El Fiscal general de Colombia Mario Iguarán aclaró que "hay una serie de investigaciones contra Pablo Montoya Alias Rojas "él por rebelión, terrorismo y masacres", pero no por la muerte del miembro del secretariado de las Farc: Iván Ríos.
En tanto, el Procurador Edgardo Maya, por su parte, anunció que su despacho vigilará el proceso de la entrega de la recompensa y dijo que el análisis se ocupará de las condiciones bajo las que se ofrece la entrega del dinero. En concreto, si el llamado del Estado es a quien entregue a los jefes guerrilleros vivos o muertos.
En tanto, el Presidente Uribe, señaló que se debe esperar a o que digan las autoridades judiciales. El Jefe de Estado manifestó que su Gobierno seguirá estimulando el pago de recompensas que permita a las autoridades dar con el paradero de los delincuentes, pero que Colombia es un Estado de derecho, que no estimulará masacres.
El dilema con Rojas/ EDITORIAL, periódico
El Tiempo on line, fechado el 11 de Marzo de 2008.
Redactor de EL TIEMPO.
La recompensa a la que, en principio, tiene derecho 'Rojas', el jefe de seguridad de 'Iván Ríos', por haber cobrado para las autoridades la segunda baja del más alto nivel de las Farc, plantea al Gobierno -y a la sociedad- una compleja disyuntiva jurídica, política y moral.
Basta pensar en lo que está en juego. Si se paga la recompensa de 5.000 millones de pesos -oficialmente prometida a cualquiera que contribuya a capturar a un miembro del secretariado de las Farc- se estaría premiando a un hombre que ha cometido un homicidio y ha dicho él mismo que cortó la mano del cadáver para demostrar que se trataba de 'Ríos'. ¿Puede un Estado de Derecho amparar semejante conducta, aun con la justificación de que el muerto es uno de los jefes de una organización que ha causado infinito daño?
Pero si no se le paga, ¿no se les estará enviando a miembros de la guerrilla eventualmente dispuestos a hacer algo similar para entregarse el mensaje de que el Estado no cumple las recompensas que anuncia, y limitar así las posibilidades de que procesos de desmoralización dentro de esas organizaciones culminen en traiciones tan elocuentes como la protagonizada por 'Rojas'?
Más allá de la obvia importancia que tiene desde el punto de vista militar, recompensar este tipo de actitud plantea dilemas políticos y morales para un Estado de Derecho. Es perfectamente legítimo premiar la delación para combatir organizaciones ilegales, pero este caso plantea una situación sui géneris, que la ley no previno. Fomentar el asesinato (para no hablar de la mutilación) como fórmula para combatir a la guerrilla no solo resulta 'políticamente incorrecto', sino que envía al conjunto de la sociedad un mensaje ambiguo y peligroso. Estas inquietudes tienen sin cuidado a terroristas que ponen bombas, secuestran y siembran minas, pero el Estado no puede deslegitimarse en su lucha contra el terrorismo. Así como hay métodos que las sociedades civilizadas han aceptado que no valen en la guerra, igualmente hay conductas que no se deben estimular. Y debe quedar claro a quienes incurren en ellas que, si bien ellos mismos pueden no vacilar en cuanto a los métodos y los límites, hay umbrales que el Estado y la sociedad no aceptan franquear. Para diferenciarse, precisamente, del enemigo que combaten.
Si el Gobierno quiere ser consecuente con su política de recompensas, que viene impulsando desde el 2002, debe pagar. Pero, si quiere ser consecuente con los principios básicos de una democracia, algún mecanismo debe mostrar que no es lo mismo delatar que matar, así se haga en nombre de la lucha contra enemigos armados del Estado.
A 'Rojas' habría, pues, que pagarle, pero él, a su vez, debe pagar. Corresponde a la Fiscalía asumir la investigación por lo que hizo y establecer si concurren atenuantes como la legítima defensa (él mismo ha alegado que estaban cercados, sin abastecimiento) u otras circunstancias. Como en cualquier homicidio. Y un juez debe dictaminar la pena a que haya lugar. No hay quizá otra forma de conciliar la política de recompensas -que en casos extremos puede ser un aliciente para conductas como la de 'Rojas'- con la de que matar se castiga en cualquier sociedad civilizada.
En todo caso, es una lección lo sucedido. Para las Farc, ante todo: que un miembro de su máxima dirección muera como cualquier bandido, a manos de sus propios hombres, habla mucho de la descomposición de esa organización. Y también, de la degradación general a que ha llegado nuestro conflicto armado: en pocos países se presenta alguien con una mano cortada a reclamar un premio estatal.
La recompensa a la que, en principio, tiene derecho 'Rojas', el jefe de seguridad de 'Iván Ríos', por haber cobrado para las autoridades la segunda baja del más alto nivel de las Farc, plantea al Gobierno -y a la sociedad- una compleja disyuntiva jurídica, política y moral.
Basta pensar en lo que está en juego. Si se paga la recompensa de 5.000 millones de pesos -oficialmente prometida a cualquiera que contribuya a capturar a un miembro del secretariado de las Farc- se estaría premiando a un hombre que ha cometido un homicidio y ha dicho él mismo que cortó la mano del cadáver para demostrar que se trataba de 'Ríos'. ¿Puede un Estado de Derecho amparar semejante conducta, aun con la justificación de que el muerto es uno de los jefes de una organización que ha causado infinito daño?
Pero si no se le paga, ¿no se les estará enviando a miembros de la guerrilla eventualmente dispuestos a hacer algo similar para entregarse el mensaje de que el Estado no cumple las recompensas que anuncia, y limitar así las posibilidades de que procesos de desmoralización dentro de esas organizaciones culminen en traiciones tan elocuentes como la protagonizada por 'Rojas'?
Más allá de la obvia importancia que tiene desde el punto de vista militar, recompensar este tipo de actitud plantea dilemas políticos y morales para un Estado de Derecho. Es perfectamente legítimo premiar la delación para combatir organizaciones ilegales, pero este caso plantea una situación sui géneris, que la ley no previno. Fomentar el asesinato (para no hablar de la mutilación) como fórmula para combatir a la guerrilla no solo resulta 'políticamente incorrecto', sino que envía al conjunto de la sociedad un mensaje ambiguo y peligroso. Estas inquietudes tienen sin cuidado a terroristas que ponen bombas, secuestran y siembran minas, pero el Estado no puede deslegitimarse en su lucha contra el terrorismo. Así como hay métodos que las sociedades civilizadas han aceptado que no valen en la guerra, igualmente hay conductas que no se deben estimular. Y debe quedar claro a quienes incurren en ellas que, si bien ellos mismos pueden no vacilar en cuanto a los métodos y los límites, hay umbrales que el Estado y la sociedad no aceptan franquear. Para diferenciarse, precisamente, del enemigo que combaten.
Si el Gobierno quiere ser consecuente con su política de recompensas, que viene impulsando desde el 2002, debe pagar. Pero, si quiere ser consecuente con los principios básicos de una democracia, algún mecanismo debe mostrar que no es lo mismo delatar que matar, así se haga en nombre de la lucha contra enemigos armados del Estado.
A 'Rojas' habría, pues, que pagarle, pero él, a su vez, debe pagar. Corresponde a la Fiscalía asumir la investigación por lo que hizo y establecer si concurren atenuantes como la legítima defensa (él mismo ha alegado que estaban cercados, sin abastecimiento) u otras circunstancias. Como en cualquier homicidio. Y un juez debe dictaminar la pena a que haya lugar. No hay quizá otra forma de conciliar la política de recompensas -que en casos extremos puede ser un aliciente para conductas como la de 'Rojas'- con la de que matar se castiga en cualquier sociedad civilizada.
En todo caso, es una lección lo sucedido. Para las Farc, ante todo: que un miembro de su máxima dirección muera como cualquier bandido, a manos de sus propios hombres, habla mucho de la descomposición de esa organización. Y también, de la degradación general a que ha llegado nuestro conflicto armado: en pocos países se presenta alguien con una mano cortada a reclamar un premio estatal.
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