¿Cambio de paradigma?

Magaloni recomienda leer al procesalista Alberto Binder para entender el fenómeno de Ciudad Juárez.

Experto en Sistemas Judiciales, es miembro del consejo asesor del Inecip – Argentina (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales), Director del instituto latinoamericano sobre seguridad y democracia (Ilsed), miembro titular del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal Penal.

Además es asesor técnico de los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana y otros países de América latina.

Tambien  se desempeña como asesor del Centro de Justicia de las Américas de la OEA (Ceja) y Codirector de la revista del Ilanud y de la revista “Sistemas Judiciales” del Ceja.

¿Cambio de paradigma?/ Ana Laura Magaloni

En Ciudad Juárez el despliegue de la fuerza del Estado parece haber generado mayor desorden, conflictividad y violencia

Publicado en Reforma, 13 febrero 2010.-

Con una tasa de 101 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Ciudad Juárez se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo. En 2008, Juárez tuvo mil 589 homicidios, lo que equivale a 11 por ciento del total de homicidios que ocurrieron ese año en todo el país. Al mismo tiempo, esta ciudad fronteriza, desde hace dos años, es una de las que concentran la mayor cantidad de efectivos (militares y policía federal) encargados de la "lucha contra el crimen y restablecimiento de la paz social". Según información de la prensa nacional, en marzo de 2008, el gobierno federal anunció la denominada "Operación Conjunta" y envió 2 mil militares y 500 policías federales a Ciudad Juárez; en mayo de 2009, decidió enviar 2 mil efectivos del Ejército más; para junio de ese año se reporta que ya había 7 mil 500 efectivos federales entre policías y militares; en fechas recientes se anunció que se enviaría a 2 mil policías federales más para sustituir las labores que estaba llevando a cabo el Ejército, pero que este último no se retiraría de la zona, sólo cambiaría sus funciones. ¿Por qué la violencia no cede ante tal despliegue de fuerza del Estado? ¿Qué es lo que no ha funcionado de esta estrategia?

Al parecer los límites de una política de seguridad basada exclusivamente en el uso de la fuerza comienzan a ser más claros tanto para las autoridades como para los ciudadanos. El jueves pasado, en la visita del presidente Calderón a Ciudad Juárez, por primera vez, además del despliegue de fuerzas militares y policiales, el gobierno federal anunció un conjunto de políticas educativas, de salud, de combate a la pobreza y de rescate de espacios públicos como parte de su estrategia contra el crimen. ¿Será que este anuncio habla de un cambio de paradigma en las políticas criminales? Ojalá que sí.

Una forma de entender las políticas de seguridad, en específico lo que está sucediendo en Juárez, es a partir de la distinción que Alberto Binder hace entre dos posibles formas o paradigmas para abordar el problema del crimen: el del "restablecimiento del orden" y el de la "gestión de la conflictividad".

Desde el primer caso, según el experto argentino, toda conflictividad es un "desorden" y como tal un desequilibrio de la armonía social que debe ser restablecida. El fenómeno criminal es un caso grave de desorden social o de desviación del equilibrio social. Una política de seguridad es, en consecuencia, una política de restablecimiento del orden, la cual, generalmente, tiene un fuerte componente coactivo por parte del Estado. Dejando a un lado la ilusión misma de la idea de orden -la vida social siempre ha estado atravesada por conflictos-, lo cierto es que esta perspectiva es extraordinariamente lineal y simplista como para enfrentar el fenómeno de la criminalidad. Un claro ejemplo de los límites de esta perspectiva son las políticas de seguridad que durante dos años se implementaron en Juárez. El supuesto restablecimiento del orden a partir del despliegue masivo de elementos del Ejército y de la Policía Federal parece, paradójicamente, haber generado mayor desorden, conflictividad y violencia.

El paradigma de gestión de la conflictividad parte de la idea de que sin entender la clase, la intensidad ni las características de la conflictividad que está en la base del fenómeno delictivo y sus vínculos con otros tipos de conflictividad poco se puede hacer en términos de una política de seguridad efectiva. Desde esta perspectiva la intervención violenta del Estado en el conflicto siempre debe estar precedida o rodeada de intervenciones no violentas que atiendan otras caras o facetas del problema. Algo de ello parece que el gobierno federal está intentando llevar a cabo en Juárez: rescatar espacios públicos, abrir bachilleratos o disminuir la pobreza son formas de gestión de la conflictividad violenta. Pero además, y quizá sea la lección más importante del caso de Juárez, según Binder, el Estado debe saber que cuando utiliza su poder violento está utilizando, de todas las herramientas que posee, la que más peligrosamente se acerca a lo que quiere evitar, es decir, conflictos violentos y abuso de poder. De ahí que, desde la perspectiva de gestión de la conflictividad, en las políticas de seguridad debe existir primacía de los instrumentos no violentos sobre los violentos.

No sé bien cómo se puede traducir lo que señala Binder en políticas efectivas y concretas. En México, como en la mayoría de los países de la región, existe poca información y estudios para entender de qué está hecha la conflictividad social y qué es lo que detona la violencia. Lo que parece más claro hoy en día en el caso de México es que la utilización de instrumentos violentos por parte del Estado tiene sus límites y sus costos. Por tanto, creo que, si queremos estar en condiciones de enfrentar este fenómeno de forma más efectiva, hay que comenzar por abandonar la idea simplista de que a la delincuencia se le "combate" a modo de guerra y se le "vence". Ello nos permitirá estar en condiciones de afrontar el problema del crimen violento desde una perspectiva más amplia y multifacética. Quizá -espero- la nueva estrategia en Juárez sea un primer paso en este sentido.

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PD: Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.