Un mito, la idea del DF “seguro”

Semanario Proceso # 2023, 8 de agosto de 2015...

Un mito, la idea del DF “seguro”/GLORIA LETICIA DÍAZ

El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres el pasado 31 de julio en una casa de la colonia Narvarte terminó por derrumbar el muy extendido mito de que la Ciudad de México es un refugio seguro para los periodistas y defensores de los derechos humanos. De hecho, sostiene Balbina Flores, relatora de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), al menos desde hace tres años en la capital se comenzó a registrar “como factor de agresiones no sólo el narcotráfico o las actividades de seguridad pública, sino las coberturas informativas”.

El homicidio múltiple de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, puso en alerta a organizaciones defensoras de los derechos de la libertad de expresión ante el recrudecimiento de la violencia contra el gremio periodístico durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

La muerte por demás violenta del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril, colaborador de Proceso y de la agencia Cuartoscuro, y cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera, dejó claro también que el Distrito Federal dejó de ser la “isla” segura para periodistas amenazados en estados como Veracruz, uno de los más hostiles para ejercer ese oficio en los dominios de Javier Duarte.

Entrevistados por separado, representantes de organizaciones sociales y funcionarios de las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal, coinciden: las señales de alarma por la vulnerabilidad de los comunicadores se advierten en datos oficiales, sin que observen acciones institucionales encaminadas a revertir la “impunidad crónica”.

 Mariclaire Acota Urquidi, directora en México de Freedom House, relata que desde 2011 la organización internacional ha catalogado al país como “no libre” en materia de libertad de expresión, entre otros motivos por “un entorno político en el que prevalece la impunidad, corrupción y violencia contra periodistas”.

 Decana de los defensores de derechos humanos, Acosta Urquidi sostiene que en los tres primeros años del gobierno de Peña Nieto se detecta “un incremento indudable” de agresiones a reporteros. Y aunque se les ha dado “mayor visibilidad”, eso no significa que se haga justicia.

 “Mientras no se investiguen debidamente los crímenes contra periodistas y se relacionen estos homicidios y estas agresiones con el trabajo de las víctimas, no va a haber avance en materia de libertad de prensa porque la señal que se manda es poderosísima: se puede matar periodistas y no pasa nada”, alerta.

 Resalta que frente a la pasividad institucional “la sociedad mexicana empieza a tomar conciencia de lo grave que es asesinar comunicadores y defensores de derechos humanos”. Prueba de ello, dice, es la “consternación generalizada, no sólo dentro del país sino también fuera”, sobre todo con los asesinatos de la colonia Narvarte.

 Acosta Urquidi lamenta que la colaboración con el gobierno federal no se traduzca en abatimiento de la impunidad y protección efectiva.

 Recuerda que Freedom House y otras organizaciones sociales empujaron reformas al artículo 73 de la Constitución para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ejerciera su facultad de atracción en casos de agresiones a periodistas, así sean del fuero común, atribución que la dependencia no ha explotado lo suficiente.

 Con esa omisión, la PGR está mandando una señal: “No importa que en los estados no se hagan bien las investigaciones o se fabrique culpables como en el caso de Regina Martínez (la corresponsal de Proceso en Veracruz asesinada el 28 de abril de 2012); la federación no se va meter. Lamentablemente, la mayor parte de agresiones contra defensores y periodistas se dan a nivel local y por autoridades locales”.

 Lo anterior, apunta, sin considerar que en el último año a la FEADLE se le redujo el presupuesto. En el primer año de gobierno de Peña Nieto la dependencia manejó más de 38 millones de pesos; este año sólo recibió 28.9 millones.

 Cifras de pánico

 Mariclaire Acosta comenta que Freedom House colabora con la Secretaría de Gobernación desde hace tres años para optimizar la labor del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tiempo en el que ha aprendido que “en un ambiente de impunidad puedes dar medidas de protección, pero siempre serán paliativos.

 “La verdadera protección es la investigación y el castigo a los responsables. La impunidad termina cuando hay una decisión política al más alto nivel de que se termine, y eso no sucede todavía en México”.

 La FEADLE, cuyo actual titular, Ricardo Nájera Herrera, fungió como responsable de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aporta datos alarmantes de la situación de violencia que ha vivido el gremio periodístico en las últimas tres administraciones.

 De enero de 2000 al 20 de junio de 2015, la dependencia registró 103 homicidios y 25 desaparecidos, dos de los cuales fueron localizados. En ese lapso, del total de homicidios reportados, 31 ocurrieron en el sexenio de Vicente Fox; 61 en el de Felipe Calderón, y 11 en el los 30 primeros meses del gobierno de Peña Nieto.

 Por lo que concierne a las desapariciones, la dependencia reporta dos en el gobierno de Fox, 19 con Calderón, y cuatro con Peña Nieto. La estadística de la FEADLE ubica a Chihuahua y Veracruz como los estados con el mayor número de asesinatos (16 cada uno), seguidos por Tamaulipas (13) y Guerrero (11).

 Las entidades con más desapariciones de comunicadores son Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, con cuatro casos cada una.

 El documento resalta que de las 718 averiguaciones previas que se han abierto en el país por agravios cometidos contra periodistas, la FEADLE ha ejercido su facultad de atracción en 37 casos, 11 de ellos por abuso de autoridad, nueve por amenazas y seis por homicidios, cuatro de éstos ocurridos en Veracruz en 2014.

 Para el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, si bien la exigencia a la FEADLE para que investiguen casos ocurridos en los estados como Veracruz es legítima, no hay garantías de que sean resueltos.

 Entrevistado en sus oficinas el jueves 6, Corzo recomienda a las autoridades capitalinas no descartar la línea de investigación sobre el trabajo periodístico de Rubén ni la labor de activista de Nadia Vera; les pide también abordar las investigaciones desde la perspectiva de género.

 El funcionario, quien inició su labor con la desaparición del periodista veracruzano Moisés Sánchez el 2 de enero pasado y la concluyó cuando se descubrió su cadáver, informó que la CNDH tiene un registro de 106 homicidios de periodistas cometidos de 2000 a la fecha, 15 de ellos en Veracruz, y 22 desapariciones. En ese mismo periodo, fueron asesinados 27 defensores Y tres más desaparecieron.

 El Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Civiles, dependiente de la quinta visitaduría de la CNDH, reportó 479 quejas recibidas de enero de 2010 a julio de 2015, las cuales señalan como “autoridades recurrentes” a la PGR, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y Gobernación.

 En cuanto a los defensores, en los últimos cinco años la CNDH procesó 291 quejas que señalan como autoridades presuntamente responsables de agravios a la PGR, Gobernación, Sedena, el Instituto Nacional de Migración y el gobierno de Chihuahua.

 Más violencia

 Otro informe sobre las agresiones a los periodistas es el de la organización Artículo 19, especializada en defensa de la libertad de expresión, titulado Más violencia, más silencio, dado a conocer a principios de julio pasado.

 El documento da cuenta de los agravios sufridos por el gremio en los primeros meses de este año: 227 en total, de los cuales seis fueron homicidios: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza, de Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, de Oaxaca, y Gerardo Nieto, de Guanajuato.

 Las entidades de las cuales Artículo 19 recibió más quejas en los primeros meses de 2015 fueron Guerrero (38), Distrito Federal (33), Puebla (29), resaltando Veracruz, donde se registraron tres homicidios 15 de 2000 a la fecha.

 En cuanto al tipo de violencia abundaron las agresiones físicas y materiales (60), amenazas (51), agresiones a medios (42), privación de la libertad (23), hostigamiento (20), intimidación (10) y violencia institucional (9).

 En marzo último, Artículo 19 documentó los crecientes ataques a la libertad de expresión en el sexenio de Peña Nieto en el informe Estado de censura, en el que asegura que cada 26.7 horas es agredido un periodista en México.

 Según ese expediente, en 2014 hubo 326 agresiones a periodistas en el ejercicio de su labor, de las cuales sobresalen 85 cometidas en el Distrito Federal, la mayoría de ellas durante las coberturas informativas.

 Tras el homicidio de Espinosa y cuatro mujeres, Artículo 19 –que llevaba la representación del colaborador de Proceso– declaró en un comunicado que el caso marcaba “un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México”, al ser el primero en el que un periodista desplazado internamente es asesinado en el Distrito Federal.

 La organización recordó que Espinosa Becerril hizo públicas las amenazas y hostigamientos que recibió en Veracruz, desde donde colaboraba para Proceso. Asimismo, reprobó que las autoridades “encargadas de proteger periodistas” en este país (no) movieran un dedo” a favor del periodista y exigió que la PGR atrajera el caso.

 Balbina Flores, relatora de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), resalta que la violencia expulsó de sus lugares de origen a una veintena de periodistas, 13 de ellos a Estados Unidos y Europa, y ocho a la Ciudad de México, la mayoría de ellos de Veracruz y Chihuahua.

 Excorresponsal de Reporteros sin Fronteras, organización con la que colaboró durante 15 años, Flores apunta que el caso de Espinosa Becerril rompió la percepción generalizada, “no sólo de los periodistas, sino también de la sociedad, de que el Distrito Federal era un refugio seguro”.

 Esa idea, dice la defensora, es falsa pues por lo menos desde hace tres años se comenzó a registrar “como factor de agresiones no sólo el narcotráfico o las actividades de seguridad pública, sino las coberturas informativas. Basta recordar las escenas del 1de diciembre de 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto, lo que indica que la Ciudad de México está transitando por una situación difícil, de riesgo e inseguridad”.

 Dice corroborar ese panorama con datos de la PGJDF: “En un informe que entregó a la Cámara de Diputados federal, la procuraduría informó que de 2010 a la fecha abrió 110 averiguaciones previas por delitos en agravio de periodistas”.

 De las 81 indagatorias iniciadas en la Agencia Especializada para la Atención de Delitos en Agravio de Periodistas, dice, “la mayoría de los delitos denunciados son amenazas y lesiones. Lo que podemos decir es que en el DF hay también un ambiente de agresiones contra periodistas, registrado por lo menos desde 2010”, año en que se creó esa agencia.

 Flores señala también que la CDHDF tiene registradas 46 quejas por agresiones a periodistas de 2007 a la fecha, e insiste en que la muerte de Rubén Espinosa “vino a mover todo, a acabar con una falsa idea y a plantear un problema que existe: los periodistas corren riesgos en el DF”.