Discriminamos y excluimos/Jesús Rodríguez Zepeda, coordinador general del Posgrado en Humanidades de la UAM-Iztapalapa
El Universal, 13 de junio de 2009
La cláusula constitucional que prohíbe toda discriminación en México tiene ocho años de haber sido establecida. La norma entró en la Carta Magna en 2001, en el contexto del debate sobre derechos y cultura indígenas. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que reglamenta dicha cláusula, se promulgó en 2003. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) empezó a funcionar en 2004 y luego se han creado algunas instituciones locales en la materia. Hablamos, desde luego, de un derecho novísimo en nuestro país.
Cualquier observador externo presumiría que en estos momentos estaríamos viviendo un momento de ebullición legal e institucional para incorporar estas prescripciones a nuestra vida social, tal como ha sucedido, por ejemplo, con el derecho, también ahora constitucionalizado, de acceso a la información.
Una ebullición legal y reformadora, en todo caso, como en la que en España ha acompañado a la voluntad de aplicar una política transversal, de Estado, en materia de no discriminación, que va desde el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta la ley de apoyo a personas dependientes, pasando por las reformas recientes a la ley del aborto.
Pero nada hay de eso. El impulso inicial que tuvo la protección por parte del Estado del derecho fundamental a la no discriminación está prácticamente muerto. Esta forma severa de la desigualdad que es la discriminación sigue siendo práctica cotidiana y ese diagnóstico desolador que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Sedesol-Conapred, 2005) nos echó a la cara para mostrar que somos, en lo más hondo, una sociedad tan excluyente como discriminatoria se mantiene tan vigente como el día mismo en que apareció, sin contar, además, con respuesta institucional.
Veamos un caso elocuente al respecto. Hace días, en un programa cómico de alta audiencia de la empresa Televisa, ¡Hazme reír!, dos conductoras televisivas, las señoras Galilea Montijo y Roxana Castellanos, en un sketch de cámara escondida, hicieron una burla pública de una persona con discapacidad intelectual, un cómico de nombre “Sammy”, sobre la base, precisamente, de ciertos rasgos graciosos (gestos, forma de hablar) que su discapacidad le impone. El agravio mayor a la dignidad de esta persona tal vez resida en el hecho de la ignorancia del afectado acerca de lo que le sucedía (y muy probablemente en su incapacidad para diferenciar entre la broma y la realidad incluso cuando la primera le fue revelada).
Si no hubiera sido por cierto clamor social, canalizado con prontitud por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que intervino ante el acto discriminatorio y consiguió que, al menos, las personas que directamente ejercieron el acto discriminatorio (las artistas y el equipo del programa) tomaran un curso sobre derechos humanos y no discriminación, el caso habría pasado, como muchos otros, inadvertido y se habría integrado a esa “normalidad” discriminatoria en que vivimos.
Sin embargo, no puede dejar de decirse que la intervención de la CDHDF se hizo yendo más allá de sus facultades explícitas, porque no está entre ellas la de atender casos de discriminación cometidos por particulares. Sí posee, sin embargo, esta atribución el Conapred, que podría haber ejercido su prerrogativa de actuar por oficio respecto de particulares; pero esta institución, sumida en esa suerte de letargo a que la condenó la decisión presidencial de poner a su frente a una persona totalmente ajena no sólo al discurso de la no discriminación, sino incluso ajena al lenguaje mismo de los derechos fundamentales, brilla en este y otros casos por su ausencia.
El “caso Sammy” se cerró en falso porque, en vez de propiciarse un debate social y una deliberación política sobre la necesidad de fortalecer una cultura de la no discriminación en los medios masivos de comunicación, se redujo a una suerte de juego de dimes y diretes entre cómicos, actores y productores televisivos. La Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, siempre presta a detectar las malas palabras que afean las rutinas de los medios, no parece pronta a afectar la reproducción y difusión de estereotipos clasistas, racistas, homófobos y sexistas en ellos. También tratan de cerrar en falso el problema de la discriminación las otras instituciones públicas que actúan como si el asunto no fuera con ellas.
El Universal, 13 de junio de 2009
La cláusula constitucional que prohíbe toda discriminación en México tiene ocho años de haber sido establecida. La norma entró en la Carta Magna en 2001, en el contexto del debate sobre derechos y cultura indígenas. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que reglamenta dicha cláusula, se promulgó en 2003. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) empezó a funcionar en 2004 y luego se han creado algunas instituciones locales en la materia. Hablamos, desde luego, de un derecho novísimo en nuestro país.
Cualquier observador externo presumiría que en estos momentos estaríamos viviendo un momento de ebullición legal e institucional para incorporar estas prescripciones a nuestra vida social, tal como ha sucedido, por ejemplo, con el derecho, también ahora constitucionalizado, de acceso a la información.
Una ebullición legal y reformadora, en todo caso, como en la que en España ha acompañado a la voluntad de aplicar una política transversal, de Estado, en materia de no discriminación, que va desde el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta la ley de apoyo a personas dependientes, pasando por las reformas recientes a la ley del aborto.
Pero nada hay de eso. El impulso inicial que tuvo la protección por parte del Estado del derecho fundamental a la no discriminación está prácticamente muerto. Esta forma severa de la desigualdad que es la discriminación sigue siendo práctica cotidiana y ese diagnóstico desolador que la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Sedesol-Conapred, 2005) nos echó a la cara para mostrar que somos, en lo más hondo, una sociedad tan excluyente como discriminatoria se mantiene tan vigente como el día mismo en que apareció, sin contar, además, con respuesta institucional.
Veamos un caso elocuente al respecto. Hace días, en un programa cómico de alta audiencia de la empresa Televisa, ¡Hazme reír!, dos conductoras televisivas, las señoras Galilea Montijo y Roxana Castellanos, en un sketch de cámara escondida, hicieron una burla pública de una persona con discapacidad intelectual, un cómico de nombre “Sammy”, sobre la base, precisamente, de ciertos rasgos graciosos (gestos, forma de hablar) que su discapacidad le impone. El agravio mayor a la dignidad de esta persona tal vez resida en el hecho de la ignorancia del afectado acerca de lo que le sucedía (y muy probablemente en su incapacidad para diferenciar entre la broma y la realidad incluso cuando la primera le fue revelada).
Si no hubiera sido por cierto clamor social, canalizado con prontitud por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que intervino ante el acto discriminatorio y consiguió que, al menos, las personas que directamente ejercieron el acto discriminatorio (las artistas y el equipo del programa) tomaran un curso sobre derechos humanos y no discriminación, el caso habría pasado, como muchos otros, inadvertido y se habría integrado a esa “normalidad” discriminatoria en que vivimos.
Sin embargo, no puede dejar de decirse que la intervención de la CDHDF se hizo yendo más allá de sus facultades explícitas, porque no está entre ellas la de atender casos de discriminación cometidos por particulares. Sí posee, sin embargo, esta atribución el Conapred, que podría haber ejercido su prerrogativa de actuar por oficio respecto de particulares; pero esta institución, sumida en esa suerte de letargo a que la condenó la decisión presidencial de poner a su frente a una persona totalmente ajena no sólo al discurso de la no discriminación, sino incluso ajena al lenguaje mismo de los derechos fundamentales, brilla en este y otros casos por su ausencia.
El “caso Sammy” se cerró en falso porque, en vez de propiciarse un debate social y una deliberación política sobre la necesidad de fortalecer una cultura de la no discriminación en los medios masivos de comunicación, se redujo a una suerte de juego de dimes y diretes entre cómicos, actores y productores televisivos. La Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, siempre presta a detectar las malas palabras que afean las rutinas de los medios, no parece pronta a afectar la reproducción y difusión de estereotipos clasistas, racistas, homófobos y sexistas en ellos. También tratan de cerrar en falso el problema de la discriminación las otras instituciones públicas que actúan como si el asunto no fuera con ellas.
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