Colombia

El Tiempo, Enero 14 de 2010

Un experimento fallido

El más reciente choque de trenes entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, originado en la decisión del primero de darle vía libre a una acción de tutela que en la práctica eximía de pena a uno de los detenidos por el escándalo de la 'Yidispolítica', ha vuelto a poner sobre el tapete la utilidad de un órgano cuya efectividad deja mucho que desear. Creado por la Constitución de 1991 y con la función básica de administrar la Rama Judicial y ejercer la función disciplinaria de la misma, el Consejo muestra un balance muy pobre. Tanto, que las pocas esperanzas que había sobre su buen funcionamiento han sido remplazadas por la certeza de que este debería desaparecer, si el Congreso es capaz de tomar cartas en el asunto y aprueba el acto legislativo correspondiente.

Las razones son varias. Por un lado, la falta de probidad de ciertas actuaciones ha creado un manto de duda sobre la capacidad gerencial de una entidad que maneja cerca de 1,5 billones de pesos al año y tiene a su cargo 22.748 servidores judiciales, incluyendo 4.306 jueces y magistrados. Denuncias como la hecha por el zar anticorrupción en este diario, según la cual el Consejo obligó al Gobierno a firmar un cuestionado contrato por 53.500 millones de pesos para la seguridad tecnológica en las cárceles, son francamente preocupantes.

También lo es la presencia de la más ramplona politiquería, resultado del método de selección de los magistrados de las diferentes salas, cuyas postulaciones por parte del Ejecutivo han entrado a formar parte de la vara de premios de la administración pública. Como si lo anterior no fuera suficiente, el organismo pretende ahora convertirse en una nueva instancia judicial, a la que acuden cuestionados personajes con el fin de desmontar fallos de las altas cortes.

Ese preocupante diagnóstico es todavía más grave a la luz de los desafíos que enfrenta Colombia. Sin desconocer la puesta en marcha con relativo éxito del sistema penal acusatorio, el atraso acumulado en otros campos sigue, como ocurre en el ramo contencioso. Quienes conocen estos temas insisten en que la situación de la justicia es insostenible, lo cual se traduce en impunidad y en exageradísimas demoras, que serían injustificables en cualquier democracia moderna. Casos como el de la liberación de quienes habían sido detenidos preventivamente por el escándalo de los 'falsos positivos' desnudan la inoperancia de un esquema que necesita cambios de raíz.

El problema, según los entendidos, no es de recursos, sino de gerencia. Haber dejado en manos de un cuerpo colegiado la administración de la Rama Judicial fue un error garrafal de la Constitución, que merece ser corregido. Tal como el manejo de los hospitales no se deja necesariamente a los médicos, tampoco las preocupaciones sobre la adecuada dotación de los juzgados o las políticas de personal deberían corresponderle a un puñado de magistrados. No estaría de más, entonces, volver a la propuesta original hecha por el gobierno de la época, durante el nacimiento de la Carta Política, que consistía en la creación de la figura del Administrador de la Justicia, que seguiría las pautas de un consejo concurrente, compuesto por las cabezas de las principales instituciones del sector.

Hacer borrón y cuenta nueva en esta materia debería ser una de las prioridades nacionales en los meses que vienen. Todos los candidatos presidenciales, sin distingo de barreras ideológicas, podrían compartir el propósito de hacerle una verdadera reforma a la justicia, para que las sombras que hoy circundan a uno de los tres poderes públicos se disipen. Y eso incluye concluir con el experimento del Consejo Superior de la Judicatura, una entidad que, cuando llegue al fin de sus días, lo hará con más pena que gloria.