 89 de notarios, pero ninguna de joyerías ni de abogados y contadores.

El GAFI notó que los casinos, donde circulan importantes flujos de dinero en efectivo, siguen operando en México bajo una ley “obsoleta” que data de 1947: la Secretaría de Gobernación les otorga una licencia, pero puede investigar los historiales de los accionistas y directores. Es más: la ley de 1947 ni siquiera se aplica a los casinos que operan en los cruceros.

Multas irrisorias

La CNBV cuenta con un equipo de 99 personas de tiempo completo para inspeccionar y vigilar las conductas de alrededor de 3 mil 300 instituciones financieras, una cifra que el GAFI califica de “baja”.

El organismo estima que, pese al monitoreo de la CNBV, las instituciones financieras “no demuestran una atención suficiente ante los riesgos asociados con la malversación de empresas”, y subraya que las sanciones aplicadas contra ellas resultan “extremadamente bajas”: menos de 9 mil dólares en promedio.

Desde 2014, de las 12 mil 200 sanciones que impuso la CNBV a empresas del sistema financiero, sólo 31 estuvieron relacionadas con el lavado de dinero, según una revisión de la base de datos oficial efectuada por Proceso.

En estos cuatro años, Intercam Casa de Bolsa resultó la empresa más castigada por la CNBV, que detectó varias deficiencias y omisiones en sus acciones de prevención del lavado de dinero: recibió seis multas por un total de 41 millones 680 mil pesos. El banco se amparó y hasta la fecha no ha pagado ni un peso.

Aunque se aplicaran, estas sanciones no representarían una gran pérdida para Intercam, que en noviembre pasado manejaba 24 mil 593 millones de pesos de activos totales, 60% más que en el mismo mes de 2016, según las estadísticas de la CNBV.

Ese grupo financiero fue fundado en enero de 1996 por Luis Esteve de Murga –cuñado del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont– y Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, un exbanquero de Citibank; ambos siguen en su consejo de administración.

En abril de 2008, la embajada de Estados Unidos en México publicó el testimonio del narcotraficante colombiano Mauricio Bernal Palacios, quien señaló que durante 2004 los grupos criminales lavaron cerca de 100 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Intercam y en Monex, uno de los bancos involucrados en el escándalo de las tarjetas de prepago utilizadas por el PRI durante la campaña electoral de 2012.

En términos de sanciones, México queda muy por debajo de Estados Unidos. En julio de 2012, por ejemplo, la CNBV presumió la “mayor sanción” de su historia, que impuso al grupo financiero HSBC por 369 millones de pesos (equivalentes a 31 millones de dólares al cambio de ese mes) por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

Cinco meses después, la SEC, el equivalente estadunidense de la CNBV, impuso una multa cercana a 2 mil millones de dólares al mismo banco –64 veces superior a la sanción mexicana–, tras determinar que los cárteles de Sinaloa y el del Norte del Valle lavaron por los menos 881 millones de dólares a través de HSBC.

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La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje/VERÓNICA ESPINOSA

Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..

IRAPUATO, GTO.- Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente dio a conocer ese organismo internacional.

El informe evidencia la mala actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro, lo mismo que las administraciones estatales, de las cuales ni la tercera parte cuenta con unidades de inteligencia patrimonial y no destinan presupuesto a ese tema, pese a que está definido como prioritario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

Juan Miguel Alcántara Soria, quien fuera subprocurador de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revela a Proceso que con ese cabildeo la SHCP pretendía que no se le exhibiera, independientemente de las omisiones y señalamientos que el informe contiene sobre el desempeño de la Procuraduría y los gobiernos estatales.

Alcántara, entrevistado el jueves 4, al día siguiente de que el GAFI publicara su Informe 2018, dice:

“Mi percepción es que esto se hizo para cuidar a los secretarios, a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, porque la versión original (del informe) era mucho más radical en su señalamiento de deficiencias y omisiones, particularmente de la UIF adscrita a la oficina del secretario de Hacienda. Todo lo que se señala sobre esto tiene destinatario: nombres y apellidos que son los dos secretarios de Hacienda del gobierno de Peña Nieto”, además del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal.

El actual consultor en prevención y combate al lavado de dinero comenta que funcionarios del GAFI aseguraron que la versión inicial del documento “apuntaba con mayor dureza a la responsabilidad de Hacienda”.

“Estamos enterados de esa versión porque, como consultores desde 2014 en temas de combate al lavado de dinero, socios y exsocios de la firma tenemos los contactos con funcionarios del GAFI. Es una relación visible, constante y comprobable; por eso conocimos esta primera versión que se puso a consideración del gobierno mexicano y también del cabildeo fortísimo de la UIF de la SHCP para suavizar los términos.”

Con ello se logró “de alguna manera exculpar a la SHCP para culpar a la PGR y a los estados y municipios por las omisiones y deficiencias”, sostiene Alcántara, quien también fue procurador de justicia de Guanajuato.

Recuerda que, en noviembre pasado, al término de la reunión del GAFI en Argentina, Hacienda difundió un boletín en el que supuestamente el organismo validaba los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate al lavado de dinero, “cuando no se había aprobado la versión final del informe”.

En efecto, la SHCP y la PGR emitieron dicho boletín el 2 de noviembre, cuando José Antonio Meade aún no dejaba la primera para convertirse en precandidato del PRI a la Presidencia.

“El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008”, dice el comunicado publicado en el portal de Hacienda, y menciona que el informe se haría público “una vez que concluya su edición final”.

Como funcionario de la PGR y del SNSP en el sexenio de Felipe Calderón, Alcántara Soria intervino en la elaboración del segundo de los tres informes que el GAFI ha recopilado sobre la actuación del gobierno mexicano en estos rubros, en 2008:

“Me tocó primero participar en la parte de legislación, con el artículo 400 bis del Código Penal (que tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita), cuando fui subprocurador, y luego impulsar la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el último avance legislativo que se hizo al final del sexenio de Calderón.”

Ambos avances fueron incluidos en el “Segundo Informe de Evaluación Mutua”, del GAFI.

Posteriormente comenzó en el CNSP la aplicación de las estrategias acordadas con el organismo internacional, como la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, que firmaron 32 entidades en noviembre de 2010.

“No se les llamó unidades de inteligencia financiera porque el tema financiero es competencia federal, no de los estados; a éstos les competen los asuntos patrimoniales, como registros públicos y comercios”, aclara Alcántara.

Sin embargo, explica que el entonces procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, decidió que en la capital sí se llamaría UIF y consiguió darle autosuficiencia con varias acciones, sobre todo en las materias de importaciones, exportaciones y extinción de dominio.

Cerrazón federal

Como ya se había acreditado que México realizaba ese proceso legislativo y de construcción institucional, lo que evaluó el GAFI en 2017 fueron los avances en este entramado legal y en la estructura para combatir los delitos.

Sobre la tercera evaluación, Alcántara Soria indica: “Nos permite enfocar por un lado qué no se hizo bien y quién no lo hizo bien, pero también qué hay que hacer hacia adelante”.

Sin embargo, indica que al menos este año no se vislumbra liderazgo o capacidad del gobierno de Peña Nieto para dar algún paso en el tema, sobre todo en medio del proceso electoral, y menos aún ante la ineficiencia del titular de la UIF, Bazbaz, a quien Alcántara señala como el principal responsable de la parálisis en el área.

En 2015 integrantes de la consultoría Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, SC, de la que es socio Alcántara, se reunieron con Bazbaz en su despacho de la Ciudad de México, puesto que asesoraban a varios estados en la creación de sus unidades de inteligencia patrimonial. Ahí le expusieron al funcionario que no se estaba cumpliendo la estrategia para prevenir y combatir el lavado de dinero asumida públicamente por el Estado mexicano.

Relata el exsecretario ejecutivo del SNSP:

“Le pedíamos a Bazbaz que asumiera el liderazgo que le correspondía para incrementar las capacidades del Estado mexicano a través de los gobiernos estatales en esa estrategia, y lo que lamentable y reprobablemente nos contestó fue que él no iba a compartir ninguna información derivada de la inteligencia que se estaba generando para la UIF por todo el sistema financiero (bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, etcétera) y las actividades para sujetos obligados, como vendedores de autos, joyas, contadores y notarios; que toda esa información no se la iba a poner a disposición ni de la PGR ni de la Policía Federal, porque no les tenía confianza.

“Bazbaz nos dijo: ‘Yo sólo voy a poner a disposición de terceros información o reportes cuando me lo instruya el secretario de Hacienda. Si los estados con las unidades me quieren dar información, bienvenida, pero yo no les voy a dar nada’. Le cuestioné esa actitud, porque entonces era un esfuerzo infructuoso toda la inversión, incluso de instituciones financieras privadas, del gobierno y del gobierno de Estados Unidos. Nos dijo literalmente: ‘Háganle como quieran’.”

Lo peor, dice Alcántara, es que los exsecretarios Luis Videgaray y José Antonio Meade no repararon una grave omisión: “La SHCP es la única facultada para querellarse ante la PGR ante un posible delito por lavado en el sistema financiero. Tiene ese monopolio. Y se ha abusado de esa facultad discrecional: como no hay querellas de Hacienda, pues por mucho que la PGR esté observando lavado de dinero en un banco, no puede hacer nada, porque si la secretaría no lo denuncia, la procuraduría está imposibilitada jurídicamente para proceder”.

De ahí, enfatiza, que el informe 2018 del GAFI señale un mínimo porcentaje de reporte de actividades sospechosas que la UIF denuncia a la PGR: 1% de los que recibe. “Y si la PGR persigue el 1%, dada su incapacidad, ese 1% es nada”.

Eso sí, en la reunión con los consultores Bazbaz reconoció que la UIF cuenta con tecnología de punta financiada con 100 millones de dólares por la embajada de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el titular de la unidad era José Alberto Balbuena.

Éste fue socio de la consultoría mencionada y actualmente colabora con el empresario Ricardo Salinas Pliego en la prevención de lavado de dinero.

En tanto, la cerrazón federal tuvo consecuencias.­

Dice Alcántara Soria: “Estados Unidos tenía mucho interés en tener acceso a todos los registros públicos del país para los casos de lavado que llevan allá. Si esto se hubiera instrumentado como se planeaba, desde Estados Unidos se podría acceder a todos los registros públicos y encontrar, por ejemplo, todas las propiedades de Guzmán Loera en segundos. Pero esto se abortó con Bazbaz y ya no se logró el fruto de esa inversión que Estados Unidos esperaba recuperar con los resultados de largo aliento”.

Impotencia de la PGR

En el ámbito local, Bazbaz también le cerró la puerta a los estados que comenzaron a formar sus unidades de inteligencia patrimonial. “Esperaban conectarse al ciclo de la inteligencia para la diseminación de la información” y no pudieron hacerlo, dice Alcántara.

E indica que en 2015, como consultor, conoció una docena de proyectos para crear dichas unidades en los estados, algunos sólo en calidad de decreto gubernativo. Se avanzó en algunos, como los de Puebla, Sonora y Zacatecas, pero cuando la UIF quedó fuera de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad (según el entrevistado “ya no fueron invitados por Osorio Chong”), la embajada estadunidense se acercó para ofrecer financiamiento, sobre todo en software.

“Nos invitaron a algunas de sus sesiones con estas unidades estatales. Todos decían: vamos con Bazbaz y no nos recibe, no nos permite formalizar acuerdos de colaboración, coordinación y apoyo mutuo para elaborar y aterrizar estrategias de prevención y combate al lavado de dinero. Ahí constatamos que había estados que estaban inquietos, pero nunca encontraron la aceptación, la coordinación con la Unidad a cargo de Bazbaz. La cooperación sólo se da en casos excepcionales.”

Por ello, el exsecretario ejecutivo del SNSP no tiene reparos en señalar a Bazbaz, Videgaray y Meade como los principales responsables de las grandes deficiencias en el combate y la prevención del lavado de dinero, que contribuye al crecimiento de la violencia y de la delincuencia en el país.

Como ejemplo menciona el robo de hidrocarburos: “Tenemos corresponsables, que son Pemex y la UIF de la SHCP, que perfectamente pueden saber dónde está ese flujo de efectivo y no lo están denunciando a la tercera institución corresponsable, que es la PGR”.

Por eso recalca que la escalada de violencia que han generado las bandas de huachicoleros en varias entidades hace necesario que no se minimice el descuido con que el gobierno de Peña Nieto ha tratado el lavado de dinero.

Sobre el financiamiento al terrorismo, que se evalúa en el informe del GAFI, el entrevistado opina que parece muy lejano de México, “pero con la globalización nadie está exento”.

Y sobre la corrupción, comenta el caso de Javier Duarte en Veracruz: “La Auditoría Superior de la Federación le imputa a Duarte desvíos por más de 30 mil millones de pesos. Pero ahorita la PGR, vía judicial, le está solicitando decomisar 600 millones. Esto da dos perspectivas: por un lado, que como Duarte hay una veintena de gobernadores que desviaron cerca de 250 mil millones de pesos, evidencia del grado de corrupción de los estados, del grado de impunidad que hubo porque nadie los estaba investigando. Por otro lado, ejemplifica la deficiente actuación de la PGR”.

Esto, puntualiza, a pesar de que el actual encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, trabajó en la UIF, donde fue el brazo derecho de Bazbaz hasta que Raúl Cervantes se lo llevó como subprocurador jurídico a la PGR (cargo que ocupó Alcántara Soria en el gobierno de Calderón).

No obstante que Elías conoce perfectamente la operación de ambas dependencias, resalta Alcántara, no se ha dotado a la PGR de la técnica ni de los recursos humanos y financieros que, según el informe del GAFI, le faltan para la persecución e investigación de delitos directamente relacionados con lavado de dinero.

Por eso, en opinión del exprocurador de Guanajuato, “Elías es otro tecnócrata como Meade o Videgaray, que no tiene el carácter o el temple para asumir decisiones que pongan en riesgo su trayectoria, decisiones críticas. Hoy Elías está en un proceso de administración de crisis. La PGR está descabezada”.

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