¡La soberbia de los morenistas!
¡Qué falta de respeto, que atropello a la razon.." Enrique Santos Discépolo en Cambalache..
¿Foros? Son para oír, no debatir, dice a la reportera Claudia Salazar el diputado Juan Robledo, presidente d ela Comisión dictaminadora de la Reforma al Poder Judicial
Morena quieren la foto con académicos, especialistas, ministros, magistrados, y publico en general ; los quieren para legitimar el proceso legislativo, tal y como lo contempla la ley...
Cero que no hay que asistir, no tiene caso.
¿Par qué?
La orden presidencial es clara, lo dijo ayer AMLO en la mañanera y Sheimbaum está de acuerdo, no nos engañemos...
"No, y yo estoy planteando, porque yo presenté la iniciativa, que desde luego —como lo propuso Claudia, estoy de acuerdo— que haya foros, que haya consulta, encuestas, todo, todo, todo, que se le pregunte a la gente, a todos, que todos participemos, pero que en septiembre se decida.
Incluso puede haber cambios, sólo que se respete el que el pueblo elija, eso es lo único. Todo lo demás, de si va a ser el mismo Consejo de la Judicatura con más autoridad para sancionar a malos jueces, magistrados o ministros, o va a ser un tribunal especial, eso es… O cuánto tiempo van a tardar en el cargo, todo eso se puede revisar, pero lo que tenemos que procurar es que participemos todos, que todos participemos en la elección, porque es fundamental el Poder Judicial."
O sea...puede cambiarse todo en la iniciativa original pero menos lo de la elección de jueces y magistrados..
AMLO quiere correr de inmediato de mil 665 juzgadores, entre ministros, jueces y magistrados...
¿Sabrá AMLO del fracaso de ese modelo en Bolivia. y en la Turquía de Recep Tayyip Erdogan?...
Además, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM concluye que la reforma al poder judicial, en caso de aprobarse creerá un daño irreparable no solo al sistema de justicia sino a la estabilidad democrática del país.
Y además la soberbia de los morenistas
¿Foros? Son para oír, no debatir, dice a la reportera Claudia Salazar el diputado Juan Robledo, y se llevó la de ocho..
Lo que dijo Sheinbaum ya no cuenta p es falso, pidió en un primer momento analizar la propuesta en un Parlamento Abierto (qué es es eso'), pero de inmediato ordenó un encuesta y con ella justificar las barbaridades...
Robledo adelantó que buscan dictaminar la iniciativa para agosto y que la nueva Legislatura, que arranca en septiembre, la apruebe, tal y como lo afirmó Ignacio Mier...
"Estamos pensando en aprobar (en la Comisión de Puntos Constitucionales) la reforma a mediados de agosto. Espero que pronto empecemos los foros de audiencia, no vamos a debatir, vamos a oír lo que quieran decir jueces, ministros, barras y colegios de abogados, académicos, vamos a oír su opinión y veremos la pertinencia de alguna adecuación", dijo Robledo a Claudia Salazar; "Sin embargo, las cosas están claras hacia dónde van", subrayó..
Expresó que para el dictamen podría tomar en cuenta otras iniciativas de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, que tienen contenidos parecidos, pero también propuestas opuestas.
Tienen que dictaminar, pero deben hacerlo bien, tiene prisa para quedar bien con AMLO.
El artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que "las iniciativas no dictaminadas al término de una legislatura, así como las proposiciones no dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas, se tendrán por desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos".
Por lo que si la iniciativa presidencial presentada el pasado 5 de febrero no es dictaminada por la 65 Legislatura sería desechada y Morena tendría que presentar otra ..., y no les alcanza el mes de la Patria..
Una vez que haya dictamen en la Comisión, será presentado a la Mesa Directiva de San Lázaro, para que la entrante 66 Legislatura pueda discutir el proyecto con una nueva mayoría calificada, que lograron Morena, PT y PVEM.
La misma Claudia Salazar ha dado seguimiento al tema, en la semana hizo una precisión en los tiempos, no le dan;, leamos.
i) La iniciativa del Poder Judicial, fue presentado el 5 de febrero pasado y, para su aprobación, la Comisión de Puntos Constitucionales contaba con 90 días, plazo que venció el pasado 4 de mayo;
ii) (Empero) El 24 de abril, la Comisión pidió a la Mesa Directiva de la Cámara una prórroga para emitir los dictámenes, a fin de evitar que se dieran por desechadas las propuestas del Presidente.
El artículo 89 del reglamento de la Cámara indica que las comisiones "tendrán hasta 90 días más" para emitir dictamen en reformas constitucionales, "a partir del día siguiente en que se hubiese cumplido el término" del primer plazo de 90 días.
Precisa el reglamento que "no podrá haber más de una prórroga", y la Mesa Directiva debe aprobar la prórroga de 90 días el 2 de agosto
iii) Morena tendría hasta esa fecha para convocar a la Comisión y aprobar el dictamen respectivo, que ya está publicado en su sitio web.
Sin embargo, -precisa la reportera -, sin atender la precisión del reglamento de que la Comisión "tendrá hasta 90 días más", la Mesa Directiva otorgó la prórroga hasta el 30 de agosto, es decir, 28 días más de los permitidos.
iv) La Cámara volverá a realizar foros sobre la reforma al PJ, que propone elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros,
v) Para ello, en la Comisión Permanente se prevé aprobar un punto de acuerdo donde se pide a la Cámara baja organizar parlamento abierto para analizar la reforma.
Hay que cuidar el proceso legislativo, la SCJN ya les llamó la atención por no cuidar el proceso legislativo
Creo que no hay que legitimar el proceso...,
La reforma presentada por el presidente de la República debe de ser discutida y analizada para hacer que sirva para mejorar la justicia mexicana en el mayor número de aspectos posibles....
La minoria tiene peso...
En efecto, el pasado 29 de agosto de 2022 el pleno de la SCJN- comunicado # 313/2022-, determinó invalidar un decreto de ley por no haber llevado el debido proceso legislativo.
«Al analizar las impugnaciones formuladas por una minoría parlamentaria de la Cámara de Senadores en contra del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la existencia de violaciones graves al procedimiento legislativo desarrollado ante la propia Cámara que impactaron en la calidad democrática de la decisión finalmente adoptada.
Al respecto, la SCJN consideró que no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, al haberse incumplido reglas mínimas, tanto en las comisiones como en el pleno del órgano legislativo, que permitieran a las mayorías y minorías legislativas expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública.
En consecuencia, el Pleno declaró la invalidez del referido Decreto, con efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión.
Acción de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017, promovidas por diversos senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión y el Partido de la Revolución Democrática, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017”.
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Alertan por riesgos de reforma judicial
Nota de Claudia Guerrero
REFORMA, Cd. de México (15 junio 2024)
Integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) alertaron sobre los riesgos que representaría la aprobación de la reforma al Poder Judicial Federal (PJF) impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Los especialistas advirtieron que, de avalarse en sus términos, los cambios prácticamente implicarían una purga de juzgadores, con la finalidad de que el partido mayoritario en turno pueda apoderarse de esos espacios, a través de una elección en las urnas.
"Las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación", aseguró Javier Martínez Reyes, investigador de tiempo completo del IIJ.
"El método de designación es quizá el mejor ejemplo del retroceso que implicaría la aprobación del Plan C Judicial. Lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la participación de la judicatura".
De acuerdo con los análisis, los juzgadores quedarían obligados a contender y solo podrían llegar a los cargos los candidatos respaldados por la fuerza política se imponga en el proceso.
"Lo que en realidad quiere la iniciativa presencial es que a la Suprema Corte y al resto de los órganos jurisdiccionales solo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento", afirmó Martínez Reyes.
Cesar Astudillo, investigador del IIJ, consideró que el daño provocado por esta reforma constitucional podría ser mayúsculo, ya que implicaría "el cese inmediato de mil 665 ministros, magistraturas y judicaturas".
Según el académico, llevar a los jueces a las urnas también los obligaría a conducir sus resoluciones con criterios de carácter político, sobre todo ante la posibilidad de una reelección.
"Sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder", afirmó.
El especialista Juan Jesús Garza Onofre, también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, advirtió sobre el posible surgimiento de "súperjueces" o "metajueces", que estarán a cargo del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
"En el caso del Tribunal, es preocupante la integración por voto popular, ya que no queda claro cuáles serían los perfiles de quienes deberán ejercer esa responsabilidad", refirió.
"Parece que la reforma pretende que sus integrantes sean una especie de jueces de jueces, unos súper jueces o unos metajueces, cuyas virtudes y cualidades estén encima de todos los demás miembros del Poder Judicial".
El experto explicó que el Tribunal terminaría fungiendo como una especie de fiscalía o tribunal inquisitorio, cuyos integrantes prácticamente estarían por encima de todo el Poder Judicial.
Garza Onofre cuestionó la viabilidad política y financiera de la iniciativa presidencial, por considerar que contiene "profundas incoherencias y una visión parcial de todo el sistema de justicia".
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