La nueva justicia penal/Fred Alvarez
Publicado en Código Topo de Excélsior, 6 de ulio de 2009;
El pasado 18 de junio, justo a un año de haber sido publicadas las reformas constitucionales en materia de justicia penal –artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22; fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123- se instaló el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Este órgano es “una instancia de coordinación que tiene por objeto establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implementar -en un lapso de máximo ocho años (siete ya)-, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: adoptar un sistema de juicios orales y debido proceso, que se caracteriza por su trasparencia, profesionalización de las policías, investigación científica de los delitos, prisión preventiva como excepción, equilibrio procesal entre el ministerio público, víctimas y acusados, mayor control de parte de los jueces durante el proceso y audiencias públicas en presencia del juez para el desahogo de pruebas, entre otros avances.
El texto completo en:
La nueva justicia penal/Fred Alvarez
Código Topo, suplemento de Excélsior Julio de 2009;
http://www.exonline.com.mx/suplementos/CODIGOTOPO/album/slides/TO090706_56-57W.html
El pasado 18 de junio, justo a un año de haber sido publicadas las reformas constitucionales en materia de justicia penal –artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22; fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123- se instaló –con retraso - el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Este órgano es “una instancia de coordinación que tiene por objeto establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implementar -en un lapso de máximo ocho años (siete ya)-, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: adoptar un sistema de juicios orales y debido proceso, que se caracteriza por su trasparencia, profesionalización de las policías, investigación científica de los delitos, prisión preventiva como excepción, equilibrio procesal entre el ministerio público, víctimas y acusados, mayor control de parte de los jueces durante el proceso y audiencias públicas en presencia del juez para el desahogo de pruebas, entre otros avances.
El Consejo se integra por representantes del Poder Ejecutivo Federal (el Secretario de Gobernación, el de Seguridad Pública, y el Consejero Jurídico de la Presidencia ; por el Poder Legislativo Federal: (un Senador y un Diputado),; y por el Poder Judicial de la Federación (Un Ministro y un Consejero de la Judicatura ), además del Procurador General de la República , un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; un representante de la Conferencia de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia; un representante de organizaciones académicas y un representante de la sociedad civil. Acompaña al Consejo una Secretaría Técnica, considerada como “un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el carácter de instancia de seguridad nacional, con autonomía administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y determinaciones del Consejo (…); así como para coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten. (Decreto DOF, 13/10/2008).
Durante la instalación del Consejo, los representantes de los tres Poderes de la Federación coincidieron en que las modificaciones al sistema de justicia y seguridad deben ser totales para no defraudar las esperanzas y expectativas que han generado los cambios a la Constitución. Concretamente , el representante del Consejo de la Judicatura Federal magistrado Óscar Vázquez Marín, advirtió que la reforma implica retos y desafíos de planeación, de prospectiva y sobre todo de cuantificación, para ubicar los requerimientos y necesidades de recursos materiales, financieros, humanos y temporales, para transitar al nuevo sistema de justicia penal. En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José de Jesús Gudiño Pelayo hizo un llamado para que todas las visiones de los integrantes del Consejo sean tomadas en cuenta a la hora de instrumentar las reformas establecidas en la Constitución. En este mismo punto coincidió el senador Mario López Valdez quien pidió tener cuidado a la hora de hacer uso de algunas de las herramientas con que se dotó a las autoridades como es el caso de la figura del arraigo, para evitar violaciones de garantías individuales; también recordó el legislador sinaloense que los cambios también deberán ir acompañados en los próximos años de modificaciones a la figura del ministerio público, de los códigos de procesos penales, de las defensorías públicas y de una reforma del sistema penitenciario.
En tanto que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont aseguró que la instalación del Consejo expresa la capacidad de generar esperanzas y expectativas para una sociedad que tiene un justo reclamo de justicia. Dijo de entrada que no es casual que haya sido ahí en las instalaciones de la SCJN “en la casa de la justicia de la unión” (…) No es fortuito, porque nos recuerda los horizontes y los límites a los que estamos comprometidos. La Constitución ni puede ser un conjunto de anhelos no realizados ni tampoco un sistema de reglas ciegas y aisladas a la vida de la sociedad. México desde hace décadas lucha por consolidarse como un país donde la cultura de la legalidad sea una práctica habitual, vinculada al sentido común y a la experiencia cercana del ciudadano. Donde la cultura de la legalidad sea una manera de relacionarse con el otro, con la autoridad, con el poderoso y con el débil. Y eso es lo que está en juego en los trabajos de esta comisión.”
Días después en él un foro Seguridad con Justicia comentó que no es tarea fácil el implementar las reformas.
La pregunta obligada es ¿qué implica el que se haya instalado el Consejo de Coordinación? Aunque un poco tarde -debía haberse hecho a más tardar el 19 de agosto de 2008- es positivo. Hubo varios factores que lo impidieron; las interpretaciones son diversas, algunos señalan que debía haber sido mediante una ley; otros mencionan que fue un error de los legisladores, al dejar ese hueco. Excélsior publicó el 11 y 12 de 2008 que en una reunión de la Comisión de Justicia el diputado Jorge Mario Lescieur (PRI) puso el tema en la mesa al señalar que la Cámara de Diputados había incurrido en una omisión, precisamente la de conformar la instancia de coordinación con integrantes de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero también culparon al Ejecutivo y al Poder Judicial de tener responsabilidad en dicho vacío. Lo que se dio fue que el Presidente emitió un decreto y ello “daño” un poco la relación entre poderes en ese tema; más bien habría que precisar el edicto molestó sólo a “algunos” miembros del Poder Judicial y del Congreso.
La otra es ¿significa que apenas está iniciando el proceso? ¿Qué no se ha hecho nada como algunos críticos afirman? ¿Y qué se ha perdido un año de los ocho que ha dado el legislador permanente? ¡La respuesta es no! Las reformas entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF 19 de junio de 2008), con una serie de excepciones como los subrayan los artículos transitorios.
Hay que decir que los legisladores han hecho su trabajo. Hay, sin duda, un avance en el campo de la legislación secundaria: desde el 18 de junio de 2008 se aprobaron varias leyes. En tanto, el Poder Judicial –a decir de ministro Gudiño Pelayo - han hecho lo que les corresponde, han instaurado –desde la mañana del día 5 de enero- siete juzgados especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, los cuales han atendido (hasta el 30 de mayo) mil 467 solicitudes de cateos, 244 de arraigos y 16 de intervención de comunicaciones. (Por cierto, a decir, del Procurador Eduardo Medina Mora, el 92 por ciento de las solicitudes de arraigo han sido otorgadas, y subrayó que a diferencia de lo que sucedía en el pasado, por la dilación del otorgamiento y la filtración de la información, los resultados positivos actuales superan el 80 por ciento). En la ceremonia de instalación el Ministro jalisciense precisó que desde el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) han copatrocinado un Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación (Código Tipo –proyecto 4/SF/FJ/2008), además tienen en marcha el Sistema Nacional de Capacitación, gracias a la iniciativa de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, existe “un trabajo silencioso” y no menos importante por parte del Ejecutivo federal; con pocos recursos funciona desde hace unos meses, la Secretaría Técnica que encabeza el ex diputado Felipe Borrego Estrada. Sin embargo falta un largo camino por recorrer.
La reforma del 18 de junio de 2008 plantea para ser exitosa de entrada que las autoridades de los tres Poderes de la Unión , de los tres órdenes de Gobierno, trabajen de manera corresponsable y coordinada. Deben actuar bajo una misma visión de Estado. Deben dejar atrás las diferencias y concentrarse en avanzar, el tiempo está echado encima.
La reforma pretende lograr en siete años –de aquí al 2016- por lo menos los siguientes cuatro objetivos, a saber:
Uno.- Agilizar y transparentar los procesos penales. Se deberá adoptar un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados. A partir de hace un año los Poderes Judiciales de todo el país comenzaron un proceso de implementación y transición hacia este nuevo sistema de enjuiciamiento. Gracias a ello, por ejemplo, la etapa de investigación de los delitos será mucho más ágil y deberá ser mucho más profesional. El juicio se desarrollará plenamente en audiencias orales y públicas, ante la presencia obligatoria de un juez, que también obligadamente presenciará el desahogo de las pruebas y los alegatos.
Dos.- Los ciudadanos gozarán de un sistema eficaz y transparente de protección de sus derechos, tanto del inculpado, como de las víctimas u ofendidos. La reforma pretende dejar atrás el sistema en el cual el indiciado prácticamente se consideraba culpable hasta que se demostrara lo contrario; se adoptará el principio elemental de presunción de inocencia, es decir aquello de “toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.” Además se establecen nuevas medidas en favor de los derechos de las víctimas, como la de recibir asesoría jurídica, de coadyuvar con el ministerio público e incluso intervenir en el juicio, recibir atención médica y psicológica cuando sea necesaria, fortalecer los instrumentos para la reparación del daño, o bien mantener en secreto su identidad y sus datos personales en aquellos casos en los que su seguridad así lo requiera.
TRES.- Se establecen medios alternativos de solución de controversias. Eso permitirá que el Estado centre sus capacidades en la investigación y persecución de los delitos, más que en la solución de conflictos entre las partes; ello permitirá reducir al máximo posible que negocios estrictamente mercantiles sean dirimidos en el litigio penal, y;
Cuatro.- Se sientan las bases para crear una defensoría pública más eficiente y profesional, con lo que podremos terminar con historias en las que muchas personas iban a la cárcel por no contar con los recursos para pagar un abogado, y con ello tener acceso a la defensa adecuada.
Conviene precisar que la reunión del jueves 18 de junio fue únicamente de instalación. Falta empero se concrete en las próximos días una segunda reunión para efecto de que tal y como lo marca la normatividad se integren los miembros de la academia y de la sociedad civil, así mismo se aprueben las políticas, programas y mecanismos necesarios para instrumentar, en los tres órdenes de gobierno, una estrategia nacional para la implementación del Sistema de Justicia Penal, además que se aprueben los programas de capacitación y difusión y se elaboren los criterios para la suscripción de convenios de colaboración interinstitucionales; así como los acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. Y faltan también recursos. Increíble. A los legisladores no sólo se les olvido dar elementos para instaurar el Consejo de Coordinación sino que también omitieron dotar a la institución responsables de la su implementación de recursos para implementar la reforma.
Las reformas del sistema de justicia penal son de la mayor trascendencia e implican enormes retos. Y no es rollo. Representan una de las modificaciones de mayor profundidad que se han suscitado en nuestro país. Dice José Luis Soberanes, presidente de la CNDH- que “los cambios son de tal magnitud que propiciarán la modificación de prácticamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos vinculados con la prevención del delito, la investigación, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la ejecución de penas en México.” Agrega, el presidente de la CNDH que “al plantearse una nueva dirección de la manera como opera el sistema de justicia penal, no sólo será cuestión de llevar a cabo la adecuación del marco jurídico secundario, sino de un largo proceso de formación, capacitación de los servidores públicos y profesionales del área, así como del establecimiento de nuevas prácticas en la materia, lo cual si bien es factible modificar, implica un cambio estructural que erradique situaciones presentes desde hace siglos.”
Se requiere pues consolidar una nueva cultura, construir instituciones sólidas, generar confianza a todos los actores y ello no se consigue por arte de magia se requiere una escrupulosa implementación: no es tarea fácil. AL IFE le costó varios años realizar el cambio: ciudadanizarlo. En el caso de esta reforma es muy parecido. Se deben detonar cambios institucionales profundos. Y los ciudadanos tienen un papel central, de hecho la reformas denominadas de juicios orales serán eficaces en la medida que haya ciudadanía; es decir organizaciones sociales serias que vigilen el proceso de implementación. A nadie nos conviene que fracase, deben dejarse atrás las diferencias y concentrarse en avanzar, el tiempo está echado encima. Faltan sólo siete años. Y los pendientes son enormes.
Al margen
Además conviene precisar que esta reforma no tiene un solo padre, son producto de una larga discusión de académicos y juristas especialistas en la materia, y de legisladores de todos los partidos políticos. Son varios los autores y si queremos poner una fecha pudiéramos decir que las discusiones se inician en el año 2000 con la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en México, convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo resultados constan en el Libro Blanco. En 2004 el Presidente Vicente Fox presentó al Senado Iniciativa en materia de justicia penal que modificaba varios artículos de la Constitución ; el 20 de julio de 2005, se aprobó con 88 votos a favor y ninguno en contra. El Proyecto de Decreto pretendía a fusión entre la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva, asimismo quería transforma a la PGR en una Fiscalía General de la Federación , con carácter de órgano constitucional autónomo; la iniciativa proponía también transformar el sistema procesal vigente sustituyéndolo por un modelo que garantice la presunción de inocencia, juicios rápidos y equilibrados, orales, transparentes y públicos. La Cámara de Diputados nunca lo dictamino. Y el proceso legislativo se dio por concluido apenas, e marzo pasado por la Cámara de Senadores; estos proyectos de alguna manera se concretan en la iniciativa del Presidente Calderón enviada al Senado el día 9 de marzo de 2007, justo cuando se cumplieron 100 días de iniciado su gobierno. Empero, la iniciativa del Ejecutivo federal como dice el dictamen de la Cámara de Diputados del 12 de diciembre de 2007 “no puede ser dictaminada formalmente por la Cámara de Diputados en su carácter de Cámara de origen, ello no obsta, de conformidad con los artículos 71 y 72 constitucionales, para que estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, la analicen y recojan su espíritu, pues versa sobre la materia del presente dictamen y abona a la propuesta de reforma constitucional que se pretende realizar.”
El Consejo de Coordinación se integra por:
I. Poder Ejecutivo Federal:
a) El Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, Presidente
b) El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna;
y c) El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; Miguel Alessio Robles:
II. Poder Legislativo Federal:
a) El Senador Mario López Valdez;
b) El diputado Carlos Navarro Sugich;
III. Poder Judicial de la Federación :
a) El Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo;
b) El Consejero de la Judicatura Federal , Óscar Vázquez Marín;
IV. El Procurador General de la República , Eduardo Medina Mora
V. Un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; Lic. Marco Tulio López Escamilla,
VI. Un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; El Procurador de Sinaloa Lic. Alfredo Higuera Bernal.
VII. Un representante de la Conferencia de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia; El Magistrado Rodolfo Campos Motejo;
VIII. Un representante de organizaciones académicas. Vacante:
IX. Un representante de organizaciones civiles: Vacante:
El Lic. Felipe Borrego Estrada, como Secretario Técnico:
Cronología del proceso:
1.- El 9 de marzo de 2007, a los 100 días de gobierno el Presidente Calderón envió al Senado de la República un paquete de reformas en materia de justicia penal. En la primera sesión del pleno fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Gobernación; la Presidencia del Senado autorizó la ampliación de turno a la Comisión de Seguridad Pública.
2.- Nueves meses después, el martes 12 de diciembre de 2007, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 366 votos a favor, 53 en contra y 5 abstenciones un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como las fracciones XXI y XXIII del artículo 73, fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123. (El dictamen conjunto varias iniciativas de legisladores de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, y en ellas –conviene señalar-. se incluyó el “espíritu” de la iniciativa del Ejecutivo Federal de 9 de marzo de 2009): la minuta fue enviada al Senado de la república.
Un día antes – el 11 de diciembre- el Presidente Calderón dijo en la presentación del Segundo Informe de Labores del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo siguiente: "(…) me congratulo de que el Congreso haya estado atendiendo esta importante reforma, escuchando la voz de todos los involucrados en esta función del Estado. Celebro también que en el trabajo que se ha realizado con legisladores, tanto en la Cámara Alta como en la de Diputados, se haya llegado ya a acuerdos fundamentales que hoy mismo se están procesando para realizar una reforma constitucional que en materia de justicia seguramente será de las más trascendentes para el país.”
5.- El jueves 13 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y dictamen.
6.- La madrugada del viernes 14 de diciembre, el pleno del Senado, aprobó por 72 votos en pro y 20 en contra la reforma constitucional. Los senadores le hicieron algunos cambios de última hora. Empero, hubo oposición a otros artículos, que para varios legisladores violentan los derechos humanos. Al final del debate, el Senador Santiago Creel (PAN) señaló: "En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución. "
7.- El 1º de febrero de 2008 la Cámara de Diputados recibió de manera oficial la minuta remitida, que fue turnada mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1328 a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para el estudio y análisis de las modificaciones hechas por la colegisladora.
8.- El jueves 21 de febrero fue presentado en primera lectura la minuta con proyecto de dictamen de la reforma constitucional. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta (PRD), dio el trámite de dispensa de primera lectura al dictamen previamente aprobado en comisiones por las bancadas del PAN, PRI y PVEM y el rechazo del PRD, PT y Convergencia.
Sin embargo, el procedimiento legislativo fue cuestionado. Justo cuando se dio entrada de primera lectura, el diputado Andrés Lozano (PRD) pidió que el texto fuera devuelto a comisiones porque era diferente al anteriormente aprobado. No obstante, después de un posicionamiento de legisladores del PRD, el asunto fue votado por el pleno emitiéndose 126 votos en pro, 240 en contra y 6 abstenciones.
10.- Estaba previsto que el martes 26 de febrero se diera la segunda lectura del dictamen y la votación correspondiente. Empero, los legisladores del PRI fueron sensibles de varias organizaciones sociales ante la posibilidad de violar los derechos humanos, por lo que se retiró de la reforma la posibilidad de que las policías puedan entrar a un domicilio sin orden judicial. Es decir, se elimina el párrafo 11 del Artículo 16 constitucional, que dice: "La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente."
Ese martes 26 de febrero, con el voto de 462 legisladores a favor, seis en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas en comento tras suprimir el párrafo once del artículo 16 constitucional que posibilitaba el allanamiento policial sin la orden de un juez.
11.- La minuta fue turnada ese mismo día al Senado -mediante oficio DGPL 60-II-3-1386-, a fin de que la Cámara Alta aceptara las modificaciones hechas para que la minuta pudiera ser turnada para aval de los Congresos estatales, por tratarse de una reforma Constitucional.
12.- El 26 de febrero de 2008, el Senado de la República recibió la minuta señalada y el Presidente de la Mesa Directiva ordenó se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, únicamente en lo que se refiere a la propuesta de modificación o eliminación del párrafo décimo del artículo 16.
Ese mismo día las comisiones unidas aprobaron el dictamen correspondiente.
13.- Dicho dictamen fue presentado el martes 4 de marzo, al pleno para su votación: Se aprobó en Primera lectura.
14.- El 6 de marzo, el Presidente de la Mesa propuso al Pleno en votación económica, se omitiera su lectura. Fue aprobada en votación económica. En el acto la Presidencia puso a consideración de la asamblea la parte relativa a la modificación aplicada por la Cámara de Diputados, consistente en suprimir un párrafo en el artículo 16 Constitucional.
El debate fue intenso Intervinieron los senadores: Rosario Ibarra, del PT, quien presentó moción suspensiva, misma que resultó desechada por 67 votos en contra, 25 a favor. Después, se pronunciaron varios oradores del PRD, PAN y el PT. Sin embargo, la supresión del párrafo en el artículo 16 fue aprobada en los términos del dictamen por 73 votos en pro, 25 en contra.
Ese mismo día –seis de marzo-, el Proyecto de decreto se turnó a las legislaturas de los estados.
El C. Presidente Santiago Creel (PAN) señaló: "Aprobado en sus términos el dictamen el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política y los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las Legislaturas de los Estados para sus efectos en lo dispuesto en el artículo 135 constitucional."
15.- El 17 de junio, el Presidente Calderón firmó el decreto correspondiente en Palacio Nacional, ante el Presidente de la SCJN , los vicepresidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores y los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública de ambas cámaras.
16.- El 18 de junio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación.
17 (y se recorre). El jueves, 21 de Agosto de 2008 en el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública los Poderes Ejecutivos Federal y estatales, Congreso de la Unión , Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, firman un Acuerdo Nacional por la Seguridad , la Justicia y la Legalidad.
17.- El 26 de agosto del 2008, un comunicado de la Presidencia de la República informa del nombramiento de José Luis Santiago Vasconcelos como la “persona idónea para desempeñar las funciones de coadyuvancia y apoyo a la instancia de coordinación, así como a las autoridades locales y federales que la Constitución encomienda a la Secretaría Técnica.” , tal y como lo marca el artículo noveno transitorio.
18.- Menos de dos meses después -el 13 de octubre- se publica el Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación; DOF, 13/10/200;
19.- El día 4 de noviembre fallece en un accidente aéreo el titular de la Secretaria Técnica , Lic. José Luis Santiago Vasconcelos.
20.- El 4 de diciembre de 2008 se publica en el DOF el ACUERDO General 75/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por el que se crean Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
21.- El lunes 8 de diciembre, el Presidente Felipe Calderón designa al diputado Felipe Borrego Estrada a asumir la titularidad de la Secretaría Técnica para la Implementación de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal
22.- La Cámara de Diputados aprueba el 9 de diciembre - en un sólo acto por 14 votos en pro, 4 en contra y 0 abstenciones- la denominada Miscelánea Penal; el dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada , la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, el Código Penal Federal, la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República , la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
23.- El 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación , el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que abrogó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
24.- A los ocho de la mañana del cinco de enero de 2009 entraron en función, seis nuevos jueces de control, que resolverán solicitudes de la Procuraduría General de la República (PGR) para arraigos, cateos e intervención de comunicaciones privadas. Los nuevos juzgados funcionarán los 365 días del año, en turnos de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. (ACUERDO General 75/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , DOF, 4 de diciembre de 2008);
25.- El 23 de enero de 2009 se publica en el DOF la denominada Miscelánea Penal; el dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada , la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, el Código Penal Federal, la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República , la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
26.- El jueves 2 de abril el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad -87 votos a favor, cero en contra y o abstenciones- la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Y se reforma y adiciona la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 30 de abril el pleno de la Cámara de Diputados la aprobó sin discusión por 318 a favor, dos abstenciones y 12 en contra. Fue publicada en el DOF el día 29 de mayo de 2009:
26.- El 29 de mayo de 2009 se publica la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ;
27.- El 1 de junio y como parte del nuevo modelo de policía se inició el primer "Curso para Policías Investigadores y de Inteligencia", con el propósito de ampliar la base del personal científicamente capacitado para combatir frontalmente a la delincuencia. El programa durará 12 semanas y contará con académicos nacionales e instructores internacionales los cuales impartirán 27 asignaturas en cuatro campus de instituciones de educación superior del área Metropolitana y en las instalaciones de las academias de policía de San Luis Potosí y Barrientos.
28.- El 15 de junio se publica en el DOF el Acuerdo General 23/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que crea el Juzgado Séptimo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. También se publica el Acuerdo 24/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que modifica los artículos 3 y 7 del diverso Acuerdo General 75/2008, por el que se crean Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
29- El 18 de junio se instaló el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal México;
39.- El 19 de junio de 2009 se publica en el DOF el ACUERDO A/ 234/09 del Procurador General de la República por el que se delega en los servidores públicos que se indican, facultades en materia de intervención de comunicaciones privadas; asimismo el ACUERDO A/22709 del Procurador General de la República , por el que se modifican las fracciones I, VIII y XI del artículo primero del Acuerdo número A/068/03, por el que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República , publicado el 24 de julio de 2003.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario