Responsabilidad, continuidad y convicciones

Responsabilidad, continuidad y convicciones/ Carmen Iglesias, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia

Publicado en EL MUNDO, 26/12/11;

Entre otras muchas cosas, Vaclav Havel -escritor, estadista, ciudadano ejemplar, persona valiente y buena, que acabamos de perder hace poco-, nos enseñó hace mucho tiempo que en esta vida teníamos que aprender a «vivir con huecos y fragmentos», no esperar que todo encajara con todo, sino saber que la realidad humana puede ser dura, compleja, cambiante y engañosa. Y aun así pactar con ella, pactar con los propios fracasos, para hacernos más fuertes, más conscientes, para seguir peleando contra toda resignación e injusticia y seguir confiando en la capacidad de las personas y de las instituciones democráticas que han costado históricamente muchos esfuerzos, sudor y lágrimas, de varias generaciones y que, como la tela de Penélope, son siempre perfectibles y sin final previsto.

Pensaba en ello mientras escuchaba el sábado el discurso de Navidad de nuestro Rey, en uno de los años más esperados por una opinión pública hipersensibilizada ante la prolongada crisis y con el agravante de las noticias constantes de que la corrupción codiciosa, que se ha ido conociendo sobre ciertos sectores del mundo político y económico, en esta ocasión había llegado, por primera vez, a tocar directamente a familiares de nuestra primera Institución. El discurso del Rey -que por lo demás será ampliamente comentado en sus detalles por todos los medios de comunicación-, estuvo una vez más, en mi opinión, a la altura de su responsabilidad y de sus convicciones, haciendo frente a los problemas nacionales y personales con los que se enfrentaba. Como decía el científico Richard Feynmann, «la integridad no consiste solo en no mentir, sino en mostrar en qué puede uno estar equivocado», y como norma científica bien puede ser aplicada a los asuntos públicos que a todos nos afectan.

El Rey no ha dudado en su larga trayectoria institucional en acomodar inteligente y políticamente la corrección necesaria con los principios que ha defendido desde el primer discurso de la Corona y el mensaje navideño de 1975 hasta hoy. A esa continuación y al tiempo rectificación si era preciso ante los cambios de la realidad, dediqué un breve estudio en el 25 aniversario de la Corona, precisamente como prólogo a la edición que Galaxia Gutenberg hizo de los mensajes navideños desde 1975 al 2000.

Además de insistir en estos discursos, año tras año, sobre el papel constitucional de la Corona, la unidad y pluralidad de España, la condena tajante del terrorismo de ETA -sobre todo en aquellos terribles «años de plomo» de los ochenta- y en la solidaridad con las víctimas, Europa y el mundo internacional, la recuperación de la propia historia evitando considerar al adversario como enemigo, la importancia de la alternancia y otras cuestiones y problemas -el paro juvenil, la emigración e inmigración-, más o menos coyunturales, hay desde siempre la preocupación por la calidad y el valor de las instituciones y por la importancia de una ejemplaridad ética pública, que no rompa «con el respeto a los valores morales y a las normas de conducta que deben regir» la vida de los hombres, debido a un «afán por alcanzar niveles económicos y sociales cada vez más sólidos y destacados» (1991). (Estábamos en plena era de la codicia acumulativa y de aquel dicho de un alto cargo político de que España era el país donde más fácil y rápidamente se podía hacer uno rico [¡!]) No es que se hiciera demasiado caso a tales mensajes, quizás, pero lo cierto es que el Rey cumplía con ese poder moderador y altamente simbólico que es esencial de la institución.

Ese poder moderador y simbólico, que da estabilidad y permanencia además de prestigio al sistema, es el que quisiera resaltar en un momento en que sobre todo en un sector joven, ya nacido en democracia, y falto de una conciencia histórica que vaya más allá de lo inmediato, prolifera el sentimiento de para qué puede hacer falta una Monarquía parlamentaria cuyo principio hereditario estaría en contradicción con el principio del mérito que, al menos doctrinalmente, es la base de una sociedad democrática. Y que es susceptible de generalizar el caso individual al colectivo institucional.

¿Cómo explicar o definir una institución como la monárquica en nuestra sociedad secularizada y meritocrática? Nietzsche ya señaló que «tan solo puede definirse aquello que no tiene historia». Y precisamente la monarquía occidental, que tiene sus raíces en la edad media y que atraviesa por etapas históricas tan diferentes como la medieval -con la idea siempre del rey gobernando junto con el «pueblo» y bajo el derecho natural-; la absolutista -con una soberanía que está en la cúspide del poder, pero con las limitaciones de las leyes fundamentales del reino y de la propiedad privada de las familias, además de las leyes divinas y el derecho natural-; la constitucional, en donde ya la soberanía o pertenece totalmente al pueblo o es compartida con el rey, y finalmente la actual parlamentaria, con soberanía exclusiva del pueblo español.

Y todos estos procesos rodeados de cambios económicos, sociales, demográficos y políticos que se configuran además de distintas maneras según las historias propias de cada región europea convertida en país y nación, y que van parejos con un cambio de mentalidades y de emergencia de grupos sociales que reclaman para sí la libertad y la igualdad ante la ley que durante siglos sólo había pertenecido a sectores privilegiados según las circunstancias históricas.

A partir del siglo XIX y especialmente en el XX, con la experiencia de los totalitarismos, se desarrolla una cultura política que, siguiendo una de las líneas principales de la Ilustración, pone el énfasis no en la dicotomía del sistema de gobierno «monarquía-república», sino en el de la «dictadura-democracia». Pues la realidad histórica demuestra que puede haber repúblicas dictatoriales y monarquías liberales y democráticas. La clave es que aseguren a los ciudadanos la libertad y la igualdad ante la ley, como derechos fundamentales.

Ya Montesquieu y los ilustrados habían insistido en que lo fundamental de un sistema político era que salvaguardara la libertad, para lo cual tenía que estar sujeto a ciertas limitaciones, y ello se podía lograr bajo una forma de gobierno o de otra. No siempre el poder del pueblo directo garantizaba la libertad, a veces lo contrario, como estudió Tocqueville. Lo que importaba era que fuera un régimen moderado, que unos poderes se contrapesen con otros, que sea posible el ejercicio de la libertad y el pluralismo social. Que la articulación entre poder y libertad esté plasmada en unas instituciones, fuertes y flexibles a la vez. Como señala entre otros Sternberger, no puede haber tampoco libertad sin Estado. Un Estado no intervencionista en la vida privada, pero que garantice el mantenimiento de las reglas de juego, la paz y seguridad suficientes para el desarrollo de los ciudadanos. Sólo bajo esas premisas, ya los ilustrados fundaron el principio de la nación, de la patria, del patriotismo, en el sentido constitucional: «Patria no era tanto el lugar de nacimiento, sino poder vivir en libertad bajo las leyes». En definitiva, la pregunta sobre el poder, como señaló Popper, no es tanto «quién debe gobernar» o «cuál es la mejor forma de gobierno» -en abstracto-, sino «cómo diseñar nuestras instituciones a fin de poder evitar o minimizar los daños que gobernantes incompetentes o deshonestos pueden causar». Y, como decía irónicamente uno de los grandes estadistas británicos, «la democracia es el peor de los regímenes posibles, si exceptuamos todos los demás».

La experiencia histórica y la historia particular de España en nuestro caso han demostrado que esa convivencia democrática se ha logrado bajo la monarquía parlamentaria, en una democracia basada en la soberanía del pueblo español, que tiene como cabeza y símbolo del Estado al Monarca. Desde el punto de vista de las formas políticas, sería para los clásicos un auténtico régimen mixto, el mejor de los posibles, un modelo de equilibrio, que evita entre otras cosas que la Jefatura del Estado esté sometida cada cuatro años a los vaivenes de toda política electoral, proporcionando una estabilidad y continuidad constante, al tiempo que es una Jefatura sometida a las limitaciones marcadas en la Constitución, incluido el refrendo.

Por lo demás, es el tipo de régimen adoptado por algunos de los países europeos de mayor desarrollo y goza de un prestigio internacional muy beneficioso para España. El discurso del Rey en 1975 resume y es ejemplo de una continuidad y una solidez flexible que se extiende hasta el de ayer noche: «La institución que personifico integra a todos los españoles -declaró en aquel momento fundacional-… El Rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos… deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo… Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función». En estos principios y en el respeto impecable a la Constitución y a los españoles ha crecido y madurado el heredero, a quien el Rey dedica su último párrafo del discurso de cada año. Su ejemplaridad pública está a la vista de todos.