Las víctimas de Províctima/Marcela Turati
Revista Proceso # 1875, 7 de octubre de 2012
Las críticas a la prácticamente inútil Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) se multiplican. Quienes acuden a ella son recibidos pero no encuentran solución a sus problemas. Proceso detectó que el personal de la dependencia no sólo carece de capacitación, sino que proviene de la PGR, la Sedena e incluso del Cisen, como presumen dos empleados. “Ese edificio tan grande –el de Províctima– no sirve para nada”, afirma una de las víctimas.
Cuando la comerciante tabasqueña Irma Monroy Torres acudió a las oficinas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) en la Ciudad de México a pedir ayuda porque su familia era perseguida por Los Zetas, fue atendida por un militar al que narró su historia. Y él envió un reporte de su caso… a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Me pasaron con un coronel que prácticamente no me creyó. Estábamos en contacto por correo electrónico con ese militar que tienen en Províctima y me mandó por accidente un correo que había enviado a la Sedena, en el que se refería a nosotras, que éramos unas víctimas fingidas, que no nos creía. Eran tres renglones. Pero el correo desapareció de mi cuenta. A mí se me hace que la hackeó, porque ya no apareció”, dice Irma.
La joven de 27 años que se acredita como egresada de comercio internacional del Tecnológico de Monterrey expone a Proceso la revictimización que su familia sufrió desde noviembre de 2011, cuando rafaguearon en las inmediaciones de su casa al empleado Trinidad Hernández Bautista.
Desde entonces, relata, junto con su madre y su hermana han andado a salto de mata, pidiendo ayuda inútilmente. Fueron desairadas por la procuraduría tabasqueña, la PGR, la Sedena, Presidencia de la República y hasta por el organismo creado este sexenio para la atención de víctimas.
Irma Monroy muestra un papel con el logotipo de Províctima, con formato preelaborado, en el cual manifiesta su conformidad “por la asesoría recibida el día de la fecha (24 de febrero de 2012)”, que consistió, según admite, en la integración de una averiguación previa y medidas de protección. Pero la engañaron, dice: “Te hacen firmar antes de ayudarte, pero nunca volvieron a recibirme”.
No es raro que integrantes de las secretarías de Seguridad Pública Federal, Marina, Defensa y Gobernación, además del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de la Procuraduría General de la República respondan las llamadas telefónicas o atiendan personalmente a la gente que solicita ayuda a Províctima.
La mayoría del personal de esta procuraduría, creada por decreto presidencial en noviembre de 2011 para atender a las víctimas de delitos de alto impacto (secuestros, desapariciones, extorsiones u homicidios) durante la lucha emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico, proviene de las Fuerzas Armadas y de las instancias de procuración de justicia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles han documentado violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios de esas dependencias, que reiteradamente son cómplices o autores de los crímenes que las víctimas denuncian en instancias como Províctima.
Personal castrense
Cuando la reportera solicitó en el conmutador de la dependencia que le hicieran un enlace al área de transparencia, al otro lado de la línea contestó una persona que se identificó como el “teniente Hernández”.El militar se disculpó porque transfirieron la llamada a un área equivocada. Entonces se escuchó cuando preguntaba a otro funcionario por la extensión de un tal “teniente coronel”, y ahí transfirió la llamada. En otra ocasión contestó a esta reportera un tal “capitán Palafox”.
Integrantes de las Fuerzas Armadas están incrustados en altos cargos dentro del organigrama de la instancia que brinda atención a las víctimas.
Todas las solicitudes de información pública sobre el funcionamiento interno de la dependencia son revisadas por el militar Gustavo Baltasar Guerrero, que cuando firma documentos o contesta el teléfono se presenta como “licenciado” y se quita su cargo castrense.
El centro de atención telefónica, que recibe llamadas de toda la República de personas que solicitan ayuda, es coordinado por el marino Leopoldo Hernández López.
El jefe de psicólogos, Jesús Moreno, proviene de la Secretaría de Seguridad Pública y estuvo asignado a Ciudad Juárez después de la masacre de Villas de Salvárcar.
Lilia Rebeca Valdés Arellano, la mujer que documenta las desapariciones de personas, cobra directamente en la oficina de Presidencia de la República. Ha hecho su carrera de la mano de Felipe Calderón, ya sea en el PAN o en la Cámara de Diputados.
Estos son algunos de los resultados del cruce de la lista de empleados de Províctima solicitada por Proceso a través de la Ley Federal de Transparencia y del historial que exhibe Declaranet sobre cada funcionario.
En el cruce de información es posible detectar que el marino Hernández, encargado de la atención telefónica, fue Jefe de Seguridad de la Heroica Escuela Naval Militar.
Llama la atención también que en la Subprocuraduría Jurídica de Províctima labora Eric Suzan Reed, un hombre que de 2008 a 2010 trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de espionaje de la Secretaría de Gobernación, donde fue coordinador de Operación Estratégica y subdirector de las áreas de Estudios Estratégicos y de Estrategias Políticas. Algunas de sus funciones –según Declaranet– consistieron en coordinar asuntos estratégicos y elaborar el programa para la seguridad nacional. Posteriormente fue directivo en el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El empleado Hugo Sergio Arévalo trabajó directamente en la oficina del titular de la SSP, Genaro García Luna. Su sueldo proviene de Presidencia de la República.
El empleado Jaime Ramírez Niño, del área de Sistemas, pasó antes por la empresa Hildebrando –vinculada a la familia de Margarita Zavala, la esposa de Calderón–, luego laboró en la PGR.
En las oficinas centrales de Províctima los pisos 3, 5 y 10 están llenos de trabajadores de la PGR.
De 214 empleados de planta en el Distrito Federal, 89 provienen de la PGR; la mayoría del área de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la que Sara Irene Herrerías Guerra –la actual titular de Províctima– era fiscal; otros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); unos más de la Secretaría de Gobernación. En algunos casos, aunque aparecen sus nombres, los empleados no están en las instalaciones de la dependencia.
Además, algunas víctimas señalan que los empleados Adolfo Ávila y Édgar Santiago, cuyos nombres no aparecen en la lista entregada por la dependencia, suelen decir a la gente que ellos trabajaban en el Cisen.
En su solicitud de información, Proceso no especificó–anteriormente sí lo había hecho– si el personal de Províctima recibió una capacitación antes de ser contratado. Esto porque el propio Calderón explicó que con la nueva procuraduría se acabaría la revictimización y maltrato que sufren los ofendidos por la delincuencia en las instancias de atención o procuración de justicia.
En una entrevista realizada en agosto pasado Herrerías Guerra dijo a la reportera que hasta ese momento las únicas clases que habían recibido los empleados las impartieron los mismos directivos de Províctima. Según un comunicado, el mes pasado parte del personal comenzó un diplomado en la Universidad Iberoamericana, financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Lo que significa que los empleados siguen arrastrando los mismos vicios de las dependencias donde laboraron.
Nido de judiciales
Desde su creación, la Junta de Gobierno de Províctima fue integrada por las instancias involucradas en “la guerra contra el narco”. En su página en internet aparecen, en el siguiente orden: Guillermo Galván, titular de la Sedena; Alejandro Poiré, de Gobernación; Mariano Saynez, de la Marina Armada de México; Genaro García Luna, de Seguridad Pública; Joseph Antonio Meade, de Hacienda; Heriberto Félix Guerra, de Desarrollo Social; Salomón Chertorivsky, de Salud; José Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Marisela Morales, titular de la PGR.
Los asientos destinados a la sociedad civil están ocupados por cuatro organizaciones cercanas a la administración calderonista: Causa Común, presidida por María Elena Morera; México SOS, del empresario Alejandro Martí; Alto al Secuestro, de la activista y excandidata del PAN al gobierno del Distrito Federal Isabel Miranda de Wallace, y la casi desconocida Camino a Casa, dirigida por Patricia Caso.
Según una investigación del reportero Arturo Rodríguez (Proceso 1812) esta última organización pertenece a la senadora panista Rosi Orozco, lideresa del grupo evangélico La Casa sobre la Roca. La misión de la fundación consiste en “realizar estudios socioeconómicos a personas físicas y menores de edad de escasos recursos que sufran violencia intrafamiliar, abuso sexual, lesiones físicas, maltrato psicológico, violación, explotación laboral y otras”.
Camino a Casa es beneficiaria de dos propiedades aseguradas a Vicente Carrillo Leyva, otorgadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Desde 2010 recibe recursos del gobierno del Distrito Federal. Es también una de las tres organizaciones civiles que forman parte del consejo consultivo en materia de trata de personas creado por la Presidencia de la República, tiene poder de decisión sobre el presupuesto del programa Proequidad, que financia proyectos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Asimismo, desde 2008 recibe montos indefinidos de la Secretaría de Gobernación.
Un empleado de Províctima narra a Proceso que en la última reunión del Consejo de Gobierno, la del 12 de septiembre, acudió la esposa del presidente, Margarita Zavala, así como varios mandos militares. Al final, dice, hubo caras largas, pues le reprocharon sus magros resultados a Herrerías Guerra.
El 29 de julio último este semanario publicó un reportaje en el cual señala que la Presidencia de la República inventó una encuesta, supuestamente realizada por la consultora Moctezuma & Asociados, sobre la opinión favorable de los usuarios de Províctima. Sin embargo la empresa negó haber hecho ese estudio (Proceso 1865).
El futuro de la procuraduría social, que de acuerdo con un análisis de información periodístico atiende más casos de violencia doméstica que delitos de alto impacto y cuyo trabajo se centra en el Distrito Federal y no en los estados afectados por la narcoviolencia, es incierto.
La atención que proporciona es básicamente apoyo psicológico, consultas médicas (aunque no se proporcionan medicamentos a las víctimas), orientación jurídica, gestión de becas escolares, programas productivos y viviendas, en el caso de las familias desplazadas. Sin embargo, por la premura de su creación –pues surgió por presión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia–, no tiene personal propio y el presupuesto asignado es sólo para el pago de sueldos.
Una estrategia equivocada
Nueve organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y familias de desaparecidos presentaron ante el Comité contra la Tortura el informe Desaparición forzada también es tortura, en el que enumeran los defectos de origen de Províctima:
“No tiene facultades para investigar ni para coadyuvar en la investigación del delito; no otorga derechos a las víctimas, por lo que hace difícil su exigibilidad; su competencia es únicamente para víctimas del fuero federal, no atiende a las del fuero local ni tiene competencia explícita para atender a víctimas de violaciones de los derechos humanos; la atención no se realiza desde un enfoque de derechos. Además, no tiene un programa especial para víctimas, sino que utiliza los programas con que cuentan las dependencias y a través de ellos brinda apoyo.”
Quizá lo más grave que han encontrado organizaciones que apoyan legal y psicológicamente a familias de desaparecidos, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fuundem) o la Fundación para la Justicia, es que el personal de la procuraduría social pide a las víctimas que firmen un documento en el que se desisten de sus representantes. Busca que la dejen sola.
Proceso tuvo acceso al formato preelaborado para ser firmado antes de recibir atención. Por la negación a la víctima de su derecho constitucional a ser representada las organizaciones presentaron una denuncia ante la CNDH.
Esta reportera ha recopilado testimonios de víctimas del Distrito Federal, Michoacán, Coahuila y Chihuahua, según los cuales Províctima juega un papel en el que lava la responsabilidad del Estado.
La familiar de una persona desaparecida en Chihuahua señala: “Querían hacernos llenar un formulario que incluía una leyenda de que reconocemos que no hubo privación ilegal de la libertad, con lo que excluyen la responsabilidad del Estado en la desaparición”.
Otra víctima de Michoacán, cuyo padre fue desaparecido por militares, señala: “Los de Províctima llaman a toda la familia, le piden fotos y luego las suben a un sistema que se ve por todo el mundo en el que registran a nuestros desaparecidos como extraviados, cuando nosotros sabemos que el Estado fue el culpable”.
Otra de las leyendas que contienen los formatos preelaborados es que Províctima no se hace cargo de lo que pueda suceder al familiar desaparecido si se publica su foto en las listas oficiales de personas extraviadas.
Para Blanca Martínez, del Centro de Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo, Fray Juan de Larios, “Províctima juega un rol no sólo de simulación, sino de clara obstrucción para la búsqueda, además de que niega derechos”.
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, señala que su poca independencia no la hace una instancia confiable para las víctimas.
Yolanda Morán, integrante de Fuundem porque busca a un hijo desaparecido, señala que la dependencia ha ocasionado conflictos en las agrupaciones de familiares organizadas para la búsqueda, ya que a algunas familias les ofrece dinero, casa, trabajo, despensa y a otras no las atiende, con lo que genera tensiones internas.
Existen quejas específicas contra el personal con nombre y apellido. Las familias de los jornaleros migrantes desaparecidos en Tamaulipas, que salieron de San Luis de la Paz y de Michoacán, coinciden en que Lilia Valdez, la funcionaria que en las listas aparece adscrita a la Presidencia de la República y que recibe 67 mil pesos de salario al mes, perdió sus expedientes.
En una reunión con las esposas de los migrantes le reclamaron que el apoyo que ellas querían era jurídico, pero las engañó, diciendo que iba a llamar a la PGR. En realidad llamó a las fuerzas de seguridad para que la rescataran porque, dice, Valdez se sintió intimidada (Proceso 1865).
“Ellos te dan el apoyo a condición de que asumas que tu familiar está muerto, si no no te lo dan”, explicó una de las mujeres.
Desde agosto, Proceso solicitó una entrevista a la titular de la dependencia, pero se ha negado por “exceso de trabajo”.
Un caso paradigmático
La tabasqueña Patricia Monroy Torres, desplazada por negarse a pagar la extorsión que le exigían las autoridades para seguir comerciando, continúa con su historia con Províctima.
En su primera cita, dice, la atendió la subprocuradora Patricia Bugarín (proveniente de la PGR), quien jamás volvió a comunicarse con ella. Luego la canalizaron con una psicóloga de nombre Laura.
“Una vez que fuimos –ella, su madre y su hermana– nos recibió la maestra Herrerías en una sala de juntas, le expresamos la situación y lo que necesitábamos, que se hiciera justicia, que se hicieran cargo de lo que nos pasó, a la balacera en la casa, al muerto, a todo. La señora dijo que nos iban a acompañar y sólo nos mandó al psicólogo y con el licenciado titular del jurídico, José Luis Quiroz, que se comprometió a darnos acompañamiento. Me hizo firmar un papel en el que constaba que habían hecho la integración de la averiguación previa, pero jamás sucedió, fue un engaño.”
Admite que se desesperó porque no la atendían, por lo que pidió le regresaran sus papeles.
“Yo estaba cansada porque llevaba 15 días citándome y cuando llegaba me daban una cita distinta que porque no estaba o tenía compromisos. Cuando le pedí mis papeles porque no nos dieron acompañamiento jurídico ni protección, la señora Herrerías se puso bien loca y quería que firmara otro papel. Nos dijo que no tenían personal para acompañar a la gente, nomás tienen gente prestada que a lo más que hacen es ayuda psicológica o te mandan a un centro de salud.”
Señala que dentro de esta cadena de tocar puertas su única ayuda fue un comandante de la 30 Zona Militar, de Villahermosa, que la noche en que asesinaron al señor Trinidad las ayudó a sacar sus cosas para que pudieran huir y las resguardó unas horas.
En delante encontraron todas las puertas cerradas. Ahora lo único que piden es una audiencia de cinco minutos con el presidente Calderón.
De Províctima, señala: “Ese edificio tan grande no sirve para nada y la señora Herrerías deja mucho que desear con su actitud hacia las víctimas
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