El sistema de procuración de justicia

Carta de deseos /Ana Laura Magaloni Kerpel

Publicado en Reforma, 2/01/2010;

El sistema de procuración de justicia del país está agotado y rebasado; con sólo mejorar ese ámbito mucho cambiaría. El 2010 puede ser el año en que se den los cimientos para esas modificaciones

Cuánto desearía que el 2010 fuese el año en donde pusiéramos los cimientos para transformar en serio nuestro obsoleto sistema de procuración e impartición de justicia, en donde apostáramos a otro paradigma desde la convicción de que lo que hoy tenemos está rebasado y agotado. Cuatro presupuestos clave para que estos deseos tuviesen posibilidad de convertirse en realidad son:

1. La premisa del nuevo sistema: independencia y autonomía frente a cualquier intento de manipulación o favoritismo políticos. Ello significa que cualquier Ejecutivo federal o local perdiesen capacidad para utilizar la persecución criminal como una forma de avanzar o proteger los intereses que políticamente les convengan. No existe una procuraduría eficaz en el mundo que no tenga afianzada su independencia política. En México se requiere que los actores relevantes se comprometan a "sacar las manos" del sistema. Con ello, casos tan importantes como el de la Guardería ABC, Atenco, Oaxaca o Puebla no hubiesen tenido que llegar a la Suprema Corte para que los investigue en forma simbólica y sin ningún efecto jurídico propiamente. Se resolverían donde tienen que hacerlo: en el MP y el juzgado penal.

2. El punto de partida para construir un nuevo sistema: romper de raíz los asideros del modelo de persecución criminal autoritario. Ello significa un MP que no pueda construir acusaciones utilizando la coacción y la intimidación a testigos y presuntos responsables, y que tenga, por tanto, que construir verdaderas capacidades investigativas y acusatorias. Cuánto se incrementaría la confianza de los ciudadanos en la procuración de justicia si en vez de ver acusaciones en donde lo único que las sustentan son dos o tres testimonios de quienes dicen haber visto algo aunque luego se retracten a una en donde lo que se pueda constatar es una historia del caso que haga sentido y que esté avalada por testimonios y evidencias duras como cuentas bancarias, llamadas telefónicas, huellas dactilares, análisis de sangre, etcétera.

3. La fuente de legitimidad del nuevo sistema: un juez de verdad y un juicio realmente competitivo. Aunque a primera vista parezca contradictorio, no hay ningún MP en el mundo que sea realmente potente y eficaz sin los frenos y contrapesos que le imponen el juez y la defensa. En México, la debilidad del juez para imponer límites al MP es histórica y sistémica. La defensa, por su parte, es literalmente inexistente, salvo que se trate de los poquísimos casos en donde el acusado tiene capacidad económica para contratar a un buen abogado. En este sentido, lo que tenemos hoy es la pura simulación.

Un juicio de verdad significa que el MP tiene la obligación de exponer públicamente una historia que sea convincente respecto de qué pasó y por qué el acusado es el responsable. Dicha historia, evidentemente, se apoya en todo tipo de evidencias, las cuales se van exponiendo de forma oral ante un juez. Por su parte, la defensa tiene la obligación de contar una historia alternativa, o bien, de cuestionar la que propone el MP. El juez emite su veredicto ponderando y evaluando lo aportado por ambas partes. La contradicción y confrontación de dos "verdades" opuestas constituyen el corazón de la impartición de justicia. El resultado es impactante en términos de la legitimidad y fortaleza del Estado: la Procuraduría logra aplicar la ley a los criminales desde la persuasión, los argumentos jurídicos y la ley en la mano, no a partir de los golpes, las chapuzas y la intimidación. Con ello, la procuración de justicia se convierte en una pieza clave para la construcción de la autoridad del Estado y para el reconocimiento y legitimidad de los ciudadanos hacia la misma.

4. El desafío: que los procuradores renuncien a los "subsidios" con los que hoy opera el sistema. En un contexto de alta criminalidad y de una ciudadanía que demanda mano dura contra el crimen, aparentemente parece irracional que los procuradores apuesten a perder las "ventajas" del modelo de investigación criminal autoritario. Hoy el MP puede coaccionar e intimidar a detenidos y testigos, puede presentar acusaciones mal hechas y sin ninguna tesis del caso sustentada con la evidencia y, de cualquier modo, tiene altísimas probabilidades de ganar el juicio. En promedio, a nivel nacional, 85 por ciento de las sentencias son condenatorias. El problema que no se ve es que, gracias a todos esos "subsidios", las procuradurías son instituciones impotentes, con cuadros de muy bajo perfil, sin mística institucional, corroídas por la corrupción y profundamente ineficaces y arbitrarias. Por donde se mire, la persecución criminal autoritaria no ha dado resultados. Posponer su reforma por temor a perder los "subsidios" significa no entender la función más importante que tiene que desempeñar esta institución. Dicha función no es la reducir los índices delictivos ni la impunidad. La función más importante es construir los asideros de autoridad de un Estado democrático. Tales asideros sólo pueden venir de la confianza y legitimidad ciudadanas hacia sus policías, sus MP y sus jueces. Imaginemos cuánto cambiaría en el país si tan sólo los ciudadanos tuviésemos la certeza de que tales funcionarios están realmente a nuestro servicio.