El
Senado, bajo el control de Hacienda/Jenaro Villamil
Con
“chanchullos” y “marrullerías” los senadores panistas y priistas (más los del
Partido Verde) le dieron la vuelta a cualquier indicio de oposición de
izquierda en el debate de la reforma energética. No era necesario. Tenían la
mayoría para aprobar los cambios en votación. Aun así el Senado sesionó
protegido por granaderos y bajo la estricta mirada vigilante de los enviados de
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray a fin de consumar lo que los críticos
independientes consideran la entrega del sector energético al capital privado.
Con
un recinto doblemente cercado –por granaderos y opositores a la reforma–, con
la intervención de funcionarios federales de la Secretaría de Hacienda y en
medio de uno de los procesos legislativos más desaseados, en menos de una
semana el Senado aprobó sin discusión real los cambios más importantes a la
Constitución en los artículos 25, 27 y 28, más un paquete de 21 transitorios
que modifican el régimen nacional de energía.
Desde
semanas antes el recinto de Insurgentes y Reforma fue “intervenido” por
funcionarios de Hacienda –entre ellos el subsecretario de Ingresos, Miguel
Messmacher, mano derecha del titular Luis Videgaray– para acelerar el paquete
de reforma fiscal negociado con el PRD, el paquete financiero, la reforma
político-electoral y sobre todo la energética.
Durante
semanas, a puerta cerrada y sin la participación de la izquierda, el presidente
de la Comisión de Energía, el priista David Penchyna, negoció con cinco
panistas (los senadores Raúl Gracia y Francisco Domínguez, ambos de la
comisión, más Roberto Gil Zuarth y los diputados Juan Bueno Torio y Raúl
Camarillo) los detalles de un predictamen que sólo ellos conocieron… y los
funcionarios de Hacienda.
El
predictamen estuvo herméticamente oculto. Sólo se “filtraron” algunos detalles
a medios internacionales, como la agencia financiera Bloomberg y The Wall
Street Journal.
Los
voceros del PRI, sobre todo su dirigente nacional César Camacho, el líder de la
bancada senatorial Emilio Gamboa Patrón y los funcionarios de Energía, Pemex y
Hacienda negaron reiteradamente a los medios nacionales que se negociara una
apertura mayor al capital privado.
“No
existe ningún arreglo en lo oscurito. No nos vamos a dejar presionar por
nadie”, reiteraba Gamboa. Senadores consultados relataron cómo desde antes de
la discusión los funcionarios de Messmacher daban “línea” para incorporar en
varios dictámenes lo establecido por Hacienda.
El
sábado 7, luego de cancelar tres veces consecutivas la reunión de las comisiones
dictaminadoras, se dio a conocer un predictamen que se quedó corto frente a las
“filtraciones” previas.
La
reforma energética planteaba máxima apertura a la inversión privada y preveía
cuatro modelos de contratos: de utilidad compartida (la figura original de la
iniciativa peñista), de producción compartida, de licencias y una combinación
de todas.
Le
daba un plazo máximo de cinco años a Pemex y a la CFE para reconvertirse en
“empresas públicas de Estado” (artículo 25), abandonando su condición de
organismos descentralizados de la administración pública y creaba nuevos
organismos reguladores del sector, sin autonomía técnica o jurídica,
dependientes del Ejecutivo.
El
transitorio decimocuarto creó el Fondo Mexicano del Petróleo, propuesto por el
PAN como “un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como
fiduciario”. Este fondo “será el encargado de recibir todos los ingresos, con
excepción de las contribuciones, que le corresponden al Estado mexicano,
derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo
séptimo del artículo 2 de esta Constitución. Asimismo será el responsable de
administrar y realizar los pagos en dichas asignaciones y contratos y las
transferencias que especifique la ley”.
En
la negociación de la integración del fondo los panistas cedieron el control
real de este fideicomiso a la Secretaría de Hacienda y en especial a Videgaray,
quien se convertirá en el presidente del comité técnico. Éste determinará las
inversiones de largo plazo, el destino de los fondos y recomendará la
asignación de los montos correspondientes a pago de pensiones, proyectos de
inversión en tecnología y “becas para la formación de capital humano”. Un
superpoder.
Para
sorpresa de varios especialistas el predictamen incorporó en los artículos
transitorios párrafos donde el Estado prácticamente cede la soberanía frente a
los tratados internacionales y se elimina la “cláusula de exclusividad”
petrolera de México del Tratado de Libre Comercio.
Así
lo estableció el artículo séptimo transitorio en su segundo párrafo: “Las
disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto
en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México”.
Largo
monólogo
Sin
tiempo suficiente para su lectura y pasando por alto el reglamento del Senado
–que ordena convocar con 48 horas de anticipación en los periodos ordinarios–,
el domingo 8 se inició la discusión sobre el predictamen, la cual se prolongó
hasta la madrugada del lunes 9.
El
coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, distribuyó un extenso y
documentado “voto particular en contra” del dictamen al que acusó de violar la
soberanía nacional y la Constitución.
Insistente,
Bartlett argumentó que de la lectura del dictamen concluía que Enrique Peña
Nieto debía ser acusado de traición a la patria, a partir de lo establecido en
el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución y del 123, fracción I,
que estipula que comete traición a la patria quien “realice actos contra la
independencia, soberanía e integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de
someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.
+El
guión previamente acordado entre los senadores del PRI, del PAN y del Partido
Verde fue no responder a ninguna de las preguntas de los opositores para no
alargar un debate que se prolongó casi 12 horas.
“Ahora
resulta que la iniciativa original de Peña Nieto era de avanzada frente a
esto”, ironizó Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos Segunda, quien advirtió que con estos cambios “abren viejas
heridas entre nosotros”.
En
su turno, Manuel Camacho Solís coincidió con Bartlett en que el dictamen fue
redactado en Estados Unidos y reveló que a él y a Vicente Fox se les acercaron
compañías petroleras para ofrecerles la candidatura presidencial a cambio de
que modificaran dos cosas en el artículo 27 constitucional: la “prohibición de
contratos” y el permiso para las “concesiones”. “Fox aceptó, yo lo rechacé”,
afirmó el exregente.
Los
más vehementes defensores de la reforma fueron los panistas, en especial Jorge
Luis Lavalle, otro de los negociadores, quien negó que el 27 constitucional
permitiera que las reservas de petróleo sean registradas en los libros
contables de las empresas.
En
la exposición de motivos, al explicar los contratos de producción compartida,
el predictamen señala textualmente: “En los contratos de producción compartida
las empresas pueden registrar como activos para efectos contables las reservas
del crudo”.
Tras
11 horas de discusión y una ronda de más de 20 oradores, en pro y en contra,
los tres presidentes de las comisiones dictaminadoras determinaron suspender la
sesión. Sólo se habían aprobado el dictamen, en lo general, y los artículos 25
y 27. Faltaba discutir y aprobar el artículo 28 y los transitorios.
El
“adéndum”
La
tarde del martes 10 se citó al pleno del Senado para discutir directamente la
reforma energética. Al filo de las 18:00 horas, mientras se desahogaban las
posiciones a favor y en contra, la vicecoordinadora perredista Dolores Padierna
denunció desde su curul que se les había entregado un acuerdo de los tres
presidentes de comisiones que modificaban “de fondo” los artículos 25, 27 y 28
constitucionales y varios transitorios sin haberlos discutido en comisiones.
El
documento, con la firma de los priistas Enrique Burgos, de la Comisión de
Puntos Constitucionales, y David Penchyna Grub, de la Comisión de Energía, así
como del panista Raúl Gracia Guzmán, de la Comisión de Estudios Legislativos
Primera, contenía cambios que abrían aún más el sector a la inversión privada y
le daban dos años de vida a Pemex, en lugar de los cinco originales de plazo.
El
transitorio tercero nuevo dice: “La ley establecerá la forma y plazos, los
cuales no podrán exceder de dos años a partir de la publicación de este
decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas
productivas del Estado”.
El
transitorio cuarto, donde se definen los modelos de contratos, sufrió un
cambio. En el párrafo donde decía que las nuevas modalidades “podrán” ser,
ahora decía “deberán ser” y se le agregaba la frase “entre otras”: de
servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia. Para los
opositores este cambio abrió la posibilidad a la figura de las concesiones.
El
transitorio octavo transforma las actividades de exploración y extracción del
petróleo en actividades “de interés público y orden público”. Le agregaron de
última hora que las concesiones mineras vigentes podrían tener derechos de
explotación para el gas asociado a los yacimientos del carbón.
En
el decimocuarto se le cambió de nombre al Fondo Mexicano Petrolero para que
ahora sea Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo, y se estableció
un nuevo orden de “prelación” para el destino de los ingresos que privilegia al
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y al Fondo de Estabilización
de Ingresos de las Entidades Federativas, ambos controlados por Hacienda.
Los
cambios de fondo más importantes se realizaron en la redacción del artículo 27
–para subrayar que el tema petrolero es asunto de “ingresos del Estado” (es
decir, materia fiscal)– y en el 28 se agregó todo el sector energético como
estratégico, pero en los términos nuevos del artículo 27, es decir, permitiendo
la contratación con privados.
“Esto
es un chanchullo”, denunció Bartlett. “Es una marrullería”, secundó Sansores, y
Encinas subrayó que los presidentes de comisiones no tienen facultades para
hacer modificaciones “de fondo” a un dictamen que ya estaba votado, y menos sin
consultar a comisiones.
De
manera confusa el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Luis Preciado,
afirmó que se trataba de un “adéndum”, término inexistente en el reglamento
parlamentario.
El
presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade, dejó correr la
discusión pero sometió al voto mayoritario de los legisladores la aprobación de
estos agregados que no estaban en el predictamen original.
La
polémica sesión del Senado transcurrió sin que se aceptara una sola de las
propuestas opositoras, ni siquiera la solicitud del senador Zoé Robledo para
que el debate fuera transmitido en televisión abierta.
Encinas,
al discutirse en lo particular el cuarto transitorio, insistió en que las
nuevas disposiciones “profundizan la privatización al modificar la disposición
de que podrán establecerse este tipo de contratos. Ahora se establece un
argumento imperativo, el deberán ser los contratos de servicios, de utilidad
compartida, de producción compartida, entre otras. Al introducir esta frase
prácticamente dejan abierta la posibilidad de la contratación en todas las
áreas”.
Presidencialismo
en el Congreso
Para
Padierna lo sucedido con el procedimiento y el fondo de la aprobación de la
reforma energética fue el resultado de tres controles presidencialistas: “El
control del Congreso, como en los viejos tiempos del poder priista. La opinión
del Congreso no contó. El mediático, porque se ejerció un control bestial y los
medios masivos no hablaron del debate más importante. Y el control social, a
través de las instituciones organizadas, como los partidos en el Pacto por
México, y las no organizadas, como el SME, al que se desmovilizó. La izquierda
actuó dividida.
–¿Hay
manera de revertir lo aprobado? –se le preguntó.
–El
plan es perverso. Ellos pretenden desde 2014 llevarse todo el petróleo. En 2019
el gobierno de Peña Nieto calcula que México importará petróleo. Lo que aquí se
aprobó anula toda posibilidad de un cambio. Es una codicia, un lucro excesivo.
Vimos el inicio de la petrobancada en el Congreso.
Gamboa
festejó el voto y la disciplina de su bancada. Al cerrar el periodo ordinario
de sesiones, el viernes 13, acusó el golpe de las críticas: “Primero quiero
referirme que aquí, todo el año, no se han violado ni los estatutos ni los
reglamentos del Senado. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos del
presidente del Senado y de su Mesa Directiva”.
Mientras
Gamboa celebraba el fin de uno de los años “más productivos” del Senado, dos
asesores de la Subsecretaría de Hacienda observaban y tomaban nota.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario