Los (otros) Zetas
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Revista Proceso # 1705, 5 de julio de 2009;
Desde hace casi una decena de años la sociedad padece la presencia de Los Zetas, el brazo armado de la banda del Golfo, cuando era capitaneado por Osiel Cárdenas Guillén. Se trata de un grupo de exmiembros del Ejército Mexicano (y quizá del guatemalteco también) que, por las destrezas adquiridas en los grupos especiales de las Fuerzas Armadas, integran temibles brigadas homicidas. Ahora al servicio de la banda de los Beltrán Leyva, son los encargados de ajustar cuentas con la gente de Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo. Sus víctimas se cuentan por millares. Y aunque de tanto en tanto son detenidos algunos de sus miembros, parecen contar con un eficaz mecanismo de reclutamiento que les permite mantener su ímpetu destructor.
En un campo enteramente diferente y sin relación con los anteriores, hay otros Zetas con presencia pública ofensiva. Se trata del Grupo Zeta, cuyo emblema está integrado por esa última letra del alfabeto, denominado también Grupo Miguel Zaragoza F., cuyo presidente y director general, Jesús Zaragoza López, está librando una feroz y desigual batalla contra los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, este último director de las revistas Fortuna y Contralínea. Se trata de una guerra que esos periodistas no deben librar solos, porque si bien ellos son los directamente afectados, el propósito que la anima, la destrucción de dos importantes medios de información, amenaza y ofende a todo practicante del periodismo.
La más reciente expresión del sistemático ataque lanzado desde agosto de 2007 por Zeta contra Miguel Badillo consistió en la publicación de un mensaje infamante en su contra, contenido en dos páginas de la edición del viernes 3 de julio del diario Reforma, donde ese poderoso grupo gasero aprovecha para exponer sus propios méritos. Se presenta allí como “la firma líder en la distribución de gas LP en México y en América Latina. Fundado en el año de 1946, se ha dedicado por más de 60 años a la comercialización, almacenamiento, envasado, distribución, y transporte” de ese combustible. Integrado por 80 empresas en 17 entidades de la República, donde tiene 6 millones de clientes, participa también en los mercados respectivos de ocho países de Centroamérica y el Caribe, así como en Perú, Estados Unidos y España. Su desplegado de dos páginas incluye 11 fotografías de sus activos, entre los que se halla, con pésimo gusto y denotación de la falsedad de su ánimo caritativo, la Casa Hogar del Sagrado Corazón de Jesús. Bien se sabe que la filantropía, para serlo en realidad, supone discreción, y no debe ser publicitada.
Pero el propósito central de ese costoso mensaje es agraviar a Badillo. Lo enuncian su título y su primer “sumario”, como se llaman en la prensa las líneas que resumen el contenido: “Grupo Miguel Zaragoza F. gana demanda por difamación contra las revistas Fortuna y Contralínea. Condenan autoridades judiciales a Miguel Badillo por publicar información falsa y dolosa contra Grupo Zeta”.
Se refiere a un juicio civil por daño moral iniciado en agosto de 2007 en el juzgado 44º de la Ciudad de México que, en efecto, concluyó en una sentencia adversa a Badillo, confirmada por la 12ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF. Como suele suceder en ese género de juicios, los fallos judiciales carecen de fundamento jurídico, están mal estructurados y peor redactados. Ni siquiera deberían ser admitidas las demandas cuando se refieren a publicaciones periódicas legalmente registradas, porque en el Código Civil la figura respectiva se halla en el capítulo referido a las “obligaciones que nacen de los hechos ilícitos”, y publicar revistas no es, ni de lejos, un hecho de esa naturaleza. Pero el resultado de la deficiente actuación de esos órganos de la justicia capitalina obviamente satisfizo a los zares del gas (que así denominados nos aumentan una zeta a su identificación): “Gracias a la objetividad e imparcialidad de las autoridades judiciales que escucharon y recibieron las pruebas de ambas partes, quienes tuvieron la misma oportunidad de probar y alegar lo que en derecho corresponde, se condenó a Miguel Badillo a publicar la sentencia en las revistas Fortuna y Contralínea, condena que hasta el momento no han cumplido”, lo cual obedece, aclaro por mi parte, a que las sentencias judiciales referidas habían sido materia de juicios de amparo que sólo ahora han concluido, lo que ha motivado el festejo agraviante de los Zetas, el grupo de la familia Zaragoza.
La demanda mencionada se produjo tras la publicación de una entrevista de Ana Lilia Pérez con Zaragoza López sobre las vinculaciones de sus empresas con Pemex (campo de trabajo donde la reportera descubrió los contratos suscritos por Juan Camilo Mouriño en beneficio de las empresas familiares, cuando era diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara). Tan aberrantes son las decisiones judiciales del caso, que se llega a afirmar que el haber concedido la entrevista a una reportera no incluía la aprobación para que la conversación se publicara, como si el entrevistado estuviera en condición de regular el trabajo periodístico a cuya realización había accedido.
La aparición de ese y otros materiales sobre la familia Zaragoza desató el encono de esos poderosos empresarios, que han multiplicado los puntos de asedio a los periodistas referidos. Se ha llegado al extremo de pretender convertir en materia penal presumibles responsabilidades de carácter civil. Se ha iniciado en la Procuraduría General de la República una averiguación previa contra Ana Lilia Pérez, a conocer la cual acudió el lunes pasado, 29 de junio. La denuncia fue presentada por el abogado Efraín Rodríguez, en su carácter de representante legal de Multigas, S.A. de C.V., una de las empresas del Grupo Zeta, que ha iniciado otro de los inquinosos juicios contra Badillo y Ana Lilia Pérez en Guadalajara. Como al igual que a Badillo se pretendía arrestar administrativamente a la reportera, ella demandó amparo, en cuyo juicio le fue concedida la suspensión definitiva. La extravagante denuncia penal propone que la firma en la petición de amparo no es la de Ana Lilia Pérez, “por lo que el documento es falso”, y de ello se pretende responsabilizar a la reportera. Esa pretensión y el mensaje del viernes pasado, en dos planas de Reforma, ofrecen clara idea del encono del Grupo Zeta contra Fortuna, Contralínea y sus periodistas, y manifiestan que es serio su propósito de destruirlos.
A la familia Zaragoza le disgusta la información sobre sus negocios que no se ajusta a su propia visión, y le place en cambio dar lecciones de periodismo. Así lo intentó Pedro Zaragoza Fuentes en noviembre del año pasado, cuando reaccionó en una carta ante un reportaje de Patricia Dávila en Proceso, sobre las condiciones en que el firmante y su hermano Jorge mantienen unos terrenos en litigio en Lomas de Poleo, en Ciudad Juárez. A juicio de Zaragoza Fuentes, el tema había sido objeto de un “tratamiento inexacto, descontextualizado, exagerado y sin contrapunto”, y hasta dudó de la presencia de la reportera en aquella frontera. Ella respondió de modo contundente a las observaciones del reclamante que, al menos, escogió el camino de la rectificación en la propia prensa y no se aventuró, vengativamente como Zaragoza López, contra la publicación que no hace el periodismo que a él le plazca.
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Revista Proceso # 1705, 5 de julio de 2009;
Desde hace casi una decena de años la sociedad padece la presencia de Los Zetas, el brazo armado de la banda del Golfo, cuando era capitaneado por Osiel Cárdenas Guillén. Se trata de un grupo de exmiembros del Ejército Mexicano (y quizá del guatemalteco también) que, por las destrezas adquiridas en los grupos especiales de las Fuerzas Armadas, integran temibles brigadas homicidas. Ahora al servicio de la banda de los Beltrán Leyva, son los encargados de ajustar cuentas con la gente de Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo. Sus víctimas se cuentan por millares. Y aunque de tanto en tanto son detenidos algunos de sus miembros, parecen contar con un eficaz mecanismo de reclutamiento que les permite mantener su ímpetu destructor.
En un campo enteramente diferente y sin relación con los anteriores, hay otros Zetas con presencia pública ofensiva. Se trata del Grupo Zeta, cuyo emblema está integrado por esa última letra del alfabeto, denominado también Grupo Miguel Zaragoza F., cuyo presidente y director general, Jesús Zaragoza López, está librando una feroz y desigual batalla contra los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, este último director de las revistas Fortuna y Contralínea. Se trata de una guerra que esos periodistas no deben librar solos, porque si bien ellos son los directamente afectados, el propósito que la anima, la destrucción de dos importantes medios de información, amenaza y ofende a todo practicante del periodismo.
La más reciente expresión del sistemático ataque lanzado desde agosto de 2007 por Zeta contra Miguel Badillo consistió en la publicación de un mensaje infamante en su contra, contenido en dos páginas de la edición del viernes 3 de julio del diario Reforma, donde ese poderoso grupo gasero aprovecha para exponer sus propios méritos. Se presenta allí como “la firma líder en la distribución de gas LP en México y en América Latina. Fundado en el año de 1946, se ha dedicado por más de 60 años a la comercialización, almacenamiento, envasado, distribución, y transporte” de ese combustible. Integrado por 80 empresas en 17 entidades de la República, donde tiene 6 millones de clientes, participa también en los mercados respectivos de ocho países de Centroamérica y el Caribe, así como en Perú, Estados Unidos y España. Su desplegado de dos páginas incluye 11 fotografías de sus activos, entre los que se halla, con pésimo gusto y denotación de la falsedad de su ánimo caritativo, la Casa Hogar del Sagrado Corazón de Jesús. Bien se sabe que la filantropía, para serlo en realidad, supone discreción, y no debe ser publicitada.
Pero el propósito central de ese costoso mensaje es agraviar a Badillo. Lo enuncian su título y su primer “sumario”, como se llaman en la prensa las líneas que resumen el contenido: “Grupo Miguel Zaragoza F. gana demanda por difamación contra las revistas Fortuna y Contralínea. Condenan autoridades judiciales a Miguel Badillo por publicar información falsa y dolosa contra Grupo Zeta”.
Se refiere a un juicio civil por daño moral iniciado en agosto de 2007 en el juzgado 44º de la Ciudad de México que, en efecto, concluyó en una sentencia adversa a Badillo, confirmada por la 12ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del DF. Como suele suceder en ese género de juicios, los fallos judiciales carecen de fundamento jurídico, están mal estructurados y peor redactados. Ni siquiera deberían ser admitidas las demandas cuando se refieren a publicaciones periódicas legalmente registradas, porque en el Código Civil la figura respectiva se halla en el capítulo referido a las “obligaciones que nacen de los hechos ilícitos”, y publicar revistas no es, ni de lejos, un hecho de esa naturaleza. Pero el resultado de la deficiente actuación de esos órganos de la justicia capitalina obviamente satisfizo a los zares del gas (que así denominados nos aumentan una zeta a su identificación): “Gracias a la objetividad e imparcialidad de las autoridades judiciales que escucharon y recibieron las pruebas de ambas partes, quienes tuvieron la misma oportunidad de probar y alegar lo que en derecho corresponde, se condenó a Miguel Badillo a publicar la sentencia en las revistas Fortuna y Contralínea, condena que hasta el momento no han cumplido”, lo cual obedece, aclaro por mi parte, a que las sentencias judiciales referidas habían sido materia de juicios de amparo que sólo ahora han concluido, lo que ha motivado el festejo agraviante de los Zetas, el grupo de la familia Zaragoza.
La demanda mencionada se produjo tras la publicación de una entrevista de Ana Lilia Pérez con Zaragoza López sobre las vinculaciones de sus empresas con Pemex (campo de trabajo donde la reportera descubrió los contratos suscritos por Juan Camilo Mouriño en beneficio de las empresas familiares, cuando era diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara). Tan aberrantes son las decisiones judiciales del caso, que se llega a afirmar que el haber concedido la entrevista a una reportera no incluía la aprobación para que la conversación se publicara, como si el entrevistado estuviera en condición de regular el trabajo periodístico a cuya realización había accedido.
La aparición de ese y otros materiales sobre la familia Zaragoza desató el encono de esos poderosos empresarios, que han multiplicado los puntos de asedio a los periodistas referidos. Se ha llegado al extremo de pretender convertir en materia penal presumibles responsabilidades de carácter civil. Se ha iniciado en la Procuraduría General de la República una averiguación previa contra Ana Lilia Pérez, a conocer la cual acudió el lunes pasado, 29 de junio. La denuncia fue presentada por el abogado Efraín Rodríguez, en su carácter de representante legal de Multigas, S.A. de C.V., una de las empresas del Grupo Zeta, que ha iniciado otro de los inquinosos juicios contra Badillo y Ana Lilia Pérez en Guadalajara. Como al igual que a Badillo se pretendía arrestar administrativamente a la reportera, ella demandó amparo, en cuyo juicio le fue concedida la suspensión definitiva. La extravagante denuncia penal propone que la firma en la petición de amparo no es la de Ana Lilia Pérez, “por lo que el documento es falso”, y de ello se pretende responsabilizar a la reportera. Esa pretensión y el mensaje del viernes pasado, en dos planas de Reforma, ofrecen clara idea del encono del Grupo Zeta contra Fortuna, Contralínea y sus periodistas, y manifiestan que es serio su propósito de destruirlos.
A la familia Zaragoza le disgusta la información sobre sus negocios que no se ajusta a su propia visión, y le place en cambio dar lecciones de periodismo. Así lo intentó Pedro Zaragoza Fuentes en noviembre del año pasado, cuando reaccionó en una carta ante un reportaje de Patricia Dávila en Proceso, sobre las condiciones en que el firmante y su hermano Jorge mantienen unos terrenos en litigio en Lomas de Poleo, en Ciudad Juárez. A juicio de Zaragoza Fuentes, el tema había sido objeto de un “tratamiento inexacto, descontextualizado, exagerado y sin contrapunto”, y hasta dudó de la presencia de la reportera en aquella frontera. Ella respondió de modo contundente a las observaciones del reclamante que, al menos, escogió el camino de la rectificación en la propia prensa y no se aventuró, vengativamente como Zaragoza López, contra la publicación que no hace el periodismo que a él le plazca.
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