Por qué, sí, o no Temerle a la reforma de justicia

Por qué, sí, o no

Temerle a la reforma de justicia

Revista Emeequis. 17 de octubre de 2011. Pag 16-20

Por Zorayda Gallegos Valle, reportera.

La iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón para reformar el sistema de justicia penal ha sido criticada porque contiene elementos que a juicio de algunos especialistas vulneran las garantías  individuales de los mexicanos. No obstante, otros piensan que también incluye disposiciones, como los juicios orales, para reducir la impunidad y evitar que 95 por ciento de los casos permanezcan sin castigo y sin culpables.

 “Lo más negativo de la iniciativa —dice el investigador Raúl Benítez Manaut—, es que la población no sabe ni de lo que se está hablando”.

Aquí presentamos los puntos más controvertidos para entender de qué se trata. Y, sobre todo, saber si hay que temerle o no.

Poco se requiere para que un ciudadano común y corriente llegue a la conclusión de que México vive una crisis de seguridad. No hay más que ver las estadísticas oficiales: a la fecha, 95 por ciento de los delitos no se aclaran, ni se les persigue ni se les ataca. La impunidad, como dirían en los juegos de mesa, avanza muchas casillas de un solo golpe.

Ese hecho, desde la perspectiva de quienes conocen a fondo el tema, es lo que se encuentra detrás de la iniciativa del presidente Felipe Calderón para reformar el sistema de justicia, presentada hace tres semanas.

Y desde que lo hizo provocó juicios críticos. Figuras de partidos de oposición y de las organizaciones ciudadanas la censuraron, cada quien por su lado, porque detectan en ella elementos que a su juicio representan un riesgo real de vulnerar las garantías individuales de los mexicanos.

Pero lo peor de esta propuesta de reforma al sistema de justicia no radica ahí, opina Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). “Hay una parte muy negativa de la iniciativa: que la población no sabe ni siquiera de qué se está hablando. No ha habido suficiente información de qué es”.

El 21 de septiembre pasado el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados el proyecto de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que derogaría el vigente desde 1934 y establecería los derechos de las víctimas y de los acusados, así como las obligaciones de agentes  el ministerio público y de la policía investigadora,

según la propuesta presidencial.

El proyecto ha recibido cuestionamientos desde diversos flancos, pero entre los aspectos más rechazados se encuentran cinco:

1. La autorización al ministerio público para que realice cateos y detenciones sin orden de un juez en casos de flagrancia o de comisión de alguno de los 70 delitos considerados graves, así como la recepción de denuncias anónimas. Se trata, argumenta el proyecto, de un esquema en el que la policía desarrolle sus tareas con mayor libertad.

2. Tampoco se requerirá de la autorización previa de un juez para que la policía lleve a cabo el levantamiento e identificación de un cadáver, el reconocimiento de personas y la entrevista de testigos.

3. Para la persecución de la delincuencia organizada, se regula la técnica de investigación de operaciones encubiertas, la infiltración de agentes y la intervención de comunicaciones privadas.

4. Establece que la policía podrá realizar la revisión de una persona y sus pertenencias en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el delito que se investiga.

5. En su artículo 300 establece que la policía podrá solicitar a cualquier persona la aportación de muestras de fluido, vello o cabello, exámenes biológicos, huellas digitales, extracciones de sangre,así como que se le permita fotografiar alguna parte del cuerpo.

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Raúl Benítez Manaut es uno de los investigadores universitarios con más reconocimiento en las áreas de seguridad nacional, derechos humanos y fuerzas armadas. Conferencista y

profesor de instituciones y universidades mexicanas y extranjeras, ha dedicado buena parte de su vida académica al análisis de estos temas.

Y, en su opinión, el juicio completo sobre esta iniciativa del gobierno federal habrá que hacerlo luego de revisarla con detenimiento.

–¿Cuál es el modelo de seguridad que se perfila con la iniciativa de Código Federal de Procedimientos Penales que propuso el Presidente?

–La iniciativa responde a un intento de modernizar el sistema de justicia ante el deterioro gigantesco de la eficacia de la justicia en por lo menos los últimos 20 años. Más de 95 de los delitos no se aclaran y por lo tanto es mayor la impunidad: ni se les persigue, ni se les castiga.

Con esta iniciativa se trata de pasar del sistema existente, más inquisitorial, escrito, secreto, a un sistema de juicios orales mucho más expedito y que es el que se está empleando en

muchos países europeos, en Estados Unidos y ahora en América Latina, como en Chile, donde ha tenido mucho éxito. Tiene que ver con la rapidez para aclarar un caso, mejorar la eficacia de la justicia y disminuir la impunidad.

–¿Responde a la situación que se vive en el país, por ejemplo la guerra contra el narcotráfico?

–En parte sí. Es una modernización del sistema de justicia. Y la crisis de seguridad que vive México acelera la urgencia de que se aplique más rápido.

–¿Cuáles son los puntos más cuestionables?

–La iniciativa no está mal planteada. En todo caso, los más cuestionables tienen que ver con la parte operativa: cómo mezclar los dos sistemas e ir sustituyendo uno por otro, si se podrá hacer en los tiempos previstos o cómo se va a cambiar a los jueces.

Hay una parte muy negativa de la iniciativa: que la población no sabe ni siquiera de qué se está hablando. No ha habido suficiente información de qué es.

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Una vez que se recibió en la Cámara de Diputados, el proyecto presidencial fue criticado por la dirigencia nacional del PRD, cuya secretaria general, Dolores Padierna, consideró que pretende violentar las garantías y libertades fundamentales de los mexicanos al otorgar atribuciones discrecionales a los policías. “Es una reforma autoritaria, riesgosa y con la visión de un Estado policial que criminaliza a las personas”.

Las opiniones del PRI se dividieron: algunos diputados federales, como Arturo Zamora Jiménez y Josué Valdés Huezo, expresaron su respaldo, pues ven en la iniciativa un paso para frenar los altos niveles de violencia y revertir la impunidad que existe en México. Sin embargo, el senador priista Francisco Labastida vio con recelo algunas medidas, como las detenciones en caso de urgencia.

Esa y otras preocupaciones son compartidas por otros especialistas.

Por ejemplo, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, piensa que la propuesta es inviable por su contenido, forma y alcances. “No logrará su propósito de mejorar el sistema de justicia y seguridad pública porque es incompatible con la seguridad jurídica y el debido proceso de los ciudadanos y de los acusados de algún delito, así como por ser contraria a las garantías de legalidad y presunción de inocencia”, expresó al diario La Jornada hace unos días.

–Diversos legisladores de la izquierda han dicho que con esta iniciativa los policías estarían legalmente facultados para instaurar un Estado de miedo, pues se les otorgarían atribuciones propias de un Estado policiaco, como parte de la política bélica del gobierno federal.

–No –dice Benítez Manaut–, la reforma de justicia no tiene que ver con la política bélica de Calderón. Sí se busca que la reforma de justicia ayude a su estrategia, pero no es una conexión directa y no es para responder a la estrategia presidencial contra el narcotráfico.

Para el PRD –continúa Benítez Manaut– todo lo que proponga Calderón es en favor de la militarización, nada más porque lo propone el presidente. Si ellos fueran los gobernantes,

harían lo mismo. No son argumentos con conocimiento de causa, son argumentos políticos.

–La iniciativa establece el carácter oral de los juicios, la videograbación de las audiencias y obliga a los jueces a estar presentes en las audiencias públicas, ¿esto es un avance para un proceso penal justo?

–Son elementos para combatir la corrupción. Cuando un juicio no es abierto se presta a que el juez reciba dinero para dar una sentencia. Con los cambios, la gente tendría más confianza en el sistema de justicia. Actualmente, con los juicios no presentes, los juicios escritos, siempre queda la duda de si el acusado es víctima de una injusticia, o si realmente existen pruebas. Los juicios orales dan certeza tanto a los acusados como a los acusadores.

–En el proyecto se mencionan los derechos de las víctimas –respeto a su dignidad, reparación del daño, intimidad y a que se le brinde atención médica y sicológica– y también de los imputados, como la presunción de inocencia y a ser escuchados.

¿Es suficiente esto?

–La presunción de inocencia es un principio existente en la justicia, sólo que en México está muy distorsionado. En cuanto a la reparación del daño, es un tema muy importante, aunque insuficiente.

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Las medidas propuestas que proporcionan más facultades al ministerio público han sido criticadas por asociaciones civiles y abogados. Por ejemplo, Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, ha expresado en diversas entrevistas que darán paso a detenciones y cateos sin supervisión judicial.

Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, cree que la reforma establecería una situación peligrosa: “la extinción del régimen de las

garantías de seguridad jurídica de las personas en México”.

Con las detenciones por casos de urgencia, sin la autorización de un juez, “se deja al arbitrio de cualquier policía o agente del ministerio público la anulación de la garantía de libertad”, explica.

–Entre los temas polémicos, está el que permite a la policía revisar a las personas cuando “tenga indicios de que ocultan armas, sustancias, explosivos”. Y podrá solicitar muestras de fluido, cabello y exámenes biológicos. ¿Esto no se podría prestar para más violaciones a los derechos humanos? –se le pregunta a Benítez Manaut.

–Sí y no, porque esto es para obtener pruebas científicas, y si un fluido de tu cuerpo no coincide con el de algún criminal, no tienen por qué acusarte. El asunto es que los mexicanos no estamos acostumbrados a este tipo de justicia, pero en muchos países democráticos del mundo existe y nadie dice que se ha militarizado nada, como en Estados Unidos, Costa Rica, Chile.

–Entre las nuevas facultades propuestas para el ministerio público están la recepción de denuncias anónimas, la posibilidad de autorizar cateos y detenciones urgentes sin orden de un juez, ¿esto no traería más atropellos?

–A las denuncias anónimas no se les ve ningún problema, pues tiene que corroborarse su veracidad; lo de las órdenes de cateo sin autorización del juez, sí es una cosa muy cuestionada porque eso sí altera las garantías individuales.

–Hay quienes afirman que con este proyecto el gobierno aumentará su escalada represiva como parte de su estrategia de guerra al narcotráfico, pero de forma legal. ¿Usted qué opina?

–Yo no veo esa parte. Lo que veo es una necesidad, y cualquier gobierno de cualquier partido político la tiene, de mejorar el sistema de justicia.

–¿Son estas medidas planteadas las que se requieren para enfrentar la inseguridad en el país?

–Son la parte judicial de lo que se necesita para combatir la inseguridad; sí se necesita hacer una reforma de justicia, y esto es parte de lo que se necesita.

–¿Y no habría, primero, antes de dar trámite a esta iniciativa, que certificar, depurar y capacitar a los cuerpos policiacos?

–Van en paralelo. Y los policías tienen que aprender de la impartición de justicia; los policías no conocen tampoco el sistema de justicia, ellos consignan a la gente sin saber qué va a pasar.

–¿Cómo conecta esta iniciativa con la propuesta de Ley de Seguridad Nacional? Se ha señalado que algunos de los planteamientos de ésta se retoman en la propuesta.

–No están conectadas directamente; indirectamente, sí. La Ley de Seguridad Nacional propuesta por el Presidente muy probablemente no pase; entonces una no está bloqueando a la otra. Y, bueno, con esto se aprobaría algo por el lado de la vía de la reforma de justicia.

–Por lo polémico de su contenido, ¿se podría decir que esta iniciativa es susceptible de ser utilizada con orientación política, sobre todo porque ya llegó la sucesión presidencial?

–No. En muchos países se está haciendo igual, con elecciones o sin ellas. No es un asunto que cambie el ambiente electoral.

–En caso de aprobarse, ¿en cuánto tiempo se podrían ver resultados concretos?

–En el corto plazo, no; cinco años por lo menos.

–¿Cómo pasará por el Congreso? ¿Qué aspectos cree que se le recortarán?

–No creo que haya mucha capacidad para golpearla si los argumentos son políticos, diciendo que va a militarizar la justicia; eso no sirve para nada. Lo que posiblemente se le quiera cambiar es lo que tiene que ver con la sensación de que vulneran las garantías individuales. ¶