El gobierno frenó la indagatoria/

Revista Proceso # 2092, 24 de septiembre de 2016...

El gobierno frenó la indagatoria/RAFAEL CRODA Y PATRICIA MAYORGA

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lograron enormes avances en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sin embargo, el gobierno ignoró partes sustanciales de sus hallazgos y, en la práctica, terminó expulsándolos del país en abril pasado. Hoy, a dos años del atentado contra los estudiantes, dos de esos investigadores hacen un balance de la indagatoria: Ángela Buitrago y Carlos Beristain, quienes coinciden en que la “verdad histórica” es una pantomima, que no hay voluntad política para resolver el caso y que desde el gobierno se fomentó el inmovilismo.

 BOGOTÁ.- A dos años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ángela Buitrago sostiene que no hay voluntad institucional del gobierno mexicano para esclarecer ese crimen.

En entrevista, la exfiscal colombiana –quien como parte del GIEI investigó durante 13 meses la desaparición de los estudiantes– asegura que hubo “presiones muy duras” para que las diligencias que el Grupo solicitaba a la Procuraduría General de la República (PGR) no se llevaran a cabo.

“Había órdenes que impedían que se llevaran a cabo las investigaciones, y debían ser de gente cercana al presidente, porque para inmovilizar a una institución como la PGR debieron ser personas con mucho poder”, zanja.

En su despacho de abogada penalista en Bogotá, Buitrago dice que el presidente Enrique Peña Nieto le prometió al GIEI y a los familiares de los 43 normalistas que su gobierno colaboraría con la investigación de ese grupo –convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH– y que había dado instrucciones para que les fueran proporcionados todos los datos que solicitaran.

Pero en la práctica eso nunca ocurrió. “Cuando queríamos hacer las cosas había obstáculos y muchas veces no se podía”, señala la doctora en derecho.

Algunas personas, explica, sí colaboraban con el GIEI, tanto en la PGR como en la Policía Federal, “aun a costa de saber el riesgo que asumían por ir en contravía de las órdenes que recibían”.

Dice que las indagatorias del GIEI, que se realizaron entre marzo de 2015 y abril de este año, “incomodaron al gobierno y a mucha gente” en México, y esa molestia se expresó “con una campaña muy clara desde ciertos sectores de la prensa contra nuestra labor”.

“Había una molestia –dice– por la insistencia que teníamos para entrevistar a los militares. Lo que se quería era ambiente para tener la excusa de decir ‘no va más’.”

El caso es que el gobierno mexicano no les renovó el mandato por segunda vez y el GIEI concluyó sus labores en abril pasado, tras divulgar un segundo informe de la ­desaparición de los 43 normalistas, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En ese análisis exhibía las deficiencias de la investigación oficial.

A dos años de la llamada “Noche de Iguala”, Buitrago recuerda que el crimen no está esclarecido –por más que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, presentara una “verdad histórica” que ha sido sistemáticamente desmentida–. Aún no se sabe dónde están los estudiantes y el caso permanece en la impunidad porque no han sido capturados todos los responsables.

“La verdad no existe en este proceso. Tampoco la justicia, porque, aunque hay juicios en marcha, no hay, que yo sepa, ninguna condena”, agrega.

Dice que aunque hay cuatro peritajes que descartan la posibilidad de que los 43 estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula –base de la “verdad histórica”– las autoridades se aferran aún a esa hipótesis.

“Para mí es un invento la historia del basurero de Cocula. Y esto es porque quieren proteger a alguien o algo. Y es lo que hay que buscar. Porque a mí, como investigadora, hay algo que no me cuadra.”

A Buitrago le parece llamativo que a pesar de que hay unos 130 detenidos por la ­desaparición de los normalistas y de que casi todos han sido presentados por la PGR como integrantes de Guerreros Unidos, ese grupo delictivo sigue operando en la zona.

“¿Guerreros Unidos es entonces el grupo criminal más grande de México? –se pregunta la exfiscal–. Porque capturan y capturan a sus gentes y Guerreros Unidos sigue mandando. ¿Y las cabezas dónde están? Aquí falta algo.”

–¿Falta investigar el nexo político? –se le inquiere.

–El nexo político y todos los tentáculos.

–¿Hay un interés de no ir más allá?

–Creo que es el confort de no moverse de ahí. Ya tenemos responsables, y dijeron “es mejor dejarlo aquí y no mirar más”. Puede ser que querían cerrar rápido el caso, o querían dar resultados mediáticos, o puede ser que ya se comprometieron también como institución con una versión, la del basurero de Cocula, y no quieren mirar más arriba.

Buitrago dice que no tiene elementos para establecer a quiénes se busca proteger, a quién se teme investigar, pero sí sabe, por ejemplo, que cuando el GIEI comenzó a indagar si algunos normalistas fueron llevados a Huitzuco, “ahí se comenzó a cerrar todo”.

El informe del GIEI divulgado el 24 de abril señala que “no existe certeza” de qué movimientos realizó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas, el alcalde de Huitzuco en esa época, Norberto Figueroa Almazo.

El exedil, familiar del exgobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer y parte de su grupo político, ha sido señalado en narcomantas que aparecieron en Huitzuco y en Iguala entre 2013 y 2015 de ser cómplice del crimen organizado.

En ellas también fue mencionado José Rubén Figueroa Smutny, hijo del exgobernador y nieto de Rubén Figueroa Figueroa, quien también gobernó Guerrero entre 1975 y 1981.

De acuerdo con la abogada, la investigación de la PGR tiene una inconsistencia estructural, porque, aunque se supone que la lleva la Subprocuraduría de Derechos Humanos, en realidad todo el peso de la averiguación lo sigue teniendo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

“Hay dos investigaciones –explica– que van por vías paralelas y diferentes, la de la SEIDO, que sigue trabajando en la tesis del crimen organizado y no abre otras líneas, y la de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que es residual y que tampoco ha generado ni nuevas líneas ni nuevas metodologías.”

Sobre las recomendaciones que dejó el GIEI al gobierno mexicano, Buitrago dice que ya se han realizado la mayoría de las pruebas que se solicitaron a la PGR, pero recién el mes pasado el gobierno mexicano y la CIDH acordaron el mecanismo de seguimiento que se dará al caso.

Buitrago señala que Tomás Zerón –quien recientemente fue removido por el presidente Enrique Peña Nieto de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y reubicado en el Secretariado Técnico del Consejo de Seguridad Nacional– debe seguir siendo investigado por la diligencia que hizo en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 y que no incluyó en el expediente del caso.

La abogada dice que actuaciones como las de Zerón victimizan doblemente a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

De acuerdo con Buitrago, el gobierno mexicano tiene un doble discurso en materia de derechos humanos pues, por un lado, ha suscrito la mayoría de convenciones internacionales en ese campo, pero por el otro omite aplicar los estándares a los que está obligado.

“Un Estado, en una investigación de derechos humanos, debe actuar con profundidad y exhaustividad, motu proprio, porque así lo obliga la jurisprudencia internacional, pero aquí ha actuado más por instancia de los familiares de las víctimas.”

Además, “la investigación de la PGR ha estado muy dependiente de la prueba que aporta la víctima y de los requerimientos que hizo el GIEI, pero no ha habido iniciativa desde el punto de vista de las hipótesis y desde el punto de vista investigativo”.

El problema, dice, es que “las obstrucciones y la obstinación en mantener la tesis del basurero de Cocula, nos han llevado a perder un tiempo valioso en términos de indagar a dónde fueron llevados los 43 normalistas”.

Beristain: madeja de cabos sueltos

La destitución de Tomás Zerón de Lucio como director de la AIC y su nombramiento como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad es un mal indicador y envía un mensaje para tergiversar más la información en torno de los 43 normalistas de ­Ayotzinapa desaparecidos, advierte por su parte, desde Chihuahua, Carlos Beristain, también miembro del GIEI.

Entrevistado en la Sierra Tarahumara, Beristain coincide con los padres de los estudiantes en que la protección que Peña Nieto da al funcionario abona a la desconfianza: “Los padres tienen razón. Ellos están esperando una señal efectiva, una señal que no represente ruptura, un compromiso con la búsqueda de la verdad, y esto es una mala señal”.

Beristain recuerda que el GIEI señaló que debe haber una investigación independiente sobre la labor de Zerón, pero hasta ahora ni siquiera hay un resultado de la indagatoria oficial.

Esas pesquisas estuvieron a cargo del visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez, quien fue sustituido en ese encargo luego de presentar el expediente sobre Zerón. En esa indagatoria interna, asevera, se muestran las irregularidades cometidas y se evidencia que fue violado el derecho a la verdad que tienen los familiares.

A dos años de los ataques en Iguala, Beristain hace un recuento de los pendientes en el caso:

Aún es necesario, delinea, tomar los testimonios de los miembros del 27 Batallón del Ejército. Expresa que por lo menos las dos declaraciones que el GIEI conoció (una en noviembre de 2014 y otra en agosto de 2015) no incluyeron un interrogatorio adecuado.

Además, se tiene que indagar “si había un agente de inteligencia que observaba lo que estaba pasando, la detención de los chavos en el puente El Chipote, hacia el Palacio de Justicia, ¿cuáles fueron las órdenes dadas a los agentes de inteligencia?”.

Quedó sin responder, igualmente, cuál fue la conversación esa noche entre el coronel del 27 Batallón, José Rodríguez Pérez, comandante de las instalaciones militares, y el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez.

Beristain refiere que a los expertos del GIEI nunca se les permitió investigar quién es el militar apodado El Satánico, a pesar de que un agente de la Marina informó que esa persona era quien traficaba armas con Guerreros Unidos.

“¿Y qué hacía un camión del Ejército a las dos de la mañana en la zona (de los hechos), en la colonia 24 de Febrero?”, pregunta el analista basado en el testimonio del padre de uno de los futbolistas del equipo Los Avispones, que también fueron atacados esa noche. “Y según los militares, esa noche no fue nadie”.

Además falta conocer el papel de los agentes de la Policía Federal, principalmente por el desvío que realizaron del quinto autobús y el retén que había en el sitio por donde pasó el camión donde iban Los Avispones.

Otra incógnita es la participación de autoridades estatales: “Faltan testimonios, mucha información relevante”.

Otro problema del proceso, insiste, es que las autoridades han intentado criminalizar a los familiares de los estudiantes desaparecidos.

“Lo que los familiares necesitan es la verdad, es el compromiso más importante para ellos. Después que se atiendan algunos de los daños que les ha generado esta situación, como ciertas enfermedades que contrajeron, que han empeorado o que se han vuelto crónicas.”

Sin embargo, recuerda, la relación de los parientes con la PGR está rota, porque no ha habido una actitud positiva ni voluntad política ante el caso.

El investigador concluye: “En el último informe señalamos que el caso de Ayotzinapa muestra no sólo la mala investigación –que se presentó como la mejor–, sino que mostraba problemas muy serios que señalan conductas estructurales y eso tiene que cambiar de manera profunda. Si eso no cambia, no va a haber ninguna salida para la impunidad en México, y eso va a perpetuar la violencia y prolongar el daño a las víctimas.