En seguridad, “ignorancia negligente” de Peña Nieto

En seguridad, “ignorancia negligente” de Peña Nieto/EDGARDO BUSCAGLIA

Revista Proceso No 1939, 27 de octubre de 2013

 LIBROS

La supuesta reducción de los homicidios en México anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto como una victoria demuestra “ignorancia negligente en temas de seguridad” o que está pretendiendo “engañar a la población con estadísticas chatarra”, ya que “los homicidios pueden bajar porque el Estado es más fuerte o porque la delincuencia organizada es más fuerte”. Como sea, México no transitará hacia la seguridad humana mientras no existan los controles judiciales, patrimoniales, políticos y sociales a los que se refiere Edgardo Buscaglia en su más reciente libro, Vacíos de poder en México, publicado en octubre por Random House Mondadori y del que a continuación Proceso adelanta partes del epílogo.

Es imposible predecir con exactitud qué sucederá con los niveles de inseguridad humana o con la delincuencia organizada en México en los próximos años, y si serán suficientes las acciones instrumentadas por el Estado para combatirla y contenerla.

Como ya se ha explicado en páginas anteriores, sin la existencia de controles judiciales, patrimoniales, políticos y sociales será imposible que el país transite hacia la seguridad humana en el sentido más amplio del término, el que alguna vez definió el primer ministro japonés Keizo Obuchi como “la clave para enfrentar integralmente todas las amenazas a la supervivencia, la vida diaria y la dignidad de los seres humanos, y para reforzar los esfuerzos para confrontar estas amenazas”.

…Es necesario reconocer que el panorama que se le presenta hoy a los mexicanos en materia de seguridad es oscuro. Como ya lo recalqué, hasta el cierre de la edición de este libro aún no se concretan los indicios de reducción de la violencia en el nuevo sexenio, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por presentarle a la opinión pública un país más pacífico que el del sexenio calderonista. Por ejemplo, el 10 de abril de 2013, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que durante el primer cuatrimestre de la administración peñanietista (diciembre de 2012 a marzo de 2013) se habían cometido 4 mil 249 asesinatos violentos, es decir, 17% menos que los registrados en el cuatrimestre anterior (agosto a diciembre de 2012) y 14% menos que en el mismo cuatrimestre de 2011. Eso fue anunciado como una victoria. En su momento, he declarado en numerosas oportunidades, en entrevistas con medios y en foros científicos, que esa reducción en los homicidios no era más que estadística chatarra, pues si bien uno, en cualquier sociedad, siempre debe darle la bienvenida a una menor incidencia de homicidios, la manera en que el gobierno federal de Calderón y Peña Nieto presentan los cambios relativos a estas tasas hace pensar que el gobierno federal las utiliza como indicadores de éxito o de fracaso en la contención de empresas criminales, lo que demostraría una ignorancia negligente en temas de seguridad, o, alternativamente, se está pretendiendo engañar a la población con estadísticas chatarra. He dicho en varias ocasiones que las empresas criminales siempre prefieren mantener un bajo perfil, con menos homicidios, cuando se encuentran ante un Estado con gobiernos fuertes (los que ejercen con predictibilidad efectivos controles judiciales, patrimoniales, políticos y sociales), lo que haría pensar que menos homicidios demuestran mayor fortaleza de Estado. Pero es asimismo cierto que cuando los grupos criminales organizados ocupan un vacío de Estado y se transforman en autoridad, eliminando a sus competidores y consolidando sus territorios, como consecuencia de ello también disminuyen los homicidios. Esto es, los homicidios pueden bajar porque el Estado es más fuerte o porque la delincuencia organizada es más fuerte, lo que demuestra que, a simple vista, no existe correlación alguna entre las tasas de homicidios y el poder mafioso. Sin embargo, dado que en México todavía no se han institucionalizado los cuatro tipos de controles analizados en capítulos previos, no hay razón para pensar que los homicidios hayan bajado (si es que es verdad que disminuyeron) porque el Estado se haya fortalecido. La tercera razón para descartar la tasa de homicidios como un indicador fiable del desempeño del Estado mexicano reside en que el sistema judicial mexicano no resuelve siquiera 50% de los homicidios que ocurren, por lo cual en México es muy poco fiable contabilizarlos y clasificarlos como ligados o no con empresas criminales.

Por último, y quizá aún más importante que las demás razones, una enorme cantidad de desapariciones y desapariciones forzadas de personas ha transformado al Estado mexicano en el foco de atención de los organismos internacionales y redes de asociaciones civiles internacionales, lo que muchas veces se traduce en que miles de homicidios presentes no saldrán a la vista sino más tarde, una vez que los cuerpos de estas personas desaparecidas probablemente sean hallados. La tragedia de ver que la cifra de desaparecidos ha aumentado sin cesar durante los años recientes es testamento de la violencia organizada y desorganizada fuera de control que se hereda de dos administraciones fallidas: 2000-2012.

En fin, el único indicador que conceptualmente tendrá sentido calificar como de éxito será cuando veamos disminuir en promedio una buena parte de las 23 tasas de delitos económicos que comete la delincuencia organizada en México (trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, extorsiones, fraudes, piraterías, contrabandos, entre ellas). No hay otra vuelta ni más spin que darle.

Sostuve, y continúo sosteniendo, que para que empiecen a cambiar las cosas en México el gobierno federal tiene que hablar con la verdad, decirle a la opinión pública lo que está sucediendo. De lo contrario, continuará la simulación. Ni los números ni los hechos respaldan las mejoras en el desempeño del gobierno federal hasta fines de mayo de 2013. Sólo uno espera con ansias que a la hora de leer esta obra ya se estén presentando disminuciones en una buena parte de los 23 indicadores de delitos económicos a los cuales he hecho referencia en diferentes partes de los capítulos anteriores. Pero esto sólo sucederá cuando, de a poco, y con todas las imperfecciones que cualquier país enfrenta, se vayan instrumentando simultáneamente los cuatro tipos de controles institucionales que he mencionado en numerosas oportunidades tanto a lo largo de esta obra como en entrevistas y demás publicaciones desde hace años, y que hoy representan cuatro enormes vacíos de Estado.

Un mes después de que el secretario de Gobernación diera a conocer sus estadísticas alegres, el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), un think tank independiente que realiza investigación académica en varias áreas, dio a conocer un panorama más certero de qué es lo que sucede en el país en materia de seguridad y qué es lo que podemos esperar en el futuro.

Los investigadores del Cidac se dieron a la tarea de medir cuáles eran los delitos que impactaban más en la percepción de seguridad de los mexicanos, y encontraron que eran ocho: secuestro, homicidio doloso, lesiones dolosas con arma blanca, extorsión, robo con violencia a transeúnte, robo sin violencia a transeúnte, robo con violencia de un vehículo y robo sin violencia de un vehículo. Midieron la incidencia de estos delitos y generaron el informe 8 Delitos Primero, Índice Delictivo Cidac, cuya actualización a diciembre de 2012 anuncia que “México está lejos de haber dejado atrás la crisis de violencia que enfrenta”.

El informe puntualiza primero lo que los mexicanos han perdido en los últimos años:

Sabemos que, a raíz de la ola de violencia en el país, el 44% de los ciudadanos dejó de salir de noche, el 25% dejó de tomar un taxi, y el 21% dejó de ir a comer o a cenar. Las empresas elevaron sus costos de seguridad a más de 11%, mientras que el gasto público en seguridad de 2010 del gobierno federal representó seis veces aquel de 2005.

Luego presenta, con números, la realidad actual del país: según el estudio, en 14 de las 32 entidades federativas la situación de inseguridad empeoró, especialmente en Guerrero (el peor en el ranking) y Tamaulipas. El estudio también menciona la elevación del número de secuestros en Nayarit y el alarmante incremento del robo de vehículos en Nuevo León. Además, 11 entidades del país tienen una afectación grave o severa por secuestro; 10 por homicidios, y 14 por extorsiones. El estudio demuestra cómo la extorsión domina lo mismo en la península de Baja California que en Tabasco o Quintana Roo. Los resultados del estudio son claros.

Si bien se presentó una disminución del 4% en los homicidios dolosos de 2010 a 2012, los secuestros aumentaron en 27%. Al respecto, el impacto de un secuestro sobre la percepción de inseguridad en México equivale al impacto que tendrían 2.5 homicidios. Por lo tanto, la percepción de inseguridad en el país se incrementó en más de 4%, lo equivalente a más de 4 millones de personas más que tienen una percepción de inseguridad en su estado. El que exista hoy una menor percepción de seguridad se explica por un incremento en delitos como el secuestro. Además, los robos con violencia de vehículos y las lesiones se incrementaron en 29 y 31% respectivamente.

En un país con estos problemas, ¿cuánto impacta que los homicidios violentos se reduzcan en 17%?, si es que esa cifra puede realmente verificarse judicialmente. El gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales deberán demostrarle a la sociedad, con realidades numéricas serias, que las cosas van mejorando. Si se hiciera un ranking parecido al propuesto por el Cidac que evaluara qué ha pasado con los 23 delitos relacionados con la delincuencia organizada que se cometen en México, y que mencioné al inicio de este libro, el panorama sería todavía más complicado.

Ni qué decir de los retrocesos habidos en materia de libertad de expresión en el país, que no se cuentan, ya no por denuncias de acoso o amenazas, sino por asesinatos. La lista de comunicadores abatidos durante el sexenio peñanietista empezó con la muerte de Jaime Guadalupe Domínguez, director del portal Ojinaga Noticias, del estado de Chihuahua, después de haber recibido 18 balas en el cuerpo en esa ciudad norteña. Hoy, como ya anoté antes, la prensa en México se ejerce bajo tres fuegos: el del crimen organizado y el narcotráfico; el del poder político, y el del poder empresarial. Preocupa que los periodistas estén tan desprotegidos.

Es difícil saber qué va a pasar con la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada. Algunos ya empiezan a hacer sus conclusiones. Si bien el presidente Peña Nieto ha tratado en estos primeros meses de que la violencia, la delincuencia organizada y la inseguridad no sean los principales temas de su agenda, la realidad se ha impuesto una vez más al spin mediático de la clase político-empresarial mexicana.

Según datos del propio gobierno federal, existen grupos irregulares armados (genuinamente comunitarios, a los que se les suman grupos paramilitares que ocupan vacíos de Estado en varias entidades), algo que este autor ya venía alertando con datos duros en los medios desde 2010, cuando la incompetente y fallida administración de Felipe Calderón negaba ésta y otras realidades. A esto se le suman los conflictos sociales ocasionados por la reforma educativa, los que hasta ahora han marcado el sexenio…

…Si bien algunas de las medidas descritas en este libro ya han empezado a planearse o quizá incluso a instrumentarse por el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, otras ni siquiera han sido mencionadas. Tal como ya se explicó en el capítulo anterior, el acuerdo político eje de las medidas ya concebidas, el Pacto por México, no es suficiente para la instrumentación de los cuatro controles que propongo.

…Es necesario quizá ejemplificar el costo humano del crimen organizado a través de los réditos criminales que éste obtiene. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico de indocumentados permite que alrededor de 90% de los 3 millones de latinoamericanos que entran ilegalmente a Estados Unidos vía México cada año les dé ganancias a los traficantes por alrededor de 7 mil millones de dólares. Este escenario de ganancia económica necesita ser contrarrestado con medidas internacionales.

Entre las medidas que propongo (…) se incluyen algunas de movilización social, como la formación de cuerpos de paz regionales con jóvenes mexicanos, mujeres y hombres, que se trasladen a los lugares más recónditos de México y de América Latina mostrando la más representativa cara pacífica de la cultura mexicana. También propongo acciones de cooperación internacional que van mucho más allá de la cooperación en materia de seguridad y justicia e involucran el campo preventivo, es decir, las cuestiones de salud, trabajo y educación, teniendo en cuenta que las autoridades mexicanas ya tienen el discurso prevencionista bien ensayado ante las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación.

Propongo también la creación de 11 paneles de delineación e instrumentación internacional sobre áreas regulatorias, un tema que fue tocado en este libro en el capítulo 6, en materia de armas, migración, narcotráfico, etcétera, con el fin de que empiece el trabajo conjunto de varios países para encontrar un marco regulatorio convergentemente armónico que no subsidie más a las empresas criminales.

También propongo algunas medidas económicas, como la creación de fondos de inversión para otorgar créditos a unidades informales de producción, con el fin de formalizarlas ante el fisco y, así, generar un tsunami de empleo formal e inversión de abajo hacia arriba. México requiere también una revolución económica que incluya a todos.

Invito a pensar fuera de la caja, out of the box, como dirían los estadounidenses, es decir, que la élite político-empresarial mexicana y la sociedad civil busquen formas creativas que permitan que los controles que he descrito en este libro se instrumenten en la práctica diaria de su pueblo y no sólo en los libros que escriben sus élites entre cuatro paredes dentro de la Secretaría de Gobernación. Ya no es tolerable que la clase política continúe con reformas de maquillaje ni que la sociedad civil realice movimientos sociales complacientes con el poder. México, con el potencial que tiene, debe retomar su papel de líder en América Latina, y eso sólo podrá lograrlo si reduce la crisis de inseguridad humana que vive su población.

Mis recomendaciones no están acotadas a que sean políticamente factibles, trabajo que dejo a los políticos para que lo determinen. Para eso se les paga. Me limito a presentar un menú de opciones de políticas públicas esenciales para salir de la pesadilla de inseguridad humana que vive hoy la región, para que así se ejerciten con más frecuencia los 58 derechos humanos con los que introduje esta obra.

Difícil saber cuándo terminará el proceso de transición hacia una democracia por el que están atravesando México y la mayor parte de los países centroamericanos, incluido el triángulo de violencia (o “de la Muerte”) formado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Como ya lo expresé antes, muchos de los países que se han encontrado en circunstancias similares han sufrido grandes cortocircuitos de transición política. También es verdad que muchos de esos países, como Rusia y algunos de los que se encontraban bajo el dominio soviético hasta 1991, no han logrado concluir sus procesos democratizadores y han sufrido una involución. Se deben tomar todas las medidas necesarias para que éste no sea el caso en América Latina.

Uno mantiene la convicción de que México no se convertirá en uno de los tantos países con una transición fallida hacia su democracia. No obstante su rica historia cultural, ser una de las cunas de la civilización moderna y el iniciador de una revolución social pendiente basada en profundas ideas que impactaron la conciencia universal a comienzos del siglo XX, México sólo podrá recuperar su rumbo perdido y pasará a ser un referente político-social y económico mundial si su sociedad civil y sus actores políticos empiezan a tomar medidas ejemplificadas en este libro…