Guanajuato

Guanajuato La matazón, una historia maquillada
VERóNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 1705, 5 de julio de 2009;
Tras la refriega del 26 de junio, entre la policía guanajuatense y una célula de sicarios, el gobernador Juan Manuel Oliva sólo cosechó aplausos preelectorales del dirigente de su partido, Germán Martínez. Conforme avanzan las investigaciones y los testigos hablan, sale a la luz que no se trató de un operativo planeado, que los delincuentes asolaban desde hace meses la región protegidos por mandos policiacos, y que el procurador y el secretario de seguridad del estado están confrontados.
SAN JOSÉ DE AGUA AZUL, GTO.- El empedrado está cubierto de cal y las mujeres rezan un novenario por los muertos que “ya están pagando…”, dicen.
Más de mil disparos cruzaron por las calles de Niños Héroes e Insurgentes de esta comunidad en la mañana del viernes 26 de junio. Fueron sólo 20 minutos, pero a los vecinos les parecieron horas.
Frente a frente se encontraron un grupo armado –identificado como célula de Los Zetas– y elementos de diversas corporaciones federales y estatales en un operativo especial que después fue presentado ante los medios como un éxito rotundo en el combate al narcotráfico, adjudicado principalmente a la procuraduría estatal y al gobernador panista, Juan Manuel Oliva Ramírez.
El golpe fue tan espectacular que al día siguiente de la balacera, en la visita para los cierres de campaña que hizo a Celaya, el presidente del CEN panista, Germán Martínez Cázares, pronunció una apología “al mejor gobernador”: “El gobernador Oliva, de la misma manera valiente como lo hace el presidente Felipe Calderón… está enfrentando sin tregua, sin cuartel, sin pausa electoral, sin pretexto, está enfrentando y le está ganando la batalla a la delincuencia”.
Martínez Cázares se dijo “orgullosísimo del gobierno, feliz y contento del gobiernazo que tiene Guanajuato. Es de envidia, está para presumir al gobernador Oliva”. Y también sin pausa electoral, lanzó con jiribilla: “El gobernador Oliva no se esperó a que nadie le dijera hacer la tarea, como el de Michoacán o como el de Nuevo León”.
Desde hace meses la presunta célula de Los Zetas cometía robos de camiones de carga, levantones y ejecuciones de narcomenudistas que servían a La Familia Michoacana, en Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, la carretera federal 57, Salamanca, Irapuato y Abasolo. Sus incursiones se extendían prácticamente por los límites del estado con Michoacán, hasta Yuriria, Valle de Santiago y Pénjamo, según datos de la investigación obtenidos por Proceso.
En el enfrentamiento, 12 sicarios murieron acribillados –algunos con el rostro destrozado–, otros ocho fueron detenidos. Del lado de las corporaciones, un agente de la Policía Ministerial fue herido en la cabeza y otro sufrió lesiones leves.
“No fue una casualidad, sino un operativo planeado y con la participación de los grupos especiales; no cualquier corporación se puede enfrentar a esos grupos y lograr ese nivel de eficacia. Si hubiéramos llegado por casualidad, nos hubieran matado a nosotros”, asegura el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre.
Entre los muertos figuraban Mario Nieto Ruelas, El Instantáneo, de 42 años, originario de Guadalupe, Zacatecas, y José de Jesús López Lieja, El Burro, de 29 años y originario de San Luis Potosí. Se trata de reos que a mediados de mayo se fugaron del penal de Cieneguillas, Zacatecas, con ayuda de un grupo armado y con la complicidad de custodios y autoridades penitenciarias.
Este semanario tiene información en el sentido de que otros dos prófugos del mismo penal arribaron a Guanajuato para integrarse a esta célula, sólo que optaron por marcharse poco antes del viernes 26. Ellos son Pablo Bañuelos Espinoza, alias El Cholo o El Árabe, originario de Guadalupe, Zacatecas, quien figura entre los 11 reos más peligrosos del grupo de 53 rescatados, así como Jesús Trujillo Martínez, El Medio Kilo, éste procesado por secuestro y también con domicilio en Guadalupe.
El mismo sábado 27 en que el presidente nacional del PAN visitaba la entidad, las autoridades estatales informaron de la localización de una casa de seguridad en el rancho El Salto, también en Apaseo el Alto, donde según el informe se encontraron armas sepultadas y restos de huesos humanos calcinados que pertenecían a más de una docena de víctimas.
Maquillaje policiaco
Pero esta operación policial, pregonada como una estrategia antecedida por un trabajo de investigación, labor de inteligencia y coordinación entre las corporaciones estatales y federales, tiene puntos confusos. Versiones encontradas de los reportes oficiales, así como de algunos testigos y vecinos de las casas de seguridad obtenidas por Proceso, muestran que, a partir del desmantelamiento real de la célula de Zetas, la historia se adaptó para que luciera mejor en los medios.
Mientras la procuraduría estatal sostiene que el Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la Policía Ministerial y el Grupo Especial Táctico (GET) de la Policía Preventiva leonesa enfrentaron al grupo armado previa planeación, por lo cual no hubo bajas oficiales en la intensa balacera, varios vecinos refieren que en realidad los agentes siguieron a una camioneta con sicarios que fue reportada porque “se voló” un retén y entró a la comunidad donde estaban los otros miembros del grupo, y sólo los nutridos refuerzos policiacos que arribaron momentos después impidieron que todos escaparan.
También se ha pretendido minimizar la protección que le brindaba a los delincuentes el director de policía de Apaseo el Alto, Víctor Guillermo Ramírez, hoy bajo arraigo junto con su segundo de a bordo, Iván Borja, y el director de policía de Silao, Antonio Ramírez. Ambos municipios son gobernados por el Partido Acción Nacional.
De cualquier modo, tras el aparatoso despliegue policiaco, las casas de seguridad en San José de Agua Azul y en El Salto están abandonadas, no hay cordones que impidan el paso y nadie las vigila.
La vivienda de San José de Agua Azul contiene aún todos los rastros y utensilios que dejó el grupo armado durante su estancia, mientras que el rancho de El Salto –donde se asegura que se encontraron los restos humanos– presenta excavaciones, paredes tiznadas y algunas reses que apenas sobreviven.
Cuando este semanario solicitó el permiso para ingresar a uno de estos inmuebles, las procuradurías estatal y federal se atribuían mutuamente la responsabilidad de resguardarlos.
Pero el caso exhibió, sobre todo, la relación cada vez más distante del procurador estatal, Carlos Zamarripa, y el secretario de Seguridad Pública, Baltazar Vilches. El primero es abogado y criminólogo egresado de la academia del FBI, mientras que Vilches es médico veterinario sin experiencia previa en el área de seguridad.
Por ejemplo, en la información oficial sobre este “operativo” se resaltó la coordinación entre la Policía Ministerial del estado, la policía leonesa –con sus respectivos grupos especiales GERI y GET–, el Ejército, la delegación de la PGR y la PFP. Pero no se incluyó a la Secretaría de Seguridad estatal, cuyos elementos se apersonaron en las comunidades una semana después del enfrentamiento; y Vilches ni siquiera estuvo presente en las conferencias de prensa del procurador.
El sector empresarial ya le ha reclamado esa falta de entendimiento de los dos funcionarios encargados de la seguridad del estado, y le ha exigido al gobernador Oliva Ramírez la destitución del titular de la SSP, tanto de manera pública como en encuentros privados. Oliva no les hace caso.
Guarida del crimen
En uno de los tres vehículos blindados que utilizaba la célula criminal asentada en esta zona, se encontró una escopeta recortada cubierta de hoja plateada, que en letras doradas ostenta varias leyendas. “Tamaulipas” y “Piratas del Golfo”, dice en uno de los lados, y en el otro el alias y la clave de su dueño: “Puchini. Z 37”.
En la casa de la esquina de Niños Héroes e Insurgentes, otras mil balas se quedaron esperando con el resto de las armas largas, cortas, cargadores, granadas, chalecos y botas.
San José es una de las principales comunidades de Apaseo el Grande, y está partida en dos por la carretera libre Celaya-Querétaro. Como ocurre en casi todo el estado, muchas de sus viviendas tienen dueño, pero están vacías. Son de los paisanos que se quedaron a trabajar en Estados Unidos, adonde se llevaron a sus familias o donde hicieron otras.
Es el caso del inmueble que hoy tiene barandales y muros agujereados por las balas, a donde hace más o menos un par de meses llegó para rentarla un hombre blanco y barbón, quien a finales de mayo dejó de aparecer.
Los vecinos supieron quién era cuando vieron los diarios del 25 de mayo. Se llamaba Javier Malagón Noria y ese día fue detenido por elementos del Ejército en Villagrán, con paquetes de billetes falsos y equipo para escanear papel moneda. “Lo vimos en el periódico y una señora dijo: mira, es el que vino a rentar la casa de la esquina, lo detuvieron”, señala una vecina.
Pero Malagón salió libre al día siguiente de que fue consignado por la PGR, pues el juez no consideró válida la declaración del detenido ante los militares porque no la ratificó ante el agente del Ministerio Público federal. Éste apeló, pero el acusado quedó en libertad. Ese día volvió a la casa y después no se le volvió a ver. Ni siquiera es citado ni aparece hasta ahora en las referencias oficiales sobre el grupo.
El falsificador dejó a los otros inquilinos en la casa: entre ellos un hombre mayor que siempre portaba un rosario en el cuello, y un joven de unos 16 años que solía hacer las compras. Un vecino describe al muchacho: “Muy atento y muy amable, pero no conocía el valor del dinero, como que no era mexicano, quién sabe”. El último en llegar al grupo fue un hombre con un ojo blanco.
“Primero sí nos inquietaron porque salían mucho en las noches, pero luego nos acostumbramos. No molestaban a nadie, no se metían con nadie. Y sí traían buenos carros, pues por aquí luego vienen los muchachos del otro lado con sus carrotes, ¿quién se iba a fijar?”, cuenta otro lugareños de San José de Agua Azul. Agrega que ya no quieren mandar a sus hijos a la primaria y a la telesecundaria porque aún no se les pasa el susto.
En esa vivienda orquestaba sus incursiones delictivas la célula armada. De acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos en la balacera, citadas por el procurador, esperaban que pronto llegara otro grupo a reforzarlos.
Tras la muerte de unos y la captura de otros, se quedaron en la casa unos platos listos para el almuerzo, la cazuela con arroz, la botella de tequila, el costal de boxeo, los discos compactos, las películas piratas mexicanas y estadunidenses de peleas, como la titulada Madrizas y ejecuciones reales.
En todas las habitaciones hay colchonetas, algunos colchones, sillones desvencijados, ropa tirada en el piso, una tina repleta de platos, tazas y cacerolas. En el baño se apilan los rastrillos y los cepillos de dientes.
Pero sin duda lo que más llama la atención es lo disímbolo de las veneraciones de los sicarios.
En el patio trasero, los vasos de veladoras apagadas rodean un altar con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Adentro, mientras en un sillón de la sala hay un volante donde se anuncia una tarotista y sobres con “polvo legítimo de resguardo contra maleficios”, en la recámara principal un rincón se destinaba a un altar de La Niña Blanca o Santa Muerte, con varias de sus representaciones, veladoras y libros de oraciones como la Biblia de la Santa Muerte y el Libro de la Santa Muerte, ambos de Editores Mexicanos Unidos, junto con un ejemplar del Rosario de la Santa Muerte.
Corrupción
El impacto de estos hallazgos y detenciones logró enterrar en parte un escándalo que puso al descubierto la infiltración del narco entre las autoridades policiacas y municipales panistas de Guanajuato.
Días antes de esos operativos fueron detenidos los directores de Seguridad Pública de Apaseo el Alto y Silao, ambos gobernados por Acción Nacional: el excomandante de la Policía Federal Preventiva Víctor Guillermo Ramírez Hernández y el exagente de la Policía Ministerial del Estado Antonio Ramírez Torres, quien llegó a ser jefe de zona de la corporación en Celaya, ciudad donde Guillermo Ramírez estuvo destacado con la PFP.
La PGR mantiene a ambos bajo arraigo porque tiene evidencias que los vinculan con la protección a grupos del crimen organizado, junto con el subcomandante Pedro Iván Borja. Los tres mandos fueron detenidos por agentes ministeriales cuando la procuraduría estatal tuvo el expediente “bien amarrado”, dijo a este semanario el procurador Zamarripa Aguirre.
Los dos secretarios de Seguridad Pública gozaron hasta el último minuto de la defensa de sus jefes, los alcaldes Martín López Camacho, de Apaseo, y Jorge Galván Gutiérrez, de Silao, quienes desde hace meses habían recibido quejas del desempeño cuestionable y referencias de sus ligas con el narcotráfico.
El excomandante Antonio Ramírez incluso contó con el aval de la Secretaría de Seguridad estatal para su designación como jefe de policía de Silao, pese a la negativa rotunda del exprocurador Daniel Chowell por los antecedentes y las sospechas que Ramírez había provocado en la Ministerial, donde trabajó 11 años, hasta 2005.
A su vez, el jefe policiaco de Apaseo, Víctor Guillermo Ramírez, colaboró en la protección a integrantes de La Familia Michoacana asentados en esa zona del estado hasta que Los Zetas llegaron a pelearla y presuntamente los desplazaron.
No fue difícil para él cambiar de bando porque ya estaba relacionado con el grupo que se enfrentó a la policía el viernes 26. Incluso, para la procuraduría estatal el primer paso en las investigaciones fue su detención, ya que era ostentoso: además de amenazar a varios integrantes del ayuntamiento, en sus parrandas Ramírez Hernández presumía de contar con “protección especial”.