Revista
Proceso
#2069, 26 de junio de 2016.
Diálogo,
pide la Iglesia católica//RODRIGO
VERA
El
día de la represión en Nochixtlán, las arquidiócesis de Oaxaca y la diócesis de
Tehuantepec advirtieron el grave riesgo que entrañaba la postura inflexible del
gobierno federal. Una vez derramada la sangre, el episcopado mexicano y la
orden de los jesuitas llaman a la administración de Enrique Peña Nieto a que
dialogue con la CNTE sobre la reforma educativa “propuesta por unos cuantos” y
deje de usar la fuerza de las armas para doblegar a los maestros disidentes.
Instancias
de la Iglesia Católica en México, entre ellas la arquidiócesis de Oaxaca, la
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Compañía de Jesús, le piden al
gobierno federal que dialogue con el magisterio disidente y deje de utilizar
“la fuerza” y las “armas de fuego” contra la “ciudadanía en general” que apoya
a los maestros, como ocurrió el pasado domingo 19, en Nochixtlán, Oaxaca, pues
este acto represivo violó los acuerdos en la materia adoptados en la ONU.
Dichos
acuerdos indican, entre otros puntos, que el gobierno debe utilizar armas “no
letales” para proteger la vida humana y reducir al mínimo los “daños y
lesiones” entre los manifestantes, además de proveer asistencia y servicios
médicos a las personas afectadas.
Por
su lado, la diócesis de Tehuantepec, presidida por Óscar Campos Contreras,
pidió a las “autoridades y maestros” poner “la razón por encima de la pasión” y
“tender puentes de diálogo” para resolver sus conflictos.
Y
advirtió: “Lo que se consigue con autoritarismo o violencia sólo puede
alimentar respuestas de la misma naturaleza. Autoritarismo y violencia son dos
caras de la misma moneda”.
Aseguró
que el conflicto magisterial afecta principalmente a los niños y a los jóvenes,
“cuyo futuro no puede verse como moneda de cambio para los intereses de
cualquier grupo. Nadie debe hipotecar el porvenir de las nuevas generaciones”.
El
lunes 20, un día después del ataque, la arquidiócesis de Oaxaca lanzó otro
comunicado en el que lamentó “profundamente” ese hecho e hizo un llamado “a la
sensatez, a la prudencia”. Y añadió que habilitó el templo de Nochixtlán para
que ocho médicos, 12 enfermeras y 20 voluntarios ofrecieran primeros auxilios,
material de curación y víveres a la población afectada.
Por
su lado, Arturo Lona, obispo emérito de Tehuantepec y presidente del Centro de
Derechos Humanos Tepeyac, ubicado en el istmo, dice a Proceso que la Iglesia
continúa proporcionando víveres a la población más necesitada en esa zona, ya
que el bloqueo de carreteras, producto del conflicto magisterial, ha provocado
el desabasto. “Nuestro problema más inmediato es el bloqueo de carreteras. Esto
provoca que muchas comunidades estén padeciendo hambre. Como siempre, los
pobres son los más afectados”, lamenta.
“Aquí
en la diócesis de Tehuantepec hacemos todo lo posible por librar este bloqueo.
Tenemos una flotilla de camionetas para llevar a las comunidades más apartadas
alimentos básicos: maíz, fríjol, arroz, azúcar, manteca… Las llamamos las
caravanas de la misericordia”.
–¿Colaboran
con ustedes organizaciones sociales?
–Por
supuesto, varias organizaciones y el Centro Tepeyac estamos consiguiendo
víveres aquí y allá. Algunas parroquias se han habilitado como centros de
acopio y son los jóvenes quienes están más activos.
Lona
señala que las fuerzas policiacas también han reprimido manifestaciones en esa
zona del Istmo, aunque no al grado extremo de Nochixtlán.
“Ya
se veía venir un enfrentamiento sangriento. Yo siempre estoy haciendo llamados
al diálogo y a la cordura. Hace falta que las partes se sienten a platicar. No
debe haber cerrazón”, dice el obispo emérito, considerado uno de los personajes
más representativos de la llamada opción por los pobres.
Mientras
que Campos Contreras exclama: “¡El diálogo! ¡El diálogo! Esa ha sido siempre la
insistencia de la Iglesia en Oaxaca. No debe haber ni cerrazón política ni
cerrazón ideológica entre las dos partes en conflicto”.
–¿Los
obispos de Oaxaca estarían dispuestos a servir de mediadores entre el gobierno
y la CNTE?
–Si
nos lo pidieran, sí. La Iglesia podría hacer ese servicio en la medida de sus
posibilidades, ya que para realizar estas labores se requiere cierta
cualificación jurídica y una visión integral del problema. Nosotros podríamos
aportar lo que tenemos. Con gusto lo haríamos.
“Sin
embargo, en el terreno de la mediación se requiere antes que nada que el
mediador sea aceptado por las dos partes en pugna. De lo contrario, la
mediación se debilita o resulta ineficaz. Afortunadamente acaba de surgir una
comisión de mediación integrada por laicos, algunos de ellos muy relacionados
con la Iglesia y además con experiencia de mediación en el conflicto zapatista,
como es el caso de Pablo Romo y Miguel Álvarez.”
Campos
Contreras dice a este semanario que, hasta el momento, los obispos de Oaxaca
han respondido un tanto aisladamente al conflicto en el estado, cada uno
tomando determinadas medidas en sus respectivas diócesis, aunque todas
encaminadas al diálogo y a la reconciliación.
Y
adelanta: “En los próximos días, los seis obispos que conformamos la Provincia
Eclesiástica de Oaxaca emitiremos un comunicado conjunto. Acordaremos acciones
comunes a seguir, pues todos nosotros estamos muy preocupados por el clima de
violencia en la entidad; no queremos más masacres ni situaciones de violencia”.
Aparte
de la arquidiócesis de Oaxaca y de la diócesis de Tehuantepec, a esta provincia
eclesiástica la integran cuatro circunscripciones más: las diócesis de Tuxtepec
y la de Puerto Escondido, así como las prelaturas de Huautla y de los Mixes.
Reforma
de unos cuantos,
represión
ilegal
El
pasado jueves 23, la CEM –máximo órgano de la jerarquía católica del país y que
aglutina a los más de 100 obispos– dio a conocer su postura oficial sobre el conflicto
en un comunicado en el cual afirma que la reforma educativa no debe ser
“propuesta de unos cuantos”.
Agrega:
“Es indispensable crear alianzas, tejer redes y despertar sinergias entre
familia, escuela, educadores, empresarios, gobernantes, medios de comunicación
e iglesias, colocando siempre a la persona humana y su dignidad como el
fundamento y destino de toda política y acción educativa”.
Elaborado
por su Comisión para la Pastoral Social, el comunicado de la CEM recalca: “Es
necesario sentarse a discutir con todos los involucrados el tipo de proyecto
educativo y la reforma correspondiente a la altura de las necesidades de la
emergencia educativa que vive nuestro país”.
También
expresa sus condolencias al pueblo de Oaxaca –sobre todo a quienes perdieron
familiares o resultaron heridos en los enfrentamientos de Nochixtlán–,
señalando que la jerarquía católica opta por el “diálogo” y “por reconstruir el
tejido social”.
A
su vez la Compañía de Jesús, la combativa congregación religiosa a la que pertenece
el Papa Francisco, le hizo un fuerte reclamo al gobierno de Enrique Peña Nieto;
le recordó que sus actos represivos contra el magisterio disidente ya se
extendieron “hasta la ciudadanía en general”, como lo demuestran las ocho
personas muertas y las 108 lesionadas de Nochixtlán.
En
un comunicado, emitido el pasado miércoles 22 por sus universidades y centros
de estudio en México, los jesuitas aseguran que “la represión por parte del
gobierno del Estado al movimiento magisterial se ha excedido, extendiéndose
hasta la ciudadanía en general”.
Añade:
“Exigimos al Estado mexicano que, en el marco de sus obligaciones en materia de
derechos humanos, actúe conforme a los principios básicos sobre el empleo de la
fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la
Ley, adoptados en el seno de la ONU en 1990. En esta tesitura, es primordial
que las autoridades cesen cualquier acción represiva y de ataque en la que
empleen el uso de la fuerza y armas de fuego”.
Los
jesuitas aluden al acuerdo internacional “Principios básicos sobre el empleo de
la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley”, adoptado por la ONU en La Habana.
Con
26 artículos, el acuerdo estipula que los gobiernos están obligados a utilizar
solamente “armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera
apropiado” en algunas manifestaciones de protesta ciudadana, a fin de “reducir
al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se
controlará con todo cuidado el uso de tales armas”.
Señala
que cuando “el empleo de armas de fuego sea inevitable” –“en defensa propia” o
por “peligro inminente de muerte”–, deben utilizarse con “moderación” y en
“proporción a la gravedad del delito”. Además debe advertirse con “tiempo
suficiente” que se utilizará ese armamento letal.
Estos
principios básicos, advierte el acuerdo de la ONU, no deberán violarse
invocando “circunstancias excepcionales tales como inestabilidad política
interna o cualquier otra situación pública de emergencia”.
Este
fue el ordenamiento que no respetaron las autoridades en Nochixtlán, según las
universidades y centros de estudio jesuitas que firmaron el comunicado: la red
de Universidades Iberoamericanas de la Ciudad de México, Puebla, Torreón, León
y Tijuana, la Universidad Loyola del Pacífico, el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk.
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