- ¿Dialogar con los violentos?/Benito Nacif
Publicado en Excelsior, 8-Oct-2007;
Después de los atentados a las instalaciones de Pemex, el EPR ha decidido cambiar de estrategia. A la declaración de guerra contra el Estado mexicano ha seguido la oferta de suspender sus actos de sabotaje a cambio de la satisfacción de ciertas demandas. A los empresarios les ha pedido que presionen al gobierno para que “presente vivos” a dos de sus milicianos —Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez—, presuntamente detenidos y desaparecidos desde mayo pasado en Oaxaca. En una carta a Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, demandan también una amnistía para los “presos políticos”, es decir, miembros de la banda que han sido aprehendidos y sentenciados por diversos delitos.
En otras palabras, el EPR ha decidido pasar de la violencia revolucionaria al chantaje político. Nuestros empresarios y políticos parecen haber picado el anzuelo. A la oferta del EPR de detener sus ataques a cambio de que los empresarios y los industriales presionen al gobierno federal para que entregue a los dos guerrilleros desaparecidos, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) ha respondido con una invitación al diálogo. “Los invitamos a un diálogo cordial y estaríamos dispuestos a negociar”, dijo Ismael Plascencia.
Ruth Zavaleta, por su parte, encontró “razonable” la oferta del EPR, de condicionar el cese de sus ataques a la presentación con vida de los dos guerrilleros desaparecidos. “La tomamos como una petición que busca una solución pacífica al movimiento que ellos tienen”, dijo la diputada del PRD. Además afirmó que la propuesta de una amnistía “tiene futuro” en el Congreso.Desde luego, el diálogo es lo políticamente correcto. Nuestros legisladores y nuestros empresarios quieren colgarse la medalla de pacificadores y conciliadores. La tentación les parece irresistible. Hace unas semanas, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el panista Ulises Ramírez, anunció la creación de una “comisión de enlace” con el EPR para “abrir la llave del diálogo”. Por fortuna, el presidente del Senado, Santiago Creel, intervino con el fin de detener este exabrupto. En uno de sus raros aciertos, aclaró que la anunciada comisión sólo se formaría si el EPR renunciaba incondicionalmente a la violencia.
Lo políticamente correcto es en este caso todo menos razonable. Si alguna lección nos da la historia es que la paz no es una cuestión de diálogo, sino de fuerza. Mientras la fuerza del Estado y de la ley sea débil, no habrá paz. La opción por la violencia entre los grupos políticos radicales, como el EPR, no es producto de un malentendido que se aclara con diálogo en una mesa de negociación: es una acción calculada. La guerrilla y el terrorismo se acrecentarán en la medida en que quienes recurren a este tipo de prácticas sigan pensando que se pueden obtener ganancias políticas mediante el uso de la violencia.
La oferta de diálogo y negociación viene a reforzar este convencimiento. Si le faltaban motivos al EPR para seguir poniendo bombas, nuestros políticos y nuestros empresarios se los están dando. El mensaje que mandan a los violentos es preocupante: “Si aterrorizas a la sociedad con bombas, te daremos un trato especial para escuchar tus agravios y buscar soluciones a tus problemas”. En la práctica, esto significa premiar la violencia.El mensaje que mandan a la sociedad resulta igual de malo: “la violencia es excusable”. Ruth Zavaleta declaró que en una democracia no debería haber “desaparecidos”. Tiene razón, hay muchas cosas que no deberían ocurrir en una democracia y, sin embargo, suceden, particularmente en la nuestra. Pero, responder a los ataques del EPR con una discusión sobre la legitimidad de sus demandas, es caer en su trampa. En una democracia, la violencia como instrumento para perseguir fines políticos resulta inadmisible. Por ello, la cuestión de la legitimidad de las demandas del EPR es irrelevante.
“La prohibición de cualquier cosa —dice el jurista estadunidense Robert P. George— sólo funciona bien cuando está apoyada en un reconocimiento amplio de la maldad de lo que se prohíbe”. La democracia exige la condena sin cortapisas a la guerrilla, el terrorismo y el sabotaje. La razón es sencilla: la violencia es el camino más corto al caos y la anarquía; significa el retorno al Estado de naturaleza.
Toda democracia requiere la existencia de un orden legal estable, que no puede depender tan sólo de simple miedo a las sanciones. Un orden legal sólo es efectivo cuando la gente reconoce que existen razones morales que obligan a abstenerse de realizar una actividad prohibida por ley. Un orden democrático requiere principalmente una cultura que rechaza y condena la acción política fuera de la ley. Por ello, cuando nuestros políticos encuentran excusas o, peor aún, romantizan la violencia, socavan las mismas bases culturales en las que se funda todo sistema democrático.
benitonacif@gmail.com
En otras palabras, el EPR ha decidido pasar de la violencia revolucionaria al chantaje político. Nuestros empresarios y políticos parecen haber picado el anzuelo. A la oferta del EPR de detener sus ataques a cambio de que los empresarios y los industriales presionen al gobierno federal para que entregue a los dos guerrilleros desaparecidos, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) ha respondido con una invitación al diálogo. “Los invitamos a un diálogo cordial y estaríamos dispuestos a negociar”, dijo Ismael Plascencia.
Ruth Zavaleta, por su parte, encontró “razonable” la oferta del EPR, de condicionar el cese de sus ataques a la presentación con vida de los dos guerrilleros desaparecidos. “La tomamos como una petición que busca una solución pacífica al movimiento que ellos tienen”, dijo la diputada del PRD. Además afirmó que la propuesta de una amnistía “tiene futuro” en el Congreso.Desde luego, el diálogo es lo políticamente correcto. Nuestros legisladores y nuestros empresarios quieren colgarse la medalla de pacificadores y conciliadores. La tentación les parece irresistible. Hace unas semanas, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, el panista Ulises Ramírez, anunció la creación de una “comisión de enlace” con el EPR para “abrir la llave del diálogo”. Por fortuna, el presidente del Senado, Santiago Creel, intervino con el fin de detener este exabrupto. En uno de sus raros aciertos, aclaró que la anunciada comisión sólo se formaría si el EPR renunciaba incondicionalmente a la violencia.
Lo políticamente correcto es en este caso todo menos razonable. Si alguna lección nos da la historia es que la paz no es una cuestión de diálogo, sino de fuerza. Mientras la fuerza del Estado y de la ley sea débil, no habrá paz. La opción por la violencia entre los grupos políticos radicales, como el EPR, no es producto de un malentendido que se aclara con diálogo en una mesa de negociación: es una acción calculada. La guerrilla y el terrorismo se acrecentarán en la medida en que quienes recurren a este tipo de prácticas sigan pensando que se pueden obtener ganancias políticas mediante el uso de la violencia.
La oferta de diálogo y negociación viene a reforzar este convencimiento. Si le faltaban motivos al EPR para seguir poniendo bombas, nuestros políticos y nuestros empresarios se los están dando. El mensaje que mandan a los violentos es preocupante: “Si aterrorizas a la sociedad con bombas, te daremos un trato especial para escuchar tus agravios y buscar soluciones a tus problemas”. En la práctica, esto significa premiar la violencia.El mensaje que mandan a la sociedad resulta igual de malo: “la violencia es excusable”. Ruth Zavaleta declaró que en una democracia no debería haber “desaparecidos”. Tiene razón, hay muchas cosas que no deberían ocurrir en una democracia y, sin embargo, suceden, particularmente en la nuestra. Pero, responder a los ataques del EPR con una discusión sobre la legitimidad de sus demandas, es caer en su trampa. En una democracia, la violencia como instrumento para perseguir fines políticos resulta inadmisible. Por ello, la cuestión de la legitimidad de las demandas del EPR es irrelevante.
“La prohibición de cualquier cosa —dice el jurista estadunidense Robert P. George— sólo funciona bien cuando está apoyada en un reconocimiento amplio de la maldad de lo que se prohíbe”. La democracia exige la condena sin cortapisas a la guerrilla, el terrorismo y el sabotaje. La razón es sencilla: la violencia es el camino más corto al caos y la anarquía; significa el retorno al Estado de naturaleza.
Toda democracia requiere la existencia de un orden legal estable, que no puede depender tan sólo de simple miedo a las sanciones. Un orden legal sólo es efectivo cuando la gente reconoce que existen razones morales que obligan a abstenerse de realizar una actividad prohibida por ley. Un orden democrático requiere principalmente una cultura que rechaza y condena la acción política fuera de la ley. Por ello, cuando nuestros políticos encuentran excusas o, peor aún, romantizan la violencia, socavan las mismas bases culturales en las que se funda todo sistema democrático.
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