Ario de Rosales, Michoacán
Jorge Moreno Martínez, Presidente Municipal de Ario de Rosales, Michoacán.
Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas Gracias por su visita.
Maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente del Senado de la República; doctor Alejandro González Gómez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado.
Diputada María Guadalupe Calderón Medina, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado; licenciado Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación.
General de Brigada Mauricio Sánchez Bravo, Comandante de la XXI Zona Militar; licenciada Margarita Zavala, esposa del señor Presidente; Senadores, Diputados Federales y estatales, Jueces de Distrito, compañeros Presidentes Municipales, funcionarios públicos, medios de comunicación.
Señoras y señores.
Sean todos ustedes bienvenidos a este municipio.
Hoy que celebramos el CXCV Aniversario de la Instalación del Primer Tribunal de Justicia de la América Mexicana, con el permiso de ustedes, daré lectura al siguiente comunicado:
El Supremo Gobierno Mexicano a sus compatriotas.
Ciudadanos:
Tan empeñada esta suprema corporación en repetidas pruebas de la pureza de sus intenciones, como en exterminar la injusticia y la mala fe de los tiranos de la Patria, medita día y noche los medios más seguros de facilitarlos, al paso de proveer un infinito de incidentes de todas las provincias.
Pero, cómo podrán y lisonjearse de conocer y reunir en general cuanto conviene poner en movimiento, ni de dar a cada parte la ejecución que demanda. O cómo se aventura a las nociones de lo pasado o a una posición poco sincera en medio del estruendo marcial y la premura de las circunstancias.
Vosotros ciudadanos, que libres respectivamente de tales estorbos, abracéis en el círculo de vuestra vista un pequeño número de objetos, cómo, y podéis analizar las ventajas o desventajas de los métodos aplicados en uno o muchos ramos de la administración.
La naturaleza de sus principios, sus enlaces y consecuencias, el origen de los abusos y excesos y el modo de cortarlos, formando convenciones mecánicas, ilustradas por el conocimiento de los lugares y de las personas.
Vosotros sois los que debéis rectificar y acelerar la grande obra del ministerio, por lo menos Él exista en este fin vuestras virtudes sociales y os escoge por sus guías.
Acabad, pues de sacudir el profundo sueño que habéis dormido bajo la pesantez del león español. Entran en posesión del más precioso de vuestros derechos. A la timidez de esclavos, suceda a la confianza de hijos, y a la superchería de indígenas, la generosidad de ciudadanos.
Como no ataquéis al dogma, la sana moral ni la tranquilidad pública, podéis representar a este Supremo Gobierno cuanto os parezca conducente a la felicidad de vuestra Nación, convenciendo prácticamente a los opresores de aquella verdad consignada en la historia de todos los siglos:
Que jamás falte un pueblo virtuoso a producir los talentos que le son necesarios.
Palacio Nacional del Supremo Gobierno Mexicano, en Ario. Febrero 16 de 1815. Firman: José María Liceaga, Presidente; José María Morelos y Pavón, doctor José María Cos.
La Constitución de Apatzingán señalaba que la soberanía residía originalmente en el pueblo, y su ejercicio en el Congreso Mexicano, y además se creó el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, antecesor directo e inmediato de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue instalado el martes 7 de marzo de 1815 en Ario.
Aquel Primer Tribunal estuvo integrado por los magistrados José María Sánchez de Arriola, como Presidente; José María Ponce de León, Mariano Tercero y Antonio de Castro; además de Pedro José Bermeo, como Secretario de lo Civil, y el arience Juan Nepomuceno Marroquín, como Oficial Mayor.
En pocas palabras, con el establecimiento del Primer Supremo Tribunal, en Ario, se hacía realidad en anhelo de Morelos, de reformar el complicado sistema judicial colonial.
Gracias.
***
Magistrado Alejandro González Gómez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
Ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán; Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente del Senado de la República; Doctora Guadalupe Calderón, Presidenta del Congreso del Estado de Michoacán; señor Presidente Municipal de Ario; distinguidos miembros del presídium; señora Margarita Zavala; Ministra Margarita Luna Ramos; señoras y señores.
Hoy y aquí, en Ario de Rosales, la República nos convoca para conmemorar, como feliz y oportunamente sucede desde hace 34 años por decreto del Honorable Congreso del Estado, la trascendental significación histórica e institucional, del acontecimiento que recordamos.
La ocasión también es propicia para resaltar los valores y principios incardinados en el ser y quehacer del México que, a 200 años del Inicio de su Independencia y 100 de los albores del Movimiento Revolucionario, tiene su mayor fortaleza en la solidez de sus instituciones.
A la luz del devenir histórico el 7 de marzo representa el inicio formal de las actividades del Primer Supremo Tribunal de Justicia del México que estaba aún inmerso en plena lucha por conquistar su independencia.
Es justo, por lo tanto, recordar y honrar los esfuerzos, sacrificios y penurias que la insurgencia mexicana debió realizar para concretar el Mandato Constitucional de Apatzingán, haciendo posible, incluso en el fragor de la guerra, el acceso a la tutela judicial efectiva.
De igual forma, no podemos olvidar a los fundadores del primigenio Poder Judicial Mexicano: los Ministros José María Sánchez de Arriola, Presidente; José María Ponce de León, Mariano Tercero y Antonio de Castro, asistidos en la Secretaría por Pedro José Bermeo y en la Oficialía Mayor por Juan Nepomuceno Marroquín.
Esta ceremonia republicana, vincula ineludiblemente y cómo no podría ser de otra forma el Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación con la figura del inmarcesible Morelos.
La visión institucional del Siervo de la Nación dejó su impronta en el diseño y estructura del Tribunal de Ario, y no es menor su influencia y decisión para su implementación.
De la misma forma que con los otros órganos de la potestad soberana, el Supremo Congreso y el Supremo Congreso, Morelos puso su mejor esfuerzo y brillante talento para hacer realidad el entramado institucional consagrado en el Decreto Constitucional de 1814 y lograr la instalación material de la Judicatura.
Igualmente, defenderá la naciente institución judicial de los ataques y amenazas que levantaron las fuerzas contrarias a la Independencia Nacional. La férrea defensa del Estado mexicano que surge a la vida constitucional en 1814 le exigirá, inclusive, el sacrificio de su vida.
No obstante la riqueza histórica del acontecimiento que nos convoca, es su profunda y duradera repercusión ideológica, axiológica institucional, la que permanece indeleble en nuestro espíritu de Nación soberana, capaz de afrontar los desafíos del presente y retos del futuro, con base en nuestra extraordinaria herencia institucional.
El México del Siglo XXI es, por supuesto, muy distinto al de inicios de la época decimonónica, profundos cambios y transformaciones han cincelado el contorno y esencia del país; sin embargo, perdura la sin par concepción republicana que delineó y llevó a la realidad social por breve tiempo el Decreto Constitucional para la libertad de la América mexicana de 1814.
En este sentido, Ario ha sido, es y continuará siendo referencia necesaria e imprescindible como modelo vivo de la armónica división y coordinación entre los poderes depositarios de la soberanía, indispensables para garantizar el mandato constitucional democrático sustantivo del constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
El trabajo conjunto desarrollado por los tres Poderes del Estado de Michoacán de Ocampo a lo largo de tres décadas para reivindicar y dimensionar este acto fundacional del Estado Mexicano, tiene en el año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución la mayor significación y trascendencia con la presencia de los Poderes de la Unión.
Así, jóvenes jueces impulsaron en la década de los 70 las primeras conmemoraciones, dejando patente su afán de preservar y transmitir en el ideario colectivo la noticia de la instalación del Primer Supremo Tribunal de la Nación.
Vendría después, desde el Gobierno del Estado, el apoyo decidido para llevar a cabo una rigurosa investigación historiográfica, que constató la plena operatividad del Tribunal de Ario, a pesar de las difíciles circunstancias que rodearon su inicio de actividades y corta vida.
Este esfuerzo culminó y perdura hasta nuestros días, con la expedición por el Congreso Estatal del decreto que hoy nos congrega en esta ceremonia republicana.
De esta forma, contando ya con una rica tradición histórica, Ario nos permite comprender que el respeto y eficacia de los derechos fundamentales sólo es posible mediante la intervención decidida y siempre con apego irrestricto a la legalidad de los jueces.
En efecto, la configuración del Estado social y democrático de derecho al que aspira el pueblo mexicano, precisa una judicatura fuerte, autónoma, independiente, con rendición de cuentas y transparente.
Las tareas encomendadas actualmente a la jurisdicción en el marco del equilibrio de poderes, que garantiza una respuesta expedita a las necesidades de la sociedad mexicana, también requiere de un respetuoso diálogo y colaboración entre pares.
La trascendencia del diálogo judicial cobra aún mayor importancia, teniendo en cuenta los profundos cambios que están en curso en la procuración y administración de justicia, que en breve habrá de transformar radicalmente la forma de interactuar entre la sociedad y la Judicatura principalmente, pero no tan sólo en el ámbito de la seguridad pública y justicia penal.
Así como la memoria de Ario evoca la magnífica y extraordinaria conjunción de esfuerzos para concretar la instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación; de igual forma, la implementación de la trascendental Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal de 2008, requiere la voluntad y participación, no sólo de los operadores jurídicos, sino de toda la sociedad.
Los desafíos de la transición legislativa y puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio y Oral, sólo podrán afrontarse oportunamente con el concierto de voluntades y esfuerzo de los tres órganos de Gobierno y la participación informada de la sociedad.
Señoras y señores:
En el preludio del Bicentenario de la instalación del primer Supremo Tribunal de la Nación, Ario revitaliza el compromiso que las instituciones públicas tienen con los mexicanos y las mexicanas.
La sociedad espera y confía que sus jueces, mujeres y hombres administren justicia de manera completa, expedita, con independencia y autonomía, sujetos únicamente al imperio de la ley.
Esta celebración republicana es propicia no sólo para honrar a quienes con inspiración, visión y actuación, dieron a la incipiente Nación Mexicana su Primer Supremo Tribunal de Justicia, sino también para convalidar y reiterar que los derechos y libertades fundamentales tienen en la Judicatura Nacional su mejor garante.
Muchas gracias.
***
Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Senado y representante del Congreso de la Unión en esta ceremonia.
Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa; ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia; ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán; maestro Leonel Godoy.
Distinguidos, distinguidas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial del Estado; ciudadano Secretario de Gobernación, ciudadano Presidente Municipal de Ario de Rosales; ciudadano General Comandante de la Zona Militar; ciudadana Presidenta del Congreso del Estado; Ciudadanos Senadores.
Diputados, Diputadas Federales y Locales; señora Margarita Zavala.
Señoras y señores.
Hoy los Poderes de la Unión se reúnen para conmemorar el CXCV Aniversario de la Instalación del Tribunal Supremo para las Américas, piedra angular del Poder Judicial Mexicano y de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de una conmemoración especial, porque se realiza en el contexto de la celebración del Bicentenario del inicio de la Independencia y del Centenario de la Revolución.
Especial porque en estos momentos nuestro país exige de sus Poderes Federales, de sus Instituciones y de los titulares de estos Poderes y estas Instituciones, la fortaleza y la visión necesaria para enfrentar la crisis económica que inició a finales del 2008, y para enfrentar con eficacia y eficiencia al crimen organizado, con pleno apego a la ley.
El 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de las Américas. En esos momentos difíciles y definitorios para la lucha por la Independencia, un grupo de mexicanos, encabezados por el General José María Morelos y Pavón, tuvo la visión de proponer la construcción de una Nación que aspiraba a la felicidad para su pueblo y a una clara división de Poderes
En la Constitución de Apatzingán se establece que la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común, y categóricamente se señala que la ley debe ser igual para todos.
El Supremo Tribunal sería el encargado de hacer valer estos preceptos: un Supremo Congreso, un Supremo Gobierno y un Supremo Tribunal; tres Poderes para una República, en el fragor de la batalla, en medio de la persecución, desde los albores del nacimiento de nuestra Nación, los Constituyentes de 1814 vislumbraron con acierto la necesidad de que el Estado mexicano se sustentara en Tres Poderes, de cuyo equilibrio dependiera su permanencia y estabilidad.
Hoy concurrimos a Ario de Rosales, Michoacán, quienes representamos a los Poderes de la Unión, y lo hacemos en momentos en los que el Congreso enfrenta intentos por vulnerar su autonomía.
Hay quienes creen que se puede retroceder a los tiempos en los que las cámaras legislativas sólo eran convalidadoras de reformas y leyes, cuando los dictámenes legislativos se elaboraban fuera de las comisiones del Congreso. Eran tiempos en los que el equilibrio de poderes era letra muerta en la Constitución. Pero los tiempos cambiaron. La alternancia en el ejercicio de poder llegó y junto con ella, llegaron también pretensiones de regresiones inadmisibles.
Hoy, el Congreso de la Unión no debe aceptar que poderes fácticos o personajes ajenos a la vida legislativa negocien dictámenes y votaciones, como si nada hubiese pasado en los últimos 20 años.
Todas las aspiraciones políticas son legítimas. Pero nadie, nadie debe pretender colocarlas por encima de la independencia del Poder Legislativo. Nadie, con la pretensión de colocarse la Banda Presidencial en un futuro cercano, puede construir su aspiración negociando medidas legislativas que sólo corresponden a las funciones de los integrantes del Congreso de la Unión. Una regresión de esta naturaleza no puede ser aceptada.
Señoras y señores:
En las últimas cuatro décadas, y particularmente desde 1988, nuestro país y sus instituciones se han transformado sustancialmente.
Por fortuna, la democracia, la pluralidad y la diversidad han permeado por todos los ámbitos de la vida social, política e institucional. El Poder Judicial no es la excepción.
En los últimos 20 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha experimentado cambios sustanciales en tres ámbitos: en el número de sus integrantes, en la transparencia de su funcionamiento y en su incidencia en los temas de interés nacional.
Los avances, sin duda alguna, son notables. Sin embargo, también resulta evidente lo mucho que nos falta por hacer.
Desde el mirador del 2010 y desde este lugar histórico, resulta pertinente realizar una pregunta: Qué Poder Judicial necesita México en el Siglo XXI.
Un Poder Judicial, sin duda alguna, independiente. Ministros y jueces comprometidos con la justicia y el Estado de Derecho, un Poder Judicial comprometido con la justicia y la transparencia.
Desde la perspectiva de combatir la inseguridad y detener la violencia desatada por el crimen organizado, con una visión integral, desde la prevención del delito, hasta la readaptación social, seguir fortaleciendo al Poder Judicial constituye una necesidad impostergable.
Que esta conmemoración sirva para recordar el valor, la visión y el compromiso de los mexicanos que construyeron los cimientos de nuestro Poder Judicial.
Muchas gracias por su atención.
***
Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Maestro Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Senado y representante del Congreso de la Unión en esta Ceremonia.
Maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; señora Diputada Guadalupe Calderón Medina, Presidenta del Congreso del Estado; señor Magistrado Alejandro González Gómez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Contador público Jorge Moreno Martínez, Presidente Municipal de Ario de Rosales; señor Secretario de Gobernación; y señor General de División, Comandante de la Zona Militar; señora Margarita Zavala y señora Ministra Margarita Luna Ramos; señoras y señores Magistrados y jueces; señoras y señores legisladores; muy distinguidos invitados.
Hace 200 años se gestaba el Movimiento de Independencia de una Colonia que aspiraba a ser Nación; de un pueblo que se volteó a ver a sí mismo como soberano, que miró la tierra como suya y que vio en las leyes su propia y libre voluntad.
Con el Grito de Independencia también se proclamaba la decisión de los mexicanos de construir su propia historia, sus propias normas, su propia justicia.
Ario, señoras y señores, es la simbólica piedra angular que dio solidez al edificio de la justicia en nuestro país; es el punto de donde irradian todos los caminos de la justicia en México.
Cuando don José María Morelos y Pavón concibió la Nación, de la que se declaró Siervo, no dudó en fundar un Poder Judicial, cuya esencia constitucional, plasmada en la Constitución de Apatzingán, trasciende hasta nuestros días. Él percibió con toda claridad la garantía de imparcialidad de los miembros de todo tribunal de justicia; la renovación escalonada de sus integrantes, que preserva la memoria institucional y se enriquece, a la vez, con las nuevas visiones.
El nombramiento de los integrantes del Alto Tribunal por decisión del Congreso, la salvaguarda de los conflictos de interés mediante prohibiciones que impiden que uno de los miembros de otro de los Poderes se integre al Supremo Tribunal, o viceversa, salvo en los supuestos previstos en la propia Constitución.
La votación calificada para ciertas decisiones que se consideran particularmente relevantes, y la gratuidad como garantía característica de nuestro Sistema Nacional de Justicia.
Todos estos principios estaban contenidos en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, y son el fundamento normativo del Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, instalado aquí, el 7 de marzo de 1815.
Los juzgadores que aquí ejercieron funciones juraron sus cargos teniendo esos principios en mente, que son, por cierto, los mismos que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguimos honrando, con pleno respeto a nuestra historia y a nuestro presente.
Apenas a cinco años del inicio del movimiento de Independencia, teníamos Constitución, teníamos principios y normas que inspiraban y orientaban la labor judicial. Afuera de las ventanas y las puertas del Tribunal de Ario había problemas; el grave conflicto social enfrentaba a grupos de individuos de manera violenta y perturbadora.
Narra la historia que aquellos mexicanos que representaron los primeros Poderes independientes tuvieron que mudar de residencia constantemente, pero no para huir, sino para seguir ejerciendo sus atribuciones, con la clara convicción de que en México regía un orden jurídico nacional independiente y soberano.
Con ello quiero decir que desde sus orígenes, México quiso construir instituciones dedicadas en su esencia y en su presencia a la vigencia de un orden normativo justo, a la defensa de las libertades mediante argumentos, razones, leyes y sentencias, más que por las armas y la violencia.
Diversos conflictos acompañaron todas las etapas que siguieron al México de 1810. Tenemos una historia de 200 años que se narra mezclando episodios trágicos y dolorosos, desafiantes y perturbadores, con una incansable determinación por el derecho.
La Constitución es, así, el relato de las grandes cicatrices y anhelos nacionales. En ella hemos reflejado las grandes metas que convierten los enfrentamientos en pactos, en valores y en principios que se fortalecen con el paso del tiempo, y se hacen cada vez más exigibles ante los tribunales, ante los tribunales mexicanos que iniciaron aquí, en Ario.
Afuera de las mismas paredes y ventanas, México vive, nuevamente, episodios de violencia criminal que desacatan las normas e inquietan a nuestra sociedad. Igual que entonces, quienes ejercemos los Poderes seguiremos firmes, con la misma convicción de que el orden jurídico nacional está por encima de todos nosotros y debe ser cumplido y respetado.
Hoy, en memoria de aquel Tribunal, la presencia de los tres órdenes de Gobierno, de los Tres Poderes, aquí, en Ario, refrenda el gran mandato constitucional que tenemos todos los mexicanos para fortalecer y modernizar nuestra justicia, entendida como forma cotidiana de vivir pacíficamente en esta Nación.
La historia nos ha heredado leyes y reformas trascendentes, con las que nuestros antecesores cambiaron al país que no queríamos ser, por el país que anhelamos los mexicanos desde siempre, y con el que debemos comprometernos en cada generación y en cada uno de nuestros episodios históricos.
Sólo la Constitución y las leyes legitiman las órdenes y la obediencia; sólo la legalidad y la constitucionalidad honran la Independencia, la Revolución y todos los demás capítulos de la historia nacional. La unidad en la defensa de esos grandes principios es la única que garantiza la pluralidad pacífica y constructiva.
Coinciden los expertos en que los elementos que componen al Estado son: Gobierno, territorio y sociedad.
El Gobierno está presente en este evento. El territorio es el gran país, cuya historia conmemoramos a lo largo de este año. La sociedad es el origen y el destino de todos los esfuerzos comunes. Por eso, este lugar es un baluarte de nuestra cultura jurídica y constitucional, de la que tenemos y de la que estamos obligados a construir todos y cada uno de los mexicanos.
La justicia se imparte pero, sobre todo, se vive, se difunde, se enaltece y se inculca generación tras generación. La justicia debe ser virtud para que se acuda a ella con esperanza. La justicia debe ser vocación social para que la impunidad no se convierta en aspiración de nadie.
La justicia debe ser la cara común de toda autoridad para que la obediencia a la ley sea el código moral compartido por colectividades e individuos. La justicia debe ser el mandato que rija la vida, las transacciones y las relaciones en lo público, lo privado y lo social, para que la seguridad y la paz sean la regla y el conflicto, la excepción.
Me he referido al inmueble del Tribunal de Ario como un baluarte. Me referiré ahora a la fecha como un símbolo o estandarte. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AMIJ, ha declarado el 7 de marzo como el Día Nacional del Juez Mexicano. El Poder Judicial de la Federación, había declarado ya este mismo día, como el Día del Servidor del Poder Judicial Federal.
Todas las jurisdicciones de todo el país, concurren en esta Asociación y acordaron, unánimemente, reconocer en esta fecha el origen de su mandato, de su linaje y de su gran vocación por el país.
Desde Ario, un mandato similar une a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación, con la justicia electoral, con todos los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados de la República, con la justicia administrativa y fiscal, con la justicia laboral y con la justicia agraria. Todos esos órganos y todos los jueces del país que los integran, son los apartados de la AMIJ, y son descendencia directa de aquél que fue el verídico primer órgano impartidor de justicia netamente mexicano. Me explico.
En la época Precolonial, nuestro territorio estuvo habitado por distintos reinos y naciones autóctonas, con sus propias formas de administrar justicia. Entonces México no existía como Nación.
Durante la dominación española se establecieron la Real Audiencia de la Nueva España, con sede en la Ciudad de México, y posteriormente la Real Audiencia de Guadalajara.
Eran tribunales del reino español para administrar justicia en lo que fuera el Virreinato de la Nueva España. En la Constitución de Cádiz se sustituyeron las Reales Audiencias, por las audiencias territoriales, también de cuño español.
En cambio, el Supremo Tribunal que se estableció aquí, en Ario, hoy de Rosales, constituye la aspiración de la nueva Nación independiente para administrar una forma de justicia nacional que nos identifica a todos los mexicanos.
Por eso, reconocemos aquí el origen de la jurisdicción nacional, el origen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de toda jurisdicción que se instituye por y para el pueblo soberano, que hace 200 años quiso hacerse cargo de sí mismo y de su descendencia; y nos encomendó a los juzgadores velar por la supremacía de la legalidad, de la libertad y de la igualdad, que se ha inscrito desde siempre en la Constitución Mexicana.
Honramos esa memoria con las palabras del Siervo de la Nación: Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario.
Escuchamos su Apotegma de nuevo en este emblemático lugar, génesis de la justicia, para reiterar, en este Año de la Patria, nuestra determinación para darle vigencia efectiva en este Siglo XXI, el cual nos corresponde escribir ahora a todas y a todos los mexicanos.
Muchas gracias.
***
Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán.
Buenas tardes.
Deseo saludar respetuosamente a los integrantes del presídium. Al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; a la señora Margarita Zavala, Presidenta del Sistema DIF Nacional; al Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente del Senado de la República; al doctor Alejandro González Gómez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán.
A la Diputada María Guadalupe Calderón Medina, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado; al señor licenciado Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación.
Al General de Brigada Diplomado Estado Mayor, Mauricio Sánchez Bravo, Comandante de la XXI Zona Militar; y al contador público Jorge Moreno Martínez, Presidente Municipal de Ario.
También deseo saludar respetuosamente a todo este auditorio muy especial: señora Ministra, señor Senador, señores Diputados Federales, señores Diputados Locales, señores Presidentes Municipales, señores Magistrados y Jueces Federales y Locales, servidores públicos federales, estatales y municipales que nos acompañan en este acto conmemorativo del CXCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación 1815; hoy en el 2010, año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.
Sin duda, es un momento histórico, porque por primera vez este evento, que tiene significancia nacional, recobra su carácter republicano al estar presentes los tres Poderes de la Unión, además de los Poderes Locales y la representación municipal.
Sólo el Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Diputado Francisco Ramírez Acuña, no está presente de última hora, por un problema de enfermedad.
En el 2005 estuvieron los Poderes locales: el Presidente de la República y el Presidente de la Corte. Pero es la primera vez que están presentes los tres Poderes de la Unión, con lo que se resalta este carácter republicano, que todos debemos de defender.
Hoy asistimos al reconocimiento del hombre por excelencia de la Independencia, por su genio ideológico, político y militar, michoacano, don José María Morelos y Pavón, quien, precisamente, decidió ofrendar su vida por un México diferente, independiente, pero también por un México republicano.
Ya aquí se ha dicho cómo se resolvió y cómo defendió con su vida la instalación del Supremo Congreso, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal.
Y el objetivo, en nuestra opinión, del Generalísimo Morelos fue de una justicia, pero distributiva, de derechos y obligaciones del Estado y de los ciudadanos.
Como Gobierno, estamos convencidos que la justicia comprende también otros rubros en beneficio de la sociedad. La existencia del Sistema de Salud Pública, del Sistema de Educación Pública y la dotación de trabajo son elementos necesarios en la justicia de las autoridades hacia los gobernados.
Sumado a esto, debemos de pugnar por tener transversalidad en las políticas públicas, como otro elemento de la justicia, para que accedan a ellos los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad.
En esa búsqueda de justicia es responsabilidad de los gobiernos fortalecer los sistemas de salud, de educación, porque no podemos hablar de justicia, mientras la mayoría de los mexicanos no tengan estos satisfactores de sus primarias necesidades.
Por eso, es obligación nuestra velar por el equilibrio de poderes, por el respeto a la Constitución, y por la paz y la tranquilidad y la seguridad de la población.
El concepto de justicia de Morelos va más allá de la sola aplicación de las leyes, que ya de por sí es importante, porque nada ni nadie debe estar por encima de la ley. Pero él vio más allá. Su concepto de justicia fue un concepto de justicia social. Y a eso debemos de atenernos los gobernantes, cuando pensamos en la justicia distributiva.
Con la instalación del Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana, don José María Morelos buscó liberar a los pobres, no sólo de la esclavitud, sino también de la explotación y la injusticia.
Y por eso, en el Año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, debemos de estar a la altura de las necesidades de la sociedad y buscar la justicia en todas las acciones de Gobierno.
Bienvenidos.
Felicidades y muchas gracias por acompañarnos en este trascendental evento.
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