México en Ginebra: el juego de la simulación

 México en Ginebra: el juego de la simulación/YETLANECI ALCARAZ

Revista Proceso No 1939, 27 de octubre de 2013

 Durante el Examen Periódico Universal –la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU– la comunidad internacional criticó unánimemente a México y le hizo apremiantes recomendaciones. Los abusos de las fuerzas militares, la inoperancia del sistema de procuración de justicia, las agresiones contra migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otras prácticas, fueron censuradas una y otra vez por representantes de naciones de todo el mundo. Un dato indica cómo ha retrocedido México en esta materia: le hicieron 176 recomendaciones, casi el doble que en el primer examen, en 2009, cuando fueron 93.

GINEBRA.- Kirstine Vangkilde Berner, representante de Dinamarca, fue la novena oradora luego del mensaje inicial del secretario mexicano de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. Sus palabras de reconocimiento a México se transformaron en severas críticas:

 “Dinamarca agradece sinceramente a la delegación de México por su exhaustiva presentación. Elogiamos a México por sus reformas constitucionales en materia de justicia penal, aprobadas en 2008. Sin embargo, nos preocupa que la demora en la aplicación de esas reformas incremente el riesgo de violaciones de los derechos humanos. En el sistema tradicional de justicia penal de México persisten graves problemas, como la impunidad y el acceso efectivo a la justicia en forma de juicios libres y justos”, dijo.

“Por lo tanto –continuó–, Dinamarca recomienda que la reforma del sistema de justicia penal sea aplicada plenamente en todos los estados mexicanos tan pronto sea posible”.

La Sala XX de los Derechos Humanos del Palacio de las Naciones de la ONU, en Ginebra, estaba repleta. Acudieron representantes de los 193 integrantes del organismo, quienes seguían con atención la evaluación al Estado mexicano. Se trató de la segunda ronda para México del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo creado en 2008 para evaluar el compromiso de sus miembros en la materia.

 Meade –al frente de la delegación mexicana, una de las más grandes, con 40 integrantes– no perdía de vista las hojas de su informe. A su derecha estaba el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo; a su izquierda, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón.

 La representante danesa siguió: “México ha aceptado encomiablemente una serie de recomendaciones del EPU para combatir la violencia de género. No obstante, ha habido un progreso muy limitado cuando se trata de la impunidad de los transgresores y tampoco ha habido una reducción en los elevados niveles de violencia. Algunas leyes de delitos sexuales son supeditadas al estilo de vida de la víctima, lo que no es conforme a las leyes internacionales.

 “Por lo tanto, Dinamarca recomienda que se adopten medidas concretas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en los 31 estados mexicanos, especialmente en aquellos con altos niveles de asesinatos y ataques contra mujeres y niñas.”

 Después vendrían los representantes de Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Japón, Lituania, Suecia, Nicaragua, Chile, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Eslovenia, Bélgica… todos, sin excepción, reconocían diplomáticamente a México por las diversas reformas constitucionales aprobadas en los últimos años, pero después vertían fuertes críticas.

 Un dato fue indicativo: le hicieron a México 176 recomendaciones en materia de derechos humanos, casi el doble que en el primer examen, el de 2009, cuando fueron 93… y el país tiene un plazo hasta marzo de 2014 para decidir si las acepta o no.

“Impunidad”

En su intervención Meade destacó la convicción y responsabilidad del gobierno mexicano. Refirió que las complejas circunstancias de inseguridad y violencia del país en 2009 obligaron al gobierno y a la sociedad a plantear una nueva política de seguridad y procuración de justicia que atendiera de manera integral las causas y no sólo los efectos.

Al referirse al marco legal para el uso de la fuerza, subrayó: “Las instituciones del gobierno federal que hacen uso de la fuerza pública cuentan con protocolos para regular y delimitar su actuación, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos. Los niveles de violencia han disminuido y hemos identificado una baja importante en las quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra miembros de las Fuerzas Armadas”.

Después de unos 15 minutos de lectura concluyó: “Reconocemos, sin embargo, que aún enfrentamos retos. Atendimos las recomendaciones formuladas durante el primer ciclo del EPU. En México, la defensa y protección de los derechos humanos es una tarea indeclinable. Ello forma parte de la consolidación de nuestra democracia. Nuestro marco constitucional obliga a todas las autoridades a proteger los derechos fundamentales promoviendo una transformación cultural y jurídica”.

 Pero las observaciones críticas siguieron. Mención especial tuvieron los comentarios y recomendaciones para vigilar y garantizar el cumplimiento del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Más de una docena de países se manifestaron con firmeza al respecto.

 Por ejemplo, Breda Lee, representante de Irlanda, dijo: “Acogemos con satisfacción la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, los reportes sobre continuos asesinatos, ataques y amenazas a la seguridad de periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos muestran que aún existen significativos retos. Por ello Irlanda recomienda que México desarrolle un protocolo de investigación con perspectiva de género susceptible de ser utilizado por las procuradurías estatales”.

 La sueca Sara Stina Bergstedt fue más allá e incluyó entre las potenciales víctimas a usuarios de la red y blogueros:

 “La impunidad en los crímenes contra periodistas sigue siendo un serio problema que limita la libertad de expresión afectando incluso a usuarios de la red y a blogueros en algunos estados de la República. Suecia recomienda fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y asegurar la reparación de daños a las víctimas.”

 En su oportunidad Limón dio cifras: del 1 de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2013 la FEADLE inició 458 averiguaciones previas. Se abrieron 374 expedientes y se ordenaron 172 medidas cautelares de protección y auxilio a periodistas en situación de riesgo.

 Además refirió que desde la puesta en marcha del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, la coordinación ejecutiva de éste ha recibido 98 solicitudes de incorporación.

 Agregó que el mecanismo cuenta con suficientes recursos para operar, pues su fideicomiso tiene en la actualidad un fondo acumulado de 13 millones de dólares y se prevé que el próximo año cuente con una cantidad similar.

El fuero castrense

Hubo una reiterada solicitud de que se elimine el fuero militar. Como hace cuatro años, países miembros de la ONU alertaron acerca de los abusos de las Fuerzas Armadas contra la población, calificaron de inaceptable la práctica del arraigo e incluso el representante de Estonia, Mai Hion, insinuó que México debe reconocer que vive una situación de guerra civil.

“Estonia recomendaría al gobierno de México sumarse al Protocolo Adicional II de las Convenciones de Ginebra de 1949”, dijo. Éste se refiere específicamente a la protección de personas afectadas por conflictos armados no internacionales o guerras civiles.

La República Checa, en voz de Viktor Velek, también elevó el tono: “Respecto a la lucha contra el crimen organizado, existen reportes que indican una generalizada violación a los derechos humanos cometida por las fuerzas de seguridad del Estado.

“Tanto los grupos criminales como las fuerzas de seguridad del Estado continúan amenazando y atacando a defensores de derechos humanos y a periodistas.

“Además estamos preocupados por el hecho de que las violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar se continúen procesando en cortes castrenses pese a que la Suprema Corte lo declaró inconstitucional. Recomendamos que México apruebe la reforma al Código de Justicia Militar para que los soldados no puedan tener más jurisdicción en los casos de violaciones a los derechos humanos”, concluyó.

Alejandro Ramos, en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respondió: “A partir de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los hechos la Procuraduría General de Justicia Militar y los tribunales militares han dejado de conocer todos los casos de posibles violaciones de derechos humanos” atribuidas a personal castrense. “Del 1 de enero de 2009 a octubre del año en curso se ha declinado a favor del fuero civil la investigación de 317 casos y, por su parte, los tribunales militares han declinado 226 procesos penales en favor de la justicia ordinaria”.

No obstante, organizaciones civiles mexicanas advirtieron en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en México –el cual también sirvió como base para la segunda evaluación del EPU– que entre 2006 y 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 113 recomendaciones a la Sedena.

El informe recalca que el desempeño de la CNDH es insuficiente ante la magnitud del problema, pues de 7 mil 441 quejas presentadas ante dicha instancia contra las Fuerzas Armadas mexicanas, sólo se han emitido recomendaciones en 1.5% de los casos.

Stina, representante de Suecia, planteó otra de sus preocupaciones: “En México se sigue aplicando la tortura como método de investigación. Por eso, Suecia recomienda seguir las recomendaciones del Comité contra la Tortura, así como la promoción del uso del Protocolo de Estambul para determinar los casos de la misma y educar a los expertos forenses.

“También recomendamos que las investigaciones sobre presuntas torturas no sean realizadas por las mismas autoridades acusadas de cometerlas.”

Falta voluntad

Como parte de la delegación oficial también participaron 10 legisladores, entre ellos la perredista Amalia García y la petista Loretta Ortiz. En entrevista con este semanario ambas hicieron una evaluación del EPU:

“El reconocimiento de los distintos países a los avances legislativos en México es muy importante. El problema es cuando vienen las preguntas sobre lo que se ha hecho en la práctica. Y encontramos entonces que lo que hay son sólo compromisos, pero falta concretar resultados”, dice Amalia García.

–¿Qué falta para que se aterricen todos esos compromisos?

–Voluntad expresa. No sólo a través de leyes y reformas constitucionales, sino con acciones específicas, como la simple autorización de presupuestos. Pero sobre todo falta voluntad política, y ésta es fundamental porque en muchos ámbitos se requiere remontar prácticas culturales que tienen que ver con ineficacia, corrupción, complicidad de los servidores públicos con la delincuencia. Falta una determinación política muy fuerte.

Ortiz es mucho más severa: “México juega un juego en el que dice respetar los derechos humanos pero en realidad no lo hace, y esto es muy del país: dar una imagen internacional de que celebramos tratados y los cumplimos, pero internamente no es así. Vivimos en una simulación”.

Pone como ejemplo la reforma al artículo­ 57 del Código de Justicia Militar. “Ya presentamos la iniciativa para eliminarlo (el fuero castrense), pero como no hay voluntad política, las propuestas están guardadas en el cajón de las iniciativas”.

–¿No está programada para salir en el corto plazo?

–No. Y como no está incluida en el Pacto por México, no saldrá. Simplemente no hay voluntad y por eso señalo que el del gobierno es un discurso esquizofrénico, porque le puedo asegurar que en este sexenio no hay intenciones de aprobar esa reforma.

El país desaprovechó “la oportunidad que presenta el EPU para fomentar un espacio real de consulta con organizaciones de la sociedad civil e identificar los temas que más requieren atención y deben trabajarse en conjunto”, dice por su parte Daniel Joloy, director del Área Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

–El gobierno dijo que el informe final presentado ante la ONU fue resultado de un diálogo con la sociedad civil –se le comenta.­

–El gobierno organizó tres foros públicos que no pueden ser considerados consulta puesto que fueron más bien paneles de gente del mismo gobierno y expertos, quienes expusieron algunas temáticas, pero no hubo un proceso en el que la sociedad civil se viera reflejada.

Joloy plantea entonces el verdadero significado del examen: “Se debe entender al EPU en la dimensión de lo que es: un examen entre pares, en el que son los propios Estados quienes se evalúan entre sí y emiten las recomendaciones. Pero al mismo tiempo permite una oportunidad de construir al regreso, junto con la sociedad civil, el camino para dar cumplimiento a estas recomendaciones”.

Cuestionada sobre la legitimidad de un examen de este tipo, la subsecretaria de Gobernación Lía Limón señala a Proceso: “El valor del EPU es que es un ejercicio participativo y de apertura democrática entre pares. En México nos hemos encargado de darle la bienvenida a este tipo de mecanismos que nos permitan hablar de derechos humanos y nos lleven a comprometernos”.