Revista
Proceso
# 2092, 24 de septiembre de 2016...
Rostros de la
fuerza y el dolor/GLORIA LETICIA DÍAZ
Después
de dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el grupo de
padres de las víctimas ha transformado su vida en una búsqueda incansable de
sus hijos y de justicia. Tres de estas personas, obligadas a cambiar de vida,
coinciden en que la cerrazón del gobierno de Enrique Peña Nieto es tal que ya
no le creen nada sino, al contrario, sospechan que en el crimen están
involucradas autoridades de alto nivel.
Horas
antes de acudir a la embajada estadunidense para renovar su visa a fin de
realizar una visita a Washington, don Clemente, quien era repartidor de agua en
Tixtla, recuerda que hace unos 30 años intentó cruzar la frontera sin papeles
en busca de trabajo, pero fue deportado.
“Hoy
en día, por esta situación que estoy viviendo me ponen las cosas en bandeja de
plata. Pero no quiero conocer Estados Unidos. Voy allá por la gente que nos
está apoyando, me traigo de allá la motivación de que no estamos solos para
salir adelante”, dice el hombre de 49 años.
Las
madres y los padres de los 43 que se movilizan por México y otros países han
dejado oficios, tierras, sus casas, a sus otros hijos, y ahora padecen
diabetes, dolores de cabeza casi permanentes, insomnio, depresión y otros
malestares físicos y psicológicos a raíz de que afrontaron la terrible tarea de
buscar a sus hijos desaparecidos y exigir verdad y justicia a las autoridades.
El
señor Clemente reconoce que las 43 familias han evolucionado aun en medio de la
tragedia y lamenta que haya sido la falta de respuestas lo que les ha dado
fuerza para continuar con su objetivo.
En
la mente del padre de Christian Alfonso todavía está presente la imagen de la
puerta de una oficina de la policía municipal de Iguala a la que los padres no
tuvieron acceso pese a que él sugirió a personal de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos que se abriera.
“Me
pregunto: ¿y si hubiera tenido este valor que tengo ahorita? Yo hubiera abierto
esa puerta, pero tenía ese pinche miedo… Me acuerdo de un policía que dijo:
‘¿Qué chingados vienen a hacer aquí? Los vamos a desaparecer como a sus hijos’.
Estoy seguro que si estuviera como ahorita, con el coraje y la rabia, hubiera
dicho: ‘Quiero que le quiten este candado’, y a lo mejor encontrábamos a los
muchachos, a lo mejor ahí los tenían”, aventura.
Desesperado
porque ha hecho todo lo que estaba a su alcance para encontrar a su hijo, único
varón en su familia, reconoce que antes del 26 de septiembre de 2014 era un
hombre desinformado y que votó por Enrique Peña Nieto en 2012. Pero está
arrepentido y se siente burlado.
Este
sentimiento es peor, dice, porque mientras él participaba en brigadas de
búsqueda y movilizaciones para exigir la presentación de los estudiantes, “una
comisión de gobierno fue a ofrecer dinero a mi casa, 30 mil pesos, que dijeron
no era indemnización y que nos iba a seguir llegando dinero. Yo le dije a mi
esposa: ‘¡Mándalos a chingar a su madre!’ Somos pobres pero tenemos dignidad.
No hemos agarrado ni un peso del gobierno, aunque me digan mis parientes que
agarre el dinero y me conforme”.
“Los
tiene el gobierno”
María
Elena Guerrero Vázquez, mamá de Giovani Galíndez Guerrero, admite que los
padres y madres de los desaparecidos tienen la profunda convicción de no
aceptar recursos públicos como indemnización. “Que mejor usen el dinero en
buscar a los muchachos”, dice.
Ella
dejó las labores de su hogar para dedicarse a buscar a su hijo y señala que
gracias al apoyo de las organizaciones sociales, estudiantiles, y en algunos
momentos al boteo en casetas de cobro, han sobrevivido aun aquellos que
abandonaron sus empleos.
Esa
unidad y la esperanza de encontrar a sus hijos los mantiene de pie, a pesar de
que a dos años persiste la sensación generalizada de “impotencia muy grande;
hay coraje y frustración. Este gobierno nos tiene que responder porque es su obligación
decirnos la verdad y que se haga justicia”.
Originaria
de Arcelia, municipio de la Tierra Caliente guerrerense donde se registran
altos índices de violencia, doña María Elena atribuye la falta de
esclarecimiento de los hechos del 26 de septiembre de 2014 a que “el gobierno
tiene a los muchachos”. Argumenta: “Si fueron monitoreados desde que salieron
de la escuela, no pueden escudarse en el crimen organizado porque el C4
pertenece al gobierno”.
Se
refiere al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo o C4 de Iguala,
que según se ha comprobado estuvo reportando las actividades de los estudiantes
desde la toma de autobuses hasta que fueron atacados.
Al
señalar que no cree en la intervención del crimen organizado en la desaparición
(porque “los delincuentes no son tan malos; piden rescate y aparecen los
cuerpos”), afirma que en reuniones con el secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong y la procuradora Arely Gómez ha sostenido que el silencio
institucional sólo puede explicarse porque “hay gente de alto nivel
involucrada”.
Dice
que esta sospecha se acentuó recientemente entre los familiares de las víctimas
con el nombramiento presidencial de Tomás Zerón como secretario técnico del
Consejo Nacional de Seguridad, después
de haber renunciado a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría
General de la República (PGR), donde era investigado por las irregularidades
señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde
mayo pasado los padres y madres de los desaparecidos habían solicitado la
destitución y sanción de ese mando policiaco, pero en agosto se levantaron de
la mesa de diálogo de la PGR, ya que ésta no les presentó las conclusiones de
la indagatoria iniciada por la Visitaduría General.
“Sentimos
como una cachetada a la cara. Primero supimos que Zerón renunció, y a las dos horas Peña Nieto lo
subió de puesto. ¿Qué le pasa? ¿Quiere pisotearnos más, quiere vernos la
cara?”, dice indignada.
Recuerda
que en su primera reunión con el presidente de la República éste se comprometió
a hacer justicia. “Dijo: tope donde tope. Topó con Tomás Zerón y lo subió de
puesto. El presidente no tiene palabra. Nosotros, como mexicanos, ¿qué respeto
le podemos tener si es el presidente y no te defiende, no te responde como
debe? Eso es imperdonable”.
Agrega:
“A dos años, ya estamos despiertos y dispuestos a seguir luchando, porque
estamos muertos en vida. Esto no es vida: pensar en si tu hijo está bien, si ya
comió, si tiene frío, es una muerte psicológica que no se le desea a nadie”.
Unidos
por el dolor
El
agravio por el engaño de las autoridades prevalece entre los padres y madres de
los normalistas desaparecidos, advierte Melitón Ortega Martínez, tío y padrino
de Mauricio Ortega Valerio, estudiante originario de Malinaltepec.
Don
Melitón se ha convertido en uno de los voceros del grupo de padres y decidió
realizar la búsqueda junto a su hermano Leocadio, padre de Mauricio. Relata que
los familiares de las víctimas pasaron de la incertidumbre sobre el paradero de
los muchachos a la incredulidad, la indignación, el coraje y la total
desconfianza hacia el gobierno de Peña Nieto y la PGR, responsable de las
investigaciones.
Recuerda
que estos sentimientos cambiaron conforme recibieron información sobre las
fosas clandestinas, el basurero de Cocula y el Río San Juan, y después cuando
esas versiones fueron cayéndose con las investigaciones del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) y el GIEI.
Melitón
Ortega, quien dejó su puesto en la Dirección de Educación Indígena de Guerrero
por incorporarse a la búsqueda y a la exigencia de justicia, coincide con los
otros entrevistados:
“Lo
que ha generado más desconfianza es que las propias instituciones han desaparecido
las evidencias de cómo persiguen a los estudiantes, cómo los agreden, cómo los
suben a las patrullas, porque en cada espacio de Iguala había cámaras de
seguridad y se registró lo que pasó esa noche, pero cuando los abogados y el
GIEI piden que se muestren las imágenes, (las autoridades) dicen que no
existen. Es una gran mentira del gobierno. Eso lo único que significa es que no
hay voluntad para esclarecer lo que pasó.”
Reprocha
a las autoridades federales que no se investigue a miembros del 27 Batallón de
Infantería y que no se haya detenido al menos a dos policías federales
identificados plenamente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y quienes no intervinieron para evitar la desaparición forzada. Lamenta
que dos años después de la fatídica noche de aquel 26 de septiembre “no hay
nada: todo sigue en la impunidad”.
También
enumera las “comisiones” de funcionarios de los gobiernos estatal y federal
para ofrecer “dinero, becas, negocios, carros o plazas en el gobierno” a los
familiares de las víctimas antes de que el entonces procurador Jesús Murillo
Karam proclamara su “verdad histórica”. También recuerda los intentos de
“aislar a los padres en Tixtla” mediante retenes policiacos y las campañas
mediáticas dirigidas en estos dos años contra padres, abogados, víctimas,
estudiantes y miembros del GIEI.
Considera
que “la intención del gobierno era generar desconfianza y confrontación, así
como quebrar la relación entre el grupo de expertos, los padres de familia,
estudiantes y abogados. No lo lograron”.
A
decir de Ortega, ante la falta de respuesta de las autoridades, los integrantes
del GIEI les dieron esperanzas de esclarecer el caso, pero a partir de que se
dio por concluido su mandato en abril pasado “nos sentimos abandonados, nos sentimos
sin fuerza, sin esa energía de ir avanzando en la lucha”.
Posteriormente,
gracias al Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, los familiares de los
desaparecidos recuperaron la confianza en que “el mejor camino para seguir
buscando a los estudiantes es revisar que se vayan ejecutando las líneas de
investigación que dejó el GIEI, porque al gobierno no le creemos”.
Explica
que el grupo de familiares de las víctimas se concentra “en la búsqueda de
información” sobre el paradero de los jóvenes, pero también procuran “construir
acciones para hacer visible esta situación, que cada 26 haya una acción global
con la intención de que no se olvide el caso de Ayotzinapa, que no se apague la
llama de pedir justicia y verdad”.
Después
de dos años de convivir con los demás familiares, don Melitón sostiene que
además del respaldo social, los mantiene unidos su enorme pérdida:
“Nos
han visto fuertes, actuar con coraje. Sin embargo, somos sensibles, llevamos el
dolor en nuestra piel, ese sufrimiento de no encontrar la respuesta. Y no nos
queda otra, más que seguir caminando firmes.”
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