Infiltraciones

Excesos, simulaciones, críticas
Arturo Rodríguez y Armando Guzmán reporteros.
Los narcotraficantes se desplazan con tranquilidad prácticamente por todo el territorio nacional. Pero esta movilidad sólo ha sido posible debido al apoyo que les brindan jefes y elementos de los cuerpos policiacos estatales y municipales. Esta situación llevó a la Policía Federal Preventiva y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar operativos conjuntos para purgar a esos cuerpos de los elementos que presuntamente están implicados con los cárteles. Se han anotado puntos en Coahuila y Tabasco, donde a pesar de las críticas de las autoridades locales han capturado a sicarios de Los Zetas.
Publicado en la revista Proceso (www.proceso.com), No. 1663, 14/09/2008;
Ante la corrupción en los cuerpos policiacos estatales y municipales, el Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP) emprendieron operativos para someter a los elementos coludidos con organizaciones criminales o con integrantes de Los Zetas, el grupo armado del cártel del Golfo, cuyas actividades se expanden del norte a las entidades del sur del país.
A principios de septiembre, en un despliegue coordinado por elementos del Ejército y agentes federales en Villahermosa y otros municipios de Tabasco fueron arrestados 26 mandos policiacos, entre agentes federales, estatales y municipales, ocho secuestradores, tres de ellos militares desertores, y el jefe de Los Zetas en la entidad, Alberto Sánchez Hinojosa, alias El Tony o Comandante Castillo.
Días más tarde en Torreón, Coahuila militares y federales se enfrentaron a policías municipales, lo que provocó la irritación del presidente municipal, José Ángel Pérez Hernández, quien incluso viajó a México el miércoles 10 para solicitar una audiencia con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.
El lunes 8, horas después del operativo policiaco militar, la SSP emitió un comunicado en el que explicaba que varios de los policías detenidos trabajaban para el cártel del Golfo. Según el texto, alrededor de las 3:00 de la madrugada de ese lunes 8, agentes de la PFP y soldados detuvieron a José Luis Chávez Reyes, Óscar Ortega Lafont, José de Jesús Juárez Marmolejo, Gerardo Alejandro Martínez Lozano y José Said Salcedo Rodríguez en posesión de varios paquetes de cocaína y mariguana. Viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado roja, con placas de Oklahoma.
El boletín agrega que "los policías municipales Marco Antonio Martínez Rabelo y Carlos Leija Soto, quienes viajaban a bordo de la patrulla 35420, al ver la presencia de la PFP intentaron alertar a los cinco presuntos delincuentes, por lo que también fueron detenidos".
Los agentes de la PFP intentaron trasladar a los presuntos delincuentes y a los dos policías al Centro Regional de Control de Crisis -que sustituyó al conocido Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)-, pero elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) bloquearon el camino. Utilizaron 28 patrullas en un intento por rescatar a sus compañeros y se enfrentaron al comando de la PFP.
Al final, la PFP detuvo a 33 agentes municipales, aseguró 29 patrullas, 21 pistolas, cargadores, balas y equipo policiaco; también decomisó una bolsa con mariguana y 13 carrujos, 13 dosis de piedra (cocaína) y 26 dosis de cocaína en polvo. Durante la refriega murió el policía César Moreno Valero y dos de sus compañeros resultaron heridos, destaca el boletín.
Luego del enfrentamiento, la PFP, el Ejército y la Policía Estatal Preventiva (PEP) organizaron un operativo de revisión en las carreteras convergentes con Torreón; incluso tomaron el control de la policía municipal durante varias horas. El titular de la DSPM, Alfredo Castellanos Castro, estaba detenido e incomunicado en las instalaciones de la corporación por instrucciones del presidente municipal Pérez Hernández.
El martes 9 alrededor de las 3:00 de la tarde otro convoy federal arribó a la DSPM. En ese momento 70 policías realizaban el cambio de turno, según el director jurídico de la dependencia municipal, José Alonso Guerra Macías. Los integrantes del convoy llegaron encapuchados y sin identificarse ni exhibir orden judicial, formaron a los 70 agentes, separaron a dos policías y a seis comandantes y se los llevaron. Horas después los liberaron.
Sin embargo, los policías reclamaron a Pérez Hernández por la detención de sus compañeros. Ante la presión, éste se comprometió a conseguir amparos para todos los agentes a cambio de que siguieran patrullando.
Para el miércoles 10, un convoy de 30 vehículos con cientos de policías federales a bordo custodió el autobús que trasladó a los policías municipales detenidos al Centro de Readaptación Social de Torreón, donde se les comenzaron a tomar sus declaraciones.
Ese mismo día, el presidente municipal torreonense declaró que la versión de la SSP era "mediática". Según él, los choques del lunes 8 se registraron cuando los policías municipales huían de los agentes federales y de los soldados. Incluso "el tiro al policía muerto (César Moreno Valero) fue por la espalda y mis policías no tenían poder de fuego para hacerles frente", aseguró Pérez Hernández.
Entrevistado por este reportero el jueves 11, el munícipe torreonense sostiene que a los miembros de esa organización se les identifica porque usan camionetas ostentosas; pero el vehículo que detuvieron los federales la madrugada del lunes 8 era "chocolate". Además, dice, la PFP informó que los detenidos "les daban los moches de 2 mil a 10 mil pesos dependiendo del nivel". "Pero yo me pregunto cómo se los darían si andaban tan amolados", ironiza.
Pérez Hernández viajó a la Ciudad de México el miércoles 10 para entrevistarse con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien, según el munícipe, se comprometió a conseguirle una audiencia con el titular de la SSP, Genaro García Luna, para que éste le explique acerca de los operativos como el del lunes 8.
De extracción panista, Pérez Hernández fue emplazado por la bancada del PRI en el Congreso local a renunciar o someterse a juicio político.
Los diputados de su partido, como José Ignacio Maynez Varela, le piden expulsar de los cuerpos policiacos a malos elementos, mientras que el gobernador Humberto Moreira Valdés, del PRI, le recuerda al munícipe que desde abril de 2007, el procurador estatal Jesús Torres Charles, le informó que su policía "había sido infiltrada por el narcotráfico". Eso sucedió precisamente cuando empezaron los enfrentamientos entre sicarios de Los Zetas y del cártel de Juárez, quienes tratan de controlar la plaza.
El 20 de noviembre de 2007, los policías municipales Víctor Hugo Montelongo Gaytán y Martín Manuel Véliz Hernández, quienes fungían como escoltas del titular de la DSPM, Alfredo Castellanos Castro, fueron ejecutados. El propio funcionario recibió una corona de muerto a las puertas del edificio de la DSPM la mañana del 15 de mayo.
El 5 de enero se difundió en el sitio electrónico youtube.com un video donde aparecía Castellanos con el subdirector de la policía de Torreón, Juventino López Pedraza. Ambos observaban complacidos a una bailarina completamente desnuda en una fiesta donde se ven al fondo varios sujetos armados.
Ese video le costó el cargo a López Pedraza; Castellanos siguió en su puesto, al que había llegado cuatro años antes, durante la gestión del munícipe panista Guillermo Anaya Llamas.
Al preguntarle a Pérez Hernández por qué mantuvo a Castellanos en el cargo, el alcalde torreonense responde:
"En ningún momento me presentaron evidencias de que él estuviera con algún cártel. Les pido que me den los documentos, las pruebas. Pero yo ya no quiero entrar a ese tema y asumo el compromiso de limpiar mi policía".
Golpe a "Los Zetas"
El pasado 8 de agosto, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, reveló que en 11 de los 17 municipios de Tabasco las corporaciones policiacas estaban infiltradas por el crimen organizado.
Días antes, fuerzas federales y militares habían cateado una casa de seguridad en Villahermosa y encontrado una narconómina del cártel del Golfo que, según investigaciones de la SIEDO, destinaba 5 millones de pesos mensuales al pago de más de 200 mandos y agentes policiacos federales, estatales y municipales de Tabasco.
Los operativos coordinados por agentes federales y elementos del Ejército para detener a jefes policiacos implicados en el narcotráfico se iniciaron en la entidad a principios de este mes. El jueves 4 por la noche fue aprehendido en Villahermosa el comisario de la PFP en la entidad, Arturo Herrera Valles.
Al día siguiente cayeron el director de Seguridad Pública del municipio de Cárdenas, Juan Carlos Guzmán Correa, y cinco comandantes de la corporación: Enrique Domínguez Mejía, Eusebio Naranjo López, Daniel García Sánchez, Ángel Ramos Gómez y William Ramos Valencia.
Desde la madrugada del viernes 5 el Ejército tomó el control del banco de armas y de la policía municipal. El operativo se extendió a la delegación regional de la PFP, así como a la policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) y a la Dirección de Policía y Tránsito.
Más tarde arribaron elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes detuvieron al jefe policiaco Juan Carlos Guzmán.
En la acción policiaco militar del viernes 5 fueron arrestados también cinco policías ministeriales de la PGJ; tres en el municipio de Comalcalco y dos en el de Paraíso.
Por la tarde fue detenido el director de la policía estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Jesús Arellano Flores, sustituto de David Sánchez Alejandro. Este último fue arrestado en marzo de 2007 junto con el extitular de la SSP, Juan Cano Torres y otros dos mandos policiacos. A los cuatro se les implicó en el atentado contra el entonces secretario de la SSP, el general Francisco Fernández Solís, y su chofer y escolta, José de la Luz Mayo.
Cano Torres purga su condena en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco; Sánchez Alejandro y el exjefe de la dirección de Inspección General de la SSP, José Fernando Santiago Rodríguez, se encuentran en el Centro de Readaptación Social del Estado (Creset).
La madrugada del sábado 6 fue capturado en Villahermosa Alberto Sánchez Hinojosa, alias El Tony o Comandante Castillo, jefe de Los Zetas en Tabasco y el tercero en la estructura del cártel del Golfo, así como sus guardias personales Francisco Arteaga Espino y Leonel Cruz Hernández.
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) organizaron una conferencia conjunta para informar sobre el arresto; dijeron que la organización criminal comandada por El Tony cuenta con halcones que controlan la venta de droga al menudeo y se han infiltrado en los cuerpos de seguridad y ministeriales de Tabasco.
Según las dependencias, El Tony es el responsable de la colocación de 11 narcomantas en la entidad en las que se amenazó a los gobiernos federal y estatal, así como a otros funcionarios.
En agosto pasado agentes federales detuvieron en el aeropuerto de Villahermosa a Eduardo Sánchez Hinojosa, alias El Caos, hermano de El Tony. Gracias a esa captura fue posible ubicar y detener a El Tony, informaron la PGR y la Sedena.
La batida contra presuntos narcopolicías continuó el lunes 8 en el municipio de Balancán. Igual que en Cárdenas, fuerzas castrenses rodearon el palacio municipal y tomaron el control de la dirección de Seguridad Pública y el banco de armas.
Más tarde, elementos de la SIEDO arrestaron en el reclusorio municipal a 10 policías, entre ellos los comandantes Mauricio Francisco Dolores, Juan Chablé Méndez, José Alfredo Soto Montejo y Jorge Alberto Ruiz Juárez, alias El Cupido, así como a seis agentes. Al día siguiente, la milicia arribó al municipio de Centla para revisar el banco de armas de la dirección de Seguridad Pública.
Los 26 presuntos narcopolicías capturados en los diversos operativos fueron trasladados a la Ciudad de México donde permanecen arraigados. Se les investiga por su presunta implicación con el crimen organizado.
La primera evidencia de narcopolicías en Tabasco quedó registrada el 17 de marzo de 2007, con el arresto del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Juan Cano Torres, el jefe de la dirección de Inspección General, Fernando Santiago Rodríguez, y el director de la Policía Estatal, David Sánchez Alejandro.
Los tres eran señalados como miembros de la "hermandad" policial, al frente de la cual estaba el propio Cano Torres, titular de la seguridad pública en el gobierno de Manuel Andrade Díaz.
A partir del atentado contra el general Fernández Solís y el arresto de Cano Torres, se desató en Tabasco una imparable ola de secuestros y asesinatos. Hasta la fecha se han denunciado alrededor de 80 plagios y más de 50 asesinatos, entre ellos los de 28 mandos y agentes policiacos.