Una CNDH “convenenciera”/GLORIA LETICIA DÍAZ

Una CNDH “convenenciera”/GLORIA LETICIA DÍAZ

Revista Proceso No. 1900, 30 de marzo de 2013;

Más de siete años después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibiera una queja en torno al caso de Florence Cassez, Raúl Plascencia Villanueva, presidente del organismo, formalizó el viernes 15 una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra Genaro García Luna y otros 20 exfuncionarios de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y agentes del Ministerio Público una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó poner en libertad a la ciudadana francesa por violaciones al debido proceso.

Para Édgar Cortez Morales, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la actitud de la CNDH y de su titular es “convenenciera” y se ampara en un discurso de velar por las víctimas del delito cuando “la defensa de los derechos humanos es por todos, víctimas y acusados”.

El IMDHD es una de las seis organizaciones de derechos humanos que en febrero de 2012 presentaron a la SCJN el recurso jurídico de amicus curiae solicitando un amparo directo a favor de Cassez, por considerar que se violaron sus derechos de asistencia consular y al debido proceso.

En el documento presentado a la PGR la CNDH reconoce que el 14 de febrero de 2006 integró la queja CNDH/20067656/5/Q, interpuesta por el entonces reportero de Televisa Pablo Reinah, quien dio cobertura “en vivo” a la detención de Cassez en diciembre de 2005, asumiéndose como víctima de un engaño; responsabilizó a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino, entones director general de Investigación Policial de la AFI.

La queja fue cerrada el 18 de enero de 2007 con una propuesta de conciliación entre la PGR y el quejoso. La Procuraduría dirigió una carta a Reinah en la que se hizo constar que “en la información que se le había proporcionado sobre el multicitado operativo del 9 de diciembre de 2005 no se precisó que la detención de las personas había ocurrido antes de su llegada y que, por lo tanto, no se le había proporcionado información completa, objetiva y veraz”.

Además se recuerda que el 13 de febrero de 2006 la Visitaduría General de la PGR abrió un expediente por las revelaciones periodísticas en las que se evidenciaron esas irregularidades, así como el inicio de una averiguación previa en ese mismo año por la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la dependencia federal, de la que se desconoce su conclusión.

Dice Cortez: “Desde que sucedió lo de Cassez y conforme fuimos sabiendo de todas las irregularidades y teniendo abierta una queja, (la CNDH) pudo haber presentado la denuncia por los agravios a Florence, a las víctimas y a todos los ciudadanos, pero como el tema de Florence Cassez era muy polémico no se quiso arriesgar y lo hace ahora que hubo una decisión de la Corte”.

Para él, la reacción del organismo es “totalmente convenienciera porque se espera a que las cosas estén muy claras y entonces actúa, cuando ella (la Comisión) tendría que ayudar desde el principio a la clarificación con su actuación; es una CNDH paradójica, porque estando obligada a ser la primera institución que actúa ante violaciones de derechos humanos, lo hace al final, ya cuando las cosas están resueltas”.

La mano de Wallace

El informe especial en el que se basa la denuncia de hechos ante la PGR fue divulgado a los medios el miércoles 13, y el viernes 15 se presentó ante la PGR otra demanda en la que se presume que García Luna y 20 servidores públicos más, entre ellos Cárdenas Palomino, habrían incurrido en los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y delitos cometidos en contra de la administración de la justicia.

El documento está siendo analizado actualmente por la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

En el informe Plascencia admite que su reacción se fundamenta en los presuntos agravios cometidos contra las víctimas de secuestro involucradas en el caso Cassez, toda vez que con su liberación “vieran obstaculizado su derecho al acceso a la justicia y a recibir una adecuada reparación de daño”.

Plascencia acusa a los agentes de la AFI encabezados por García Luna de no “considerar como eje rector de su actuación precisamente la protección adecuada de los derechos de las víctimas del delito, propiciando que con su conducta se limitara el derecho a la justicia de éstas”.

Se argumenta que “con su actuación irregular” los funcionarios propiciaron “la libertad el 23 de enero de 2013, tal y como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la señora Cassez ‘no por ser inocente sino por violaciones al debido proceso’ derivado de la actuación indebida de servidores públicos, lo cual colocó a las víctimas privadas ilegalmente de su libertad en una situación de indefensión y especial vulnerabilidad”.­

Sin poner en duda los derechos de las víctimas, Cortez considera que “bajo ese discurso de los derechos de las víctimas están queriendo que pasemos de un extremo en el que las víctimas han sido ignoradas a que ahora sean el centro absolutamente de todo y que a favor de las víctimas pasemos por encima de los derechos de los acusados”.

Agrega que ese discurso se ha justificado “un poco bajo el argumento de que los acusados tienen muchos derechos pero en el papel, no en la realidad”.

No descarta que entre los motivos de la CNDH de no denunciar hasta ahora a García Luna y a quienes participaron en la detención de Cassez esté la mano de personajes como la excandidata del PAN al Gobierno de la Ciudad de México Isabel Miranda de Wallace.

Y es que en el texto, Plascencia advierte que la decisión de la CNDH estuvo alentada porque, emitido el fallo de la SCJN: “Las víctimas del delito y organizaciones dedicadas a la protección de sus derechos humanos manifestaron su inconformidad ante tal resolución judicial, exigiendo justicia y que los hechos delictivos perpetrados por los delincuentes, así como las irregularidades de los servidores públicos involucrados, no quedaran en la impunidad”.

Los personajes que expusieron dicha inconformidad fueron precisamente Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y una de las presuntas víctimas de Cassez, Ezequiel Elizalde, quienes dieron entrevistas luego de presenciar la sesión en la que los ministros de la primera sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo liso y llano a la francesa.

“Es claro un dato significativo: El presidente de la CNDH le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos (en diciembre de 2010) a la señora Wallace cuando no tenía ninguna trayectoria en derechos humanos; incluso su posición de defensa de las víctimas en realidad es contraria a los derechos humanos. Es clarísimo que ahí hay una relación muy estrecha”, apunta.

Ante versiones divulgadas en algunos medios de que los delitos que la CNDH le imputa García Luna habrían prescrito, Cortez sostiene que no se puede determinar a priori la procedencia o no de las acusaciones.

“Me parece que esta corriente de opinión que dice que ya prescribieron los delitos le hace el favor a García Luna; la PGR está obligada a investigar toda denuncia y sólo así podrá decidir. El resultado lo podría presentar ante un juez para que ahí se discuta”, señala.

Cortez considera que el caso de Cassez tendría que ir más allá de buscar castigo para los policías encabezados por García Luna y los agentes del Ministerio Público que participaron en la indagatoria; debería pugnar por abrir una investigación en la Judicatura Federal, porque los jueces “avalaron las irregularidades”.­

Por ello insiste en que la reciente denuncia contra García Luna es muestra de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos “convenenciera”.

La situación de las víctimas, peor/JOSÉ GIL OLMOS

Revista Proceso No. 1900, 30 de marzo de 2013;

A dos años del asesinato de su hijo, el poeta Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, insiste en el tema de la construcción de un memorial para las decenas de miles de víctimas de la guerra calderonista y propone que se le dé ese uso a la Estela de Luz. El también colaborador de Proceso va más allá y sentencia: Las reformas constitucionales del nuevo gobierno “no van a tener frutos si no hay un país en paz, si no se recupera el tejido social”.

El asesinato de su hijo Juan Francisco hace dos años forzó a Javier Sicilia a meterse en las entrañas de la violencia que durante el gobierno de Felipe Calderón causó 70 mil muertes y la desaparición de más de 25 mil personas.

La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia generó expectativas optimistas en ciertos sectores de la sociedad, especialmente con la aprobación de las reformas en educación y telecomunicaciones y por la detención de Elba Esther Gordillo.

Pero para las víctimas de la guerra contra la delincuencia organizada las cosas han empeorado: En los tres primeros meses del gobierno priista hubo 3 mil 157 homicidios dolosos, 73 más que en el peor trimestre del calderonismo, según las cifras dadas a conocer por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en su informe mensual del pasado viernes 8.

Ante el optimismo gubernamental y empresarial por las llamadas reformas estratégicas, Sicilia señala: “Todas estas reformas no van a ser posibles, no van a tener frutos si no hay un país en paz; si no se recupera el tejido social; si no encontramos a los desaparecidos; si sigue habiendo muertos, asesinados y ciudadanos en estado de indefensión. La base está en la paz y la justicia, sobre todo en un país con una tragedia humanitaria tan grande y honda como la que tenemos”.

La noche del jueves 28, a dos años del asesinato de Juan Francisco Sicilia, que dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), nuevamente se escucharon las demandas de los familiares de los muertos y desaparecidos no sólo durante el sexenio de Calderón, sino también en el de Peña Nieto.

Tras demandar que la Estela de Luz sea transformada en el Memorial de las Víctimas, en su discurso Sicilia dijo que México es un país desgarrado y sangrante donde no hay lugar para el festejo ni la felicidad mientras no haya justicia y paz.

Y como en mayo de hace dos años lo gritó en el Zócalo capitalino –tras la Marcha por la Paz que llegó a la Ciudad de México tres días después de haber comenzado en Cuernavaca, Morelos– lo repitió: “Les decimos, criminales y gobernantes, que continuamos hasta la madre y que mientras no veamos aplicarse la Ley General de Víctimas, mientras no veamos volver a casa a los miles de desaparecidos, mientras un solo muchacho, una sola muchacha, un solo niño, una sola niña, una sola mujer y un solo hombre estén amenazados y no haya paz, estaremos en vigilia”.

En entrevista con Proceso el poeta acusa a Calderón de no haber asumido su responsabilidad frente a las víctimas y la tragedia nacional que provocó su declaración de guerra contra el narcotráfico, pese a que en los dos encuentros que hubo en Chapultepec se comprometió a hacerlo.

Acerca de Peña Nieto advierte que hay señales de un cambio en la estrategia de combate al reconocer la importancia de la recomposición del tejido social, pero que no da señales de cómo piensa realizar este trabajo, que llevará años de esfuerzos y presupuesto.

“Creo que sí está cambiando; por lo menos Roberto Campa ha planteado una estrategia de poner más énfasis al tejido social. Pero no hemos visto cómo lo van a hacer. Nosotros insistimos en ese punto y en hacer una estrategia ciudadana y humana para combatir el crimen organizado, porque la que estableció Calderón no está teniendo resultados.

“Tampoco nos dicen qué alternativa hay para detener la guerra más allá de rehacer el tejido social, algo que es a largo plazo. Nosotros necesitamos elementos en lo inmediato que nos permitan ver que desciendan la violencia y las muertes.

“Lo grave es que no están descendiendo sino que se han mantenido y hasta han crecido; esto ha provocado la aparición de los grupos de autodefensa como un síntoma de que el Estado no está controlando esta realidad, que está rebasado, cooptado, corrompido y por eso los ciudadanos han tenido que salir a decir: ‘Si ustedes no pueden, nosotros hemos salido a defendernos’, lo cual es muy peligroso.”

Desaparecidos

A dos años del surgimiento del MPJD, Sicilia señala que han sido tres los aspectos fundamentales en los que se avanzó: La visibilización de víctimas, que el Estado asumiera su responsabilidad y la creación de la Ley de Víctimas.

Pero también que se haya sacado a la luz el problema de los desaparecidos durante la guerra contra el crimen organizado declarada en 2006 por Calderón, de los que hasta el momento no hay una cifra exacta pero que rebasa los 26 mil, según datos oficiales.

Sicilia sostiene que la violencia, muertes y desapariciones que siguen en el país reflejan que el Estado mexicano ha sido rebasado y que es hora de que se piense en atender llamados como el de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, que ha dicho estar dispuesta a venir a México a trabajar en un protocolo de identificación de personas encontradas en fosas clandestinas con un banco de ADN creado con los familiares.

En una entrevista con Marcela Turati en Sarajevo (Proceso 1876), sede de esa comisión, su directora, Kathryne Bomberger dijo que estarían dispuestos a venir a México siempre y cuando el gobierno federal los invite a hacer ese trabajo.

Hoy, sostiene Sicilia, es tiempo de que el gobierno de Peña Nieto no anteponga principios trasnochados de soberanía nacional y acepte la ayuda de expertos en protocolos de identificación de desaparecidos, como esa Comisión Internacional formada en 1996 en la antigua Yugoslavia y que tiene científicos que han creado bases de datos de ADN cuyo índice de exactitud en la identificación de restos humanos es de 99%.

“El de los desaparecidos es un tema tremendo; por lo menos ya se reveló que hay una lista de desaparecidos que se tiene que depurar, porque se están cruzando con otras listas de organizaciones de desaparecidos y no están todos. Urge que se tenga una base de datos confiable y real, construir protocolos y dotar a las Procuradurías de bancos de ADN, porque no los hay”.

–¿Es tiempo de que Peña Nieto acepte esta ayuda?

–Ese es un camino y hay que presionar al gobierno de México para que acepte la llegada de esta Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas porque ya urge. México no tiene estos protocolos ni el banco de datos. Esta administración ha mostrado buenas intenciones pero no basta con eso, necesitamos realidades y creo que si la Comisión Internacional está dispuesta a venir, sería fundamental que aceptaran su ayuda, su asesoría para construir los protocolos y apoyarla en la construcción del banco de datos de ADN.

–Podrían argumentar que no se puede aceptar porque se viola la soberanía nacional.

–La tragedia nacional no es un asunto de soberanía sino de seres humanos y además el mundo ya está globalizado. México no es un lunar en medio de la globalización. Los desaparecidos son el rostro más claro de lo que está sucediendo y seguirá ocurriendo si no lo detenemos con conductas de reconstrucción del tejido social, de paz y de protocolos de búsqueda con los países que ya tienen experiencia para encontrar a los desaparecidos. No podemos estar jugando a un nacionalismo trasnochado.

El memorial

La tarde del jueves 28 decenas de integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se concentraron en la Estela de Luz para conmemorar dos años de actividades en búsqueda de justicia para sus familiares.

Frente a la enorme mole –que costó mil 304 millones de pesos– que el gobierno de Calderón mandó construir para celebrar el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico colocaron en el piso urnas con los nombres de sus muertos y desaparecidos.

El MPJD le entregó a Peña Nieto una petición para convertir este bloque en el Memorial de Víctimas. La propuesta en realidad se había hecho meses antes, durante un acto en memoria de Nepomuceno Moreno, miembro del movimiento que fue ejecutado el 28 de noviembre pasado en Sonora mientras buscaba a su hijo Jorge Mario Moreno León.

“Queremos rescatar el monumento ignominioso de la Estela de Luz porque quedó como un elefante blanco, como una realidad ignominiosa. No saben para qué utilizarlo, tiene una gran infraestructura que no saben qué hacer con ella”, sostiene Sicilia.

Dice que el día que Peña Nieto les entregó la Ley de Víctimas, él le entregó la declaratoria diciéndole que estaba pendiente el memorial y que si la ley va a buscar la justicia que se le debe a las víctimas, falta la parte de la memoria, porque no puede haber justicia ni paz sin verdad ni memoria.

“Le propuse que hiciera de la Estela de Luz el Memorial de Paz para redignificar a las víctimas y que nos recuerden con los nombres el horror que está viviendo el país y la necesidad de detener esta guerra. Que hiciera el memorial de paz con un centro de documentación, un auditorio para exponer una cultura por la paz. Ese fue el proyecto que le presentamos y él dijo: “Me tienta mucho pero me parece problemático”.

“Le dije que así era pero que valía la pena hacerlo. Le pedí que se llevara la propuesta y luego nos dijera. Así se quedó. Ahora con el segundo aniversario de la muerte de mi hijo vamos a poner otra placa y lanzar una campaña para apoyar la declaratoria que ya se le entregó al presidente: Redignificar ese monumento y hacerlo un memorial y un espacio de cultura de paz”.

La campaña de construir un memorial en realidad comenzó en septiembre de 2011 en el segundo encuentro de las víctimas con Calderón en Chapultepec, donde se comprometió a edificar un monumento. Tras muchos problemas e indecisiones decidieron alzarlo en las instalaciones del Campo Militar, lo cual fue rechazado por el movimiento. Hoy esa construcción se encuentra abandonada y sin terminar.

En la Estela de Luz el MPJD lanzó una campaña de recolección de firmas para que Peña Nieto recuerde el compromiso que adquirió “no sólo con la justicia, sino con la memoria y la paz”, dijo Sicilia.

La campaña terminará el 8 de mayo, fecha en que se cumple el segundo aniversario de la primera Marcha por la Paz; y le entregarán esas firmas a Peña Nieto en Los Pinos.

“Recordemos que sólo el apoyo y la voz de los ciudadanos reunidos es la garantía de la persistencia de la memoria, la justicia y la paz. Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo –escribió alguna vez el filósofo de la lengua, Todorov– son de naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber, el de acordarse, el de testimoniar. La vida ha sucumbido ante la muerte, pero la memoria sale victoriosa en su combate hacia la nada”, manifestó el poeta la noche del jueves 28.

De la Ley de Víctimas, Sicilia dijo que aun cuando falta precisar ciertos puntos, es urgente que se apruebe y que algunos legisladores dejen atrás intereses mezquinos y particulares.

–A la Ley de Víctimas aún le falta. Hay puntos difíciles, como si se puede considerar víctimas a familiares de los delincuentes.

–Sí. De hecho son víctimas, pero eso lo tendrá que dictaminar un juez, es decir, la Ley de Víctimas está bien y las víctimas tendrán que demostrar su condición de tales. Pero eso es parte del proceso. La ley no puede inventar un mecanismo para decir “estos si y estos no”, es un proceso que se tiene que desarrollar y que tendrá muchos elementos para poder dictaminar.

Finalmente, al hacer una evaluación de los dos años del MPJD, el escritor recordó la demanda que se ha hecho para regular la venta de armas en Estados Unidos y el tráfico ilegal de éstas hacia México.

“No habrá paz mientras del otro lado de la frontera no se regule el consumo de las drogas y no se haga una política seria del control de armas de exterminio. Trabajaremos con las organizaciones estadunidenses, con las que realizamos la Caravana por la Paz por Estados Unidos en agosto y septiembre de 2012, para que podamos encontrar una justicia y una paz común”, dijo en el acto ante la Estela de Luz.

Sicilia insistió en que el gobierno federal debe convertir la Ley de Seguridad Nacional en una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana. Sólo así, dice en entrevista con este semanario, “se podrá hacer algo efectivo para detener este horror de muertos y desaparecidos que dejó como herencia Calderón y que Peña Nieto continúa al mantener la estrategia militar y policiaca en el combate al crimen organizado”.