Revista
Proceso
# 2092, 24 de septiembre de 2016...
Otorgó
la CFE a Ochoa Reza una liquidación millonaria... e indebida/MATHIEU TOURLIERE
Y HOMERO CAMPA
A
pesar de que Enrique Ochoa Reza renunció voluntariamente a la Dirección de la
Comisión Federal de Electricidad, cobró una liquidación de 1 millón 206 mil
pesos, cinco veces mayor de la que le correspondía. El actual dirigente
nacional del PRI, que se proclama “zar anticorrupción”, recurrió a un retorcido
proceso administrativo –“legal”, asegura él; “indebido”, sostiene un
especialista en derecho laboral– para obtener su millonaria liquidación. Los
engranajes de dicho proceso son expuestos por una investigación de la alianza
Méxicoleaks, de la que este semanario forma parte.
La
“separación voluntaria” de Ochoa Reza al frente de la CFE quedó documentada en
la carta que le envió al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de julio:
“El
día de hoy le solicito con todo respeto me permita concluir este ciclo (como
director de la CFE), por lo cual le presento a usted mi renuncia a dicho
cargo”, escribió. “El motivo de mi renuncia obedece a la aspiración de
participar en el proceso interno para la elección de presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de mi Partido, el Revolucionario Institucional”.
Sin
embargo, ese mismo día, Ochoa –quien como dirigente del PRI encabeza una
“cruzada contra la corrupción” y acusa al líder de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, de mentir en su declaración “3de3”– acordó con la CFE un “dictamen de
terminación laboral” para obtener una liquidación cinco veces mayor de la que
le correspondía. Fundamentó su petición en la fracción segunda del artículo 33
del mencionado Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando, que establece
el pago de liquidación en caso de separación no voluntaria del cargo.
“El
pago a Ochoa Reza fue indebido. De acuerdo con el manual le tocaba ser
liquidado con base en el supuesto de la renuncia voluntaria, no de la
liquidación”, explica Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de la Universidad
Autónoma Metropolitana y especialista en derecho laboral.
Señala
que el Órgano Interno de Control de la CFE debe tomar cartas en el asunto y, en
su caso, “fincar responsabilidades” a los funcionarios que cometieron esta
“falta administrativa”. Incluso considera que la Secretaría de la Función
Pública “tendría que intervenir y plantearse el ejercicio de acciones penales,
dado que existe la presunción del uso indebido de recursos públicos”.
En
entrevista, Ochoa Reza sostiene que su proceso de liquidación fue legal e
idéntico al que se aplicó con sus predecesores en los últimos 15 años. Afirma
que él fue sólo un “sujeto pasivo” de un trámite interno de la CFE ya
establecido. Reconoce que su separación fue “voluntaria”, pero afirma que la
normatividad “no distingue” cuando ésta debe o no ser voluntaria. Asegura que
con base en dicha normatividad se calculó “cómo terminaría mi relación laboral
con la empresa”.
La
alianza Méxicoleaks –de la que Proceso forma parte– realizó una investigación
periodística sobre el proceso administrativo que permitió al actual presidente
nacional del PRI cobrar una liquidación millonaria. Para ello se basó en
documentos filtrados a través de su plataforma digital.
“La
más alta liquidación”
El
pasado 8 de julio, en su último día al frente de la CFE, Ochoa Reza acudió a la
Gerencia de Relaciones Laborales de la empresa. Solicitó el “más amplio y
eficaz finiquito”: 1 millón 725 mil 209 pesos, al que tendría que restar
impuestos, hasta quedar en 1 millón 206 mil 271 pesos.
Este
monto equivale a 253.35 días del salario diario integrado que Ochoa Reza cobró
durante su periodo en el cargo, del 2 de febrero de 2014 al 9 de julio de 2016.
Dicho de otro modo: la CFE pagó a su exdirector general mil 363 pesos por día,
equivalente a dos días extras de sueldo por cada semana que estuvo en su
nómina.
Jaime
Tadeo Castelán Olguín, subgerente de Relaciones Laborales, y Karime Slim Ruiz,
jefe del Departamento de Dictámenes, dieron su visto bueno a la liquidación
millonaria, la cual quedó plasmada en el “dictamen de terminación de la
relación laboral” número T.L. 49/2016. Ochoa Reza firmó para expresar su
“conformidad”.
En
ese dictamen, que fue filtrado a la plataforma Méxicoleaks, la CFE explica que
la liquidación “se otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza”, y justifica
“el otorgamiento de una gratificación especial por los servicios prestados,
equivalentes a la más alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de
Servidores Públicos de Mando vigente (…) de tal manera que al Servidor Público
de Mando se le otorga el más amplio y eficaz finiquito”.
La
CFE estimó el salario diario de Ochoa Reza en 6 mil 809 pesos, lo que incluye,
además del salario base, la ayuda para renta de casa, el fondo de ahorro, la
prima vacacional, el aguinaldo, el fondo de previsión, el transporte, la
despensa, la “compensación garantizada” y el bono.
Para
justificar el pago de 253 salarios mínimos diarios, el dictamen se apoyó en la
fracción segunda del artículo 33 del Manual de Trabajo para Servidores Públicos
de Mando de la CFE.
Esta
fracción establece que, al liquidar a los servidores públicos de mando, la
paraestatal les debe 120 días de salario, más 35 días por año de servicios
prestados, más otros 20 días por cada año laborado, bajo el concepto de prima
legal de antigüedad. La suma, en el caso de Ochoa Reza, se elevó a 253.35 días.
Sin
embargo, el abogado Fuentes Muñiz asevera: dado que Ochoa Reza renunció a su
cargo de manera voluntaria, la CFE debió aplicar la fracción primera del
artículo 33, la cual se establece para los casos específicos de “separación
voluntaria”.
Esta
fracción prevé una liquidación de 20 días de salario por año de servicios para
los trabajadores que renunciaron por voluntad propia. Incluye también un monto
extra según la antigüedad del servidor público de mando, pero sólo para quienes
cumplieron por lo menos tres años de labores en la CFE, lo que no fue el caso
del actual presidente del PRI.
En
este escenario, la CFE hubiera pagado a Ochoa Reza un finiquito equivalente a
48.49 salarios mínimos diarios; es decir, 330 mil 168 pesos brutos: 231 mil 118
pesos netos si se restan los impuestos.
Tras
analizar los documentos a petición de la alianza Méxicoleaks, el abogado
Fuentes Muñiz explica que el referido manual plantea dos supuestos excluyentes:
“separación voluntaria” o “liquidación”. El primero otorga una compensación
mucho menor que el segundo.
“Si
solamente estuviera el segundo supuesto, no el primero, habría posibilidades de
que los funcionarios lo pudieran interpretar, dada la vaguedad en la que está
redactado. Pero existiendo el primer supuesto de la renuncia voluntaria tal
como está expresado, obviamente no procedería, porque es evidente que hubo una
renuncia voluntaria y además de manera expresa”, sostiene en entrevista Fuentes
Muñiz.
No
sólo eso. Asienta que “los funcionarios que designaron el pago de liquidación
están cometiendo una falta grave que puede ser incluso sujeta a un proceso
legal, porque ellos solamente pueden hacer lo que está permitido en las
normas”.
“Sujeto
pasivo”
En
entrevista, Ochoa Reza niega que su liquidación fuera irregular o que obtuviera
un trato preferencial. Asegura que el cálculo del monto de su finiquito estuvo
a cargo de la CFE y que él fue un “sujeto pasivo” en todo el proceso. Además,
estima que “de ninguna manera” esta liquidación le resta calidad moral o
credibilidad a su postura de combate a la corrupción.
“Es
una normatividad que se aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los
funcionarios de mando desde tiempos que me preceden, y que sigue vigente para
los funcionarios que continúen teniendo esa honrosa responsabilidad”, dice. “En
ese sentido, yo no tuve ningún trato preferencial”.
A
la pregunta sobre si considera que una liquidación tan elevada es correcta,
responde: “Así es como lo establece la normatividad interna de la CFE y de la
que yo soy un sujeto pasivo. Básicamente, el cálculo se hizo por parte de la
institución y ella determinó que ése era el monto que me correspondía”.
–¿La
carta que usted envió al presidente es de renuncia? –se le pregunta.
–Sí,
como no. Es una carta donde presento la renuncia, la hice pública en los medios
de comunicación y en las redes sociales, y en ese momento inicié el camino de
acuerdo con los procedimientos del PRI para ser su presidente nacional.
–¿Eso
significa que fue una separación voluntaria?
Ochoa
Reza frunce el ceño. Después de un momento de reflexión, responde: “Sí, pero…”.
Con la mano, alienta a precisar la pregunta. Se le recuerda que, de acuerdo con
el manual, la CFE le tenía que otorgar un finiquito por separación voluntaria.
“Es
que la normatividad, según he escuchado y analizado el caso, la normatividad no
distingue…, la normatividad se refiere a la separación y en cuanto a esa
normatividad, que tiene 15 años de vigencia y se ha aplicado a todos los
directores, se calcula cómo terminará mi relación laboral con la empresa”,
expresa.
Y
añade: “A través de las preguntas que tú me has hecho me he enterado que hay
dudas sobre lo mismo, pero creo que quedan puntualmente aclaradas y que el
procedimiento que se llevó a cabo fue legal y además preciso y oportuno”.
Previo
a la entrevista, Ochoa Reza dejó hablar a Héctor de la Cruz Ostos y Roberto
Martínez Espinosa, respectivos director de Administración y encargado de la
Oficina del Abogado General de la CFE, para que explicaran la parte legal de su
liquidación. Durante la reunión estuvo presente el senador priista Arturo
Zamora, quien de vez en cuando compartía sus opiniones.
Tanto
De La Cruz como Martínez han colaborado con Ochoa Reza desde que dirigía la
Subsecretaría de Hidrocarburos –entre diciembre de 2012 y febrero de 2014–. El
actual dirigente del PRI los reclutó en la CFE siete días después de asumir la
dirección de la empresa productiva del Estado. Durante más de media hora,
insistieron en que no hubo ilegalidad alguna en el otorgamiento de la
liquidación a Ochoa Reza.
Sus
argumentos: todos los directores de la CFE recibieron el mismo trato en los
últimos 15 años; la normatividad está muy firme “porque no ha sido cuestionada
por ningún otro instrumento legal”; y Ochoa Reza tuvo derecho a recibir los
beneficios de la fracción segunda pese a que su caso aplicaba para la fracción
primera, pues éstas dos no se anulan.
Todavía
el pasado 18 de agosto la situación laboral de Ochoa Reza en el Sistema de
Información de Estadística de Personal (SIEP) lo catalogaba en la categoría de
“Separación voluntaria”. Cinco días más tarde, el 23, esta mención había
desaparecido, sustituida por la mención “Reajuste”, según documentos filtrados
a través de Méxicoleaks.
A
decir de los abogados de la CFE, este cambio no resultó de una maniobra
engañosa, sino de una banal limitación del software. Explicaron: “No existe un
campo que diga ‘liquidación’, entonces (reajuste) es el campo que se aplica
internamente. (…) Y si consultas con los demás directores es igual. Son
categorías informáticas, no legales”.
Simple
trámite
Con
su liquidación ya pactada con la CFE, a Ochoa Reza sólo le faltaba cobrar su
cheque. El pasado 24 de agosto, acudió a la Junta Especial número 5 de
Conciliación y Arbitraje junto con Castelán Olguín, el subgerente de Relaciones
Laborales de la empresa.
Presentaron
un convenio fuera de juicio –una figura que permite resolver casos laborales
sin pasar por tribunales– elaborado el mismo día. Este convenio señaló que
Ochoa Reza deseaba terminar su relación laboral con la CFE tal y como lo
estipulaba el dictamen T.L. 49/2016.
La
junta fue breve: el fedatario público aprobó el convenio, constató la entrega
del cheque número 0000272 por 1 millón 206 mil 271 pesos con 81 centavos
–fechado el 18 de agosto– a Ochoa Reza y ordenó el archivo del asunto como
“total y definitivamente concluido”.
En
el transcurso de esta investigación se consultó el acta de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje en la sede de la institución, el cual contiene copias
del cheque, del convenio fuera de juicio y del dictamen.
“En
realidad, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no es la que autoriza el
contenido del convenio, solamente revisa la forma en que se otorga la
indemnización, pero no le corresponde validar el documento en cuanto a la
norma. Si la empresa decide dar ese pago, es responsabilidad de ella”, añade el
abogado.
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