El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), afirmó que antes de que concluya el presente periodo ordinario de sesiones se tendrá listo el dictamen de la Ley Antisecuestro. Dijo que hubo el compromiso de este órgano legislativo para que la propuesta fuera aprobada antes del terminar el mes de abril, dado que es una deuda pendiente con la sociedad.
En entrevista, explicó que a pesar de que la Comisión que preside ha profundizado en la iniciativa con algunas otras propuestas, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Alejandro González, informó que esa colegisladora ya tiene de igual forma un dictamen avanzado.
En este sentido, dijo, se acordó trabajar en conferencia y aprobar una ley consensuada de inmediato, bajo el acuerdo de ambas cámaras, “como hicimos con la de la Piratería, recién aprobada, que la trabajamos juntos y salimos con una sola”.
Benítez Treviño destacó que la parte más sensible del drama del secuestro son las víctimas, quienes, además del agravio, reciben el descuido del Estado y de las instituciones encargadas de protegerlas.
“Creo que son de esas asignaturas pendientes donde el Estado mexicano está en falta. Debemos dotar al Presidente Felipe Calderón de mayores recursos técnicos legales para que pueda combatir frontalmente a la delincuencia organizada y a la impunidad”.
El secuestro, dijo, es parte del crimen organizado derivado del narcotráfico. “Son los mismos que encabezan los cárteles y las grandes bandas de la piratería; se han diversificado en un abanico criminal y nosotros tenemos que crear instituciones eficaces para contenerlos”.
Añadió que aunque la reforma del 18 de junio de 2008, en materia judicial es avanzada, hace falta reglamentarla y trabajar en materia de prevención del delito.
“Legislar en materia de procuración de justicia, pronta y expedita, en donde no se abuse de instituciones como el arraigo, los testigos protegidos o la retención anticonstitucional de las personas, presumiendo su culpabilidad cuando se debe presumir su inocencia”.
Al hacer referencia a los reclusorios, el presidente de la Comisión de Justicia los calificó como “universidades del crimen”, ya que entran por robar una cartera “y salen con doctorado en secuestro.
“Entonces algo está fallando en el sistema de justicia. Nosotros tenemos que sentar las bases del culto a la legalidad. Para los legisladores y el Ejecutivo ha llegado el momento de escoger qué país queremos y cuál va a ser su destino: si vamos a ser un país de cínicos, donde la ley se viola de forma cotidiana e impunemente, o vamos por un país de leyes, donde se apliquen y sean eficaces, con sanciones ejemplares”.
En su opinión, el alto índice de criminalidad que vive el país es porque el orden jurídico “está resquebrajado”. Fue creado, dijo, para atender la tercera parte del siglo XX y ya estamos en la primera parte del siglo XXI.
“La realidad nos alcanzó y el destino también y no fuimos capaces de crear un sistema normativo que viera hacia el futuro. El actual sistema está anquilosado, está totalmente rebasado y superado”.
Aseguró que para acabar con la delincuencia organizada es necesaria una mayoría en el Congreso decidida a apoyar al Presidente Felipe Calderón; “que haya conjugación de las fracciones parlamentarias y nos pongamos de acuerdo más allá de fobias partidistas, de fobias políticas, que antepongamos el bien de México sobre los intereses de nuestros partidos y personales; que cumplamos con un compromiso que tenemos con la sociedad y que hasta la fecha no lo estamos haciendo”, señaló en una autocrítica.
Benítez Treviño destacó que la actual Legislatura tiene una oportunidad espléndida de diseñar un nuevo orden jurídico: eficaz, ágil, moderno, sencillo y simple.
“Pero no lo hacemos y caemos en discusiones estériles que no nos llevan a ningún lado, por eso el llamado a los grupos parlamentarios para que escojamos el debate en el Congreso, si vamos a tener un país de impunidad, si vamos a legalizar la ilegalidad, si vamos a criminalizar, entre comillas, a los delincuentes por ser delincuentes, no por ser pobres, porque no se busca criminalizar a la pobreza, criminalizamos a los delincuentes que es diferente, si son pobres ése es otro atributo que ya lo verá el juez”.
Sobre las voces que piden la salida del ejército del combate al crimen organizado, el presidente de la Comisión de Justicia manifestó su desacuerdo y argumentó que gracias a las fuerzas armadas todavía hay en este país una atmósfera de tranquilidad social, así sea relativa.
“Si no fuera por éste, estaríamos perdidos. Lo digo por experiencia, yo combatí a la delincuencia organizada con el Ejército porque ya no tenía confianza a los policías civiles, sin embargo, creo que para que continúe en las calles es necesario reglamentarse.
“Debe establecerse constitucionalmente una temporalidad el uso del Ejército, la regionalización y la duración, porque con ello se le da un soporte técnico jurídico de actuación y no sólo para que reciba todas las pedradas”, concluyó.
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