Columna Bitácora del director/Pascal Beltrán del Río
Publicado en Excélsior (www.exonline.com.mx), 22 de febrro de 2009;
Mantener la superioridad moral del Estado
Decía la semana pasada que una de las causas de la crisis de seguridad pública que vive actualmente México es su pobre cultura de la legalidad.
Por eso no extraña que en esta terrible coyuntura se escuchen opiniones de que a la delincuencia organizada hay que combatirla por los medios que sean, aunque éstos no cumplan lo estipulado por la Constitución o los compromisos internacionales del país.
Entre la poca fama que tiene en México la expresión “Estado de derecho” y la desesperación por ver resultados en la lucha contra el crimen, se cuela entre los mexicanos la tentación de abatirla a como dé lugar, incluso echando mano de sus propios métodos canallescos.
Eso va para aquellos que piensan que la solución es organizar escuadrones ilegales que vayan cazando a los capos uno por uno y liberen de sus fechorías a la sociedad, pero también para quienes siguen sosteniendo que se vale abusar de la endeble figura del arraigo judicial, a pesar de que se acumulen las evidencias de que se trata de un encarcelamiento disfrazado.
Sobre la primera de esas opiniones aquí he expuesto las pésimas experiencias que existen sobre luchar contra el delito mediante procedimientos no previstos en la ley.
No olvidemos que quienes combatieron a los grupos guerrilleros en los años 70 y 80 —entre ellos los miembros de la infame Brigada Blanca— no solamente mataron, torturaron y desaparecieron a personas involucradas y no relacionadas en esos movimientos armados, sino que, al paso de los años, se convirtieron ellos mismos en delincuentes y hoy son una de las raíces del enorme problema que nos aqueja.
Tampoco olvidemos cómo una de las mejores agencias de inteligencia del mundo, el Mossad, asesinó en Noruega a un inocente mesero de origen marroquí, después de confundirlo con un terrorista palestino que planeó la matanza de miembros de la delegación israelí durante los Juegos Olímpicos de Munich en 1972.
Con respecto a los arraigos judiciales, este diario ha podido documentar cómo la autoridad federal ha escalado su uso de esta figura, que le permite detener antes de investigar. Gracias a una petición basada en la Ley de Acceso a la Información Pública, mi compañero Lemic Madrid logró saber que mientras en 2007 hubo 230 órdenes de arraigo, en 2008 se dieron mil 720, un aumento de 747 por ciento.
Tiene razón la Procuraduría General de la República en que cada arraigo requiere el mandato de un juez, pero cuando pregunté hace unos días a un funcionario de la dependencia cuántas de las solicitudes de arraigo son denegadas, no me lo supo decir. Sospecho que muy pocas.
La insistencia en abusar de una figura que ya ha sido repudiada por la Suprema Corte ha captado la atención del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que acaba de recomendar a México revisar la compatibilidad del arraigo con los estándares internacionales. Eso pasa cuando se olvida que la globalización es algo más que el ir y venir de mercancías.
Está claro que una sociedad pierde cuando intenta deshacerse de sus problemas sin tener en cuenta la ley, la igualdad de oportunidades y los derechos humanos.
Y que los gobernantes que recurren a esa salida falsa, como el ex presidente estadunidense George W. Bush, acaban repudiados por la población, así tengan enfrente un tema como el terrorismo.
Si no logramos afincar en este país la conciencia de que vivir en el marco de la legalidad es bueno para todos, no conseguiremos salir del círculo vicioso delincuencial en que nos hemos metido.
Una de las formas de comenzar a atacar el problema es que todos cumplamos con la ley, y eso incluye, antes que a nadie, a la autoridad, que debe poner el ejemplo con una actuación transparente y apegada a derecho.
Por eso es de celebrarse el discurso del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, el Día del Ejército. Hizo muy bien Galván en pedir que se analice si la “faceta jurídica que provee sustento y otorga competencia” a las Fuerzas Armadas en la labor subsidiaria que realizan a favor de la preservación de la seguridad es la más adecuada.
Los militares mexicanos —soldados y marinos— se encuentran hoy en la primera línea en la lucha contra la delincuencia organizada, y son, por ahora, nuestra última defensa.
Las contradicciones del pacto federal, así como la ineficacia y la corrupción de muchas entidades de procuración de justicia, se han traducido en un compromiso cada vez menor por parte de los estados de la República en este combate y en una participación cada vez mayor del Ejército y la Armada.
Aunque ha habido señalamientos concretos sobre abusos cometidos por militares en esta tarea, es innegable que las Fuerzas Armadas han probado su eficacia y lealtad mediante el aseguramiento de grandes cargamentos de droga y la detención de diversos capos, al tiempo que han sufrido agresiones arteras que van del levantamiento y decapitación de soldados adscritos a labores administrativas hasta la tortura y el asesinato de un general especialista en la lucha contra el narcotráfico.
Si faltaran pruebas sobre la importancia que han adquirido los militares en el combate al crimen organizado, ahí están los bloqueos callejeros realizados por los llamados tapados, quienes, manipulados por el cártel del Golfo, demandan el cese de las operaciones del Ejército contra el narcotráfico.
Dada la relevancia que ahora tiene la participación de los militares, sí parece conveniente, como planteó el general secretario, una discusión legislativa seria y serena sobre el marco legal que rige su función.
Su eventual adecuación deberá seguir los lineamientos tanto de la Constitución como de los convenios internacionales que México ha suscrito, pero, sobre todo, la convicción de que el Estado debe mantener en todo momento su superioridad moral frente a los criminales.
Decía la semana pasada que una de las causas de la crisis de seguridad pública que vive actualmente México es su pobre cultura de la legalidad.
Por eso no extraña que en esta terrible coyuntura se escuchen opiniones de que a la delincuencia organizada hay que combatirla por los medios que sean, aunque éstos no cumplan lo estipulado por la Constitución o los compromisos internacionales del país.
Entre la poca fama que tiene en México la expresión “Estado de derecho” y la desesperación por ver resultados en la lucha contra el crimen, se cuela entre los mexicanos la tentación de abatirla a como dé lugar, incluso echando mano de sus propios métodos canallescos.
Eso va para aquellos que piensan que la solución es organizar escuadrones ilegales que vayan cazando a los capos uno por uno y liberen de sus fechorías a la sociedad, pero también para quienes siguen sosteniendo que se vale abusar de la endeble figura del arraigo judicial, a pesar de que se acumulen las evidencias de que se trata de un encarcelamiento disfrazado.
Sobre la primera de esas opiniones aquí he expuesto las pésimas experiencias que existen sobre luchar contra el delito mediante procedimientos no previstos en la ley.
No olvidemos que quienes combatieron a los grupos guerrilleros en los años 70 y 80 —entre ellos los miembros de la infame Brigada Blanca— no solamente mataron, torturaron y desaparecieron a personas involucradas y no relacionadas en esos movimientos armados, sino que, al paso de los años, se convirtieron ellos mismos en delincuentes y hoy son una de las raíces del enorme problema que nos aqueja.
Tampoco olvidemos cómo una de las mejores agencias de inteligencia del mundo, el Mossad, asesinó en Noruega a un inocente mesero de origen marroquí, después de confundirlo con un terrorista palestino que planeó la matanza de miembros de la delegación israelí durante los Juegos Olímpicos de Munich en 1972.
Con respecto a los arraigos judiciales, este diario ha podido documentar cómo la autoridad federal ha escalado su uso de esta figura, que le permite detener antes de investigar. Gracias a una petición basada en la Ley de Acceso a la Información Pública, mi compañero Lemic Madrid logró saber que mientras en 2007 hubo 230 órdenes de arraigo, en 2008 se dieron mil 720, un aumento de 747 por ciento.
Tiene razón la Procuraduría General de la República en que cada arraigo requiere el mandato de un juez, pero cuando pregunté hace unos días a un funcionario de la dependencia cuántas de las solicitudes de arraigo son denegadas, no me lo supo decir. Sospecho que muy pocas.
La insistencia en abusar de una figura que ya ha sido repudiada por la Suprema Corte ha captado la atención del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que acaba de recomendar a México revisar la compatibilidad del arraigo con los estándares internacionales. Eso pasa cuando se olvida que la globalización es algo más que el ir y venir de mercancías.
Está claro que una sociedad pierde cuando intenta deshacerse de sus problemas sin tener en cuenta la ley, la igualdad de oportunidades y los derechos humanos.
Y que los gobernantes que recurren a esa salida falsa, como el ex presidente estadunidense George W. Bush, acaban repudiados por la población, así tengan enfrente un tema como el terrorismo.
Si no logramos afincar en este país la conciencia de que vivir en el marco de la legalidad es bueno para todos, no conseguiremos salir del círculo vicioso delincuencial en que nos hemos metido.
Una de las formas de comenzar a atacar el problema es que todos cumplamos con la ley, y eso incluye, antes que a nadie, a la autoridad, que debe poner el ejemplo con una actuación transparente y apegada a derecho.
Por eso es de celebrarse el discurso del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, el Día del Ejército. Hizo muy bien Galván en pedir que se analice si la “faceta jurídica que provee sustento y otorga competencia” a las Fuerzas Armadas en la labor subsidiaria que realizan a favor de la preservación de la seguridad es la más adecuada.
Los militares mexicanos —soldados y marinos— se encuentran hoy en la primera línea en la lucha contra la delincuencia organizada, y son, por ahora, nuestra última defensa.
Las contradicciones del pacto federal, así como la ineficacia y la corrupción de muchas entidades de procuración de justicia, se han traducido en un compromiso cada vez menor por parte de los estados de la República en este combate y en una participación cada vez mayor del Ejército y la Armada.
Aunque ha habido señalamientos concretos sobre abusos cometidos por militares en esta tarea, es innegable que las Fuerzas Armadas han probado su eficacia y lealtad mediante el aseguramiento de grandes cargamentos de droga y la detención de diversos capos, al tiempo que han sufrido agresiones arteras que van del levantamiento y decapitación de soldados adscritos a labores administrativas hasta la tortura y el asesinato de un general especialista en la lucha contra el narcotráfico.
Si faltaran pruebas sobre la importancia que han adquirido los militares en el combate al crimen organizado, ahí están los bloqueos callejeros realizados por los llamados tapados, quienes, manipulados por el cártel del Golfo, demandan el cese de las operaciones del Ejército contra el narcotráfico.
Dada la relevancia que ahora tiene la participación de los militares, sí parece conveniente, como planteó el general secretario, una discusión legislativa seria y serena sobre el marco legal que rige su función.
Su eventual adecuación deberá seguir los lineamientos tanto de la Constitución como de los convenios internacionales que México ha suscrito, pero, sobre todo, la convicción de que el Estado debe mantener en todo momento su superioridad moral frente a los criminales.
***
Pascal escribió en su columna del domingo 8 de febrero de 2009: "Aunque existe, a nivel federal y en el fuero común desde hace varias décadas, apenas hace diez años que el arraigo se utiliza de manera recurrente. Se calcula que 50 mil personas han sido arraigadas en México durante ese lapso. Su uso tiene que ver con la mediatización de la justicia, puesto que permite a la autoridad dar la impresión de que está trabajando, resolviendo casos, cuando en realidad está tratando sobre todo de anotarse puntos ante la opinión pública y avanzar en la arena política."
No hay comentarios.:
Publicar un comentario