El Senado, bajo el control de Hacienda/Jenaro Villamil

 El Senado, bajo el control de Hacienda/Jenaro Villamil

Con “chanchullos” y “marrullerías” los senadores panistas y priistas (más los del Partido Verde) le dieron la vuelta a cualquier indicio de oposición de izquierda en el debate de la reforma energética. No era necesario. Tenían la mayoría para aprobar los cambios en votación. Aun así el Senado sesionó protegido por granaderos y bajo la estricta mirada vigilante de los enviados de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray a fin de consumar lo que los críticos independientes consideran la entrega del sector energético al capital privado.

Con un recinto doblemente cercado –por granaderos y opositores a la reforma–, con la intervención de funcionarios federales de la Secretaría de Hacienda y en medio de uno de los procesos legislativos más desaseados, en menos de una semana el Senado aprobó sin discusión real los cambios más importantes a la Constitución en los artícu­los 25, 27 y 28, más un paquete de 21 transitorios que modifican el régimen nacional de energía.

Desde semanas antes el recinto de Insurgentes y Reforma fue “intervenido” por funcionarios de Hacienda –entre ellos el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, mano derecha del titular Luis Videgaray– para acelerar el paquete de reforma fiscal negociado con el PRD, el paquete financiero, la reforma político-electoral y sobre todo la energética.

 Durante semanas, a puerta cerrada y sin la participación de la izquierda, el presidente de la Comisión de Energía, el priista David Penchyna, negoció con cinco panistas (los senadores Raúl Gracia y Francisco Domínguez, ambos de la comisión, más Roberto Gil Zuarth y los diputados Juan Bueno Torio y Raúl Camarillo) los detalles de un predictamen que sólo ellos conocieron… y los funcionarios de Hacienda.

 El predictamen estuvo herméticamente oculto. Sólo se “filtraron” algunos detalles a medios internacionales, como la agencia financiera Bloomberg y The Wall Street Journal.

Los voceros del PRI, sobre todo su dirigente nacional César Camacho, el líder de la bancada senatorial Emilio Gamboa Patrón y los funcionarios de Energía, Pemex y Hacienda negaron reiteradamente a los medios nacionales que se negociara una apertura mayor al capital privado.

“No existe ningún arreglo en lo oscurito. No nos vamos a dejar presionar por nadie”, reiteraba Gamboa. Senadores consultados relataron cómo desde antes de la discusión los funcionarios de Messmacher daban “línea” para incorporar en varios dictámenes lo establecido por Hacienda.

El sábado 7, luego de cancelar tres veces consecutivas la reunión de las comisiones dictaminadoras, se dio a conocer un predictamen que se quedó corto frente a las “filtraciones” previas.

La reforma energética planteaba máxima apertura a la inversión privada y preveía cuatro modelos de contratos: de utilidad compartida (la figura original de la iniciativa peñista), de producción compartida, de licencias y una combinación de todas.

 Le daba un plazo máximo de cinco años a Pemex y a la CFE para reconvertirse en “empresas públicas de Estado” (artículo 25), abandonando su condición de organismos descentralizados de la administración pública y creaba nuevos organismos reguladores del sector, sin autonomía técnica o jurídica, dependientes del Ejecutivo.

 El transitorio decimocuarto creó el Fondo Mexicano del Petróleo, propuesto por el PAN como “un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario”. Este fondo “será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de las contribuciones, que le corresponden al Estado mexicano, derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 2 de esta Constitución. Asimismo será el responsable de administrar y realizar los pagos en dichas asignaciones y contratos y las transferencias que especifique la ley”.

 En la negociación de la integración del fondo los panistas cedieron el control real de este fideicomiso a la Secretaría de Hacienda y en especial a Videgaray, quien se convertirá en el presidente del comité técnico. Éste determinará las inversiones de largo plazo, el destino de los fondos y recomendará la asignación de los montos correspondientes a pago de pensiones, proyectos de inversión en tecnología y “becas para la formación de capital humano”. Un superpoder.

 Para sorpresa de varios especialistas el predictamen incorporó en los artículos transitorios párrafos donde el Estado prácticamente cede la soberanía frente a los tratados internacionales y se elimina la “cláusula de exclusividad” petrolera de México del Tratado de Libre Comercio.

 Así lo estableció el artículo séptimo transitorio en su segundo párrafo: “Las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México”.

Largo monólogo

Sin tiempo suficiente para su lectura y pasando por alto el reglamento del Senado –que ordena convocar con 48 horas de anticipación en los periodos ordinarios–, el domingo 8 se inició la discusión sobre el predictamen, la cual se prolongó hasta la madrugada del lunes 9.

El coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, distribuyó un extenso y documentado “voto particular en contra” del dictamen al que acusó de violar la soberanía nacional y la Constitución.

Insistente, Bartlett argumentó que de la lectura del dictamen concluía que Enrique Peña Nieto debía ser acusado de traición a la patria, a partir de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución y del 123, fracción I, que estipula que comete traición a la patria quien “realice actos contra la independencia, soberanía e integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.

+El guión previamente acordado entre los senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde fue no responder a ninguna de las preguntas de los opositores para no alargar un debate que se prolongó casi 12 horas.

 “Ahora resulta que la iniciativa original de Peña Nieto era de avanzada frente a esto”, ironizó Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, quien advirtió que con estos cambios “abren viejas heridas entre nosotros”.

 En su turno, Manuel Camacho Solís coincidió con Bartlett en que el dictamen fue redactado en Estados Unidos y reveló que a él y a Vicente Fox se les acercaron compañías petroleras para ofrecerles la candidatura presidencial a cambio de que modificaran dos cosas en el artículo 27 constitucional: la “prohibición de contratos” y el permiso para las “concesiones”. “Fox aceptó, yo lo rechacé”, afirmó el exregente.

 Los más vehementes defensores de la reforma fueron los panistas, en especial Jorge Luis Lavalle, otro de los negociadores, quien negó que el 27 constitucional permitiera que las reservas de petróleo sean registradas en los libros contables de las empresas.

 En la exposición de motivos, al explicar los contratos de producción compartida, el predictamen señala textualmente: “En los contratos de producción compartida las empresas pueden registrar como activos para efectos contables las reservas del crudo”.

 Tras 11 horas de discusión y una ronda de más de 20 oradores, en pro y en contra, los tres presidentes de las comisiones dictaminadoras determinaron suspender la sesión. Sólo se habían aprobado el dictamen, en lo general, y los artículos 25 y 27. Faltaba discutir y aprobar el artículo 28 y los transitorios.

El “adéndum”

La tarde del martes 10 se citó al pleno del Senado para discutir directamente la reforma energética. Al filo de las 18:00 horas, mientras se desahogaban las posiciones a favor y en contra, la vicecoordinadora perredista Dolores Padierna denunció desde su curul que se les había entregado un acuerdo de los tres presidentes de comisiones que modificaban “de fondo” los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y varios transitorios sin haberlos discutido en comisiones.

El documento, con la firma de los priistas Enrique Burgos, de la Comisión de Puntos Constitucionales, y David Penchyna Grub, de la Comisión de Energía, así como del panista Raúl Gracia Guzmán, de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, contenía cambios que abrían aún más el sector a la inversión privada y le daban dos años de vida a Pemex, en lugar de los cinco originales de plazo.

El transitorio tercero nuevo dice: “La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder de dos años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado”.

El transitorio cuarto, donde se definen los modelos de contratos, sufrió un cambio. En el párrafo donde decía que las nuevas modalidades “podrán” ser, ahora decía “deberán ser” y se le agregaba la frase “entre otras”: de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia. Para los opositores este cambio abrió la posibilidad a la figura de las concesiones.

El transitorio octavo transforma las actividades de exploración y extracción del petróleo en actividades “de interés público y orden público”. Le agregaron de última hora que las concesiones mineras vigentes podrían tener derechos de explotación para el gas asociado a los yacimientos del carbón.

En el decimocuarto se le cambió de nombre al Fondo Mexicano Petrolero para que ahora sea Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo, y se estableció un nuevo orden de “prelación” para el destino de los ingresos que privilegia al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y al Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, ambos controlados por Hacienda.

Los cambios de fondo más importantes se realizaron en la redacción del artículo 27 –para subrayar que el tema petrolero es asunto de “ingresos del Estado” (es decir, materia fiscal)– y en el 28 se agregó todo el sector energético como estratégico, pero en los términos nuevos del artículo 27, es decir, permitiendo la contratación con privados.

“Esto es un chanchullo”, denunció Bartlett. “Es una marrullería”, secundó Sansores, y Encinas subrayó que los presidentes de comisiones no tienen facultades para hacer modificaciones “de fondo” a un dictamen que ya estaba votado, y menos sin consultar a comisiones.

De manera confusa el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Luis Preciado, afirmó que se trataba de un “adéndum”, término inexistente en el reglamento parlamentario.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade, dejó correr la discusión pero sometió al voto mayoritario de los legisladores la aprobación de estos agregados que no estaban en el predictamen original.

La polémica sesión del Senado transcurrió sin que se aceptara una sola de las propuestas opositoras, ni siquiera la solicitud del senador Zoé Robledo para que el debate fuera transmitido en televisión abierta.

Encinas, al discutirse en lo particular el cuarto transitorio, insistió en que las nuevas disposiciones “profundizan la privatización al modificar la disposición de que podrán establecerse este tipo de contratos. Ahora se establece un argumento imperativo, el deberán ser los contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida, entre otras. Al introducir esta frase prácticamente dejan abierta la posibilidad de la contratación en todas las áreas”.

 Presidencialismo en el Congreso

Para Padierna lo sucedido con el procedimiento y el fondo de la aprobación de la reforma energética fue el resultado de tres controles presidencialistas: “El control del Congreso, como en los viejos tiempos del poder priista. La opinión del Congreso no contó. El mediático, porque se ejerció un control bestial y los medios masivos no hablaron del debate más importante. Y el control social, a través de las instituciones organizadas, como los partidos en el Pacto por México, y las no organizadas, como el SME, al que se desmovilizó. La izquierda actuó dividida.

–¿Hay manera de revertir lo aprobado? –se le preguntó.

–El plan es perverso. Ellos pretenden desde 2014 llevarse todo el petróleo. En 2019 el gobierno de Peña Nieto calcula que México importará petróleo. Lo que aquí se aprobó anula toda posibilidad de un cambio. Es una codicia, un lucro excesivo. Vimos el inicio de la petrobancada en el Congreso.

Gamboa festejó el voto y la disciplina de su bancada. Al cerrar el periodo ordinario de sesiones, el viernes 13, acusó el golpe de las críticas: “Primero quiero referirme que aquí, todo el año, no se han violado ni los estatutos ni los reglamentos del Senado. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos del presidente del Senado y de su Mesa Directiva”.

Mientras Gamboa celebraba el fin de uno de los años “más productivos” del Senado, dos asesores de la Subsecretaría de Hacienda observaban y tomaban nota.