Posicionamiento de Gómez Mont en torno a la reforma

El secretario Fernando Gómez Mont, afirmó que el paquete de reforma política del presidente Calderón no busca el regreso de un sistema autoritario, por el contrario, dijo, pretende beneficiar el poder ciudadano.

Al participar durante el segundo día del seminario Análisis de al Reforma Política, en el Senado de la República, el encargado de la política interna expuso que la propuesta presidencial busca fortalecer la democracia mediante mecanismos de participación ciudadana y a través del fortalecimiento del Federalismo.
Ante los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD, PAN, Convergencia, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo del Senado, Gómez Mont aseguró que 2010 no puede ser un año en que los políticos no asumieron las reformas que impliquen un avance en materia democrática, económica, y de justicia social para el país.
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Ocho de cada 10 mexicanos no están de acuerdo con el plan de reforma electoral propuesto por el Presidente Calderón en el cual se plantea la reelección de los diputados y senadores.
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Palabras del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante el Seminario para el Análisis de las Iniciativas y Propuestas en Materia de Reforma Política**

Me da mucho gusto participar en este foro en donde se debate una de las reformas más importantes y, en mi opinión, más necesarias para nuestro país: la reforma de nuestro sistema político.

Dentro de este proceso, el Ejecutivo federal presentó en diciembre pasado una iniciativa de reforma constitucional que se sustenta en tres ejes.

El primero es fortalecer la incidencia ciudadana en la integración de la representación política y, con ello, abonar a la legitimidad de las instituciones democráticas. El segundo es superar la parálisis, romper el círculo vicioso de indefinición y desencanto. El tercer eje es el avance del federalismo.

Muchas de las propuestas que se plantean en esta iniciativa habían sido consideradas, discutidas e incluso presentadas por otros actores políticos de distintas filiaciones. La gran contribución de esta iniciativa es, pues, su carácter integral; la interacción entre todas sus partes para diseñar una estructura que dé forma y vigor a la democracia mexicana.

Buscamos una reforma que profundice la representación y promueva la participación; que involucre en la vida política a quienes son apáticos, que convenza del poder de la democracia a quienes son escépticos y que fortalezca a quienes tienen el compromiso de consolidar un proyecto nacional incluyente y próspero desde la actividad política.

En las últimas décadas, la exigencia ciudadana y la voluntad de las diversas fuerzas políticas han impulsado acuerdos que paulatinamente nos han dotado de una estructura democrática que se alimenta de la pluralidad y la alternancia.

Muchas de estas reformas se auguraban imposibles en su momento, pero varios de los aquí presentes fuimos actores y testigos de que es posible trascender las circunstancias y superar la coyuntura para generar acuerdos trascendentales para el país.

Hoy, como entonces, la exigencia ciudadana nos convoca a asumir el reto de debatir con seriedad y de proponer desde la responsabilidad.

Así, este planteamiento nace de la convicción de que el debate y la contraposición de ideas sólo son útiles si conducen a acuerdos que las incorporen y las equilibren; de que el disenso debe enriquecer las decisiones, no impedirlas.

Nos motiva también la percepción de que, para amplios sectores de la ciudadanía que así lo han manifestado, la política ha devenido en un ejercicio ajeno que no ofrece, en la medida en la que debiera, la posibilidad de incidir en los asuntos públicos; la representación política hoy muestra signos deficitarios.

Nos preocupa que el sistema democrático haya generado expectativas que nuestro diseño institucional no esté pudiendo satisfacer a cabalidad.

El sistema político es el punto de encuentro entre gobernantes y gobernados; es la estructura que permite equilibrar las relaciones de poder; es el medio para avanzar transformaciones por la vía institucional y, por lo tanto, de manera estable y efectiva. Ésta es el alma de la tarea legislativa, éste ha de ser el objetivo del poder político.

Tomando en cuenta esto, el Ejecutivo federal decidió presentar el paquete de reforma política en este momento; en un año que la historia ha marcado como simbólico y nuestra voluntad puede convertir en trascendente; un año en el que percibimos un ánimo de transformación, de reforma, de superación, de conquista de oportunidades, de cierre de brechas, de superación de rezagos. Es nuestra responsabilidad aprovechar ese ánimo y concretarlo.

Este año conmemoramos doscientos años de ser una nación independiente; una nación que asumió el reto de diseñar su futuro y de responsabilizarse por él; una nación que encontró un proyecto propio y buscó los mecanismos para transformarlo en su realidad.

En este año, además, conmemoramos nuestra Revolución; el levantamiento de un pueblo indignado para alcanzar la equidad, la libertad y la democracia. La mejor forma de honrar los principios democráticos que la Revolución abanderó es subsanar el déficit de eficacia de la representación política.

La conmemoración de estas fechas nos invita a la reflexión en torno al proyecto de nación que nos hemos trazado y a las deficiencias que aún tiene su concreción. Por el simbolismo histórico y por el apremio ciudadano, debemos tomar con seriedad la oportunidad que se nos presenta.

2010 no puede ser un año anodino en la historia nacional; un año en el que los políticos no asumimos el reto de impulsar reformas que impliquen un avance en materia democrática, económica y de justicia social para el país.

La mayor parte de las propuestas buscan fortalecer el poder de los ciudadanos ampliando las formas de participación, los espacios de incidencia en asuntos públicos, los mecanismos de evaluación de sus gobiernos y los medios para exigir el cumplimiento de sus demandas o castigar su descuido.

Creemos que éste es el núcleo de la transformación que buscamos y el sentido primero de la vida democrática.

Estamos convencidos de que, dando a los ciudadanos la oportunidad para transformar su propia realidad, el sistema político podrá atender asuntos de manera más eficiente, más transparente y más eficaz.

Creemos que la oportunidad también implica una nueva responsabilidad compartida en la que el poder ciudadano brinde límites y, con ello, certeza al ejercicio de la política y a la conquista de lo público.

En ese sentido planteamos la elección consecutiva de legisladores y autoridades municipales. Existe en nuestra historia una reticencia a considerar siquiera la posibilidad de flexibilizar los límites a los periodos de poder, sin atender a su verdadero principio histórico. No olvidemos que la limitación a la reelección legislativa nunca fue un postulado revolucionario.

Hemos pasado muchos años sin reparar que realmente es un poder condicionado al desempeño; en que es el mejor mecanismo que tienen los ciudadanos de abrir un canal directo de comunicación con sus representantes; es la posibilidad de incorporar una agenda preponderantemente ciudadana al ejercicio del poder.

Ningún sistema político con componente de representación mayoritario niega esta oportunidad al electorado, excepto México.

No podemos seguir soslayando la oportunidad que representa la profesionalización de legisladores que buscan hacer carrera parlamentaria y que, con ello, contribuyen a la eficiencia de los procesos legislativos.

Debemos fortalecer las vías para canalizar la vigilancia ciudadana, para dar prioridad a su mandato sobre cualquier otro interés; debemos fomentar la rendición de cuentas, y el acceso a la información como herramientas consustanciales de toda democracia funcional; herramientas todas que la elección consecutiva permite y fomenta.

Es el momento de dar un paso que debimos de dar hace décadas; es el momento de subsanar la debilidad de la relación entre gobernantes y ciudadanos.

También es momento de reconocer que el federalismo implica la asunción de responsabilidades y la exploración de alternativas. Por eso proponemos eliminar la restricción constitucional a la elección consecutiva de legisladores locales y autoridades municipales.

Se plantea como posibilidad, no como imposición, respetando la decisión soberana de cada una de las entidades federativas a este respecto.

Con el objetivo de profundizar la incidencia ciudadana en la agenda pública, hemos propuesto también la iniciativa y las candidaturas ciudadanas. Con estas iniciativas no se pretende mermar nuestro sistema de partidos; se busca ampliar las alternativas de los ciudadanos para atraer atención a sus demandas cuando sus representantes naturales, los partidos políticos, no las contemplen o no reconozcan su importancia en el espíritu colectivo.

Estamos conscientes de que debemos ser muy cuidadosos en la implementación de este derecho político, cuidando especialmente las fuentes de financiamiento y las modalidades de acceso a los medios de comunicación durante las campañas. Pero estamos conscientes también de que, a estas alturas de nuestro desarrollo democrático, no podemos postergar más el reconocimiento de este derecho.

Algunas otras de las iniciativas buscan abonar a la eficiencia en la toma de decisiones políticas, con instituciones más compactas y eficaces, capaces de generar acuerdos mayoritarios en torno a las decisiones necesarias para el país.

En ese sentido planteamos la segunda vuelta, la reducción del Congreso y el aumento en el umbral para que los partidos políticos mantengan su registro.

Ciertamente la segunda vuelta constituye un mecanismo electoral sofisticado; que supone el acercamiento entre políticos y electores disímiles; que invita a la negociación, al debate de posturas y al diálogo constructivo entre adversarios.

En ese sentido, actuaría como un mecanismo efectivo de inclusión, de moderación, incluso. Cabe destacar que la contribución más importante, en términos de funcionalidad democrática, puede ser el efecto que tiene la votación en segunda vuelta, concurrente con la elección legislativa, en la composición del Congreso.

Los votantes tienen la elección entre brindar un respaldo fuerte o un contrapeso fuerte al Poder ejecutivo. Así, queda en manos del electorado el ritmo y dinamismo que quiere inyectar a la toma de decisiones políticas en el país.

Si a esto sumamos la elección consecutiva de legisladores, podemos transformar la relación entre gobernantes y gobernados, ampliando los espacios de incidencia y delimitando las esferas de responsabilidad.

Por otro lado, la reducción del Congreso atiende a consideraciones de índole práctica y de gobernabilidad al interior de las cámaras; a la idea de que los costos de negociación pueden reducirse; a que las posiciones en el Congreso pueden tener mayor impacto.

Si bien la exigencia ciudadana exalta la reducción en costos de la medida, creemos que la motivación fundamental debe ser cómo abona a la coordinación de grupos parlamentarios y entre fuerzas políticas.

Quienes hemos participado en actividades legislativas, conocemos de la dificultad intrínseca al elevado número de representantes.

En ese sentido también se plantea el incremento en el umbral requerido para mantener el registro como partido político y, por ende, para tener acceso al financiamiento público.

Esta iniciativa nada tiene que ver con un deseo de cerrar espacios a la pluralidad. Consideramos fundamental la participación de todas las voces en el mantenimiento de la estabilidad democrática.

Hemos propuesto una reducción del Congreso que mantenga el sistema de integración mixto con dominante mayoritario porque sabemos que el sistema de representación proporcional ha fomentado la pluralidad que hoy nos permite plantear la consolidación de nuestra democracia.

Finalmente, dentro del objetivo de superar la parálisis política mediante mecanismos institucionales, algunas propuestas están encaminadas a que, en un contexto de pesos y contrapesos, se facilite superar inercias, generar acuerdos y asumir responsabilidades.

Por ello se propone otorgar facultades al Presidente de la República para que, cada año, pueda presentar hasta dos iniciativas de ley al Congreso, mismas que deberán ser dictaminadas y votadas en el mismo periodo.

Asimismo, se propone otorgarle la facultad de vetar parcial o totalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y parcialmente el procedimiento legislativo ordinario.

Así, dentro de las modalidades que permiten al Congreso y al Poder Ejecutivo ser coparticipes de la tarea legislativa se propone facultar al Presidente de la República para vetar parcialmente un proyecto de ley. Con esta propuesta el titular del Ejecutivo estaría en posibilidad de promulgar aquellas partes del proyecto sobre las que no existan observaciones, es decir, aquéllas que alcancen consenso pleno en el Congreso y de éste con el Ejecutivo.

Por otro lado, se propone otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para que presente iniciativas en ámbitos propios a su competencia. Las tres iniciativas fortalecen el espacio de negociación entre poderes y proveen de eficiencia al proceso de toma de decisiones.

Con la propuesta de dar trámite a dos iniciativas presentadas por el Presidente en el primer periodo de sesiones de cada año, la responsabilidad por la ausencia de debate o por la ausencia de consensos sería claramente dirimida entre los poderes.

De esta forma la iniciativa preferente representa un esquema de asignación de los costos políticos de la toma de decisiones de cara a la ciudadanía. Con ello se podría incentivar la discusión y la generación de consensos

Es imperativo entender que no se busca fortalecer o dar un mayor peso a la voz del Ejecutivo frente al Legislativo. La iniciativa sólo busca superar la indefinición, fomentar el diálogo entre poderes y centrar la atención en temas fundamentales para la agenda pública.

Para evitar el incentivo a llevar una multiplicidad de temas a negociaciones fracasadas, se establece también la reconducción presupuestal. Ésta marca la entrada en vigor del presupuesto aprobado por el propio Poder legislativo el año anterior. En ese sentido, no es un acto de preponderancia del Ejecutivo sino una garantía para la estabilidad económica y financiera para el país.

Estamos seguros de que esta reforma tendrá efectos importantes en nuestra vida política nacional, así como en el proyecto de Nación que, como gobernantes, tenemos la obligación de sustentar.

Nos motiva la resonancia que ha tenido la iniciativa. Muchas voces se han levantado ya para emitir una opinión, para mostrar su convicción, su disenso, para invitar a la reflexión. Es precisamente ése escenario el que queremos aprovechar y ésos los mecanismos de diálogo que queremos institucionalizar.

Hay quienes han manifestado que esta reforma no es prioritaria, que hay otros asuntos que afectan la realidad ciudadana con mayor apremio, con mayor relevancia. Es cierto que en la actual coyuntura existen muchos temas relevantes.

No deben ser ignorados, pero tampoco debemos ignorar que esta reforma es urgente desde hace varios años; que, de haberse impulsado antes, los procesos que buscamos con ella podrían haber materializado ya sus beneficios.

El efecto deseado es detonar el aprovechamiento de oportunidades políticas y, desde ellas, incidir en el crecimiento económico, en la competitividad, en la competencia, en la seguridad, en la gobernabilidad, en la prosperidad, en la equidad y, así, trastocar las dimensiones que construyen la realidad ciudadana.

Esta reforma no busca el regreso a un sistema autoritario, irrespetuoso de las esferas de acción y la autodeterminación de poderes. Por el contrario, busca fortalecer la democracia mediante mecanismos de participación ciudadana, por vía de la generación de consensos y a través del fortalecimiento del federalismo.

Esta reforma es prioritaria para que la sociedad pueda comunicar a su gobierno lo qué le es importante, para que el gobierno mejore su desempeño y para que la sociedad participe más. La discusión de esta reforma es fundamental para definir el México del que queremos ser responsables.

Es tiempo de asumir esa responsabilidad y es nuestro deber aprovechar esta oportunidad.