Jueces amenazados

Juez pide licencia por narcoataque; es el tercer juzgador amenazado

El titular del juzgado cuarto de lo penal en Puebla argumentó que está estresado debido al secuestro de su secretario liberado en Tamaulipas. Exigen al magistrado soltar a dos zetas

Excélsior
PUEBLA, Puebla, 27 de noviembre.— El levantón de su secretario provocó que el juez Cuarto Penal de esta ciudad solicitara licencia por mes y medio.
El juzgador Alberto Miranda reportó que también recibió amenazas por parte del crimen organizado. Debido a esta situación, su tribunal permaneció cerrado por segundo día consecutivo.
El martes pasado, en la capital poblana, el secretario del juez, César Vázquez, fue reportado como desaparecido. Un día después fue encontrado en buen estado de salud, en Tamaulipas.
No se ha presentado denuncia penal por el secuestro.
Tras el plagio de su colaborador, Miranda se reu­nió con el procurador local, Rodolfo Archundia, a quien le informó que había recibido mensajes de texto en su celular, en los que se advertía que César Vázquez sería la primera de cuatro víctimas si no se liberaba a dos de los 11 detenidos por el homicidio del policía ministerial José Alfonso Hernández, ocurrido el 16 de este mes en la junta auxiliar de La Libertad. Los aprehendidos están presuntamente involucrados con el cártel de Los Zetas.
El juez Miranda ya había sido amenazado en agosto de 2008 por ocho zetas detenidos en Tlapanalá. En esa ocasión, se declaró incompetente para saber del caso.
En Puebla, al menos otros dos jueces han sido amagados por el crimen organizado.
Juez pide licencia por amenazas
PUEBLA, Pue.— Ante las amenazas de muerte por parte de la delincuencia, Alberto Miranda Guerra, juez cuarto penal, solicitó licencia por mes y medio, después que su secretario César Vázquez Ávila fue secuestrado en esta ciudad y abandonado en Tamaulipas, sin que, hasta el cierre de esta edición, se haya presentado una denuncia penal, ni tampoco emitido declaraciones al respecto.
En sesión ordinaria, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) concedió el permiso, pues el juzgador dijo que está estresado por la situación que desde el martes pasado comenzó en sus oficinas, confirmó la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández.
En entrevista, admitió que hay un clima de preocupación en el Poder Judicial por el levantón de Vázquez Ávila, por lo que consideró necesario reforzar las medidas de seguridad y la vigilancia en los juzgados.
Y es que, debido a lo anterior, por segundo día consecutivo el Juzgado Cuarto Penal estuvo cerrado y si bien hay posibilidades de que reabra sus puertas al público el próximo lunes, todavía no es oficial.
El levantón
En entrevista, el subprocurador de Justicia, Víctor Pérez Dorantes, confirmó que el pasado martes Vázquez Ávila fue reportado como desaparecido y que ese mismo día su vehículo fue encontrado cerca del Parque Ecológico de esta Angelópolis.
Después de 24 horas, abundó que el servidor público del Poder Judicial fue hallado en el estado de Tamaulipas, sin específicar la ciudad, aunque subrayó que no presentaba golpes y estaba en óptimo estado de salud, según el reporte médico.
Empero, Pérez Dorantes negó que haya presentado una denuncia por privación ilegal de la libertad o secuestro ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por lo que el Ministerio Público sólo inició un expediente por desaparición de persona.
Por tal motivo, el funcionario estatal subrayó que la dependencia carece de mayores elementos para realizar una investigación a fondo, pues el propio Vázquez Ávila no supo explicar el motivo del aparente levantón.
Después del plagio de su colaborador, Miranda Guerra tuvo una reunión con el procurador Rodolfo Archundia Sierra, pues habría recibido mensajes de texto en su teléfono celular, en los cuales se advertía que César Vázquez era el primero de cuatro víctimas, si no se ponía en libertad a dos de los 11 detenidos por el homicidio del policía ministerial José Alfonso Hernández Gutiérrez, ocurrido el 16 de este mes en la junta auxiliar de La Libertad.
Los Zetas
Entre las personas aprehendidas por el crimen del uniformado, destaca Miguel Ángel Pérez Villa o Gonzalo Gerezano Escribano, alias El Cuije o Z-18, líder de una banda dedicada al secuestro y que operaba desde una casa de seguridad ubicada en Amozoc, a 500 metros del rancho del alcalde Alfredo Bretón Sánchez.
A la par de las amenazas, resulta indispensable referir que el miércoles pasado un juez federal arraigó por 40 días a El Cuije o Z-18, después de detectar que es presunto fundador de Los Zetas y uno de los 50 más buscados del cártel del Golfo por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
El sujeto es acusado de 20 secuestros en Puebla y, ante la Federación, de delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y lo que resulte.
El 20 de noviembre fue entregado junto con seis de sus cómplices a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delienciencia Organizada (SIEDO).
El juez Miranda ya había sido amenazado en agosto de 2008 por ocho zetas que fueron detenidos en el municipio Tlapanalá, donde estuvieron a punto de ser linchados, y contra quienes dictó auto de formal prisión por los delitos de secuestro, tentativa de homicidio calificado y delincuencia organizada.
Sin embargo, días después, se declaró incompetente para resolver el caso y turno el expediente al Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros.
Al mismo tiempo, criticó a la PGJ por no dar aviso a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el tema, lo que impidió que la dependencia federal hubiera ejercido su facultad de atracción.
Cabe recordar que ese mismo año también estuvo a cargo del robo cometido a una unidad de la empresa Transportes Lock, el cual habría sido perpetrado por presuntos zetas. Esa vez, el juzgador dictó auto de formal prisión, sin otorgar el beneficio de la libertad bajo fianza aunque pueden apelar.
El juez Mirando no es el úncio que ha sido amenazado por la delincuencia organizado. Alberto Bagatella Bermúdez, a su paso por el Juzgado de Izúcar de Matamoros, fue amenazado también por Los Zetas.
Refuerzan vigilancia en juzgados poblanos
as Estatal y Metropolitana reforzaron los operativos de vigilancia en Ciudad Judicial y en los juzgados penales localizados en el Centro Histórico de esta ciudad, después de las amenazas de muerte de la delincuencia organizada contra el juez cuarto de lo penal, Alberto Miranda Guerra, y su personal.
Sobre el tema, Valentín Meneses Rojas, titular de la Secretaría de Gobernación, admitió que el operativo policiaco especial está relacionado con el secuestro del secretario de esta instancia, César Vázquez Ávila.
Asimismo, negó que Vázquez Ávila haya presentado huellas de tortura por parte de las personas que lo secuestraron; sin embargo, consideró que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) debe iniciar una investigación sobre su desaparición, ya que, de acuerdo con la familia, no tenía problema alguno con alguien.
En los juzgados ubicados en el edificio de la 12 Oriente y la 6 Norte, en la zona monumental y a tan sólo tres calles de Casa Aguayo, despacho oficial del gobernador Mario Marín Torres, policías estatales y metropolitanos con chalecos antibalas y armas largas mostraban una actitud de alerta.
En este lugar, donde está el Juzgado Cuarto de lo Penal, no hubo actividades. Las oficinas se mantuvieron cerradas al público.
El personal tampoco se presentó a trabajar. Hay posibilidades de que reabran las puertas el lunes, aunque todavía no se ha tomado una decisión oficial.
Diferentes jueces y personal de los juzgados que optaron por no identificarse, confirmaron el clima que impera en el Poder Judicial, de preocupación y zozobra, pues saben que no están exentos de vivir una situación similar a la de Vázquez Ávila.
No fue posible recabar nombres y cargos de las fuentes. Todos platicaron del hecho, pero ninguno estuvo dispuesto a identificarse e incluso pidieron al reportero la gracia del anonimato por cuestiones de seguridad.
Cabe resaltar que en la noche de este viernes, en un lote baldío del fraccionamiento Bosques del Pilar hubo una intensa movilización de elementos de las policías Estatal y Municipal, quienes acordonaron la zona por presunto artefacto explosivo, el cual sólo era una esfera metálica de color plomo.
Perciben hostilidad hacia los juzgadores
Ante las amenazas del crimen organizado, los jueces carecen de un sistema de protección claro que vigile por su seguridad personal y por la integridad de su profesión.
La preocupación agobia a los impartidores de justicia desde hace meses. En abril pasado, magistrados de los estados pidieron protección del Ejército para velar por su seguridad personal. Sin embargo, hasta ahora la petición no ha tenido respuesta.
Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entre 2006 y 2009 las amenazas contra servidores públicos han crecido 29 por ciento.
El CJF, en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), tiene a su cargo un organismo de protección, que no obstante se avoca únicamente a ciertos cargos y sólo están protegidos aquellos que ya han recibido amenazas por parte de la delincuencia.
Para recibir protección de estas entidades, es necesario que los jueces o magistrados la soliciten.
Actualmente la Policía Federal custodia a al menos 70 impartidores de justicia, de manera preventiva en todo el país, según datos del CJF.
Esto, aunque la PGR garantiza la seguridad de todos los magistrados involucrados cuando aplique el programa de testigo protegido.
Al firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad en 2008, el Poder Judicial, como uno de sus diez compromisos, aseguró que cuidaría la seguridad de sus funcionarios.
Pero el contexto para jueces de materia penal es cada vez más hostil. En agosto, Carlos Elorza, juez federal de Nayarit, sobrevivió a un atentado mientras resolvía el caso del ex candidato Gregorio Sánchez, quien contendía por la gubernatura en Quintana Roo y fue acusado de nexos con el narcotráfico.
Así como en Puebla, magistrados y jueces sufrieron amenazas de miembros del narco, los cuales solicitaron la protección del Poder Ejecutivo local.
En agosto de 2006 fue asesinado en Toluca el juez federal René Hilario Nieto Contreras, quien tuvo en sus manos asuntos relacionados con los cárteles de los hermanos Arellano Félix, del Golfo y de Juárez.
Si bien hasta ahora los datos que consignan las amenazas contra funcionarios de los poderes judiciales federal y de los estados es vago, otros países han elaborado estadísticas para contar y así cuidar a sus jueces.
El Consejo Superior de la Judicatura, de Colombia, anunció que hasta ahora se encuentran bajo amenaza 600 impartidores de justicia.
Nota de Fernando Pérez Corona