Acusa Godoy ocupación de Michoacán
El Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, arremetió este viernes por el despliegue de más de 5 mil elementos policiacos y militares para enfrentar al crimen organizado en la entidad y advirtió que sin una coordinación de por medio, el Gobierno está incurriendo en la ocupación de un Estado.
En un mensaje dirigido desde la Casa de Gobierno, el gobernador reconoció que las diferencias con la Administración del Presidente Felipe Calderón se han agudizado. "(Lo que está pasando) no son visos de ingobernabilidad, sino visos de ocupación a un Estado libre y soberano, que tiene obligaciones constitucionales de seguridad pública y de persecución de delitos del orden común, mismas funciones que pueden ser obstruidas sin la coordinación y colaboración que se necesitan".
Godoy lamentó que los titulares de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, y de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hayan ignorado la propuesta que les hizo en días pasados personalmente para definir juntos una nueva estrategia de lucha contra la delincuencia.
***
Este es el Posicionamiento de Leonel Godoy Rangel sobre el incremento de fuerzas federales en Michoacán
Morelia, Mich., a 17 de julio de 2009.-
El día de ayer el Secretario de Gobernación anunció la decisión del Gobierno Federal de incrementar las fuerzas federales en el Estado, les deseamos éxito porque sin duda Michoacán necesita de paz y tranquilidad para poder tener desarrollo y oportunidades de trabajo, educación y salud. Y la delincuencia organizada, no cabe duda, representa una amenaza para la paz y tranquilidad.
Después de escuchar y revisar detenidamente el comunicado hecho ayer por el Secretario de Gobernación no encontramos ninguna frase o dato que nos permitan pensar que la decisión de aumentar las fuerzas federales en el estado, esté motivada en el espíritu de la Constitución, que obliga a los Estados y a la Federación a mantener una coordinación y colaboración estrecha, ya que comparten el mismo territorio y obligaciones. Tampoco encontramos ninguna propuesta en donde se nos convoque a apoyarlos en tan importante tarea para el país. Por esto, exigimos respeto a la Constitución Mexicana, a la del Estado y al pacto federal que de ellas emana.
Conforme al espíritu de la Constitución la coordinación no es discrecional, sino un deber que nos impone. De otra manera se tomaría, no como un esfuerzo conjunto, sino como la ocupación de una entidad, que nuestra propia carta magna establece que es libre y soberano.
Hay múltiples ejemplos de la necesaria coordinación y colaboración, en educación, salud, cultura, medio ambiente etcétera. Por eso en materia de seguridad pública y procuración de justicia los gobiernos de los estados y la federación hemos suscrito convenios como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; el Convenio de Coordinación en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Convenio Marco de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; los Anexos Técnicos del Programa contra el Narcomenudeo; el Anexo Técnico para llevar a cabo la Ejecución del Eje estratégico Plataforma México, entre otros. Sin coordinación las instituciones del Estado mexicano se debilitan y entonces sí son presas fáciles, no sólo de la delincuencia organizada, sino también de la pobreza e incluso de la defensa de la soberanía nacional.
Sin duda, las diferencias entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado se han agudizado a partir del operativo del 26 de mayo pasado. Ahí se manifestó y así lo han expresado diferentes autoridades federales, la falta de confianza hacía las autoridades estatales. Todo debido a que no estuvimos de acuerdo en la forma en que se realizó.
¿Acaso una orden de localización y presentación emitida por una autoridad administrativa permite a la autoridad federal ingresar violentamente a domicilios particulares, Palacios Municipales y a la sede del Poder Ejecutivo Estatal? ¿Es suficiente conforme a nuestras leyes, que alguien sea acusado para considerarlo un delincuente sin juicio previo? ¿Qué tal si resultan falsas las acusaciones y muchos de los detenidos son inocentes? Por eso la Constitución obliga a la coordinación, para que esta no esté sujeta a valoraciones ni a prejuicios políticos.
Por todo lo anterior, solicitamos al Gobierno Federal restituya la coordinación con el Gobierno del Estado democráticamente electo, porque de otra manera, será la delincuencia organizada la que salga ganando.
En Michoacán nuestro proyecto político ganó en las elecciones del 2006, 2007 y 2009 ¿No será suficiente esta manifestación popular para darnos autoridad y por ello proponer estrategias complementarias con las federales en la persecución de los delitos?
Quiero responder respetuosamente a los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional que lo que está ocurriendo en Michoacán ante la evidente decisión de no tener coordinación con el Gobierno del Estado, no son visos de ingobernabilidad, sino visos de ocupación a un Estado libre y soberano, que tiene obligaciones constitucionales de seguridad pública y de persecución de delitos del orden común, mismas funciones que pueden ser obstruidas sin la coordinación y colaboración que se necesita.
Hay casos preocupantes como el ocurrido el día sábado 20 de junio en donde las fuerzas federales ingresaron a las instalaciones que ocupa la Secretaría de Gobierno y la Comisión Forestal del Estado, sin autorización ni previo aviso, a pesar de estar bardeadas ; el 4 de julio el Secretario de Gobierno asistió a la ciudad de Lázaro Cárdenas y al aterrizar en un aeropuerto del Gobierno del Estado, las fuerzas federales le marcaron el alto y le exigieron que informara a dónde, por qué y para qué se encontraba en esa ciudad, pese a que acudía a una reunión de trabajo en la X Zona Naval. Asimismo, en el enfrentamiento ocurrido en Lázaro Cárdenas el día 12 de julio se recibió una llamada de auxilio en el C4 de esa ciudad y los elementos que se encontraban en el Centro de Protección Ciudadana acudieron al llamado, y en vez de ser recibidos como un apoyo por la policía federal, fueron sometidos y desarmados violentamente. Estos hechos reales, son signos preocupantes en perjuicio de Michoacán.
En este clima de desconfianza del Gobierno Federal hacia las autoridades estatales por negarse a tener coordinación, a pesar de ser mandato constitucional, se pone en riesgo entonces sí, el funcionamiento de tareas del Gobierno Estatal, por imponer políticas en materia de seguridad pública sin escuchar las de esta administración.
El pasado martes acudimos personalmente la Ciudad de México a entrevistarnos por separado con el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y con el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde le solicitamos respetuosamente nos invitaran a participar a una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, se los dije a ellos y a los medios de comunicación que el motivo era mejorar y afinar los mecanismos de coordinación y colaboración, además porque tenemos el derecho constitucional de proponer nuestras estrategias en la lucha contra la delincuencia en el estado. Esta petición la hicimos, formal, comedida y respetuosamente, la respuesta la conocimos el día de ayer en voz del Secretario de Gobernación dando a conocer nuevas tareas de las fuerzas federales, sin mencionar jamás algún interés de coordinarse con el Gobierno del Estado.
En todo momento hemos actuado pensando en el bien de los michoacanos, contradije un acuerdo del Consejo Nacional de mi partido sobre la relación con el Gobierno Federal, porque pensé primeramente en mi obligación constitucional, más allá de mis posiciones político partidistas.
Sin embargo, a estas alturas, solo hemos visto que se recrudece la violencia, disminuye la inversión, baja el turismo, aumenta la migración, bajan las remesas y por consiguiente se deteriora más el nivel de vida de los michoacanos, un estado ya de por si pobre. Todo debido a una decisión unilateral del Gobierno Federal, ante delitos federales con una estrategia sin coordinación con las autoridades estatales.
Vamos a celebrar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución de México; Michoacán y los michoacanos han tenido una participación destacada en estos acontecimientos sociales que nos han dado identidad nacional y constituciones liberales, nunca han ganado las posiciones conservadoras con visiones centralistas. Ni antes con las armas ni ahora con los votos. Somos una república federal por mandato soberano del pueblo de México y mientras los mexicanos no lo decidan de otra forma, seguirá siendo una nación federal.
Muchas gracias.
Leonel Godoy Rangel
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
El día de ayer el Secretario de Gobernación anunció la decisión del Gobierno Federal de incrementar las fuerzas federales en el Estado, les deseamos éxito porque sin duda Michoacán necesita de paz y tranquilidad para poder tener desarrollo y oportunidades de trabajo, educación y salud. Y la delincuencia organizada, no cabe duda, representa una amenaza para la paz y tranquilidad.
Después de escuchar y revisar detenidamente el comunicado hecho ayer por el Secretario de Gobernación no encontramos ninguna frase o dato que nos permitan pensar que la decisión de aumentar las fuerzas federales en el estado, esté motivada en el espíritu de la Constitución, que obliga a los Estados y a la Federación a mantener una coordinación y colaboración estrecha, ya que comparten el mismo territorio y obligaciones. Tampoco encontramos ninguna propuesta en donde se nos convoque a apoyarlos en tan importante tarea para el país. Por esto, exigimos respeto a la Constitución Mexicana, a la del Estado y al pacto federal que de ellas emana.
Conforme al espíritu de la Constitución la coordinación no es discrecional, sino un deber que nos impone. De otra manera se tomaría, no como un esfuerzo conjunto, sino como la ocupación de una entidad, que nuestra propia carta magna establece que es libre y soberano.
Hay múltiples ejemplos de la necesaria coordinación y colaboración, en educación, salud, cultura, medio ambiente etcétera. Por eso en materia de seguridad pública y procuración de justicia los gobiernos de los estados y la federación hemos suscrito convenios como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; el Convenio de Coordinación en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Convenio Marco de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; los Anexos Técnicos del Programa contra el Narcomenudeo; el Anexo Técnico para llevar a cabo la Ejecución del Eje estratégico Plataforma México, entre otros. Sin coordinación las instituciones del Estado mexicano se debilitan y entonces sí son presas fáciles, no sólo de la delincuencia organizada, sino también de la pobreza e incluso de la defensa de la soberanía nacional.
Sin duda, las diferencias entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado se han agudizado a partir del operativo del 26 de mayo pasado. Ahí se manifestó y así lo han expresado diferentes autoridades federales, la falta de confianza hacía las autoridades estatales. Todo debido a que no estuvimos de acuerdo en la forma en que se realizó.
¿Acaso una orden de localización y presentación emitida por una autoridad administrativa permite a la autoridad federal ingresar violentamente a domicilios particulares, Palacios Municipales y a la sede del Poder Ejecutivo Estatal? ¿Es suficiente conforme a nuestras leyes, que alguien sea acusado para considerarlo un delincuente sin juicio previo? ¿Qué tal si resultan falsas las acusaciones y muchos de los detenidos son inocentes? Por eso la Constitución obliga a la coordinación, para que esta no esté sujeta a valoraciones ni a prejuicios políticos.
Por todo lo anterior, solicitamos al Gobierno Federal restituya la coordinación con el Gobierno del Estado democráticamente electo, porque de otra manera, será la delincuencia organizada la que salga ganando.
En Michoacán nuestro proyecto político ganó en las elecciones del 2006, 2007 y 2009 ¿No será suficiente esta manifestación popular para darnos autoridad y por ello proponer estrategias complementarias con las federales en la persecución de los delitos?
Quiero responder respetuosamente a los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional que lo que está ocurriendo en Michoacán ante la evidente decisión de no tener coordinación con el Gobierno del Estado, no son visos de ingobernabilidad, sino visos de ocupación a un Estado libre y soberano, que tiene obligaciones constitucionales de seguridad pública y de persecución de delitos del orden común, mismas funciones que pueden ser obstruidas sin la coordinación y colaboración que se necesita.
Hay casos preocupantes como el ocurrido el día sábado 20 de junio en donde las fuerzas federales ingresaron a las instalaciones que ocupa la Secretaría de Gobierno y la Comisión Forestal del Estado, sin autorización ni previo aviso, a pesar de estar bardeadas ; el 4 de julio el Secretario de Gobierno asistió a la ciudad de Lázaro Cárdenas y al aterrizar en un aeropuerto del Gobierno del Estado, las fuerzas federales le marcaron el alto y le exigieron que informara a dónde, por qué y para qué se encontraba en esa ciudad, pese a que acudía a una reunión de trabajo en la X Zona Naval. Asimismo, en el enfrentamiento ocurrido en Lázaro Cárdenas el día 12 de julio se recibió una llamada de auxilio en el C4 de esa ciudad y los elementos que se encontraban en el Centro de Protección Ciudadana acudieron al llamado, y en vez de ser recibidos como un apoyo por la policía federal, fueron sometidos y desarmados violentamente. Estos hechos reales, son signos preocupantes en perjuicio de Michoacán.
En este clima de desconfianza del Gobierno Federal hacia las autoridades estatales por negarse a tener coordinación, a pesar de ser mandato constitucional, se pone en riesgo entonces sí, el funcionamiento de tareas del Gobierno Estatal, por imponer políticas en materia de seguridad pública sin escuchar las de esta administración.
El pasado martes acudimos personalmente la Ciudad de México a entrevistarnos por separado con el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y con el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, donde le solicitamos respetuosamente nos invitaran a participar a una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, se los dije a ellos y a los medios de comunicación que el motivo era mejorar y afinar los mecanismos de coordinación y colaboración, además porque tenemos el derecho constitucional de proponer nuestras estrategias en la lucha contra la delincuencia en el estado. Esta petición la hicimos, formal, comedida y respetuosamente, la respuesta la conocimos el día de ayer en voz del Secretario de Gobernación dando a conocer nuevas tareas de las fuerzas federales, sin mencionar jamás algún interés de coordinarse con el Gobierno del Estado.
En todo momento hemos actuado pensando en el bien de los michoacanos, contradije un acuerdo del Consejo Nacional de mi partido sobre la relación con el Gobierno Federal, porque pensé primeramente en mi obligación constitucional, más allá de mis posiciones político partidistas.
Sin embargo, a estas alturas, solo hemos visto que se recrudece la violencia, disminuye la inversión, baja el turismo, aumenta la migración, bajan las remesas y por consiguiente se deteriora más el nivel de vida de los michoacanos, un estado ya de por si pobre. Todo debido a una decisión unilateral del Gobierno Federal, ante delitos federales con una estrategia sin coordinación con las autoridades estatales.
Vamos a celebrar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución de México; Michoacán y los michoacanos han tenido una participación destacada en estos acontecimientos sociales que nos han dado identidad nacional y constituciones liberales, nunca han ganado las posiciones conservadoras con visiones centralistas. Ni antes con las armas ni ahora con los votos. Somos una república federal por mandato soberano del pueblo de México y mientras los mexicanos no lo decidan de otra forma, seguirá siendo una nación federal.
Muchas gracias.
Leonel Godoy Rangel
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
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La respuesta!
Con referencia al desplegado publicado el 18 de junio de 2009 en diversos medios de comunicación por el Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, la Secretaría de Gobernación hace las siguientes precisiones.
México, D. F., a 18 de julio de 2009 Boletín No.125-18/07/2009
Con referencia al desplegado publicado el 18 de junio (Sic) de 2009 en diversos medios de comunicación por el Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, la Secretaría de Gobernación hace las siguientes precisiones.
1. El Gobierno Federal coincide con la afirmación sostenida por el Gobernador del Estado en el sentido de que la delincuencia organizada representa una amenaza para la paz y la tranquilidad de la nación, las cuales son necesarias para poder lograr desarrollo y oportunidades de trabajo, educación y salud en nuestro país.
2. Precisamente por ello, durante esta administración el Gobierno Federal ha implementado diversas acciones para combatir de manera frontal a la delincuencia organizada, golpeando sus estructuras logísticas, operativas y financieras, así como las redes de protección institucional que permitían su propagación en territorio nacional.
Los principios que caracterizan a la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal son la integralidad y la coordinación; los valores que la sustentan, son el sentido del deber y la responsabilidad social. Sobre éstos se fundamentan una serie de acciones de cooperación a nivel regional, nacional, e internacional.
3. En el marco de estas acciones, se han implementado operativos conjuntos en diversos puntos del país con la determinación de poner un alto al proceso degenerativo ocasionado por el crimen organizado. La presencia de fuerzas federales está orientada a reconstruir y fortalecer la autoridad del Estado en todos los niveles.
En todo momento el Gobierno Federal ha impulsado una política de cooperación solidaria y subsidiaria con todas las autoridades locales del país, sin distingo alguno de filiación partidista. Aquellas autoridades locales comprometidas con la lucha contra la delincuencia organizada, cuentan con el apoyo del Gobierno Federal.
4. Como consecuencia de la creciente violencia registrada en el Estado de Michoacán, en diciembre de 2006 se acordó con el gobierno local el inicio del Operativo Conjunto Michoacán, primero de dichos operativos a nivel nacional, e inicio de un proceso de corresponsabilidad entre autoridades federales y estatales, a fin de fortalecer la presencia de la autoridad en el Estado y minar las estructuras humanas y financieras de los grupos criminales que operan en dicha entidad. Cabe señalar que el propio Gobernador Godoy Rangel en múltiples ocasiones ha reconocido las bondades de dicho operativo.
5. Dados los recientes acontecimientos en dicha entidad, y ante la agresión perpetrada contra las fuerzas y las instalaciones federales de seguridad, el Gobierno Federal tomó la decisión de incrementar su presencia y reforzar su operación, con el fin de fortalecer a los miembros de dichas fuerzas en el marco del Operativo Conjunto. La gravedad de los hechos requería de una respuesta inmediata, frontal y decidida para proteger a los policías, soldados y marinos quienes venían siendo blanco de tales agresiones.
6. En este contexto, de ninguna forma puede aseverarse que el Gobierno Federal actúe de manera unilateral, que no busque la cooperación y la corresponsabilidad como estrategias primarias de esta lucha, cuando fundamentalmente se centra en fortalecer la presencia de las fuerzas federales, con el fin de repeler aquellas agresiones de las que han sido sujetas. Por ello no podemos aceptar que este elemental principio de legítima defensa de los miembros de las fuerzas federales pueda agraviar de manera alguna a los michoacanos o a sus autoridades. Asimismo, tampoco aceptamos que el refuerzo de la presencia federal implique una invasión de competencias, toda vez que como lo señala el artículo 43 de nuestra Carta Magna el Estado Libre y Soberano de Michoacán es parte de la Federación.
7. El Estado Mexicano, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de proveer seguridad y justicia a todos los mexicanos. Con pleno respeto al Pacto Federal, el esfuerzo nacional por procurar seguridad y justicia, requiere de la confianza y cooperación de de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes de la Federación, requiere también del reconocimiento de la capacidad y atribuciones de cada una de las partes. La lucha por la seguridad no es una competencia por reconocimiento individual, y no debe ser entendida así; el único reconocimiento válido será la recuperación de la tranquilidad en la vida diaria.
8. Sólo la decisión impostergable e ineludible del Estado Mexicano de enfrentar a la delincuencia organizada, con toda la fuerza de la ley, abatirá la violencia generada por los grupos criminales en el estado de Michoacán y en el resto del país.
9. El Gobierno Federal reitera su compromiso de cerrar espacios a la delincuencia mediante la coordinación de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de recuperar la fortaleza de nuestras instituciones.:
México, D. F., a 18 de julio de 2009 Boletín No.125-18/07/2009
Con referencia al desplegado publicado el 18 de junio (Sic) de 2009 en diversos medios de comunicación por el Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, la Secretaría de Gobernación hace las siguientes precisiones.
1. El Gobierno Federal coincide con la afirmación sostenida por el Gobernador del Estado en el sentido de que la delincuencia organizada representa una amenaza para la paz y la tranquilidad de la nación, las cuales son necesarias para poder lograr desarrollo y oportunidades de trabajo, educación y salud en nuestro país.
2. Precisamente por ello, durante esta administración el Gobierno Federal ha implementado diversas acciones para combatir de manera frontal a la delincuencia organizada, golpeando sus estructuras logísticas, operativas y financieras, así como las redes de protección institucional que permitían su propagación en territorio nacional.
Los principios que caracterizan a la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal son la integralidad y la coordinación; los valores que la sustentan, son el sentido del deber y la responsabilidad social. Sobre éstos se fundamentan una serie de acciones de cooperación a nivel regional, nacional, e internacional.
3. En el marco de estas acciones, se han implementado operativos conjuntos en diversos puntos del país con la determinación de poner un alto al proceso degenerativo ocasionado por el crimen organizado. La presencia de fuerzas federales está orientada a reconstruir y fortalecer la autoridad del Estado en todos los niveles.
En todo momento el Gobierno Federal ha impulsado una política de cooperación solidaria y subsidiaria con todas las autoridades locales del país, sin distingo alguno de filiación partidista. Aquellas autoridades locales comprometidas con la lucha contra la delincuencia organizada, cuentan con el apoyo del Gobierno Federal.
4. Como consecuencia de la creciente violencia registrada en el Estado de Michoacán, en diciembre de 2006 se acordó con el gobierno local el inicio del Operativo Conjunto Michoacán, primero de dichos operativos a nivel nacional, e inicio de un proceso de corresponsabilidad entre autoridades federales y estatales, a fin de fortalecer la presencia de la autoridad en el Estado y minar las estructuras humanas y financieras de los grupos criminales que operan en dicha entidad. Cabe señalar que el propio Gobernador Godoy Rangel en múltiples ocasiones ha reconocido las bondades de dicho operativo.
5. Dados los recientes acontecimientos en dicha entidad, y ante la agresión perpetrada contra las fuerzas y las instalaciones federales de seguridad, el Gobierno Federal tomó la decisión de incrementar su presencia y reforzar su operación, con el fin de fortalecer a los miembros de dichas fuerzas en el marco del Operativo Conjunto. La gravedad de los hechos requería de una respuesta inmediata, frontal y decidida para proteger a los policías, soldados y marinos quienes venían siendo blanco de tales agresiones.
6. En este contexto, de ninguna forma puede aseverarse que el Gobierno Federal actúe de manera unilateral, que no busque la cooperación y la corresponsabilidad como estrategias primarias de esta lucha, cuando fundamentalmente se centra en fortalecer la presencia de las fuerzas federales, con el fin de repeler aquellas agresiones de las que han sido sujetas. Por ello no podemos aceptar que este elemental principio de legítima defensa de los miembros de las fuerzas federales pueda agraviar de manera alguna a los michoacanos o a sus autoridades. Asimismo, tampoco aceptamos que el refuerzo de la presencia federal implique una invasión de competencias, toda vez que como lo señala el artículo 43 de nuestra Carta Magna el Estado Libre y Soberano de Michoacán es parte de la Federación.
7. El Estado Mexicano, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de proveer seguridad y justicia a todos los mexicanos. Con pleno respeto al Pacto Federal, el esfuerzo nacional por procurar seguridad y justicia, requiere de la confianza y cooperación de de todos los órdenes de gobierno y de todos los poderes de la Federación, requiere también del reconocimiento de la capacidad y atribuciones de cada una de las partes. La lucha por la seguridad no es una competencia por reconocimiento individual, y no debe ser entendida así; el único reconocimiento válido será la recuperación de la tranquilidad en la vida diaria.
8. Sólo la decisión impostergable e ineludible del Estado Mexicano de enfrentar a la delincuencia organizada, con toda la fuerza de la ley, abatirá la violencia generada por los grupos criminales en el estado de Michoacán y en el resto del país.
9. El Gobierno Federal reitera su compromiso de cerrar espacios a la delincuencia mediante la coordinación de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de recuperar la fortaleza de nuestras instituciones.:
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