Revista
Proceso
# 2092, 24 de septiembre de 2016...
El
gobierno frenó la indagatoria/RAFAEL CRODA Y PATRICIA MAYORGA
Los
integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, adscrito a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lograron enormes avances en el
caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sin embargo, el
gobierno ignoró partes sustanciales de sus hallazgos y, en la práctica, terminó
expulsándolos del país en abril pasado. Hoy, a dos años del atentado contra los
estudiantes, dos de esos investigadores hacen un balance de la indagatoria:
Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes coinciden en que la “verdad
histórica” es una pantomima, que no hay voluntad política para resolver el caso
y que desde el gobierno se fomentó el inmovilismo.
En
entrevista, la exfiscal colombiana –quien como parte del GIEI investigó durante
13 meses la desaparición de los estudiantes– asegura que hubo “presiones muy
duras” para que las diligencias que el Grupo solicitaba a la Procuraduría
General de la República (PGR) no se llevaran a cabo.
“Había
órdenes que impedían que se llevaran a cabo las investigaciones, y debían ser de
gente cercana al presidente, porque para inmovilizar a una institución como la
PGR debieron ser personas con mucho poder”, zanja.
En
su despacho de abogada penalista en Bogotá, Buitrago dice que el presidente
Enrique Peña Nieto le prometió al GIEI y a los familiares de los 43 normalistas
que su gobierno colaboraría con la investigación de ese grupo –convocado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH– y que había dado
instrucciones para que les fueran proporcionados todos los datos que solicitaran.
Pero
en la práctica eso nunca ocurrió. “Cuando queríamos hacer las cosas había
obstáculos y muchas veces no se podía”, señala la doctora en derecho.
Algunas
personas, explica, sí colaboraban con el GIEI, tanto en la PGR como en la
Policía Federal, “aun a costa de saber el riesgo que asumían por ir en
contravía de las órdenes que recibían”.
Dice
que las indagatorias del GIEI, que se realizaron entre marzo de 2015 y abril de
este año, “incomodaron al gobierno y a mucha gente” en México, y esa molestia
se expresó “con una campaña muy clara desde ciertos sectores de la prensa
contra nuestra labor”.
“Había
una molestia –dice– por la insistencia que teníamos para entrevistar a los
militares. Lo que se quería era ambiente para tener la excusa de decir ‘no va
más’.”
El
caso es que el gobierno mexicano no les renovó el mandato por segunda vez y el
GIEI concluyó sus labores en abril pasado, tras divulgar un segundo informe de
la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre
de 2014 en Iguala, Guerrero. En ese análisis exhibía las deficiencias de la
investigación oficial.
A
dos años de la llamada “Noche de Iguala”, Buitrago recuerda que el crimen no
está esclarecido –por más que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam,
presentara una “verdad histórica” que ha sido sistemáticamente desmentida–. Aún
no se sabe dónde están los estudiantes y el caso permanece en la impunidad
porque no han sido capturados todos los responsables.
“La
verdad no existe en este proceso. Tampoco la justicia, porque, aunque hay
juicios en marcha, no hay, que yo sepa, ninguna condena”, agrega.
Dice
que aunque hay cuatro peritajes que descartan la posibilidad de que los 43
estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula –base de la “verdad
histórica”– las autoridades se aferran aún a esa hipótesis.
“Para
mí es un invento la historia del basurero de Cocula. Y esto es porque quieren
proteger a alguien o algo. Y es lo que hay que buscar. Porque a mí, como
investigadora, hay algo que no me cuadra.”
A
Buitrago le parece llamativo que a pesar de que hay unos 130 detenidos por la
desaparición de los normalistas y de que casi todos han sido presentados por
la PGR como integrantes de Guerreros Unidos, ese grupo delictivo sigue operando
en la zona.
“¿Guerreros
Unidos es entonces el grupo criminal más grande de México? –se pregunta la
exfiscal–. Porque capturan y capturan a sus gentes y Guerreros Unidos sigue
mandando. ¿Y las cabezas dónde están? Aquí falta algo.”
–¿Falta
investigar el nexo político? –se le inquiere.
–El
nexo político y todos los tentáculos.
–¿Hay
un interés de no ir más allá?
–Creo
que es el confort de no moverse de ahí. Ya tenemos responsables, y dijeron “es
mejor dejarlo aquí y no mirar más”. Puede ser que querían cerrar rápido el
caso, o querían dar resultados mediáticos, o puede ser que ya se comprometieron
también como institución con una versión, la del basurero de Cocula, y no
quieren mirar más arriba.
Buitrago
dice que no tiene elementos para establecer a quiénes se busca proteger, a
quién se teme investigar, pero sí sabe, por ejemplo, que cuando el GIEI comenzó
a indagar si algunos normalistas fueron llevados a Huitzuco, “ahí se comenzó a
cerrar todo”.
El
informe del GIEI divulgado el 24 de abril señala que “no existe certeza” de qué
movimientos realizó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando
desaparecieron los 43 normalistas, el alcalde de Huitzuco en esa época,
Norberto Figueroa Almazo.
El
exedil, familiar del exgobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer y parte de
su grupo político, ha sido señalado en narcomantas que aparecieron en Huitzuco
y en Iguala entre 2013 y 2015 de ser cómplice del crimen organizado.
En
ellas también fue mencionado José Rubén Figueroa Smutny, hijo del exgobernador
y nieto de Rubén Figueroa Figueroa, quien también gobernó Guerrero entre 1975 y
1981.
De
acuerdo con la abogada, la investigación de la PGR tiene una inconsistencia
estructural, porque, aunque se supone que la lleva la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, en realidad todo el peso de la averiguación lo sigue teniendo
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO).
“Hay
dos investigaciones –explica– que van por vías paralelas y diferentes, la de la
SEIDO, que sigue trabajando en la tesis del crimen organizado y no abre otras
líneas, y la de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que es residual y que
tampoco ha generado ni nuevas líneas ni nuevas metodologías.”
Sobre
las recomendaciones que dejó el GIEI al gobierno mexicano, Buitrago dice que ya
se han realizado la mayoría de las pruebas que se solicitaron a la PGR, pero
recién el mes pasado el gobierno mexicano y la CIDH acordaron el mecanismo de
seguimiento que se dará al caso.
Buitrago
señala que Tomás Zerón –quien recientemente fue removido por el presidente
Enrique Peña Nieto de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y
reubicado en el Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional– debe
seguir siendo investigado por la diligencia que hizo en el río San Juan el 28
de octubre de 2014 y que no incluyó en el expediente del caso.
La
abogada dice que actuaciones como las de Zerón victimizan doblemente a los
familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
De
acuerdo con Buitrago, el gobierno mexicano tiene un doble discurso en materia
de derechos humanos pues, por un lado, ha suscrito la mayoría de convenciones
internacionales en ese campo, pero por el otro omite aplicar los estándares a
los que está obligado.
“Un
Estado, en una investigación de derechos humanos, debe actuar con profundidad y
exhaustividad, motu proprio, porque así lo obliga la jurisprudencia
internacional, pero aquí ha actuado más por instancia de los familiares de las
víctimas.”
Además,
“la investigación de la PGR ha estado muy dependiente de la prueba que aporta
la víctima y de los requerimientos que hizo el GIEI, pero no ha habido
iniciativa desde el punto de vista de las hipótesis y desde el punto de vista
investigativo”.
El
problema, dice, es que “las obstrucciones y la obstinación en mantener la tesis
del basurero de Cocula, nos han llevado a perder un tiempo valioso en términos
de indagar a dónde fueron llevados los 43 normalistas”.
Beristain:
madeja de cabos sueltos
La
destitución de Tomás Zerón de Lucio como director de la AIC y su nombramiento
como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad es un mal indicador y
envía un mensaje para tergiversar más la información en torno de los 43
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, advierte por su parte, desde
Chihuahua, Carlos Beristain, también miembro del GIEI.
Entrevistado
en la Sierra Tarahumara, Beristain coincide con los padres de los estudiantes
en que la protección que Peña Nieto da al funcionario abona a la desconfianza:
“Los padres tienen razón. Ellos están esperando una señal efectiva, una señal
que no represente ruptura, un compromiso con la búsqueda de la verdad, y esto
es una mala señal”.
Beristain
recuerda que el GIEI señaló que debe haber una investigación independiente
sobre la labor de Zerón, pero hasta ahora ni siquiera hay un resultado de la
indagatoria oficial.
Esas
pesquisas estuvieron a cargo del visitador general de la PGR, César Alejandro
Chávez, quien fue sustituido en ese encargo luego de presentar el expediente
sobre Zerón. En esa indagatoria interna, asevera, se muestran las
irregularidades cometidas y se evidencia que fue violado el derecho a la verdad
que tienen los familiares.
A
dos años de los ataques en Iguala, Beristain hace un recuento de los pendientes
en el caso:
Aún
es necesario, delinea, tomar los testimonios de los miembros del 27 Batallón
del Ejército. Expresa que por lo menos las dos declaraciones que el GIEI
conoció (una en noviembre de 2014 y otra en agosto de 2015) no incluyeron un
interrogatorio adecuado.
Además,
se tiene que indagar “si había un agente de inteligencia que observaba lo que
estaba pasando, la detención de los chavos en el puente El Chipote, hacia el
Palacio de Justicia, ¿cuáles fueron las órdenes dadas a los agentes de
inteligencia?”.
Quedó
sin responder, igualmente, cuál fue la conversación esa noche entre el coronel
del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez, comandante de las instalaciones
militares, y el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores
Velázquez.
Beristain
refiere que a los expertos del GIEI nunca se les permitió investigar quién es
el militar apodado El Satánico, a pesar de que un agente de la Marina informó
que esa persona era quien traficaba armas con Guerreros Unidos.
“¿Y
qué hacía un camión del Ejército a las dos de la mañana en la zona (de los
hechos), en la colonia 24 de Febrero?”, pregunta el analista basado en el
testimonio del padre de uno de los futbolistas del equipo Los Avispones, que
también fueron atacados esa noche. “Y según los militares, esa noche no fue
nadie”.
Además
falta conocer el papel de los agentes de la Policía Federal, principalmente por
el desvío que realizaron del quinto autobús y el retén que había en el sitio
por donde pasó el camión donde iban Los Avispones.
Otra
incógnita es la participación de autoridades estatales: “Faltan testimonios,
mucha información relevante”.
Otro
problema del proceso, insiste, es que las autoridades han intentado
criminalizar a los familiares de los estudiantes desaparecidos.
“Lo
que los familiares necesitan es la verdad, es el compromiso más importante para
ellos. Después que se atiendan algunos de los daños que les ha generado esta
situación, como ciertas enfermedades que contrajeron, que han empeorado o que
se han vuelto crónicas.”
Sin
embargo, recuerda, la relación de los parientes con la PGR está rota, porque no
ha habido una actitud positiva ni voluntad política ante el caso.
El
investigador concluye: “En el último informe señalamos que el caso de
Ayotzinapa muestra no sólo la mala investigación –que se presentó como la
mejor–, sino que mostraba problemas muy serios que señalan conductas
estructurales y eso tiene que cambiar de manera profunda. Si eso no cambia, no
va a haber ninguna salida para la impunidad en México, y eso va a perpetuar la
violencia y prolongar el daño a las víctimas.
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