Luis Raúl González Pérez, en San Lázaro

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura
Versión estenográfica de la mesa temática "Derechos Humanos y Guardia Nacional", correspondiente a las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, celebrada el jueves 10 de enero de 2019.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: 
Pues como primer punto tendremos aquí al licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien será nuestro primer ponente. Y le pedimos a la diputada Martha Tagle, por favor, nos haga la presentación de Raúl González.
La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, diputada. Bueno, primero quiero agradecer, sin duda, la disposición de quienes hoy nos acompañan para esta audiencia, que sin duda es muy importante en una nueva dinámica de parlamento abierto que se requiere hacer.
Es muy importante, además, que todos nos encontremos con mucha disposición para escuchar las evidencias, datos e información que los especialistas que hoy nos acompañan presentarán esta mañana.

Y bueno, me toca presentar al doctor Luis Raúl González Pérez, nació el 24 de septiembre de 1957 en la Ciudad de México, tiene licenciatura en Derecho por la UNAM, en 1990 es miembro y fundador de la CNDH, director general administrativo en 1996, fiscal especial del homicidio de Luis Donaldo Colosio, en 2005 director general del Programa de agravios a periodistas en la CNDH. En 2008 abogado general de la UNAM y en 2014 ombudsman nacional para el periodo 2014-2019.
Ha tenido una amplia carrera en el servicio público, en los derechos humanos y la academia. Fue miembro de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y presidente del Consejo Asesor Jurídico de la UNAM. Fue director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y dirigía la investigación de la matanza de los campesinos en Aguas Blancas.
Por los hechos que se han presentado en los últimos dos años, su opinión ha estado vertida igual en temas con la legalización de la mariguana o en hechos violentos en el país, lo cual provoca el debate de ideas. Doctor, tiene usted la palabra.
La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Nada más recordarle, doctor, tenemos ahorita diez minutos para su exposición. Y con mucho gusto lo escuchamos.
El presidente de la CNDH Raúl González Pérez: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En obviedades de tiempo, iré directamente al tema. No podemos depositar la garantía directa de los derechos dentro de nuestro sistema constitucional en órganos o estructuras militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que directa o indirectamente investigue, sancione y prevenga los delitos que comenten civiles, y puede ser el eje en torno al cual se desarrolle la convivencia social en nuestro país.
La consolidación democrática de México que ha permitido, entre otras cosas, la alternancia en el poder, ha derivado en buena medida en la separación y respeto existentes entre las instancias civiles y militares.
La primacía de las primeras sobre las últimas es una condición ineludible y necesaria para preservar un estado liberal y garantizar que nuestro sistema democrático no se vea condicionado o amenazado por intereses políticos o de cualquier otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza.
La CNDH acude a estas audiencias públicas con diversas preocupaciones adicionales al debilitamiento de la institucionalidad civil. Llama la atención que, de manera paralela a la realización de estas audiencias, que en el contexto de austeridad imperante ha sido objeto de una amplia difusión, se haya iniciado, si no formalmente, cuando menos mediáticamente el proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional.

Además, de que en el Presupuesto de Egresos se hayan contemplado recursos para su implementación operativa, lo cual haría presumir que con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente a una determinación ya tomada.

Se debilitaría la credibilidad y la percepción pública sobre la autonomía, responsabilidad e independencia de esta legislatura si estas audiencias terminaran repitiendo el esquema de simulación que operó en ocasión de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la legislatura pasada, en el que la convocatoria a especialistas, académicos, organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales terminó siendo un mero formalismo que pretendió legitimar decisiones políticas previamente definidas.

En el programa de las audiencias también sentimos la ausencia de las víctimas, no solo de aquellas que han sido víctimas de algún delito, sino de quienes han sufrido los abusos del poder, que han visto sus derechos humanos vulnerados, no en pocos casos por miembros de las Fuerzas Armadas que se han apartado del debido ejercicio de su deber.

No podemos repetir errores del pasado. Más allá de las declaraciones o posicionamientos oficiales, en los últimos días la realidad violenta de las entidades como Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, así como la incertidumbre generada por hechos como el desabasto de gasolina, cuyo origen estaría vinculado al combate a la criminalidad, nos ha reiterado la necesidad de actuar en este campo no solo con la urgencia, que sí hay que reconocerlo, sino también con la pertinencia, oportunidad, responsabilidad y transparencia, asumiendo estas tareas como una prioridad nacional, dando intervención a todos los actores involucrados.

No hay números o calificaciones aceptables para las ejecuciones, homicidios, actos de tortura o desapariciones. No hay delitos que sean más o menos aceptables o justificables. Los datos duros reflejan nuestra verdad, nuestra realidad, la cual no podemos ignorar o pretender que se modifique mediante declaraciones que la descalifiquen, desconozcan o generando opacidad en los mecanismos que las registran.

Hemos rechazado enfáticamente la imposición de verdades históricas. No entremos a una época de verdades oficiales. Requerimos reconocer la evidencia e información objetiva para poder actuar con efectividad basándonos en ella. Esto requiere un trabajo conjunto en el que no tiene cabida la simulación ni posiciones dogmáticas. Nuestro filtro y parámetro es la realidad.

Si bien somos muchos los que estamos convencidos de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que por el momento no es viable su retiro. Sin embargo, tal cuestión no puede justificar que pretenda verse en tal presencia la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busca perpetuarla.

La Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo, genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que estaríamos obligados a cumplir.

De aprobarse la reforma que se plantea, se estarían desconociendo e incumpliendo con tales obligaciones, iniciándose con ello un proceso de alejamiento o ruptura de México con los sistemas internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, consecuencia que debe ponderar y dimensionar esta soberanía.

En todo caso, como paso previo a su aprobación, el Estado mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.

Por otra parte, advertimos con preocupación que las distintas reformas que se proponen en materia de seguridad y justicia, se estén tratando de manera aislada y parcial como si fueran cuestiones desvinculadas o independientes, dejando de lado la necesaria visión integral, multidisciplinaria y multidimensional que requeriría la revisión de las políticas estatales correspondientes.

El tema de la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, los aumentos o disminuciones presupuestales a dependencias tales como la Sedena o la Fiscalía General de la República son parte de un todo que tendría que revisarse de manera objetiva e integral, junto a temas tales como la debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el abatimiento de la corrupción, el combate al tráfico de armas, la revisión de nuestro sistema penitenciario, la modernización de nuestros sistemas de inteligencia, el replanteamiento de nuestras políticas de producción y consumo de drogas, así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia.

Insistimos en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, con recursos, capacidades y posibilidades de operación reales y efectivas, no se trata solo del perfil de sus titulares, se requieren marcos normativos y operativos adecuados, por mejor capacitado que esté capacitado un cuerpo policíaco poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente. En esta tarea los mecanismos externos de supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante.

La iniciativa de reforma no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente su sentido, no hay una metodología que pudiera avalar la formación que la fundamenta, ni registro de aquella que se consideró relevante para tal efecto.

En particular, es clara la omisión sobre la evidencia objetiva relevante, tal y como lo son los números de recomendaciones por violaciones a derechos humanos que se han emitido en contra de la Sedena y de la Semar, varias de ellas por violaciones graves, conductas que por regla general no son debidamente investigadas por las autoridades competentes y las sanciones que se llegan a imponer frecuentemente no corresponden a la gravedad de los abusos cometidos.

La propuesta no establece ningún mecanismo de garantía para que los elementos de las Fuerzas Armadas que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos, no puedan formar parte de la Guardia Nacional, ni tampoco para evitar que las prácticas que generaron o propiciaron tales vulneraciones se preserven, transmitan o repliquen en dicho cuerpo.

Entre otros puntos que la iniciativa no responde, destaca el que no queda cómo y cuándo vamos a desarrollar a las policías civiles sin tinte militar, así como cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando. La Guardia Nacional no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o contención que tiene efectos limitados y de corto plazo.

Se marca una ruta para militarizar áreas, hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero no se establece claramente una ruta en el sentido contrario. La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación.

Si la intención es generar un marco jurídico que sustente de mejor forma la actuación temporal y extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad, dando certidumbre tanto a los elementos militares como a la sociedad, en un marco de respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, deberíamos emprender directamente el desarrollo de esa tarea.

Si la iniciativa, aparte de la necesidad de atender una situación excepcional de violencia e inseguridad que pone en peligro a la sociedad, ¿por qué optar por una reforma constitucional como la que se plantea y seguir dejando de lado la reglamentación pendiente del artículo 29 constitucional que acotaría dichas condiciones de excepción y necesariamente se tendría que llevar conforme a estándares internacionales?

Termino. Proponemos el establecimiento inmediato de un grupo de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública en el que, reconociendo a la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de seguridad pública, se prevea una ruta para corregir las deficiencias, desarrollar y fortalecer a las policías e instituciones civiles tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que le son propias.

Eventualmente esta estrategia podría implicar la creación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil con disciplina y adiestramiento especializado que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.

Es claro que en el tiempo fijado para cada intervención no es posible exponer un análisis técnico de la propuesta de reforma constitucional que nos convoca. En razón de ello, hago entrega de un anexo sobre consideraciones técnicas sobre el dictamen. Muchas gracias por su atención.

La moderadora diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Agradecemos la participación del comisionado de derechos humanos.