Los fines de la Iglesia/ Arnaldo Córdova
Publicado en La Jornada, 7/10/2007;
Publicado en La Jornada, 7/10/2007;
A las iglesias no se les puede permitir que, en un Estado laico, hagan política; pero todo mundo sabe que hacen política. Eso merece una explicación: si no fuera pleonástico, debería establecerse claramente que no pueden hacer política “pública”, y sí, es pleonástico, porque la política pertenece al dominio de lo público. Lo que debe quedar claro es que, si bien a las iglesias no se les puede prohibir por entero, por lo menos con la ley en la mano, que realicen actividades políticas, sí se les debe vetar cierto tipo de actividades políticas. Fue una soberana estupidez del Constituyente de 1917 que instituyera que las iglesias no eran “personas morales”. No había modo de establecerlo, sin negar la realidad por decreto, lo que fue una tontería.
El artículo 130 de la Constitución, tal y como salió de la reforma salinista de 1992, no fue de mi agrado por razones que en otra ocasión explicaré; pero no quedó del todo mal. En términos de libertad religiosa, no establece ninguna restricción para que los ciudadanos escojan el culto al que quieren dedicar su devoción (artículo 24). Las restricciones de las que la Iglesia católica ha hecho bandera para reclamar una supuesta libertad religiosa que ha quedado incompleta, sólo establecen que quien quiera dedicarse al ministerio de cualquier culto debe satisfacer los requisitos dados por la ley; que no podrán desempeñar, en cuanto tales, cargos públicos, porque se entiende que han decidido hacer otras cosas menos mundanas y, en consecuencia, podrán votar, pero no ser votados; no podrán intervenir como tales en la política, asociarse con fines políticos, hacer propaganda en favor de candidatos o partidos ni, en sus publicaciones, oponerse a las leyes ni a las instituciones; queda, en fin, prohibida la formación de agrupaciones políticas con denominaciones religiosas. Eso es todo, en esencia.
Es de hacerse notar que el 130, en su actual letra, no se refiere, tocante a las anteriores restricciones, a las iglesias, sino a los ministros de los cultos. A las iglesias, fuera de lo que hacía el texto original, se les reconoce personalidad jurídica plena, lo que quiere decir que, en cuanto tales, como iglesias, se les define para ejercer su ministerio sin restricción alguna. Por eso, de verdad, sorprende que la jerarquía católica de nuestro país ande empeñada en una insidiosa campaña tendiente, según se nos dice, a lograr una “libertad religiosa verdadera de la Iglesia”. Alguien debería decir a los clérigos católicos y a sus abogados que una persona moral es ajena al concepto de libertad, porque ésta es sólo un derecho que corresponde a las personas físicas. Las personas morales se fundan para ciertos propósitos que se comprometen a cumplir y que están fijados en la ley. Fuera de esos propósitos, no pueden hacer nada que no les corresponda. Esos propósitos se refieren a deberes que desde su fundación han aceptado cumplir. Por eso no pueden alegar libertad “plena” para hacer lo que no están autorizadas a hacer. Las iglesias son personas morales, no físicas.
Muy diferente, en cambio, es la situación de los que integran o representan a las personas morales, a condición, empero, de que no involucren su estatus como miembros o representantes de tales personas morales. Stricto sensu, los ministros de los cultos, mientras se ostenten como tales, no pueden meterse en política. Ellos no son como las demás personas y, por lo mismo, no se les puede considerar como ciudadanos comunes. A través del llamado Colegio de Abogados Católicos, los jerarcas de la Iglesia reclaman que se les permita asociarse con fines políticos y que, en reunión pública, actos de culto o de propaganda religiosa o en publicaciones puedan oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. Habría que hacerles ver que eso, ni siquiera a los partidos políticos les está permitido. También reclaman que el artículo 24 constitucional permita a los practicantes de un credo manifestar en público y por todos los medios su religión o su creencia. Yo no sabía que alguien tuviera necesidad de andarle diciendo a los demás, en público o en privado, cuál es su religión y en qué cree. ¿Por qué tales exigencias?
Tal vez para aclararlo haya necesidad de varias entregas. Pero vayamos por puntos. Por supuesto que los ministros de las iglesias, en lo personal, pueden hacer política y declararse sobre los asuntos públicos, pero a condición de que dejen de lado su investidura. Se me podrá argumentar que eso es imposible. No lo es. Para eso está la ley, aunque falten órganos de vigilancia que la hagan efectiva y sanciones claras para los infractores. Si Onésimo Cepeda o Norberto Rivera publicaran un artículo con su firma (suponiendo que fueran capaces de hacerlo), nadie se los podría objetar; pero deberían hacerlo sin ostentar sus títulos ni su autoridad como prelados de la Iglesia. Lo que ellos hacen, en realidad, es hablar como obispos y aprovechar sus dignidades para dar fuerza a sus argumentos. Si la ley es igual para todos, ellos deberían comprender que no cumplen con ella si así lo hacen. Todo mundo sabe que un párroco de barrio tiene mayor influencia sobre sus feligreses que cualquier partido o candidato. ¿Es mucho pedir que los ministros se dediquen sólo a su ministerio y no se metan en lo demás?
Rivera Carrera acaba de declarar que “la libertad de expresión y de reunión o asociación es una garantía que brinda la Constitución a todos los mexicanos, y prohibir ese derecho a un ministro de culto, por el solo hecho de serlo, constituye una clara discriminación por motivos religiosos”. También dijo que los ministros buscan acercar a los hombres a Dios y buscar la salvación eterna y, por ello, deben decir cuándo un partido político, con sus principios y sus plataformas electorales, atenta contra los valores cristianos y el Evangelio, poniendo en peligro la salvación espiritual de los fieles. Eso, agregó, no es una intromisión política, sino una “misión profética”. ¿Qué dirían los fundamentalistas musulmanes de semejante postura? Probablemente, que Osama Bin Laden podría suscribirla. Evitar que la religión se meta en política, para el cardenal metropolitano, significa violar los derechos humanos de los ministros, convertirlos en ciudadanos de segunda y víctimas de una “incomprensible” discriminación religiosa.
En suma, lo que los jerarcas católicos quieren es que les permitamos decidir cómo debe hacerse política en México y que hagamos de nuestro Estado un reino de Dios sobre la tierra. Si de verdad quieren eso, tienen una opción muy clara: que dejen de ser ministros de culto, formen un partido y luchen en la arena política por lo que desean, pero políticamente, no religiosamente, pues, según los evangelios, para eso el Salvador no los autorizó. Tal vez Alá, pero no Cristo.
El artículo 130 de la Constitución, tal y como salió de la reforma salinista de 1992, no fue de mi agrado por razones que en otra ocasión explicaré; pero no quedó del todo mal. En términos de libertad religiosa, no establece ninguna restricción para que los ciudadanos escojan el culto al que quieren dedicar su devoción (artículo 24). Las restricciones de las que la Iglesia católica ha hecho bandera para reclamar una supuesta libertad religiosa que ha quedado incompleta, sólo establecen que quien quiera dedicarse al ministerio de cualquier culto debe satisfacer los requisitos dados por la ley; que no podrán desempeñar, en cuanto tales, cargos públicos, porque se entiende que han decidido hacer otras cosas menos mundanas y, en consecuencia, podrán votar, pero no ser votados; no podrán intervenir como tales en la política, asociarse con fines políticos, hacer propaganda en favor de candidatos o partidos ni, en sus publicaciones, oponerse a las leyes ni a las instituciones; queda, en fin, prohibida la formación de agrupaciones políticas con denominaciones religiosas. Eso es todo, en esencia.
Es de hacerse notar que el 130, en su actual letra, no se refiere, tocante a las anteriores restricciones, a las iglesias, sino a los ministros de los cultos. A las iglesias, fuera de lo que hacía el texto original, se les reconoce personalidad jurídica plena, lo que quiere decir que, en cuanto tales, como iglesias, se les define para ejercer su ministerio sin restricción alguna. Por eso, de verdad, sorprende que la jerarquía católica de nuestro país ande empeñada en una insidiosa campaña tendiente, según se nos dice, a lograr una “libertad religiosa verdadera de la Iglesia”. Alguien debería decir a los clérigos católicos y a sus abogados que una persona moral es ajena al concepto de libertad, porque ésta es sólo un derecho que corresponde a las personas físicas. Las personas morales se fundan para ciertos propósitos que se comprometen a cumplir y que están fijados en la ley. Fuera de esos propósitos, no pueden hacer nada que no les corresponda. Esos propósitos se refieren a deberes que desde su fundación han aceptado cumplir. Por eso no pueden alegar libertad “plena” para hacer lo que no están autorizadas a hacer. Las iglesias son personas morales, no físicas.
Muy diferente, en cambio, es la situación de los que integran o representan a las personas morales, a condición, empero, de que no involucren su estatus como miembros o representantes de tales personas morales. Stricto sensu, los ministros de los cultos, mientras se ostenten como tales, no pueden meterse en política. Ellos no son como las demás personas y, por lo mismo, no se les puede considerar como ciudadanos comunes. A través del llamado Colegio de Abogados Católicos, los jerarcas de la Iglesia reclaman que se les permita asociarse con fines políticos y que, en reunión pública, actos de culto o de propaganda religiosa o en publicaciones puedan oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. Habría que hacerles ver que eso, ni siquiera a los partidos políticos les está permitido. También reclaman que el artículo 24 constitucional permita a los practicantes de un credo manifestar en público y por todos los medios su religión o su creencia. Yo no sabía que alguien tuviera necesidad de andarle diciendo a los demás, en público o en privado, cuál es su religión y en qué cree. ¿Por qué tales exigencias?
Tal vez para aclararlo haya necesidad de varias entregas. Pero vayamos por puntos. Por supuesto que los ministros de las iglesias, en lo personal, pueden hacer política y declararse sobre los asuntos públicos, pero a condición de que dejen de lado su investidura. Se me podrá argumentar que eso es imposible. No lo es. Para eso está la ley, aunque falten órganos de vigilancia que la hagan efectiva y sanciones claras para los infractores. Si Onésimo Cepeda o Norberto Rivera publicaran un artículo con su firma (suponiendo que fueran capaces de hacerlo), nadie se los podría objetar; pero deberían hacerlo sin ostentar sus títulos ni su autoridad como prelados de la Iglesia. Lo que ellos hacen, en realidad, es hablar como obispos y aprovechar sus dignidades para dar fuerza a sus argumentos. Si la ley es igual para todos, ellos deberían comprender que no cumplen con ella si así lo hacen. Todo mundo sabe que un párroco de barrio tiene mayor influencia sobre sus feligreses que cualquier partido o candidato. ¿Es mucho pedir que los ministros se dediquen sólo a su ministerio y no se metan en lo demás?
Rivera Carrera acaba de declarar que “la libertad de expresión y de reunión o asociación es una garantía que brinda la Constitución a todos los mexicanos, y prohibir ese derecho a un ministro de culto, por el solo hecho de serlo, constituye una clara discriminación por motivos religiosos”. También dijo que los ministros buscan acercar a los hombres a Dios y buscar la salvación eterna y, por ello, deben decir cuándo un partido político, con sus principios y sus plataformas electorales, atenta contra los valores cristianos y el Evangelio, poniendo en peligro la salvación espiritual de los fieles. Eso, agregó, no es una intromisión política, sino una “misión profética”. ¿Qué dirían los fundamentalistas musulmanes de semejante postura? Probablemente, que Osama Bin Laden podría suscribirla. Evitar que la religión se meta en política, para el cardenal metropolitano, significa violar los derechos humanos de los ministros, convertirlos en ciudadanos de segunda y víctimas de una “incomprensible” discriminación religiosa.
En suma, lo que los jerarcas católicos quieren es que les permitamos decidir cómo debe hacerse política en México y que hagamos de nuestro Estado un reino de Dios sobre la tierra. Si de verdad quieren eso, tienen una opción muy clara: que dejen de ser ministros de culto, formen un partido y luchen en la arena política por lo que desean, pero políticamente, no religiosamente, pues, según los evangelios, para eso el Salvador no los autorizó. Tal vez Alá, pero no Cristo.
Editorial de La Jornada, 7/10/2007;
Monsiváis: Estado laico y clericalismo
Con el telón de fondo de la conmemoración por el 15 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, el secretario para las Relaciones con los Estados, Dominique Mamberti, instó al gobierno mexicano a modificar el marco jurídico vigente en el país, a fin de “superar las limitaciones y equívocos” de la ley en materia religiosa. El enviado papal afirmó que el Estado debe velar por los derechos fundamentales de los individuos, entre los cuales, dijo, la libertad de creencia ocupa un lugar central. A tono con las declaraciones de Mamberti, el ex presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, afirmó que dicha revisión legal podría darse dentro del marco de la celebración por el bicentenario de la Independencia, “un momento privilegiado para crecer en una fructuosa reconciliación”.
No es casual que la petición vaticana de modificar el marco legal, de acuerdo con sus intereses y ambiciones, se dé en la actualidad. Parece ser que Roma ha decidido apostar al hecho de que el gobierno federal mexicano haya emanado de las filas de un instituto de derecha, el Partido Acción Nacional (PAN). En efecto, desde su llegada a la Presidencia, en 2000, el panismo no ha mostrado recato en manifestar abiertamente sus inclinaciones profundamente religiosas, y ha encontrado en la Iglesia un aliado en el panorama político nacional, como quedó de manifiesto con la intervención de la jerarquía católica en el conflictivo proceso electoral de 2006.
Frente a este panorama, vale la pena resaltar la pertinencia de la respuesta de Carlos Monsiváis, quien advirtió sobre “la trampa” de los señalamientos de la Santa Sede y la Iglesia católica mexicana: es evidente, como el escritor lo afirma, que las pretensiones de reformar el marco constitucional vigente –supuestamente para “ampliar” las libertades religiosas— son necias e improcedentes.
La vigencia del Estado laico, como lo apuntó Monsiváis, radica en la inclusión de las “exigencias y demandas” de las sociedades, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las minorías sexuales, étnicas y religiosas, muchas de las cuales son y han sido históricamente perseguidas, marginadas y vilipendiadas por la Iglesia católica. También son dignas de mención las críticas a la incongruencia del partido gobernante, institución que ha mostrado tendencias autoritarias, características de la ultraderecha y que ahora, sin embargo, pretende definirse como un “partido de centro”, según ha expresado el aspirante a la dirigencia blanquiazul, Germán Martínez.
De manera significativa, las declaraciones de Monsiváis se dan a la par de la reunión del Consejo Nacional del PAN, donde se han puesto en evidencia los serios problemas que aquejan a esa institución política, los cuales pasan por la corrupción, la falta de rumbo para gobernar, la división y desacatos internos.
A guisa de conclusión, bien cabría esperar que el grupo gobernante ponga atención a las declaraciones de Carlos Monsiváis, y de otros sectores de la población, y que, de manera efectiva, rechace las pretensiones eclesiales de vulnerar el Estado laico: la experiencia histórica de nuestro país da cuenta de las consecuencias catastróficas en que puede derivar la concentración del poder político en la Iglesia. La libertad de creencias debe estar garantizada para los feligreses de todos los credos y no de uno solo, por predominante que sea en el territorio nacional. Esto significa, en suma, gobernar para todos los sectores de una sociedad a la cual, como puntualizó Monsiváis, en materia de libertades políticas y religiosas “no van a hacer retroceder”.
Con el telón de fondo de la conmemoración por el 15 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, el secretario para las Relaciones con los Estados, Dominique Mamberti, instó al gobierno mexicano a modificar el marco jurídico vigente en el país, a fin de “superar las limitaciones y equívocos” de la ley en materia religiosa. El enviado papal afirmó que el Estado debe velar por los derechos fundamentales de los individuos, entre los cuales, dijo, la libertad de creencia ocupa un lugar central. A tono con las declaraciones de Mamberti, el ex presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, afirmó que dicha revisión legal podría darse dentro del marco de la celebración por el bicentenario de la Independencia, “un momento privilegiado para crecer en una fructuosa reconciliación”.
No es casual que la petición vaticana de modificar el marco legal, de acuerdo con sus intereses y ambiciones, se dé en la actualidad. Parece ser que Roma ha decidido apostar al hecho de que el gobierno federal mexicano haya emanado de las filas de un instituto de derecha, el Partido Acción Nacional (PAN). En efecto, desde su llegada a la Presidencia, en 2000, el panismo no ha mostrado recato en manifestar abiertamente sus inclinaciones profundamente religiosas, y ha encontrado en la Iglesia un aliado en el panorama político nacional, como quedó de manifiesto con la intervención de la jerarquía católica en el conflictivo proceso electoral de 2006.
Frente a este panorama, vale la pena resaltar la pertinencia de la respuesta de Carlos Monsiváis, quien advirtió sobre “la trampa” de los señalamientos de la Santa Sede y la Iglesia católica mexicana: es evidente, como el escritor lo afirma, que las pretensiones de reformar el marco constitucional vigente –supuestamente para “ampliar” las libertades religiosas— son necias e improcedentes.
La vigencia del Estado laico, como lo apuntó Monsiváis, radica en la inclusión de las “exigencias y demandas” de las sociedades, sobre todo en lo que respecta a los derechos de las minorías sexuales, étnicas y religiosas, muchas de las cuales son y han sido históricamente perseguidas, marginadas y vilipendiadas por la Iglesia católica. También son dignas de mención las críticas a la incongruencia del partido gobernante, institución que ha mostrado tendencias autoritarias, características de la ultraderecha y que ahora, sin embargo, pretende definirse como un “partido de centro”, según ha expresado el aspirante a la dirigencia blanquiazul, Germán Martínez.
De manera significativa, las declaraciones de Monsiváis se dan a la par de la reunión del Consejo Nacional del PAN, donde se han puesto en evidencia los serios problemas que aquejan a esa institución política, los cuales pasan por la corrupción, la falta de rumbo para gobernar, la división y desacatos internos.
A guisa de conclusión, bien cabría esperar que el grupo gobernante ponga atención a las declaraciones de Carlos Monsiváis, y de otros sectores de la población, y que, de manera efectiva, rechace las pretensiones eclesiales de vulnerar el Estado laico: la experiencia histórica de nuestro país da cuenta de las consecuencias catastróficas en que puede derivar la concentración del poder político en la Iglesia. La libertad de creencias debe estar garantizada para los feligreses de todos los credos y no de uno solo, por predominante que sea en el territorio nacional. Esto significa, en suma, gobernar para todos los sectores de una sociedad a la cual, como puntualizó Monsiváis, en materia de libertades políticas y religiosas “no van a hacer retroceder”.
La Jornada, 7 de octubre de 2007
Torpeza, que la Iglesia católica pida mayor libertad: Monsiváis
Olvidan que el derecho canónico les prohíbe ocupar cargos de elección popular o ser candidatos
Gabriel León Zaragoza, reportero.
El escritor Carlos Monsiváis consideró “necias, torpes y repetitivas” las exigencias del representante del Vaticano y de la jerarquía católica al gobierno de México de otorgarles mayor libertad religiosa, extender su credo a la educación pública básica y modificar la Carta Magna para que se les garanticen sus derechos de expresión.
Apuntó que ante el señalamiento del gobierno federal de que no es momento de modificar la Constitución, como pretenden los jerarcas católicos, en lo sucesivo este culto deberá resignarse a que en México permanecerá el Estado laico.
Al dictar una conferencia en el cuarto Seminario latinoamericano de laicismo, el ensayista mexicano advirtió que la representación católica en el país “debe apostar a que el Estado laico va a seguir y que para ellos la libertad religiosa ya existe”.
Agregó que los jerarcas deben tomar en cuenta que la libertad que demandan, ellos “la han negado a todas las denominaciones protestantes”, además de que “han emprendido una campaña contra el new age”.
“Jamás aluden a la persecución contra otros credos. Para ellos el único existente es el católico. Cuando se les niega la enseñanza religiosa en las escuelas públicas insisten en que no hay libertad. A veces no la hay, sobre todo en el sureste, pero por la persecución (de ellos) a las otras creencias”, reiteró.
Puntualizó que el Estado laico mexicano ha ido modificándose “conforme a las exigencias y la comprensión de la naturaleza social”; como que en las últimas décadas han estado presentes “la exigencia de inclusión”, la ampliación de los derechos de las minorías sexuales, así como los reproductivos de las mujeres. “Mientras no se acepte esta ampliación se tendrá una comprensión bastante menor de lo que significa el Estado laico”, detalló.
Asimismo, el escritor afirmó que el integrismo de la derecha y de la Iglesia católica está fracasando rotundamente en el país, porque nadie los ha tomado en cuenta; sin embargo, alertó que la sociedad debe “tomar en serio” sus deseos de poder a través de un partido político, “pero de ningún modo la posibilidad que tienen de echar atrás libertades”.
Dijo que a pesar de que México es una “plataforma fastuosa para las políticas vaticanas”, en los momentos de la ofensiva del autoritarismo lo anticlerical ha sido más fuerte. Muestra de ello, ejemplificó, es que grupos intelectuales del país “están absolutamente en contra del regreso del clericalismo”.
Con sus pretensiones de participar en política, los jerarcas asumen una posición “amnésica”, porque el derecho canónico les prohíbe expresamente ocupar cargos de elección popular o postularse como candidatos. Al hacer sus peticiones se les olvida la influencia que todavía tienen los sacerdotes en gran parte de sus centros de culto, sobre todo en el sector femenino, y “el poder de movilización con que aún cuentan en sus parroquias, como se demostró en las elecciones (federales) del año pasado”.
Subrayó que el país está profundamente secularizado, y no va a dejar de estarlo, porque “la secularización es la atmósfera propicia de desarrollo del Estado laico”; incluso recomendó el uso de Internet, porque se trata de un instrumento que fortalece el Estado laico por la gran cantidad de información que ahí se maneja.
Y preguntó: “¿qué han podido las misas de 7 contra las telenovelas de la tarde? Nada. ¿Qué puede contra el futbol el llamado al arrepentimiento? Tan no pueden que ahora el clero pretende comprar equipos de futbol”, destacó.
Ante representantes de la comunidad masona del país, Monsiváis consideró que el encargado del Vaticano de la relación con los estados, Dominique Mamberti, puede decir lo que quiera sobre las instituciones, porque “la crítica se vale; pueden decirlo, lo han dicho y seguirán diciéndolo, y no tienen la menor posibilidad de pasar en cosas fundamentales. No van a pasar en educación religiosa en las escuelas públicas. No hay manera, ni el SNTE se atrevería.
“No van a pasar en todo lo que tiene que ver con las prerrogativas políticas del clero. No me imagino a diputados y senadores regalándoles escaños. No van a hacer retroceder a la sociedad”, puntualizó.
Por otra parte, consideró grotesco y un caso perdido que Germán Martínez, candidato a la presidencia del PAN, promueva que de ganar las elecciones internas llevará a su partido a ser de centro. Sí, acepto, “pero al centro de la ultraderecha. Quieren ser de centro con la ideología, el lenguaje y las actitudes de la derecha, y con las acciones represivas de la ultraderecha, es grotesco”, abundó.
Dijo que vivimos un régimen de gobierno que denigra y calumnia a la educación pública, al grado de que Felipe Calderón “llegó a decir que la UNAM es un semillero de delincuentes”, señalamiento que “nunca rectificó”.
Nota de La Jornada, 7 de octubre de 2007
Olvidan que el derecho canónico les prohíbe ocupar cargos de elección popular o ser candidatos
Gabriel León Zaragoza, reportero.
El escritor Carlos Monsiváis consideró “necias, torpes y repetitivas” las exigencias del representante del Vaticano y de la jerarquía católica al gobierno de México de otorgarles mayor libertad religiosa, extender su credo a la educación pública básica y modificar la Carta Magna para que se les garanticen sus derechos de expresión.
Apuntó que ante el señalamiento del gobierno federal de que no es momento de modificar la Constitución, como pretenden los jerarcas católicos, en lo sucesivo este culto deberá resignarse a que en México permanecerá el Estado laico.
Al dictar una conferencia en el cuarto Seminario latinoamericano de laicismo, el ensayista mexicano advirtió que la representación católica en el país “debe apostar a que el Estado laico va a seguir y que para ellos la libertad religiosa ya existe”.
Agregó que los jerarcas deben tomar en cuenta que la libertad que demandan, ellos “la han negado a todas las denominaciones protestantes”, además de que “han emprendido una campaña contra el new age”.
“Jamás aluden a la persecución contra otros credos. Para ellos el único existente es el católico. Cuando se les niega la enseñanza religiosa en las escuelas públicas insisten en que no hay libertad. A veces no la hay, sobre todo en el sureste, pero por la persecución (de ellos) a las otras creencias”, reiteró.
Puntualizó que el Estado laico mexicano ha ido modificándose “conforme a las exigencias y la comprensión de la naturaleza social”; como que en las últimas décadas han estado presentes “la exigencia de inclusión”, la ampliación de los derechos de las minorías sexuales, así como los reproductivos de las mujeres. “Mientras no se acepte esta ampliación se tendrá una comprensión bastante menor de lo que significa el Estado laico”, detalló.
Asimismo, el escritor afirmó que el integrismo de la derecha y de la Iglesia católica está fracasando rotundamente en el país, porque nadie los ha tomado en cuenta; sin embargo, alertó que la sociedad debe “tomar en serio” sus deseos de poder a través de un partido político, “pero de ningún modo la posibilidad que tienen de echar atrás libertades”.
Dijo que a pesar de que México es una “plataforma fastuosa para las políticas vaticanas”, en los momentos de la ofensiva del autoritarismo lo anticlerical ha sido más fuerte. Muestra de ello, ejemplificó, es que grupos intelectuales del país “están absolutamente en contra del regreso del clericalismo”.
Con sus pretensiones de participar en política, los jerarcas asumen una posición “amnésica”, porque el derecho canónico les prohíbe expresamente ocupar cargos de elección popular o postularse como candidatos. Al hacer sus peticiones se les olvida la influencia que todavía tienen los sacerdotes en gran parte de sus centros de culto, sobre todo en el sector femenino, y “el poder de movilización con que aún cuentan en sus parroquias, como se demostró en las elecciones (federales) del año pasado”.
Subrayó que el país está profundamente secularizado, y no va a dejar de estarlo, porque “la secularización es la atmósfera propicia de desarrollo del Estado laico”; incluso recomendó el uso de Internet, porque se trata de un instrumento que fortalece el Estado laico por la gran cantidad de información que ahí se maneja.
Y preguntó: “¿qué han podido las misas de 7 contra las telenovelas de la tarde? Nada. ¿Qué puede contra el futbol el llamado al arrepentimiento? Tan no pueden que ahora el clero pretende comprar equipos de futbol”, destacó.
Ante representantes de la comunidad masona del país, Monsiváis consideró que el encargado del Vaticano de la relación con los estados, Dominique Mamberti, puede decir lo que quiera sobre las instituciones, porque “la crítica se vale; pueden decirlo, lo han dicho y seguirán diciéndolo, y no tienen la menor posibilidad de pasar en cosas fundamentales. No van a pasar en educación religiosa en las escuelas públicas. No hay manera, ni el SNTE se atrevería.
“No van a pasar en todo lo que tiene que ver con las prerrogativas políticas del clero. No me imagino a diputados y senadores regalándoles escaños. No van a hacer retroceder a la sociedad”, puntualizó.
Por otra parte, consideró grotesco y un caso perdido que Germán Martínez, candidato a la presidencia del PAN, promueva que de ganar las elecciones internas llevará a su partido a ser de centro. Sí, acepto, “pero al centro de la ultraderecha. Quieren ser de centro con la ideología, el lenguaje y las actitudes de la derecha, y con las acciones represivas de la ultraderecha, es grotesco”, abundó.
Dijo que vivimos un régimen de gobierno que denigra y calumnia a la educación pública, al grado de que Felipe Calderón “llegó a decir que la UNAM es un semillero de delincuentes”, señalamiento que “nunca rectificó”.
Nota de La Jornada, 7 de octubre de 2007
La Gran Logia demanda al gobierno y al Congreso hacer valer el laicismo
Castigar cualquier acto político de los clérigos, exigen masones del país
Gabriel León Zaragoza
La Gran Logia Valle de México anunció que ante el embate de la jerarquía católica en el país contra el Estado laico, a partir de la próxima semana la masonería de la República presentará a los partidos propuestas para reformar los artículos de la Constitución que regulan la materia religiosa, para que se castigue a los grupos o representantes de algún credo que pretendan incursionar en la vida política.
El presidente de la logia y del Centro de Acción Laica, Pedro Márquez, precisó que los actos políticos de los clérigos deben ser sancionados administrativa y penalmente, porque violan las leyes que rigen la convivencia civil del país.
Sostuvo que en su lucha, las logias no temen confrontarse con la cúpula de jerarcas de la Iglesia católica, y llamó al gobierno federal y al Congreso de la Unión a que “hagan valer en lo posible la defensa del laicismo”.
Consideró importante que la sociedad se movilice contra la participación de los clérigos en política y contra la enseñanza de religión en escuelas públicas. “No podemos dejar las puertas abiertas a los clérigos; sabemos que históricamente esto sólo ha generado diferencias en nuestra sociedad y no queremos enfrentamientos entre los hermanos mexicanos”.
Reiteró que las logias del país “con toda claridad rechazamos cualquier injerencia de los grupos religiosos en las actividades del gobierno civil”, y llamó a la Iglesia católica a respetar los principios fundamentales de la nación contenidos en la Constitución.
Sobre el pronunciamiento del secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Dominique Mamberti, para que haya “más libertad religiosa” en el país, refirió que cualquier injerencia para cambiar la legislación mexicana “debe ser negada totalmente”.
Comunicado de prensa: El Presidente Calderón se reúne con el Secretario para las Relaciones entre los Estados de la Santa Sede; Ciudad de México, Residencia Oficial, 3/10/2007;
Castigar cualquier acto político de los clérigos, exigen masones del país
Gabriel León Zaragoza
La Gran Logia Valle de México anunció que ante el embate de la jerarquía católica en el país contra el Estado laico, a partir de la próxima semana la masonería de la República presentará a los partidos propuestas para reformar los artículos de la Constitución que regulan la materia religiosa, para que se castigue a los grupos o representantes de algún credo que pretendan incursionar en la vida política.
El presidente de la logia y del Centro de Acción Laica, Pedro Márquez, precisó que los actos políticos de los clérigos deben ser sancionados administrativa y penalmente, porque violan las leyes que rigen la convivencia civil del país.
Sostuvo que en su lucha, las logias no temen confrontarse con la cúpula de jerarcas de la Iglesia católica, y llamó al gobierno federal y al Congreso de la Unión a que “hagan valer en lo posible la defensa del laicismo”.
Consideró importante que la sociedad se movilice contra la participación de los clérigos en política y contra la enseñanza de religión en escuelas públicas. “No podemos dejar las puertas abiertas a los clérigos; sabemos que históricamente esto sólo ha generado diferencias en nuestra sociedad y no queremos enfrentamientos entre los hermanos mexicanos”.
Reiteró que las logias del país “con toda claridad rechazamos cualquier injerencia de los grupos religiosos en las actividades del gobierno civil”, y llamó a la Iglesia católica a respetar los principios fundamentales de la nación contenidos en la Constitución.
Sobre el pronunciamiento del secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Dominique Mamberti, para que haya “más libertad religiosa” en el país, refirió que cualquier injerencia para cambiar la legislación mexicana “debe ser negada totalmente”.
Comunicado de prensa: El Presidente Calderón se reúne con el Secretario para las Relaciones entre los Estados de la Santa Sede; Ciudad de México, Residencia Oficial, 3/10/2007;
CGCS-196
El día de hoy en la Residencia Oficial, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo una reunión con el Secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Monseñor Dominique Mamberti.
Durante la reunión, el Primer Mandatario señaló que durante este año las relaciones bilaterales han recibido un decidido impulso, en virtud de la visita que realizó a la Santa Sede, en junio pasado, y por la conmemoración del XV Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre México y la Santa Sede.
En este sentido, el Jefe del Ejecutivo confirmó el interés de su Gobierno por seguir fortaleciendo la cooperación con la Santa Sede en los temas de la agenda internacional en los que ambas partes mantienen amplias coincidencias, como la defensa de los derechos humanos, la proscripción de la pena de muerte y la migración internacional. Asimismo, el Presidente Calderón Hinojosa reiteró la invitación para que el Papa efectúe una visita a nuestro país en un futuro próximo.
Por su parte, Monseñor Mamberti trasmitió el saludo personal del Papa Benedicto XVI al Jefe del Ejecutivo mexicano.
El Secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede realiza una Visita Oficial a México del 2 al 4 de octubre, con el objetivo de profundizar el diálogo político y la cooperación tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral.
Durante su visita, Monseñor Mamberti participará también en el Seminario Académico conmemorativo del XV Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y El Colegio de México.
El Presidente Calderón estuvo acompañado en el encuentro por el Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña; la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano; el Embajador de México ante la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena; y, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda.
El día de hoy en la Residencia Oficial, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo una reunión con el Secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Monseñor Dominique Mamberti.
Durante la reunión, el Primer Mandatario señaló que durante este año las relaciones bilaterales han recibido un decidido impulso, en virtud de la visita que realizó a la Santa Sede, en junio pasado, y por la conmemoración del XV Aniversario del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas entre México y la Santa Sede.
En este sentido, el Jefe del Ejecutivo confirmó el interés de su Gobierno por seguir fortaleciendo la cooperación con la Santa Sede en los temas de la agenda internacional en los que ambas partes mantienen amplias coincidencias, como la defensa de los derechos humanos, la proscripción de la pena de muerte y la migración internacional. Asimismo, el Presidente Calderón Hinojosa reiteró la invitación para que el Papa efectúe una visita a nuestro país en un futuro próximo.
Por su parte, Monseñor Mamberti trasmitió el saludo personal del Papa Benedicto XVI al Jefe del Ejecutivo mexicano.
El Secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede realiza una Visita Oficial a México del 2 al 4 de octubre, con el objetivo de profundizar el diálogo político y la cooperación tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral.
Durante su visita, Monseñor Mamberti participará también en el Seminario Académico conmemorativo del XV Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y El Colegio de México.
El Presidente Calderón estuvo acompañado en el encuentro por el Secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña; la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano; el Embajador de México ante la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena; y, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario