Los militares están invadiendo la democracia mexicana: The Post.

Los militares están invadiendo la democracia mexicana

El presidente de México ha transferido vastos recursos y poder al ejército.

Por el consejo editorial, 21 de mayo de 2024 

México ha tenido su parte de males políticos, pero al menos su historia moderna ha estado libre de golpes y juntas militares. A diferencia de sus homólogos en otras partes de América Latina, las fuerzas armadas mexicanas se han mantenido en su mayoría en sus cuarteles, haciendo lo que las autoridades civiles les han pedido. Una anécdota frecuentemente contada de la década de 1960 ilustra este punto. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, que gobernó de 1964 a 1970, una vez se quejó ante el director de Pemex, la compañía petrolera nacional de México, de que el ministro de Defensa afirmaba que los militares tenían suficiente combustible para sólo dos días. El jefe de Pemex respondió preguntándole al presidente si realmente quería que las fuerzas armadas tuvieran más. Después de reflexionar un poco, Díaz Ordaz decidió que no.

Las razones de esta situación excepcional son complejas, pero están ampliamente arraigadas en el sistema político de partido único que prevaleció hasta hace aproximadamente un cuarto de siglo. La subordinación militar a la autoridad civil fue uno de los aspectos relativamente saludables de ese viejo sistema que sobrevivió a la transición a la democracia multipartidista en 2000. Desafortunadamente, sin embargo, el acuerdo ya terminó. Durante sus cinco años y medio en el cargo, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha transferido vastos recursos a las fuerzas armadas y les ha asignado numerosas tareas que antes habrían realizado civiles. Según una estimación, en 2021, las fuerzas armadas de México, con más de 325.000 efectivos, incluidos 110.000 en la Guardia Nacional, estaban llevando a cabo 246 funciones más de ese tipo que 15 años antes.

El efecto neto ha sido engrandecer y politizar el cuerpo de oficiales, al tiempo que protege las funciones gubernamentales que llevan a cabo de la supervisión democrática. El papel ampliado de los militares plantea una de las cuestiones más espinosas que debe enfrentar el sucesor de López Obrador, que será elegido en las elecciones nacionales del 2 de junio...

Sin duda, el mandato del ejército mexicano comenzó a crecer hace dos administraciones, bajo el presidente Felipe Calderón, quien lo desplegó para luchar contra el crimen organizado. Pero AMLO, como se conoce al actual presidente, fue mucho más allá, impulsando enmiendas constitucionales para otorgar a las fuerzas armadas la responsabilidad de la seguridad pública hasta 2028, así como legislación y órdenes ejecutivas que ponen la migración, las aduanas y la gestión de los puertos, incluso el equivalente mexicano. de la Administración de Alimentos y Medicamentos, bajo el mando del ejército. López Obrador ha transferido 15 empresas estatales a la gestión militar, incluidos los dos aeropuertos de Ciudad de México, una nueva aerolínea y el nuevo Tren Maya, que algún día circunnavegará la Península de Yucatán.

Los presupuestos combinados de los ministerios de Defensa y Marina se han más que duplicado desde 2019, a 316 mil millones de pesos (18,6 mil millones de dólares). Esto es más de tres veces el presupuesto del Ministerio de Salud. No cuenta unos 67 mil millones de pesos (4 mil millones de dólares) dedicados a la Guardia Nacional, que el presidente creó para reemplazar a la policía federal y que ha mantenido bajo mando militar a pesar de un fallo de la Corte Suprema que la declaró inconstitucional.

MLO sostiene que el ejército constituye un baluarte contra la corrupción que infectó a los gobiernos anteriores al suyo y que las fuerzas armadas están haciendo un buen trabajo combatiendo el crimen. Ambas afirmaciones son inverosímiles, especialmente la segunda: ha habido más de 170.000 homicidios durante su mandato, muchos más que durante las últimas tres administraciones.

Lo cierto es que el crecimiento de la huella militar ha ido acompañado de esfuerzos concentrados del presidente para paralizar gran parte del Estado civil, incluido el poder judicial y instituciones como el organismo de vigilancia electoral y la agencia de libertad de información. Con su supervisión de puertos marítimos, aeropuertos y fronteras, junto con su presencia ubicua en todo México, el ejército se ha convertido en una herramienta invaluable para que el presidente haga su voluntad en todo el territorio, centralizando el poder y eludiendo a los gobiernos estatales y municipales elegidos democráticamente.

Pero si López Obrador valora un ejército musculoso como una institución incuestionablemente leal con la cual contrarrestar lo que él considera un “Estado profundo” construido por administraciones pasadas corruptas, no está claro si esa lealtad se transferirá al próximo presidente: ya sea su ungido su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien lidera las encuestas, o la candidata opositora desvalida, Xóchitl Gálvez.

Sheinbaum ha sugerido recientemente que su gobierno podría reconsiderar la decisión de López Obrador de permitir que los militares administren negocios, como el Tren Maya. Pero cualquiera que sea su estrategia de seguridad pública, las fuerzas armadas estarán a cargo de ella al menos hasta 2028 gracias a una enmienda constitucional.

Por ahora, los generales de México no muestran ningún interés abierto en apoderarse del país. Sin embargo, estas cosas tienen una forma de suceder de forma incremental. Estados Unidos puede influir en la situación, dado su papel como mayor socio comercial de México y principal fuente de armas y equipo para el ejército mexicano. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos a menudo toleró o apoyó regímenes militares; después, sin embargo, invirtió, con cierto éxito, en desmilitarizar y democratizar América Latina. Razón de más para resistir un nuevo punto de apoyo del militarismo donde nunca antes existió, justo al lado.

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The military is encroaching on Mexican democracy

Mexico’s president has transferred vast resources and power to the military.

The Washington Post, By the Editorial Board, May 21, 2024 

Mexico has had its share of political ills, but at least its modern history has been free of military coups and juntas. Contrary to their counterparts elsewhere in Latin America, the Mexican armed forces have mostly kept to their barracks — doing what civilian authorities have asked. One oft-told anecdote from the 1960s illustrates the point. President Gustavo Díaz Ordaz, who governed from 1964 to 1970, once complained to the head of Pemex, Mexico’s national oil company, that the defense minister claimed that the military had enough fuel to last only two days. The Pemex boss replied by asking the president whether he really wanted the armed forces to have more. After some reflection, Díaz Ordaz decided he did not.

The reasons for this exceptional situation are complex — but broadly rooted in the one-party political system that prevailed until about a quarter-century ago. Military subordination to civilian authority was one of the relatively healthy aspects of that old system to survive the transition to multiparty democracy in 2000. Unfortunately, though, the arrangement is now over. During his 5½ years in office, Mexico’s current president, Andrés Manuel López Obrador, has transferred vast resources to the armed forces and assigned them numerous tasks that civilians previously would have handled. By one estimate, as of 2021, Mexico’s armed forces, more than 325,000 strong, including 110,000 in the National Guard, were carrying out 246 more such functions than 15 years earlier.

The net effect has been to aggrandize and politicize the officer corps, while shielding the government functions they carry out from democratic oversight. The military’s enlarged role poses one of the thorniest questions that Mr. López Obrador’s successor — to be chosen in a national election June 2 

To be sure, the Mexican military’s mandate began growing two administrations ago, under President Felipe Calderón, who deployed it to fight organized crime. But AMLO, as the current president is known, went much further, pushing through constitutional amendments to grant the armed forces responsibility for public security until 2028, as well as legislation and executive orders putting migration, customs, management of ports — even the Mexican equivalent of the Food and Drug Administration — under the military. Mr. López Obrador has transferred 15 state companies to military management, including Mexico City’s two airports, a new airline and the new Maya Train, which one day will circumnavigate the Yucatán Peninsula.

The combined budgets of the defense and navy ministries have more than doubled since 2019, to 316 billion pesos ($18.6 billion). That is more than three times the budget of the Health Ministry. It doesn’t count about 67 billion pesos ($4 billion) dedicated to the National Guard, which the president created to replace the federal police and which he has kept under military command despite a Supreme Court ruling declaring it unconstitutional.

AMLO argues that the military constitutes a bulwark against the corruption that infected governments before his and that the armed forces are doing a good job combating crime. Both claims are implausible, especially the second: There have been more than 170,000 homicides on his watch, many more than during the past three administrations.

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What’s true is that the growth of the military’s footprint has come alongside focused efforts by the president to hamstring much of the civilian state, including the judiciary and institutions such as the elections watchdog and the freedom-of-information agency. With its oversight over seaports, airports and borders, alongside its ubiquitous presence throughout Mexico, the military has become an invaluable tool for the president to do his will across the territory, centralizing power and sidestepping democratically elected state and municipal governments.

But if Mr. López Obrador values a muscled-up military as an unquestionably loyal institution with which to counter what he considers a “deep state” built by corrupt past administrations, it’s unclear whether such loyalty will transfer to the next president: either his anointed successor, Claudia Sheinbaum, who leads in the polls, or the underdog opposition candidate, Xóchitl Gálvez.

Ms. Sheinbaum has recently suggested that her government could reconsider Mr. López Obrador’s decision to let the military run businesses, such as the Maya Train. But whatever her public security strategy is, the armed forces will be in charge of it at least until 2028 because of a constitutional amendment.

For now, Mexico’s generals show no open interest in taking over the country. Yet these things have a way of happening incrementally. The United States can influence the situation, given its role as Mexico’s largest trading partner and the Mexican military’s chief source of arms and equipment. During the Cold War, the United States often tolerated or supported military regimes; afterward, however, it invested, with some success, in demilitarizing and democratizing Latin America. All the more reason to resist a new foothold for militarism where it never previously existed, right next door.#