Carta a los jueces

Carta a los jueces del Tribunal Constitucional/Joseba Arregi, ex consejero de Cultura del Gobierno vasco

Publicado en EL MUNDO, 14/12/09):

Me imagino que a sus señorías no les resultará extraño el debate que, desde hace tiempo, se nutre de la tardanza del Tribunal del que forman parte en dictar la sentencia que afecta a la constitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña. Me imagino que tampoco pasará de largo de sus preocupaciones el deterioro de la imagen pública del Tribunal Constitucional que esa tardanza y ese debate conllevan.

Me preocupa que puedan haber llegado a pensar que es una cuestión de debate entre los partidos políticos, y en todo caso, de los medios de comunicación alineados con los partidos políticos. Aunque es cierto que la sentencia que vayan a dictar, espero que en un tiempo no demasiado lejano, va a ser una sentencia de peso político -el Tribunal constitucional es el más político de los tribunales, pues ocupa un lugar clave en el entramado jurídico y político del Estado-, ello no significa que su significado sea estrictamente partidista.

Me dirijo a ustedes como simple ciudadano interesado y preocupado por la política en su sentido más serio, más allá de su necesaria articulación partidista. Pertenezco a un grupo de vascos, ciudadanos españoles, que a lo largo de su vida y en la lucha por la libertad y contra el terrorismo, han ido aprendiendo el valor del Estado. Pertenezco a un grupo de ciudadanos vascos que han aprendido que fuera del Estado de Derecho, sustentado en el principio de los derechos ciudadanos, sólo existe la ley de la selva, la ley del más fuerte, que en nuestro caso es ETA.

Hemos aprendido a entender el Estado de Derecho como la condición necesaria de las libertades individuales, como lo que, sin negar las adscripciones identitarias de cada cual, garantiza la igualdad de todos ante la ley, nuestra condición de ciudadanos sujetos de derechos. Hemos aprendido que el Estado no es el enemigo a batir, sino el marco en el que podemos desarrollar nuestra identidad, en general compleja, muy al estilo collage o patchwork, siempre que estemos dispuestos a limitarla para que no ahogue el todo del espacio público. Y hemos aprendido a resistirnos a las pretensiones nacionalistas de que sea sólo el sentimiento nacionalista el que tenga derecho al espacio público de la democracia en Euskadi.

Desde esa perspectiva me dirijo a ustedes para mostrarles mi preocupación, porque con su tardanza veo desprestigiado el Estado que tanto he tardado en valorar, pero cuya existencia tan necesaria me parece para garantizar la libertad de todos los ciudadanos vascos y españoles. Me dirijo a ustedes con la preocupación de quien entiende que el Tribunal Constitucional no es, en la elaboración de la sentencia que afecta al nuevo Estatuto de Cataluña, algo que afecta sólo a los catalanes, sino a todos los ciudadanos españoles, porque lo que tienen ustedes que dilucidar no es algo que afecta sólo a los catalanes, que afecta sólo al Estatuto de Cataluña, sino algo que afecta a la misma Constitución española, aquella que garantiza los derechos de todos los ciudadanos españoles, la igualdad de todos ellos ante la ley, su libertad individual.

Me dirijo a ustedes porque tengo la sensación, compartida con otros ciudadanos vascos y españoles, de que ese marco común que permite la convivencia entre españoles muy diferentes, está siendo sometida a tensiones centrífugas que la pueden ir vaciando de su contenido fundamental: ser marco común de convivencia, ser garantía de la igualdad de todos ante la ley, ser garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en cuanto ciudadanos, y no en función de su adscripción identitaria ni de su sentimiento de pertenencia.

Les escribo estas líneas como alguien que no tiene ninguna dificultad en compartir el llamado discurso de la España plural, porque creo que está consagrado en la propia constitución. Pero también les escribo como alguien que tiene la profunda convicción, adquirida en años de lucha, de que el discurso de la España plural no tiene sentido alguno, de que es una verdad a medias y, por lo tanto, la peor de las mentiras, si al mismo tiempo no se añade el discurso de la Cataluña plural, de la Euskadi plural, de la Galicia plural. No les escribo, pues, desde el miedo ante la dilución de no sé qué unidades sagradas y falsas.

Pero sí desde quien ha aprendido a defender la cultura constitucional, la cultura de la primacía del ciudadano sobre las identidades, la cultura de la primacía de las leyes sobre los sentimientos, la cultura del sometimiento de la voluntad soberana a los principios del Derecho -palabra que la Constitución acostumbra a escribir con mayúscula cuando quiere decir lo que pretendo ahora-, para que la convivencia sea posible. Si me permiten un tópico, les escribo desde la posición del patriotismo constitucional, desde el amor a la patria republicano -que en este caso no quiere decir antimonárquico-, que es el amor a las leyes que constituyen nuestra libertad, como bien lo describe Maurizio Virolli.

Sé, aunque soy lego en la materia, que ustedes sólo pueden actuar cuando la ley que regula el Tribunal al que pertenecen, así lo determina. Pero créanme que en su día me quedé con las ganas, y con ellas continuo, de saber si el proyecto de reforma del Estatuto vasco, aprobado por mayoría en el Parlamento Vasco y rechazado por abrumadora mayoría en el Congreso de los diputados, se tramitó correctamente según la ley, o se produjo un fraude de ley, pues en realidad era un proyecto de reforma de la Constitución, aunque se tramitara como reforma del Estatuto de Gernika. Si era un proyecto de reforma de la Constitución, se debía haber tramitado como tal, y la aprobación por mayoría en el Parlamento vasco hubiera tenido otra significación política distinta a la aprobación de la reforma del Estatuto. Pero habían eliminado la cuestión previa de constitucionalidad, y yo sigo con las ganas.

Tienen ustedes en sus manos la salvaguarda del mayor bien constitucional: la salvaguarda del marco de convivencia de todos los españoles, en básica igualdad que no niega las diferencias mientras éstas no pongan en peligro los derechos fundamentales y las libertades fundamentales de todos. No puede haber, no pueden tener ustedes otro criterio al decidir su sentencia. Y somos muchos los ciudadanos que estamos esperando ya demasiado tiempo con preocupación esa sentencia.

Mientras tanto vamos observando cómo se pone en cuestión su legitimidad, la legitimidad del Tribunal Constitucional, porque quienes actualmente lo componen la han perdido, o porque, lo que es peor, el Tribunal Constitucional no debe dictaminar sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Pero, si no es el Tribunal Constitucional, ¿quién es el defensor de la Constitución?

Los partidos políticos, sobre todo los dos grandes, han usado demasiadas triquiñuelas para asegurarse una sentencia favorable. Pero, ¿favorable a qué y a quién? Sólo les pido que sea favorable a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles, favorable a las libertades fundamentales garantizadas por la constitución, favorable a ese espacio democrático marcado por la unidad constitucional con su reconocimiento de las diferencias internas, diferencias que nunca pueden hacer saltar por los aires la unidad de derechos y libertades.

Ya es muy tarde. Mucho daño se ha hecho ya. No pueden tardar mucho más. Olvídense de los partidos políticos y de sus medios afines. Recuerden a los ciudadanos que confían en la Constitución como el marco que garantiza sus derechos y libertades sin que les exija renuncia a su adscripción identitaria siempre que ésta sepa limitarse para convivir con las demás en el espacio público de la democracia. Ustedes tienen la palabra. Pero la palabra que significa derecho. Ustedes tienen la responsabilidad.