La estrategia secreta/Marcela Turati

La estrategia secreta/Marcela Turati

Revista Proceso # 1875, 7 de octubre de 2012

En el frenesí militarista del sexenio de Felipe Calderón pasó inadvertido un programa que pretendía superar los peores obstáculos de las zonas más marginadas del país, muchas de ellas bajo el dominio del narco. Se llama Proyecto de Desarrollo Regional y se dirige desde la Sedesol, pero lo operan profesionales con experiencia en trabajo de campo formalmente desvinculados del gobierno; por ello se sospecha que tiene un componente de labor de inteligencia, a lo que contribuye el hecho de que se coordina también desde Gobernación.

En mayo de 2010 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reclutó a exfuncionarios con sensibilidad social, experiencia en trabajo de campo bajo condiciones difíciles y perfil bajo, a quienes les asignó una misión secreta financiada por varias secretarías de Estado y codirigida por Gobernación: penetrar en zonas narco o de alta violencia para diseñar proyectos que permitieran al gobierno recuperar esos territorios perdidos.

Cerca de 40 hombres y mujeres fueron enviados a las zonas peligrosas de la Sierra Tarahumara (Chihuahua), La Huacana (Michoacán), la Costa Chica y La Montaña (Guerrero), Selva, Arteaga y la zona zapatista (Chiapas), Badiraguato (Sinaloa), El Triángulo Dorado (la zona de la Sierra Madre donde se unen Sinaloa, Durango y Chihuahua), la Sierra Sur y los Loxichas (Oaxaca), la sierra cora-huichola (Nayarit y Jalisco) y La Huasteca.

Cada equipo de trabajo se designó con las siglas GTOR (Grupo Técnico de Operación Regional). El plan, que continúa en operación, lleva un nombre que le permite pasar desapercibido: Proyecto de Desarrollo Regional.

El trato con los seleccionados fue que cobrarían un salario como asesores externos para no aparecer en nómina, que autofinanciaran los viáticos con ese sueldo y viajaran bajo su propio riesgo a las zonas peligrosas. En la lógica de no dejar rastro documental alguno, no se les dio acreditación como funcionarios de gobierno ni teléfono celular. En caso de que tuvieran problemas, la Sedesol negaría conocerlos.

A cambio, ellos debían hacer estudios de campo que indicaran los principales conflictos en la zona, tejer tratos con líderes y autoridades locales, así como seleccionar con ellos las obras sociales más urgentes y diseñar, cotizar y gestionar los proyectos que impulsaran el desarrollo.

“Es un programa de desarrollo alterno que busca inhibir la inclusión de los jóvenes al narco. Hay que hacer diagnósticos de las zonas de riesgo y dar opciones de cómo se podría trabajar ahí. Detonar proyectos de infraestructura, romper territorios narco abriendo carreteras, por ejemplo”,explica uno de los contratados.

Tres personas entrevistadas por Proceso, conocedoras de la estrategia, sospechan que el programa también tenía funciones de “inteligencia”y de “seguridad nacional”. Dos más señalaron que su misión es netamente social. Una de ellas dijo en su defensa: “No somos orejas ni ponemos dedos”.

La estrategia arrancó en marzo de 2010 bajo el mando del jefe de la Unidad de Microrregiones, Germán Palafox, quien renunció a la dependencia al final de ese año, en el que se estrenó como secretario Heriberto Félix Guerra. El jefe directo de Palafox era el subsecretario michoacano Luis Mejía, amigo de Felipe Calderón.

Sin embargo, a decir de uno de los entrevistados, muchas de las decisiones las tomaba Enrique Pérez Mota (o Motta) desde Gobernación. Se sabe que ingresó a la dependencia junto al actual secretario Alejandro Poiré y participó en la coordinación de asesores hasta diciembre de 2011, cuando fue designado nuevo titular del área.

“Pérez Mota tenía gran peso en las decisiones de Sedesol. De él dependían varios analistas que estudiaron en Harvard, en Londres…Nosotros los escuchábamos, pero teníamos nuestros conocimientos, nuestros criterios y la experiencia de campo”, explica un exintegrante del equipo que trabajó en la Sierra Sur de Oaxaca.

Además de la Sedesol y Gobernación, las dependencias involucradas en el programa son Agricultura y Ganadería, Comunicaciones y Transportes, Reforma Agraria, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria. Con el tiempo, según lo planeado, se incorporarían las secretarías de Salud, de Medio Ambiente y de Educación Pública.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dotó a cada equipo de un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permite colocar bases de datos sobre mapas satelitales para medir con precisión distancias y topografías, y localizar geográficamente cada punto señalado.

De esta estrategia tuvo conocimiento el presidente Felipe Calderón.

Programa de impacto

Durante 2010 y parte de 2011 los equipos de todas las regiones tuvieron reuniones mensuales de planificación en el Distrito Federal, en las que recibían cursos de análisis de la situación, liderazgo, desarrollo social, y programas y proyectos sociales. También evaluaban los avances y daban una explicación rigurosa de su trabajo: con quién sostuvieron reuniones, cuál era su diagnóstico.

En entrevista con Proceso, un técnico que perteneció al equipo que trabajó en la Sierra Sur de Oaxaca, y quien pidió el anonimato porque ahora labora por su cuenta en la región, narra: “El programa está bien orientado, es para tener un desarrollo social de otra naturaleza, de más impacto, con la participación de la gente. (…) Pero era tardío. Hasta 2010 se quiso salvar lo que ya no se podía”.

Los ejes del proyecto eran: productivo, de infraestructura (carretera, electricidad, agua potable), problemas agrarios, así como salud y educación. En Oaxaca se puso énfasis en la resolución de los conflictos agrarios ya descompuestos.

“¿Qué peso tiene la Sedesol? No sé, si la que manda y decide es Gobernación. Para mí, tenía su componente de seguridad nacional muy discrecional, más que de desarrollo social. No sólo por la presencia de Gobernación, también porque las características de esas regiones es que tienen gran conflictividad, narcotráfico, violencia, bajo índice de desarrollo humano y alta marginación”, explica el técnico.

Recuerda que en una ocasión el narco amenazó a sus compañeros que trabajaban en Michoacán. “Fueron asaltados en su habitación, hasta las computadoras les robaron, pero optaron por quedarse en la zona, y ahí siguen. No había ninguna responsabilidad institucional con nosotros, era decisión propia si te quedabas o te ibas. Era un misterio de dónde nos pagaban: no estábamos en nómina de ninguna de las secretarías, éramos externos”.

Este sociólogo no sabe si los proyectos que la gente eligió como prioritarios para detonar el desarrollo se concretaron; relata que siempre hubo problemas para encontrar financiamiento para obras millonarias, como abrir carreteras por las serranías o llevar electricidad.

“En una reunión nos dijeron que a Felipe Calderón le encantó el proyecto”, explicó el entrevistado, quien considera que el próximo presidente debería continuarlo.

“Ojalá lo vieran transexenal porque el proyecto está bien. Era ir de comunidad en comunidad, que la gente lo conociera, que la misma gente organizada eligiera sus prioridades de desarrollo. El problema aquí es que fue tardío, apresurado, ya no había tiempo de combatir lo que querían combatir y al final Gobernación tomó la batuta de las decisiones. Tampoco tuvimos la certeza de que hubiera dinero para las obras que señalamos que se necesitaban.”

El reclutamiento

A inicios de 2010, la Unidad de Microrregiones buscó a los exfuncionarios que de 1995 a 1997 estuvieron involucrados en el Programa Las Cañadas, orquestado desde la Sedesol para satisfacer las demandas sociales del EZLN, cuando Carlos Rojas era el titular de la secretaría y Carlos Salinas de Gortari, el presidente. Se sabía que ese programa aplicado en la zona zapatista, que los críticos tildaron de“programa contrainsurgente”, había operado en bajo perfil con buenos resultados y la aprobación de las comunidades.

Mario Cañedo, su creador, dice en entrevista telefónica que el Programa Las Cañadas buscaba que la población, a través de asambleas comunitarias, decidiera sus proyectos prioritarios –como agua, luz, camino, escuela, vivienda–, organizara sus consejos consultivos, propusiera a los contratistas y supervisara las obras.

Para su operación se crearon los Centros de Atención Social (CAS), que se convirtieron en oficinas microrregionales que conjuntaban las acciones de todas las dependencias federales y las empataban con las demandas seleccionadas por cada comunidad.

Asegura Cañedo que gracias a su trabajo bajo palabra, fuera de la lógica institucional, implantaron centros incluso en comunidades emblemáticas zapatistas, donde la gente participaba porque entendían que las acciones eran “con ellos” y “lo que ellos y como ellos pidieran”.

“No era un programa contra los zapatistas, como se ha dicho, sino era un programa de desarrollo social (…) se buscaba atender la gran exigencia de los compas del EZLN de que tenía que haber justicia”, dice.

Su equipo de trabajo estaba conformado por cerca de 90 antropólogos, sociólogos, economistas, ingenieros y agrónomos, así como promotores comunitarios, que él seleccionó y entrenó para el trabajo de campo.

En 2010, Cañedo fue llamado a la Sedesol para que participara en el proyecto calderonista que buscaba resultados parecidos a los del Programa Las Cañadas en las zonas dominadas por el narco.

Cuando se le pregunta sobre este tema, explica: “A mí me invitaron. Si recuerdo bien, no eran programas de desarrollo; eran casi de inteligencia. Me pidieron que fuera a armar el programa, pero cuando me di cuenta que era Gobernación-Sedesol dije no, porque no era en las zonas de conflicto sino en las zonas críticas con este rollo de la delincuencia. Y no es que sea peligroso, pero ahí se requiere un programa grande con una visión, con mucha decisión y lana de a deveras”.

Según lo que le explicaron y lo que se acuerda, el nuevo proyecto iba a operar en la Tarahumara, La Montaña en Guerrero, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Durango y Zacatecas.

Cañedo dice que algunos miembros de su antiguo equipo, que trabajaban con él en la entonces Dirección General de Organización Social de la Sedesol, fueron invitados, pero no se ha enterado si alguno aceptó.

“Un amigo que no estaba en la Sedesol me llamó varias veces. Me dijo: ‘te anda buscando Félix’, y pregunté para qué. Me explicó, pero yo no quise y ya nunca nos vimos. La verdad, no sé cuál era la estrategia”, comenta.

Se sabe que la Sedesol reclutó también a exfuncionarios de la dependencia, que anteriormente habían hecho trabajo de campo y tenían buenas recomendaciones.

El extitular de la Sedesol y exsenador Carlos Rojas dijo a esta reportera que no tiene conocimiento del plan.

Otro exintegrante del equipo de Las Cañadas, quien tuvo información sobre el proyecto calderonista, indica que han ocurrido roces entre gobiernos municipales y las delegaciones estatales de la Sedesol porque los técnicos entran sin pedir permiso a las autoridades.

“Se meten a localidades duras y peligrosas, pero no han logrado coordinar estrategias de desarrollo. Para mí, también tiene otro trasfondo: ir a ver esas zonas con producción de enervantes y con problemas sociales”, especula.

Un técnico que trabaja en el actual proyecto explicó que desde 2011 todos los equipos hicieron propuestas de desarrollo de obras, fortalecimiento municipal, seguridad pública, salud y asistencia social, que en su mayoría se han quedado en diagnósticos.

Y lamenta: “Por ahora parece imposible articular propuestas de desarrollo de efecto inmediato contra el ofrecimiento del narco”.Molesto por las opiniones de que este es un plan de “inteligencia”, defiende la actuación de su equipo: “No somos orejas ni ponemos dedos, si lo fuéramos no nos dejarían trabajar donde trabajamos o ya no estaríamos aquí”.

Bajo el anonimato, por lo delicado de su misión, menciona las condiciones de trabajo: “No tenemos seguridad social ni celular. La instrucción que nos dieron fue: ‘si ven un riesgo o un conflicto, sálganse de inmediato’, pero han pasado cosas: detuvieron a dos en Michoacán, a uno con pistola; a otra compañera la amenazaron con violarla”.

Varios participantes del programa coincidieron en que tienen la intención de que el proyecto sobreviva al cambio de sexenio y obtenga un financiamiento que le permita operar por largo plazo con recursos suficientes, hasta que pueda otorgar nuevas formas de desarrollo a las comunidades cautivas por el narcotráfico y afectadas por la extrema violencia.