Colombia

El Consejo Superior de la Judicatura tiene delirio de poder": Ibañez

Entrevista, reproducida en la revista Semana, 27 de octubre de 2009;

Revista de radio El presidente de la Corte Suprema de Justicia sugirió que es mejor acabar con este tribunal que ha tumbado varias sentencias de la Corte. La presidenta del CSJ defendió los fallos recientes.

Un nuevo episodio se le agregó al choque entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia. La gota que rebosó la copa fue la decisión de la Sala Disciplinaria del CSJ de sustituir un fallo en el que el Alto Tribunal había condenado a la representante Sandra Arabella Velásquez, a tres años de prisión por haber utilizado indebidamente un avión de la Fuerza Aérea Colombiana.

La magistrada María Mercedez López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, reiteró, en diálogo con La W, su posición frente al fallo de la tutela en el caso de la representante Sandra Arabella y defendió las funciones que han asumido.

Sin embargo, la absolución de Arabella fue interpretada por la Corte Suprema de Justicia como un “deliro de poder”. Esta mañana en Caracol Radio, Augusto Ibáñez, presidente del Alto Tribunal explicó cuáles han sido los casos puntuales en que el CSJ ha tomado funciones que no le corresponden, entorpeciendo los procesos y llevando todos los casos por parapolítica a un escenario de impunidad.

Ibáñez indicó que con este nuevo hecho, lo que primero se debe hacer es revisar la sugerencia del presidente Álvaro Uribe, durante su primera candidatura, de acabar con el Consejo Superior. “Es el primer punto que vamos a analizar, porque antes tenía dudas, pero ahora estoy seguro de que se debe hacer”. Escuche por qué se debe tomar esta decisión.

El presidente del Alto Tribunal se mostró indignado con el nuevo papel que ha querido jugar el Consejo Superior de la Judicatura, indicó que el primer enfrentamiento entre los dos tribunales se dio en el caso de Yidis Medina. Explicó que el CSJ falló una tutela impuesta por el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, porque la ex senadora lo involucró en su proceso y a él se le violó el derecho a la presunción de inocencia.

La decisión tomada por el CSJ fue quitar del caso el nombre de Palacio y no involucrarlo en esa investigación. Ibáñez aseguró que “afortunadamente" este proceso pasó a la Corte Constitucional y que ésta revocó el fallo.

El segundo enfrentamiento entre estos dos tribunales se dio durante el proceso de Iván Díaz Mateus. En esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia indicó que el ex congresista debía ser juzgado el alto tribunal por el delito de cohecho, sin embargo, el CSJ “cambio de la noche a la mañana” quién debería juzgar este caso y lo pasó a la justicia ordinaria, pues durante el tiempo en que Díaz Mateus cometió el delito, no estaba ejerciendo su cargo político.

Este caso está actualmente en la Corte Constitucional quien tendrá la última palabra.

Augusto Ibáñez señaló que los problemas que tiene el Consejo Superior se dan porque su nombramiento lo hace el Congreso a partir de una terna que entrega el Presidente.

"Es un desvío de poder que busca acabar con el proceso de la parapolítica. Tú me eliges yo te absuelvo", agregó.

En el caso de Sandra Arabella, la magistrada López salvó su voto pues consideró que la Judicatura no puede asumir facultades que solo le corresponden a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la posición mayoritaria de la Sala Disciplinaria de la Judicatura fue la de tumbar el fallo de la Corte contra Arabella.

La magistrada dijo que la manera más sencilla de resolver el problema de que la Judicatura se metiera en los terrenos de la Corte era que la Sala de Casación Civil decidiera asumir las tutelas contra sus propias sentencias. Explicó que las demás salas de la Corte, como la Penal y la Laboral sí revisan las tutelas contra sus sentencias, pero que hasta ahora la Civil se niega a hacerlo pues ha hecho carrera el argumento de que las tutelas contra las sentencias no proceden. Escuche los argumentos de la Magistrada López.

En otras noticias...

En La FM, la secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López, dijo que este martes hay una nueva reunión con los representantes de los parqueaderos de Bogotá para hablar sobre las tarifas que están cobrando.

Pese a que hay un decreto que ordena que se deben cobrar 87 pesos por minuto, algunos están cobrando más.

“Nos vamos a convocar porque no es lógica una rebeldía generalizada contra una norma. En caso de ser necesario, adoptaremos medidas de otra índole. Vamos a seguir con los operativos, visitando parqueadero por parqueadero, verificando el tope de la tarifa”, dijo la Secretaria.

De acuerdo con López, todavía no se sabe cuántos ni cuáles son los parqueaderos que están incumpliendo la norma. “porque apenas empezamos la ronda ayer, pero a mí me comentaba, por ejemplo, el alcalde de Teusaquillo que tiene un cumplimiento en el 90 por ciento de los parqueaderos, de 20 que visitó encontró dos que no estaban cumpliendo."

López explicó que algo semejante le pasó al alcalde de Usaquén. "En Chapinero creo que era menos generalizado el cumplimiento, encontramos algunos parqueaderos que no habían alcanzado a cambiar aún el sistema de cobro porque lo hacen de manera computarizada. Vamos a ver hoy cómo nos va en Chapinero, pero en términos generales, el reporte que tengo es un cumplimiento amplio, no digo que total”.

Según la funcionaria, hay sanciones amplias para quienes incumplan. Hasta tres salarios mínimos legales mensuales se deben pagar por la primera infracción. La reiteración puede obligar al pago de hasta 20 salarios mínimos y posteriormente puede haber hasta cierre del establecimiento.