Caso Álvarez Machain: hasta donde llega la rabia de Washington

Retrospectiva

Caso Álvarez Machain: hasta donde llega la rabia de Washington/CARLOS PUIG

Revista Proceso No. 1919', 10 de agosto de 2013,

Con la liberación de Rafael Caro Quintero la madrugada del viernes 9, luego de 28 años de reclusión, se revive el caso de Humberto Álvarez Machain, el médico jalisciense que fue raptado en su consultorio de Guadalajara y extraditado a Estados Unidos por agentes de la DEA a principios de abril de 1990 por su presunta participación en la muerte del agente de esa corporación Enrique Camarena Salazar. El desaguisado se prolongó hasta el 14 de diciembre de 1992 y puso en peligro las relaciones entre México y Estados Unidos.
Proceso recupera un texto alusivo al caso, el cual se publicó en su edición del 23 de abril de 1990.

WASHINGTON, DC.- Desesperados por cinco años de investigación, presiones, denuncias y rencores acumulados, que no han resultado en encarcelamiento en Estados Unidos de los autores intelectuales del asesinato de su compañero Enrique Camarena, los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) se saltaron las trancas protocolarias e hicieron traer de México al médico Humberto Álvarez Machain, acusado de haber tratado al Kiki Camarena con inyecciones de lidocaína para que su corazón resistiera mientras era torturado e interrogado por sus captores y luego asesinos.

La acción policiaca, sin embargo, podría costarle a la DEA la tan celebrada buena relación de trabajo e intercambio de información que tiene con la Procuraduría General de la República (PGR), desde la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari.

Mientras que la protesta mexicana y la aparente incertidumbre de las altas autoridades estadunidenses han provocado que se levante una cortina de humo acerca de las particularidades del arresto del doctor Álvarez, las versiones del hecho se multiplican:

Su abogado dice que los autores fueron agentes judiciales; su esposa los describe como tres mexicanos y “otro con apariencia de extranjero”; la DEA promete una investigación para saber qué sucedió el mediodía del 2 de abril (de 1990), mientras la cancillería mexicana califica los hechos como “posible secuestro” y “enérgicamente” exige explicaciones. A su vez, el presidente Salinas de Gortari declaró el 18 (de abril) que “actuaremos con energía contra quienes, combatiéndolos (a los narcotraficantes), violen leyes y derechos humanos, se trate de nacionales o extranjeros”

Hasta el momento la versión más extensa ha venido de Elaine Shannon, reportera de la revista Time, autora del libro Desperados, sobre el caso Camarena, y periodista consentida de la DEA, que en otras ocasiones le ha dado primicias y adelantos de las acciones de la fiscalía de Los Ángeles.

Por ella se sabe que Álvarez Machain fue llevado a El Paso, Texas, en un pequeño avión privado, custodiado por tres hombres que se identificaron como policías; que el arresto lo hizo el agente especial de la DEA y coordinador de la Operación Leyenda II, Héctor Berrellez, quien trasladó al prisionero a Los Ángeles. Poca luz da Shannon respecto a los autores materiales del secuestro en Guadalajara, a los que califica de un “equipo sombrío” al que la DEA habría pagado 100 mil dólares.

Proceso confirmó que, en efecto, la operación para llevar a Álvarez Machain ante la justicia estadunidense se realizó con dinero del PIPE (Paid Information, Paid Enforcement), un fondo especial de la DEA para pagar a los informantes y algunas operaciones en que se necesita colaboración de individuos ajenos a la agencia.

Un día antes de que la embajada mexicana en Washington pidiera explicaciones al Departamento de Estado sobre la operación, el procurador general de Estados Unidos, Richard Thornbourgh, dijo en conferencia de prensa, antes de partir a Ixtapa, que había “pedido que se realizara una investigación interna con el fin de conocer los detalles de la operación y si todo está en orden y de acuerdo con la ley”.

El procurador explicó también los detalles legales que implica un arresto extraterritorial. Reafirmando la política estadunidense de traer frente a su justicia a quien haya infringido la ley, señaló que desde diciembre de 1989 las cortes estadunidenses dieron autorización a los agentes estadunidenses del FBI y de la DEA para que hicieran arrestos de narcotraficantes y terroristas en el extranjero.

También recordó la más reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos respecto al caso del mexicano René Verdugo Urquídez, sentenciado en Los Ángeles por el caso Camarena, en el sentido de que la leyes estadunidenses no son extraterritoriales, por lo que un arresto, redada o allanamiento ilegales en el extranjero no son factores para desistir de la causa persecutoria, ya que fuera de Estados Unidos, según argumentó la Corte, no rige la cuarta enmienda constitucional estadunidense que haría que cualquier irregularidad en la aprehensión invalidara el juicio.

Las justificaciones

El 20 de abril, el vocero del Departamento de Justicia, anticipando el informe de la DEA a Thornbourgh, advirtió que “aun si el arresto de Álvarez Machain fuese ilegal, el prisionero no sería regresado a México”.

La DEA ha guardado silencio sobre el asunto y aclarado únicamente que “no acostumbra pagar a extraños para hacer arrestos”, aunque así lo hayan hecho con Verdugo Urquidez cuando corrompieron a policías judiciales estatales que llevaron al socio de Caro Quintero al otro lado de la frontera.

Las presiones sobre la DEA para que entregue un informe preciso de lo ocurrido el 2 de abril en Guadalajara, del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado, viene en el momento en que el Senado está revisando la trayectoria de Terrence Burke para ratificarlo como director de la agencia, después del retiro de Jack Lawn hace un mes.

En Los Ángeles, mientras tanto, Álvarez Machain fue presentado por primera vez ante la Corte, donde se le fijó el 1 de mayo como fecha tentativa para iniciar el juicio, la misma que a Rubén Zuno Arce, acusado en Los Ángeles de complicidad en el asesinato cometido por Caro Quintero y quien también ha denunciado irregularidades en su aprehensión y proceso.

Extrañamente para su costumbre, el fiscal federal Manuel Medrano prefirió no hablar a la prensa del irregular arresto que junto con un eventual desistimiento del caso contra Zuno Arce, por falta de pruebas, lo dejaría mal parado.

El médico jalisciense y su abogado, Robert Steinberg, dijeron en su primera presentación ante la Corte, que el 3 de abril tres hombres que se identificaron como policías judiciales federales arrestaron a Álvarez, supuestamente por haber realizado abortos ilegales; de su casa lo llevaron al aeropuerto y apareció en El Paso. La mujer de Álvarez Machain denunció que los tres hombres iban acompañados de uno “que parecía extranjero”.

Steinberg, desde Los Ángeles, afirma que la defensa exigirá que se llegue al fondo del asunto y que se considere ilegal el arresto de su cliente, quien ya se ha declarado inocente.

La PGR desmintió, en su comunicado 260/90 del 16 de abril, “que elementos de la Policía Judicial Federal hayan intervenido en su aprehensión (de Álvarez Machain) y posterior traslado a Estados Unidos”.

La PGR afirmó desconocer en qué condiciones viajó el médico a El Paso, Texas.

La embajada de México en Washington presentó una “enérgica nota diplomática solicitando información” sobre el lugar y las condiciones en que fue aprehendido el ciudadano mexicano. Según la embajada, el gobierno mexicano abrió una investigación sobre el “posible secuestro y traslado ilegal del doctor Álvarez Machain a territorio de Estados Unidos”.

Las contradicciones

El absoluto silencio de las agencias y del gobierno estadounidense, desde que estalló el escándalo, se debe a que, según fuentes del Departamento de Justicia, toda operación en el exterior debe ser acordada con el Departamento de Estado y la oficina del procurador, consultas que, según parece, la DEA prefirió no hacer esta vez.

La ya tensa situación entre el Departamento de Estado y la DEA, provocada, entre otras cosas, por la multiplicación de agencias que se han creado para combatir el narco y por la sujeción de las acciones policiales a la política exterior estadunidense para hacerlas selectivas, se ha visto afectada por la operación contra Álvarez Machain.

De esta tensión es testimonio Deep Cover (Encubrimiento), el best seller escrito por el exagente de la DEA Michel Levine. Con el eslogan “la historia de cómo la incompetencia, los líos internos y otros subterfugios de la DEA nos hicieron perder la más grande batalla en la guerra contra las drogas”, Deep Cover es el relato de la operación de la DEA en México y Bolivia que dio como resultado, el año pasado (1989), el arresto de cuatro mexicanos y tres bolivianos que pretendían introducir cocaína en grandes cantidades a Estados Unidos.

En esa operación, de la que Levine fue coordinador de la DEA, también se logró girar una orden de aprehensión, aún pendiente, contra el general mexicano Juan Poblano Silva y el teniente Salvador de la Vega, supuestos protectores de los narcos.

Según Levine, la DEA y el Departamento de Aduanas tenían en sus manos pruebas fehacientes para acusar también a Juan Arévalo Gardoqui, exsecretario de la Defensa, al igual que a varios funcionarios y militares bolivianos supuestamente involucrados en el tráfico de drogas.

Dice el exagente de la DEA que gracias a los “trajes”, como se llama a los funcionarios del Departamento de Estado y otros altos funcionarios de la política exterior estadunidense, la DEA tiene que cuidarse de a quién atrapa y a quién arresta.

De acuerdo con Levine, “la DEA y Aduanas están tan mal administradas, desorganizadas, son tan negligentes y acostumbran a rivalizar tanto en sus operaciones conjuntas que la Operación Trifecta –símil de la Operación Saber, de Aduanas– se enredó en un frenesí burocrático que dejó bailando a varios agentes trabajando encubiertos, riendo a los reyes del narco y a los “trajes” de Washington peleándose por el tiempo en televisión.

A lo largo del libro, que ha sido acremente criticado por la DEA, Levine relata sus viajes a México y a Bolivia y cómo el Departamento de Estado se preocupaba de los pasos de la operación. Después de tener las evidencias y haber hecho los arrestos, no se permitió al equipo seguir.

Explica: “Los mexicanos han podido contar siempre con los ciegos ojos del Departamento de Estado en todo lo que hagan, siempre y cuando no sea invadir a California o Texas. Durante el furor después del asesinato de Camarena, México también aprendió que podía contar con varios miembros del Departamento de Justicia, como el procurador general Edwin Meese. México estaba cada vez menos preocupado por la DEA, cuya nueva dirección, habían probado, es totalmente ineficiente, se torcía con cualquier viento o en cualquier dirección que el Departamento de Estado les ordenara”.

Continúa Levine para indicar que Charles Pilliod y hasta el jefe de la delegación de la DEA en México, Edward Heath, “estaban tan aliados con los mexicanos y tan embobados con las políticas blandas del Departamento de Estado, que anunciaron, entre otros al general Arévalo, la operación que estábamos llevando a cabo”.

Dice Levine que en México, desde el caso Camarena, dejarían a los mexicanos hacer lo que fuera con tal de preservar la “especial relación” entre los dos países.