Reunión con el Poder Judicial

Primera intervención del Presidente Calderón en el Diálogo por la Seguridad con el Poder Judicial

2010-08-11 | Discurso

Señor Ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Señores integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

Señoras y señores Magistrados de los Poderes Judiciales de las entidades federativas.

Señoras y señores:

Les agradezco, señor Ministro, muy sinceramente, su voluntad y, desde luego, la de todos los participantes en el Diálogo por la Seguridad del día de hoy.

El gran propósito de este ejercicio de reflexión con todos los actores políticos, económicos, sociales e institucionales del país, es avanzar hacia una verdadera política de Estado en materia de seguridad.

Yo reconozco el firme compromiso del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales estatales en esta lucha por la legalidad, la justicia y el Estado de Derecho.

Su participación en este Diálogo es esencial, dada su doble tarea. Por un lado, sancionar y aplicar la ley, en particular aplicar su peso a quienes cometen algún delito; y, por otro, garantizar la observancia de los derechos fundamentales de toda persona.

Debemos decir que México pasa hoy por un momento particularmente delicado en materia de delincuencia. La acción criminal, no sólo constituye una amenaza a la integridad física, familiar, patrimonial de los mexicanos, sino también a las instituciones democráticas, que hemos construido con el esfuerzo de varias generaciones.

Frente al reto que nos plantea la criminalidad, sólo cabe una respuesta contundente y unificada de los mexicanos. Y por eso celebro que estemos aquí, reunidos para buscar en estos diálogos las mejores estrategias, las mejores medidas, la mejor forma de abordar este problema, que es común, y que en común debe resolverse.

He sostenido estas reuniones desde hace varias semanas, con fuerzas políticas, con dirigentes sociales y empresariales, con representantes de los medios de comunicación, con líderes religiosos, y hoy me honra el poder compartir estas reflexiones con quienes representan al Poder Judicial, a nivel Federal y a niveles locales.

Lo que buscamos, señores, es fortalecer la estrategia de seguridad y de justicia, y construir un frente común contra la delincuencia en nuestro país; no sólo la delincuencia organizada, que aterra y asesina, sino también contra la delincuencia común que, a través de delitos como el robo, el secuestro y la extorsión, todos ellos en crecimiento, afecta de manera singular la vida de los ciudadanos.

Hasta ahora, los planteamientos que han hecho los participantes en estos encuentros podrían agruparse en cuatro grandes preocupaciones centrales:

Primera. Destacaría la importancia de fortalecer el entramado institucional; esto es, los cuerpos policiacos, los cuerpos ministeriales, los cuerpos judiciales. Las instituciones encargadas de la seguridad pública, de la procuración y la administración de justicia.

Segundo. La necesidad de redoblar esfuerzos en materia de prevención del delito, a través de políticas públicas que refuercen la educación y las oportunidades culturales, recreativas y, sobre todo, de trabajo de jóvenes y adolescentes en México.

La tercera. La imperiosa necesidad, y yo llamaría la exigencia ciudadana, de contar con mecanismos eficaces de evaluación y de control de la política de seguridad y de justicia.

Y cuarta. La exigencia de asegurar la corresponsabilidad de los distintos poderes, y de los distintos órdenes de Gobierno en esta lucha, cada cual en el ámbito de su responsabilidad y competencia.

A lo largo de estos diálogos se ha coincidido en la necesidad de que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las autoridades Federales, estatales y municipales, la sociedad entera, compartamos una visión estratégica en la lucha contra la inseguridad, así como en la imperiosa necesidad de cerrar filas para poner un alto a todas las expresiones del crimen.

Como mencionaba el día de ayer, la debilidad institucional es, quizá, el principal problema que debemos resolver en materia de seguridad y de justicia. No podemos renovar y fortalecer nuestras instituciones sin un compromiso común, en el que participemos todos quienes representamos a los Poderes Federales y a los estatales.

Se trata de construir una política de Estado en materia de seguridad y justicia que, por encima de diferencias partidistas o regionales, trascienda a cualquier Gobierno y a cualquier Administración.

Y lo he mencionado varias veces. Lo reitero. Éste no es un tema ni una tarea sólo del Presidente de la República. Es un verdadero desafío nacional, y no es sólo una lucha contra el narcotráfico, sino una lucha contra todas las expresiones del crimen, que están afectando y agobiando a los ciudadanos.

El Diálogo que hoy tenemos es una expresión de corresponsabilidad, una corresponsabilidad que está marcada en la Constitución y en la ley y, a la vez, es una exigencia de los ciudadanos para hacer cada más transparente y, sobre todo, más eficaz nuestro trabajo en materia de seguridad y de justicia.

El Poder Judicial ha estado siempre dispuesto, así lo he testificado, a revisar y perfeccionar su actuación para cumplir con sus responsabilidades.

Hace dos años, cuando la sociedad nos exigía a los gobernantes actuar en respuesta a la criminalidad y se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se asumió por parte de participantes del Poder Judicial compromisos muy concretos, como transparentar el desempeño de los órganos que integran dicha instancia, el instalar nuevos Juzgados y Tribunales Federales, cosa que se ha hecho; el establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República, que ahora operan; y, en general, favorecer la celeridad de los procesos judiciales, en particular de los procesos penales.

Asimismo, hubo un compromiso de fortalecer la autonomía, la independencia y la imparcialidad, así como los mecanismos de selección de jueces y Magistrados, de intensificar la capacitación y especialización de jueces en materia penal, de continuar la certificación de los juzgadores especializados, de fortalecer el control de los procesados y de sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre las autoridades.

Yo reconozco en ustedes, señor Ministro, señores Consejeros, señores Magistrados, a actores estratégicos para inhibir la actuación de los grupos delictivos y cerrar la brecha de impunidad, que es, entre otros factores críticos, uno de los que más estimula la acción delictiva.

Sé que el Poder Judicial, en estos dos años, ha hecho esfuerzos loables para dar cumplimiento a tales compromisos.

El reto que hoy nos plantea la criminalidad, sin embargo, nos exige a todos que redoblemos esfuerzos para cumplir cabalmente con aquellos objetivos del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y que asumamos nuevos compromisos, acordes con la nueva realidad que estamos viviendo, que permitan contribuir a restituir la seguridad, a la cual los mexicanos tienen absoluto derecho.

En las mesas de diálogo, realizadas en estas semanas, se ha señalado que nuestro país requiere una política de Estado en materia de seguridad; es decir, una política que parta de principios comunes, universales, que sean no sólo aceptados, sino apoyados de manera decidida por todas las instancias políticas de Gobierno, por todos los partidos y, en general, por quienes desempeñamos funciones de servicio público.

Con esa finalidad, se han puesto en marcha dos acciones. Una. Ya aplicada, que es establecer una mesa institucional, constituida por ciudadanos y representantes del Gobierno, y enfocada al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Por la otra. Realizar audiencias públicas estatales, conducidas por las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de actualizar el diagnóstico de cada entidad federativa, evaluar el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en los estados y municipios; así como conocer las propuestas ciudadanas de fortalecimiento institucional.

Para que este ejercicio de Diálogo por la Seguridad tenga éxito, es imprescindible conocer el punto de vista y, desde luego, tener la participación de los Poderes Judiciales, tanto Federal, como estatales. Concretamente, y con pleno respeto a la división de Poderes, sugeriría que dialoguemos en torno a algunos temas relevantes en los cuales podemos colaborar. Por ejemplo:

Primero. La importancia de la opinión y la experiencia compartida de los Poderes Federal y locales, judiciales, en las deliberaciones que se tengan, precisamente, en este foro nacional y en los foros estatales ciudadanos. Es importante conocer su punto de vista para poder afinar y perfeccionar la Estrategia Nacional en Materia de Seguridad y de Justicia, repito, desde una perspectiva de Estado.

Segundo. Su aportación al establecimiento de mecanismos de seguimiento y de evaluación de avances en la administración de justicia, y en un tema particularmente importante, como es la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, con la participación de estos observadores ciudadanos.

Tercero. Su participación para conocer sus propuestas, discutir, analizar y, en su caso, retomar la agenda de cambios y reformas judiciales que faciliten el combate a la criminalidad y la reducción de la impunidad.

Cuarto. El cómo fortalecer a los Poderes Judiciales y, a la vez, cómo fortalecer la interacción entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Y quinto. Y concorde con lo anterior. El fortalecimiento institucional mismo del Poder Judicial. Concretamente, la ratificación del compromiso de consolidar la carrera judicial a través de mecanismos de selección, profesionalización, remoción y ratificación de servidores públicos judiciales, con el fin de robustecer el papel de los jueces en la aplicación del derecho y en el combate al crimen.

Uno de los mayores retos del Poder Judicial, pienso, es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, de la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia. Sé que las tareas que realizan no han sido ni son fáciles. Soy consciente además, lo he sabido, de que algunos servidores públicos de los Poderes Judiciales han sido amenazados e incluso agredidos por los criminales.

Con pleno respeto a la división de Poderes, el Ejecutivo ofrece compartir al Poder Judicial información de inteligencia que contribuya a combatir la corrupción y prevenir amenazas y, desde luego, trabajar al máximo de nuestras capacidades por preservar la integridad de los miembros del Poder Judicial, y asegurarles condiciones de certeza y seguridad personal y familiar, que les permita desempeñar, con la libertad que requieren, su delicado deber.

No podemos, ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades. En un Estado de Derecho, la ley no puede estar sujeta a extorsión, amago o coacción, y menos tratándose del impartidor de justicia.

Al igual que a ustedes, la situación nos indigna y nos preocupa. Es por ello, que le he instruido a la Secretaría de Seguridad Pública, y a la Procuraduría General de la República, trabajar coordinadamente con el Consejo de la Judicatura Federal para mejorar la seguridad en la que se desenvuelven los jueces y Magistrados y, en general, para preservar la integridad de todos quienes intervienen en un proceso penal.

No cejaremos en nuestro empeño para contribuir a que el Poder Judicial cuente con mejores condiciones para desempeñar sus tareas.

Un nombre clave del enemigo en el Sistema Judicial, es la impunidad. No debemos permitir que nuestras deficiencias y omisiones abran rendijas para que los criminales evadan la justicia.

Y para extirpar este cáncer de la impunidad se necesita, no sólo garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad de los tribunales, sino también revisar, actualizar y rediseñar, si es necesario, nuestro marco legal.

El proceso de combate a la inseguridad y a la impunidad debe contemplar la debida integración de la acción de las policías, de los Ministerios Públicos y de los jueces. Estos últimos que esclarecen los hechos e imparten la justicia; es decir, determinan la responsabilidad de los criminales y la inocencia de quienes no lo son, es fundamental en la tarea que tenemos de frente a los mexicanos.

Es indispensable que el fortalecimiento institucional tenga el mismo énfasis en los Ministerios Públicos y policías, como en los propios jueces y Magistrados Federales y estatales.

El Ejecutivo Federal, a mi cargo, propuso, como ustedes saben, una iniciativa que finalmente fue aprobada, con modificaciones, por el Congreso de la Unión, para reformar el Sistema de Justicia Penal en el país.

Con ello, México adoptará un sistema con juicios orales, procesos simplificados y mucho más transparentes, y un régimen de protección a los derechos de las víctimas.

Esta reforma otorga a las autoridades también más herramientas para combatir a la delincuencia. Se trata de una reforma penal fundamental, la más profunda realizada en décadas en el país. Y no tengo duda de que será un instrumento invaluable para superar el reto que hoy nos plantea la criminalidad.

Hay que darle a este proyecto la mayor atención y la mayor prioridad. Pero también es fundamental conocer la opinión y la experiencia de los juzgadores, a fin de evitar posibles errores en su aplicación, o que una interpretación indebida de sus propósitos nos lleve a no combatir adecuadamente la impunidad.

Es importante que todos aquellos que estamos implicados en su implementación y operación unamos esfuerzos e interactuemos más, dialoguemos más, para que este sistema pueda aplicarse plenamente y lo antes posible.

Por ello, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial, sé que han trabajado intensamente para dar cumplimiento a los plazos que la propia Constitución establece.

Cabe destacar que en poco menos de un año vence el término para que operen plenamente los jueces de ejecución de sentencias. Es imperativo que se tomen las medidas pertinentes para cumplir en tiempo y forma con tal mandato.

Reconozco que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han trabajado intensamente en la difusión de las implicaciones del nuevo Sistema de Justicia Penal, y en la sensibilización a los servidores públicos para implementar ordenadamente la reforma constitucional.

Sé que han, sobre todo, avanzado en la profesionalización y especialización de los servidores públicos responsables de aplicar la nueva justicia penal.

Es indispensable que tanto el Ejecutivo, como el Judicial Federal, asumamos con convicción la implementación de esta reforma y estemos en un diálogo permanente y en una interacción eficaz con los Poderes Judiciales locales en las entidades federativas.

Debemos tener presente que a pesar de que la división de Poderes nos asigna tareas muy específicas, compartimos todos un objetivo superior: que México sea, verdaderamente, un país de leyes y que los criminales reciban el castigo que se merecen.

La implementación de la reforma representará nuevos retos para todos. Por eso es fundamental que actuemos con un claro sentido de corresponsabilidad.

No debemos permitir que la delincuencia encuentre espacios para evadir la acción de la justicia. Debemos actuar y dialogar con otros actores, como el Legislativo, para corregir aquellas lagunas u omisiones que en la ley permitan, precisamente, generar mayores espacios de impunidad.

El Ejecutivo seguirá actuando con firmeza y con determinación en la lucha contra todas las expresiones de la delincuencia. En el ámbito Federal, desde luego, en aquellas que más directamente nos competen.

Es necesario que el Poder Judicial, en su ámbito de competencia, siga con valentía y decisión cumpliendo su deber, y no permita ser coartado o intimidado por los criminales.

Es imperativo que el Poder Judicial, con su conocimiento y experiencia, asuma el liderazgo en la implementación de la reforma a nivel nacional.

Se requiere impulsar la capacitación de los Poderes Judiciales para generar un verdadero cambio cultural en sus integrantes y en los litigantes. Dicho cambio debe generar una nueva óptica sobre la administración de justicia, que permita transitar con eficacia del modelo inquisitorial al modelo acusatorio.

Por otra parte, es muy importante contar con la experimentada opinión de los Poderes Judiciales, en cuanto a la actualización de la Ley de Amparo. El objetivo es que si la reforma busca dar mayor celeridad a la administración de justicia, el amparo represente, verdaderamente, una garantía para los ciudadanos, y no un obstáculo para la justicia pronta y expedita que los ciudadanos merecen, y a la cual la Constitución nos obliga.

En la institucionalización de este nuevo sistema de justicia, como en todos los frentes en que estamos combatiendo a los criminales, se requiere unidad de propósito y de acción. Si no cerramos filas ante el enemigo común, pierde la ciudadanía, pierden las instituciones y pierde México.

Señoras y señores:

Garantizar la seguridad de los ciudadanos es la primera obligación del Estado. Aplicar la ley es el mandato fundacional al que nos obliga la Constitución a todos los servidores públicos.

Los ciudadanos requieren certeza jurídica, seguridad en el ejercicio de sus libertades, en su integridad física y en su patrimonio.

Para que una sociedad se desarrolle plenamente se requieren normas y reglas claras, que se apliquen sin distingos para nadie. Y en esa obligación constitucional, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debemos trabajar juntos.

Lograr la vigencia plena del Estado de Derecho es uno de los mayores anhelos que compartimos los mexicanos. Para ello, es fundamental consolidar un sistema de justicia eficaz, expedito y honesto.

Con pleno reconocimiento al esfuerzo que ustedes hacen, desde el Poder Judicial Federal y desde los Poderes Judiciales estatales, les exhorto a que redoblemos esfuerzos en estas tareas por la justicia, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.

Sé que todos queremos un México seguro, un México en paz, un México de leyes.

Hoy reafirmo ante ustedes la voluntad, la apertura, la plena disposición del Gobierno Federal para valorar todas las ideas, para analizar todas las propuestas y planteamientos que nos permitan, verdaderamente, forjar una política de Estado en materia de seguridad y de justicia.

Tomemos con firmeza las riendas de nuestro destino.

Los desafíos en la materia son sin precedentes. Por eso se requiere, también, carácter y talante de todos aquellos que, al frente de una responsabilidad pública, sé que podemos, si actuamos unidos y coordinados, cambiar para bien el rumbo del país.

Actuemos por construir un futuro de paz y de tranquilidad, que anhelamos los mexicanos y que merecen nuestros hijos.

Muchas gracias.