Un amasijo de conflictos... que se articuló

Un amasijo de conflictos... que se articuló/ARTURO RODRÍGUEZ Y PEDRO MATÍAS

Revista Proceso # 2069, 25 de junio de 2016

Oaxaca es un hervidero de conflictos agrarios, mineros, electorales, indígenas, estudiantiles… más de una treintena, según la Segob. Sin contar con las heridas que dejó abiertas el movimiento de la APPO hace 10 años. Ahora, opinan algunos de los actores sociales y políticos oaxaqueños, la matanza de Nochixtlán vino a articularlos, con el añadido de que el gobernador Gabino Cué, señalan, ha sido más incapaz de resolverlos que sus antecesores.

Hasta el pasado diciembre Oaxaca acumulaba 31 conflictos sociales –además de la resistencia magisterial a la reforma educativa–, lo cual convierte a la entidad en la segunda más conflictiva del país, sólo superada por Chiapas.

Un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, había hecho un balance pormenorizado donde destacaban 15 conflictos relacionados con proyectos mineros o energéticos.

La instancia federal apuntaba que en la mayoría de los casos el origen de los conflictos se ubica en la falta de reconocimiento a los derechos indígenas y explicaba que la ausencia de garantías había “configurado un escenario de confrontación, gestando conflictos en las comunidades donde no se resolvían los ya existentes”, con lo que se afectaba “gravemente a los pueblos y la gobernabilidad democrática”.

 Esos conflictos no estaban articulados. Ahora, con el añadido de las inconformidades por el proceso electoral del pasado domingo 5, la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa y los saldos del conflicto de 2006, todos terminaron embonando desde hace semanas, y en especial tras lo ocurrido en Nochixtlán el pasado domingo 19, advierte Miguel Ángel Vázquez de la Torre, del comité directivo de la organización civil Educa.

 Vázquez de la Torre lo explica: las elecciones terminaron con el regreso del PRI y cancelando la incipiente alternancia en la entidad, dejando una percepción de fraude en ciertos sectores de la población que, sin embargo, no encontraron una fuerza que catalizara su inconformidad.

 Otro aspecto tiene que ver con las otras reformas estructurales y su impacto en Oaxaca. Si bien dichas reformas son complejas y no se expresan como tales en las comunidades, sí hay oposición a las consecuencias de dichas reformas. Es el caso de la de telecomunicaciones, a consecuencia de la cual sólo en lo que va de 2016 la Policía Federal ha decomisado transmisores y equipo de cinco radios comunitarias.

 Y naturalmente la energética. Junto con Oxfam, Educa estudió el impacto de los proyectos energéticos en Oaxaca y sus conclusiones son devastadoras. Las inversiones en la refinería de Salina Cruz, los parques eólicos y las minas, lejos de generar desarrollo provocaron una profunda desigualdad.

 Un tercer aspecto, considera Miguel Vázquez, es que “hay una línea de transición de 2006 que polarizó a la sociedad oaxaqueña, estigmatizó no sólo a la CNTE sino a todas las organizaciones sociales, provocando encono, odio, señalamientos y estigmas”.

 Dos estudios de Educa, basados en información oficial, muestran que en la entidad hay 35 proyectos mineros en activo pero 407 concesiones mineras que aún no se explotan. La misma organización documentó que casi medio centenar de proyectos hidroeléctricos están en etapa de estudio. Lo anterior se suma a los parques eólicos que ahora saturan la fisonomía del paisaje del Istmo de Tehuantepec.

 La revisión de datos permite observar que es el Istmo donde se ubica la mayor parte de los proyectos energéticos; y en la Mixteca y los Valles Centrales, el mayor número de concesiones mineras. Fue en esos lugares donde se desataron los operativos policiacos del sábado 18 y el domingo 19 pasados.

 Todos los conflictos existían antes de Nochixtlán, pero lo ocurrido ahí los articuló, considera Vázquez de la Torre.

 La referencia de 2006

 Una referencia obligada por estos días es el conflicto de 2006. Diferentes actores de aquellos hechos, consultados por este semanario, advierten una diferencia notable en el hecho de que hace 10 años las protestas se centraron en la ciudad de Oaxaca, y esta vez se encuentran en todas las regiones del estado.

 Flavio Sosa, quien fuera integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), agrega a lo anterior la ausencia de un reclamo político, por ejemplo para pedir la renuncia de alguien, como ocurrió en 2006. La cuestión había sido un diálogo sobre la reforma educativa que el gobierno no aceptó y entonces muchas organizaciones presentes en el estado se solidarizaron con la CNTE.

 Para Sosa hay un linchamiento contra las organizaciones, al grado de que se les ha querido acusar de lo ocurrido en Nochixtlán, con un ejército de columnistas y medios nacionales que crean la percepción de que están detrás de la violencia y tienen vínculos con la guerrilla.

 “Lo que hubo fue una respuesta espontánea de una población agraviada que salió a defenderse y que simpatiza con los maestros.”

 Y es que, según Sosa, los diferentes reclamos se hayan articulado en el estado no es casual, pues en la mayoría de las comunidades son maestros quienes encabezan los procesos de protesta.

 A lo lago de la semana Proceso documentó los diferentes movimientos que realizaron marchas y expusieron reclamos. Lo mismo estudiantes que el clero le reclamaron al gobierno de Gabino Cué y al federal el ataque a Nochixtlán y Hacienda Blanca. Además, ocho sacerdotes de la diócesis de Tehuantepec denunciaron las operaciones policiacas desarrolladas en su zona entre el 17 y el 19 de junio pasados.

 “La policía llegó a golpear y con una avioneta lanzó gases lacrimógenos desde la medianoche, el ataque fue intensísimo contra los maestros de Salina Cruz y después con los de Tehuantepec, ya por la tarde habían atacado a los de Zanatepec.

 “A la vez se desarrollaba un extenso operativo de búsqueda de dirigentes políticos, sindicales, de organizaciones populares, para asesinarlos. Según el cálculo de la policía con eso se terminaría la subversión (sin contar) que la Policía Municipal aprovechó para saquear comercios”, dijeron.

 En cualquier caso, la crispación istmeña creció. Paradójicamente, los habitantes del Istmo habían mantenido una resistencia contra los proyectos eólicos por la vía judicial, tramitando amparos, exigiendo una consulta indígena. Hoy están en las calles.

 Además, en un hecho inédito, los pueblos mixes o ayuuk; zapotecos del Istmo, Sierra Juárez y Sierra Sur; los mixtecos; los tacuates y los huaves o ikoots salieron a expresar su indignación por el desprecio “que los gobernantes tienen por los derechos humanos”. Denunciaron la flagrante violación al derecho a la vida de los paisanos mixtecos movilizados en apoyo al movimiento magisterial.

 En San Pablo Guelatao, el presidente municipal Juan José García, y los habitantes de Teococuilco de Marcos Pérez, San Miguel Amatlán, Santa Ana Yaneri, San Miguel Aloapan, Jaltianguis y Capulalpan de Méndez, así como la Unión Liberal de Ayuntamientos, marcharon a Ixtlán.

 De igual forma en el sector Zoogocho, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez y los mixes en Tamazulapan del Espíritu Santo exigieron el retiro de la Policía Federal y la Gendarmería, al tiempo que pidieron al pueblo de México no tolerar la represión y la criminalización de la protesta social.

 Lo errores de Cué, el vacío de poder y el dogmatismo del gobierno de Peña Nieto motivaron la articulación de procesos sociales que estaban desvinculados, considera Flavio Sosa.

 Gabino acabó el trabajo

 El apoyo del magisterio y los movimientos sociales a Cué le garantizaron la gubernatura en 2010. La alianza se tradujo inclusive en cargos públicos para integrantes de organizaciones sociales a las que ahora persigue, como es el caso de Comuna y muy señaladamente, el Frente Popular Revolucionario.

 Para Flavio Sosa, integrante de Comuna, hay un vació de poder, no tiene interlocución y ahora, al señalar a “infiltrados” en los hechos de Nochixtlán, se refirió en particular a las organizaciones que con anterioridad eran sus aliados.

 Y su gabinete se cimbró. A raíz de los hechos de Nochixtlán, los secretarios de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y del Trabajo, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, renunciaron, mientras las organizaciones aliadas y la cúpula estatal, diputados federales y locales del PRD, que lo llevaron a la gubernatura, no sólo rompen su alianza con Cué, sino que adelantaron que promoverán un juicio político al gobernador.

 El coordinador de los diputados federales, Francisco Martínez Neri; el vocero del Sol Azteca, Sergio López Sánchez, e integrantes de la dirigencia, responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal de la violencia.

 “Nos deslindamos del gobernador Gabino Cué Monteagudo, como instituto político, y reprobamos su conducta de represión y lo señalamos de lo que hoy vive Oaxaca”, denunció el también exsecretario de Cultura en la presente administración.

 A menos de 24 horas de los hechos de Nochixtlán, Adelfo Regino Montes presentó su renuncia al cargo de secretario de Asuntos Indígenas, en el que estuvo casi cinco años a invitación de Cué.

 Regino Montes fue más directo al afirmar que “lo que hizo Ulises (Ruiz Ortiz), este amigo (Gabino Cué) lo completó (con la agresión) y ahora la rebelión se fue a los pueblos”.

 Considera que la renuncia era lo mínimo que podía hacer ante la agresión en Nochixtlán; y ahora “los pueblos se van a levantar” porque Cué desde julio de 2015 “entregó la plaza al PRI”.

 Especializado en asuntos indígenas, confiesa que en la Mixteca, en los Mixes, en la Sierra Juárez y en la Sierra Sur, las comunidades sostienen asambleas y están muy molestas y van a reforzar a los maestros: “La rebelión se fue a los pueblos, entonces el asunto está delicadísimo”.

 Los pueblos mixtecos decidieron reforzar la barricada en Nochixtlán y “no hay policía ni ejército que puedan quitarlos y el miércoles bajan los pueblos mixes y esto no lo hizo ni Ulises Ruiz”, dice en referencia al gobernador priista que generó el conflicto de 2006.

 Un día después, Daniel Gutiérrez Gutiérrez presentó su renuncia como secretario del Trabajo en protesta por las acciones autoritarias que reprimen y asesinan a oaxaqueños que defienden sus derechos.

 El represor

 La dirigencia de Comuna, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y otras organizaciones tienen medidas cautelares por el riesgo que para ellos implica su activismo en la entidad. En el último año han sido objeto de amenazas, hostigamientos y campañas de desprestigio.

 No toman a la ligera las publicaciones de medios editados en la Ciudad de México que los acusan de provocar la violencia, los llaman guerrilla o los estigmatizan como conflictivos, anulando así la agenda de demandas del magisterio y las comunidades indígenas.

 En el informe del Comité Cerezo, publicado en agosto de 2015, la tendencia represiva en Oaxaca era notable, pues se ubicaba entre los primeros estados con más casos de ataque a dirigentes sociales: 14 detenciones arbitrarias, cinco ejecuciones extrajudiciales y 14 desaparecidos del movimiento social, sólo entre 2013 y mediados de 2015.

 En agosto de 2013, a la mitad de su administración, el corresponsal de Proceso en Oaxaca, Pedro Matías, obtuvo una declaración que ya marcaba esa tendencia. Joaquín Rodríguez Palacios declaró que en los tres primeros años del gobierno de Cué suman 164 los asesinatos de líderes sociales o defensores de derechos humanos, políticos y por conflictos agrarios.

 Hasta agosto de 2013 Cué superaba ya los cometidos en la administración de Heladio Ramírez López, donde sólo fueron documentados 97 casos; en el sexenio de Diódoro Carrasco, 87; con José Murat Casab, 85, y con Ulises Ruiz, 108.

 El dirigente del FPR, Macario Otalo Padilla, acusa en entrevista con Proceso la forma en que han señalado a las organizaciones sociales como responsables de la violencia. Luego de hacer un balance de los conflictos por proyectos energéticos, afirma que lo ocurridó en Nochixtlán y el Istmo, fue algo planeado con precisión, con el objetivo de distanciar a los movimientos sociales de la Sección 22, y “así poder cumplir los compromisos trasnacionales de Peña Nieto”.

 Otalo insiste en negar que el FPR sea violento o que forme parte de la guerrilla: “Somos una organziación política abierta, que busca el diálogo y los acuerdos”.