Guatemala. La larga espera de la justicia/LOUISA REYNOL

 La larga espera de la justicia/LOUISA REYNOLDS

Revista Proceso No. 1900, 30 de marzo de 2013;

 “Si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí?”, dijo el general Efraín Ríos Montt en junio de 1982, cuando gobernaba de facto Guatemala. Hoy esas palabras se vuelven en su contra: Son usadas por el Ministerio Público de ese país en el juicio que se le sigue por genocidio. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, durante su mandato de 16 meses el ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil cometieron 334 matanzas, 19 mil asesinatos y desapariciones, destruyeron 600 aldeas y produjeron 1 millón de desplazados internos.

 CIUDAD DE GUATEMALA.- Cuando Elena Caba Ilom, de nueve años, escuchó gritos a lo lejos intuyó que algo terrible estaba a punto de suceder. Eran las ocho de la mañana del 3 de abril de 1982 y su padre, igual que todos los días, había salido al alba a trabajar en su milpa, cercana a la aldea Chel, municipio de San Gaspar Chajul, en el departamento Quiché.

 La niña se encontraba en casa con su madre, quien cargaba al menor de sus hermanos, Pablo, de un año, en la espalda, envuelto en un chal. Aunque no comprendía lo que sucedía, instintivamente se aferró al corte (falda típica de las mayas) de su madre, buscando su protección.

 Minutos después seguía aferrándose al corte de su madre y caminaba temblorosa hacia la alcaldía auxiliar. Cuando llegaron Elena vio a su papá entre los casi 100 vecinos que habían sido llevados a ese lugar a punta de fusil.

 Los soldados les gritaron algo en un idioma que no comprendían. Guardaron silencio. De nuevo las palabras indescifrables pero amenazadoras hasta que finalmente uno o dos hombres respondieron algo en el mismo idioma ajeno. Elena alcanzó a escuchar las palabras “guerrilla” y “guerrilleros” entre la concatenación de sílabas extrañas.

 Los militares comenzaron a separar a hombres, mujeres y niños. Mientras que los primeros fueron encerrados en la alcaldía, mujeres y niños fueron llevados a empujones hacia la escuela.

Elena permaneció allí encerrada sin soltar jamás el corte de su madre hasta que finalmente la puerta se abrió y los soldados sacaron a las mujeres, jalándolas del cabello, y las llevaron hasta el puente. Los hombres ya se encontraban allí.

Los soldados encendieron una hoguera, comenzaron a arrancarles la ropa a hombres, mujeres y niños. Cortes, huipiles, pantalones y fajas se consumieron en las llamas.

 Elena vio horrorizada cómo un soldado hizo que su padre se arrodillara, le apuntó con el fusil y disparó. Pero el cuerpo del hombre no se desplomó, sino que se retorcía en el suelo, aferrándose a la vida. Contrariado, el soldado tomó un machete y de un golpe en la cabeza lo remató.

 Los soldados tomaban los cuerpos inertes y los tiraban al río. A los niños los arrojaban vivos.

 Cuando dos grandes manos agarraron a Elena y la lanzaron desde el puente, el agua del río ya se había teñido de rojo y su cuerpo cayó sobre un amasijo de cráneos, piernas y brazos fracturados. La niña sintió un espasmo agudo en la cadera al momento de caer. Manoteó desesperadamente y sus movimientos delataron que seguía con vida. A su alrededor comenzó a caer una lluvia de piedras, pero como ninguna logró asestarle un golpe fatal, los soldados comenzaron a dispararle. Una bala se incrustó en su pierna izquierda, pero ella seguía aferrándose a la vida con la misma tenacidad con que se había aferrado al corte de su madre.

 Plan Sofía

 El pasado lunes 25 Elena Caba Ilom entró a la sala de audiencias del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo, en la ciudad de Guatemala. Caminaba con dificultad. Se apoyaba en el brazo de una secretaria del organismo judicial, quien la condujo hacia una pequeña mesa, frente a la juez Iris Yasmín Barrios, y la ayudó a sentarse.

 Vestía un huipil verde con dibujos geométricos de colores y llevaba el cabello enrollado sobre la cabeza y amarrado con pompones, como acostumbran las mayas de Quiché.

 El traductor ixil se sentó a su lado. La juez le preguntó su nombre, su edad y su fecha de nacimiento, pero Elena no supo responder las dos últimas preguntas y se limitó a decir que los datos estaban escritos en su documento personal de identificación.

 Elena respondió a las preguntas que le formularon los abogados del Ministerio Público y de la Asociación para la Justicia y Reconciliación. Entre las palabras del idioma ixil se escuchaba de repente alguna en español, como “ejército” o “gobierno”. Sus respuestas eran cortas pero hablaba en tono firme, sin titubear, y su voz jamás se quebró.

 Elena narró lo ocurrido el 3 de abril de 1982 cuando, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), efectivos del ejército ejecutaron a más de 90 civiles indefensos en la aldea Chel. Cuando le preguntaron qué parte de su cuerpo se había fracturado cuando fue arrojada al río por los soldados, respondió “de este lado”, señalando su cadera derecha.

 También describió cómo el disparo que recibió en el pie izquierdo le había impedido caminar durante la mayor parte de su vida, la cual había transcurrido en la pequeña vivienda de sus tíos, donde gateaba en el suelo con su bebé sobre la espalda. “Mis tíos me sacaban a cualquier lado”, explicó.

 Cuando le preguntaron qué había sucedido con las personas que fueron asesinadas, explicó que quienes tenían parientes en las aldeas cercanas fueron enterrados; en otros casos familias enteras fueron exterminadas y no hubo quien sepultara sus restos.

 A su izquierda, en el banquillo de los acusados, se encontraba un hombre de 86 años, con bigote canoso, que escuchaba su testimonio sin mirarla y escribía lenta y concentradamente en hojas de papel. Era el general Efraín Ríos Montt, quien tomó el poder mediante un golpe militar el 23 de marzo de 1982 y gobernó hasta el 8 de agosto de 1983, cuando fue depuesto.

 Durante el mandato de Ríos Montt se diseñaron los planes de campaña Victoria 82 y uno con énfasis en las operaciones del altiplano: el Sofía.

Estos establecían que cualquier localidad donde se encontraran señales de actividad guerrillera –escondites de armas o propaganda izquierdista– era considerada “subversiva” y sus pobladores debían ser eliminados. Las comunidades abandonadas luego de que sus habitantes huyeran hacia las montañas también eran destruidas para impedir su regreso, política conocida como de “tierra arrasada”. En los discursos de la época Ríos Montt se refería a esta estrategia como la de “quitarle el agua al pez”.

 El último eslabón

 El Plan Sofía, desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional, en Washing­ton, fue entregado en 2009 al entonces secretario de la Paz, Orlando Blanco, quien lo remitió al Ministerio Público para que pudiera utilizarse en los procesos legales que se siguen por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que asoló a Guatemala durante 36 años.

 En los planes de campaña aparece la firma del general retirado Héctor Mario López Fuentes, de 83 años, quien fungió como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional en la dictadura de Ríos Montt. Por este motivo, en junio de 2011 López Fuentes fue ligado a proceso por genocidio y delitos contra deberes de humanidad, pero el juicio no pudo avanzar debido al frágil estado de salud del militar.

 El siguiente eslabón en la cadena de mando, en orden ascendente, es Óscar Humberto Mejía Víctores, de 83 años, quien fue viceministro de la Defensa Nacional en el régimen de Ríos Montt y posteriormente lo depuso mediante un golpe militar en agosto de 1983. Mejía Víctores, el último gobernante militar antes de que se restaurara la democracia en Guatemala, en 1985, está prófugo.

 El último eslabón es Ríos Montt, quien hoy enfrenta juicio por genocidio y delitos contra los “deberes de humanidad” (tratos crueles e inhumanos), junto con José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de Inteligencia Militar entre abril de 1982 y abril de 1983.

 Según la CEH, durante los 16 meses del gobierno de Ríos Montt el ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil (paramilitares) cometieron 334 matanzas, 19 mil asesinatos y desapariciones, destruyeron 600 aldeas y produjeron 1 millón de desplazados internos.

 Sólo en el municipio de Chajul, donde se encuentra Chel, 26 aldeas fueron destruidas total o parcialmente, se produjeron 10 matanzas, 317 civiles inermes fueron asesinados y 9 mil personas fueron desplazadas.

 “El valor nuestro está en nuestra capacidad de responder a nuestras acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar. Porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí?”, dijo Ríos Montt durante una entrevista con la documentalista estadunidense Pamela Yates, en junio de 1982, cuando fue cuestionado sobre las matanzas en el área Ixil.

 Esas palabras quedaron grabadas en un rollo de película sin que Ríos Montt pudiera imaginar que ahora regresarían para incriminarlo: Durante el juicio el Ministerio Público tratará de demostrar que como gobernante de facto y comandante supremo de las fuerzas armadas, estaba plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo en el altiplano guatemalteco.

 El Plan de Campaña Victoria 82 y el Plan Sofía son el hilo que une a Ríos Montt con la muerte de los padres de Elena Caba y de sus tres hermanos: Pablo, de un año; Rosa, de cuatro, y la mayor, quien también se llamaba Rosa y tenía 23 años. Ellos fueron parte del centenar de aldeanos cuyos cuerpos fueron arrojados desde un puente en el que una sencilla cruz blanca sin placa marca el lugar de la matanza.

 Elena fue el único miembro de su familia que sobrevivió. El lunes 25 se encontró frente a frente por primera vez en su vida con el hombre cuyas acciones y decisiones marcaron su destino.

 “Doña Elena, dígame usted lo que siente en su mente y en su corazón”, le preguntó Édgar Pérez Archila, abogado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, cuando ella terminó de narrar su historia.

 “Todo esto me duele porque la verdad yo no tenía la culpa en ese conflicto. Me duele todo lo que ha pasado porque no tengo papás ni hermanos”, respondió.

 “¿Y qué es lo que usted espera de este proceso?”, le preguntó Pérez Archila. Elena, sin titubear, pronunció la frase que fue traducida al español: “Espero la justicia”.