Decisión histórica de la CPI

La Corte Penal Internacional (CPI) ha ordenado este jueves el arresto del presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur, pero desestimó el cargo de genocidio

Desde Jartum, el ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció que su país no entregará a al Bachir, poco después de que la portavoz de la CPI, Laurence Blairon, anunciara que la Camara Preliminar número 1 había emitido la orden. "La orden de detención es una decisión política, que ha sido preparada desde antes", afirmó Sedrat en Jartum. Insistió en que su país no tratará con la CPI, ni la va a reconocer porque este tribunal "no tiene competencia ni poderes en Sudán", y aseguró que "Al Bachir continuará sus labores de forma habitual". Además, el embajador de Sudán ante la ONU, Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad, exigió que se desestime la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de su país, Omar al Bachir, por considerarla parte de "un complot" occidental.

El fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, dijo que el destino del presidente sudanés es "sentarse ante la Justicia". En una rueda de prensa, el fiscal declaró que "los jueces han sido claros: no hay inmunidad para los jefes de Estado [...] y, como Milosevic o Taylor, el destino de Al Bachir es sentarse ante la Justicia".

Moreno Ocampo afirmó que "el Gobierno de Sudán está obligado a ejecutar la orden de arresto o, si no, el Consejo de Seguridad [de la ONU] tiene que asegurarse de que sea ejecutada".

Sin cargo de genocidio

La orden no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron "por mayoría" que los documentos presentados por la fiscalía no tienen suficiente base para probar la "intención específica" de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según explicó la portavoz de la CPI.

La orden de arresto, que tiene efecto inmediato a partir de hoy, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra -entre ellos exterminio, tortura y violación- y dos de lesa humanidad -ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje. El cargo de genocidio necesita que haya "una clara intención para destruir y exterminar a una parte de la población", puntualizó Blairon.

Tras conocerse la noticia, miles de sudaneses se congregaron en Jartum para mostrar su solidaridad con el presidente Omar al Bashir "Alá es grande" y "Con nuestra sangre y nuestra alma te defendemos, Al Bashir" eran algunos de los lemas invocados por los manifestantes.

En unos carteles se leía: "Vergüenza, vergüenza, Ocampo es un burro", en referencia al fiscal general del tribunal, Luis Moreno Ocampo.

El gobierno en Jartum, entre tanto, calificó la orden de captura como "neocolonialismo", según la emisora Al Arabiya. Jussif Ali, portavoz del Ministerio de Exteriores, declaró que, a pesar de la orden de captura, Al Bashir participará en la cumbre árabe que tendrá lugar a fines de marzo en Qatar.

Los rebeldes, en cambio, se manifestaron en un sentido completamente opuesto. El portavoz de uno de los principales grupos de Darfur, el Movimiento para la Justicia e Igualdad (MJI), Ahmad Husein Adham, calificó de "victoria" la orden de arresto y dijo que "éste es un gran día que representa un éxito verdadero para las víctimas de Darfur, que alcanzan los 300,000 muertos y otros cientos de miles de desplazados".

"Es un gran día para la Justicia internacional y una gran victoria para el pueblo sudanés", se congratuló Adham, quien señaló que la resolución de la CPI será cumplida "tarde o temprano".

Especialmente significativa fue la reacción del gobierno francés en el ámbito internacional, quien pidió a las autoridades de Sudán que cooperen "plenamente" con la CPI ya que el país galo apoya a la Justicia penal internacional.

Desde la ONU, su ecretario general, Ban Ki-mun, urgió al Gobierno de Sudán a garantizar la "seguridad de la población", el personal de la ONU y los cooperantes ante posibles reacciones violentas a la orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar al Bachir.

Poco después se ha conocido que el Gobierno sudanés decidió expulsar a diez organizaciones de asistencia extranjeras de su territorio.

Caso inédito

A Bachir es el último de una larga lista de dirigentes inculpados por violación de derechos humanos, aunque su caso es inédito al ser el primer mandatario acusado por la CPI.

De hecho, Bachir es el primer jefe de Estado en ejercicio acusado por una Corte internacional de carácter permanente, además del tercer presidente inculpado por la justicia internacional durante su mandato, tras el yugoslavo Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor, que fueron juzgados por tribunales especiales.

El presidente sudanés llegó al poder en 1989. En la provincia sudanesa de Darfur, cinco años de conflicto han causado más de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados

2,2 millones de sudaneses pueden morir por inanición y enfermedades
Amnistía Internacional advierte de que más de dos millones de personas podrían verse en peligro de morir por inanición en Sudán de concretarse la expulsión de diez ONGs.

En efecto, el Gobierno de Sudán, ha retirado la licencia para operar en el norte del país a Oxfam GB, uno de los afiliados de Oxfam Internacional (Intermón Oxfam en España) y a Médicos Sin Fronteras Holanda junto a otras ONG. En total, una decena de organizaciones internacionales ha tenido que suspender su labor en esta región, que vive una de las mayores crisis humanas del mundo.

Fuente: agencias, El Mundo.