Debate en el Senado para elegir Ministra de la SCJN, sin éxito

Debate en el Senado para elegir Ministra de la SCJN, sin éxito

EL C. PRESIENTE SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA: Honorable Asamblea: Pasamos ahora a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos Primera con punto de acuerdo relativo a los requisitos de legibilidad de las candidatas a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informo a la Asamblea que en caso de ser aprobado este dictamen las candidatas propuestas en la terna que envía el Ejecutivo, realizarán una exposición en tribuna por un tiempo máximo de 15 minutos, su aparición será conforme al orden que se consigna en la propuesta remitida por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Posteriormente, y es importante que se escuche por la Asamblea, se realizará la votación por cédula para la elección correspondiente.

El dictamen sobre la cobertura de requisitos de las candidatas se encuentra publicado en la gaceta del Senado de este día, por lo que ruego a la Secretaría dé lectura a su parte resolutiva.

- EL C. SECRETARIO SENADOR ZOREDA NOVELO: Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen.

Con fundamento en los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho del dictamen que se formula, las comisiones unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, determinan que las ciudadanas propuestas en la terna presentada por el Ciudadano Presidente de la República, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

En consecuencia, son elegibles para sustituir a José de Jesús Gudiño Pelayo, por reunir los requisitos constitucionales procedentes, las Ciudadanas Elvia Rosa Díaz de León D´hers; Lilia Mónica López Benítez, y Andrea Zambrana Castañeda.

Es todo, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: En consecuencia, el dictamen está a discusión, y han pedido hacer uso de la palabra el Senador Ricardo Monreal Avila, posteriormente el Senador Dante Delgado, luego el Senador Arturo Escobar, seguiría el Senador Pablo Gómez, luego el Senador Pedro Joaquín Coldwell, para terminar esta ronda con el Senador Alejandro Zapata Perogordo.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor Senador Ricardo Monreal Avila.

-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores y legisladoras:

Este día el Senado de la República ejerce una de las facultades más importantes que tiene en la Constitución General de la República y que representa en la teoría de la división de poderes un auténtico equilibrio entre los mismos.

La naturaleza jurídica de la ratificación, acto en el que estamos inmersos, implica el ejercicio de un derecho de cada uno de los senadores y senadoras muy importante. Nada menos que ratificar a quien va a integrar el más alto Tribunal de Justicia de la Nación como Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El dictamen que las comisiones han suscrito y que está a discusión me parece correcto. Las comisiones dictaminadoras no podían ir más allá, sólo constatar que los requisitos que la Constitución previene para ser Ministro de la Corte se reunieran en las personas que integran la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal.

En unos momentos más habremos de escucharlas, algunos por segunda ocasión. Y desde un principio he hecho la crítica de que el ejercicio sometido para el examen de quienes son propuestas como candidatas a ocupar el cargo de Ministra de la Suprema Corte es insuficiente; quince minutos de exposición de cada una de ellas, más la respuestas a las preguntas hechas por senadores y senadoras no es suficiente.

Yo espero que logremos en el transcurso de los minutos que faltan para la votación un consenso, un acuerdo que le permita al país tener confianza en que quien habrá de sustituir al Ministro Gudiño Pelayo tenga características similares de independencia, de autonomía, de profesionalismo que tenía el Ministro desaparecido, que ahora intentamos sustituir.

Yo escuché a las tres propuestas, a las tres personas, a las tres profesionistas provenientes de la carrera judicial con mucha atención. Yo estoy seguro, porque así me lo han hecho saber algunos miembros del partido en el gobierno, que cualquiera de las tres pudiera representar beneplácito de la Corte del gobierno al que pertenece su partido y que no habría objeción para que lográsemos el consenso.

Nosotros queremos ser muy claros y muy firmes. De las tres propuestas que se examinaron y que escuchamos, a pesar de lo insuficiente del procedimiento para poder con profanidad analizar los antecedentes académicos y en el ejercicio de la profesión o de la carrera judicial que cada una de ellas tiene, el Grupo Parlamentario del PT hará con mucho cuidado su selección.

Es muy importante decirles que debemos procurar que no exista una terna de uno o de una; que debemos propugnar porque la Corte se refresque; que la Corte asuma un papel de equilibrio, de poderes en la Nación; que la Corte no se vaya al extremo conservador o de derecha. Por eso antes de emitir el voto, señores senadores, señoras senadoras, mucho tenemos que reflexionar.

El Grupo Parlamentario del PT hará responsable su ejercicio de sufragar el voto a favor del perfil más fresco de avanzada judicial y de criterio independiente que creemos conveniente. No voy hablar mal en contra de ninguna de las propuestas que contiene la terna, nosotros simplemente debíamos examinar en este dictamen que cumplen los requisitos de elegibilidad, y en ese sentido nosotros votaremos a favor de este dictamen que, en efecto, constata que las candidatas propuestas a ocupar el puesto de Ministro de la Suprema Corte de Justicia reúnen los requisitos de elegibilidad. Pero los culmino a que tengamos una profunda reflexión en torno a la persona que habremos de ratificar.

Por tal, el Grupo Parlamentario del PT, votará a favor de este dictamen.

EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias, Senador Monreal.

A continuación tiene el uso de la palabra el Senador Dante Delgado, del Partido de Convergencia.

EL C. SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

En un momento más tendremos la responsabilidad de atender el mandato del artículo 96 Constitucional para designar la vacante de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se generó con motivo del fallecimiento del Ministro Pelayo.

Quiero hoy aquí recordar que el Presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones, envió a la Cámara de Senadores una terna integrada por 3 destacadas mujeres que forman parte del Poder Judicial de la Federación, y esto no es cosa menor, porque se está dando reconocimiento a la carrera judicial.

El dictamen que hoy se presenta a consideración de todos nosotros, ha sido suscrito afirmativamente por los integrantes de las Comisiones de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, en el sentido de que se cumplen toda la normatibilidad que establece el artículo 95 Constitucional.

Lo que quiere decir que las 3 propuestas, las Magistradas Díaz de León; la Magistrada López Benítez, y la Magistrada Zambrana Castañeda, cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Sin embargo, y para atender la integración de la Corte y que no haya suspicacias, quiero proponer a esta Honorable Asamblea que el acuerdo de la Mesa Directiva en relación al procedimiento para la elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se atienda en el numeral octavo en caso de no alcanzarse en la primera ronda de votación la mayoría establecida por el 96 Constitucional, en una segunda vuelta se respalde a la candidata que haya ocupado el mayor número de votos, a efecto de que de inmediato se integre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y quiero subrayarlo, porque de no ser así, de rechazarse en una segunda votación la terna, estaríamos ofendiendo, por una parte, la carrera judicial de las 3 candidatas propuestas.

O por otra, estaríamos permitiendo la simulación al facilitar que el Ejecutivo aparentemente hubiera cumplido dándole opción al personal de carrera judicial, y en una segunda terna que tuviese que enviar posteriormente, se incluya a personas fuera de la carrera judicial. Y de lo que se trata es de que tengamos transparencia y claridad.

Si la intención del Ejecutivo Federal fue el de dar reconocimiento a la carrera judicial, el día de hoy será una extraordinaria oportunidad para que así se acredite.

Así que, compañeras y compañeros, los invito, respetuosamente, a que en honor al género, a la ventaja de que esta terna tenga 3 mujeres, permitamos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incorpore a una de ellas como parte del mismo.

Amigas y amigos:

Quiero invitarlos a que haya congruencia, a que respetemos las reglas de la civilidad y del comportamiento que merece el respeto del Poder Judicial de la Federación.

Está en nuestras manos cumplir y hacer cumplir la Constitución, y sobre todo asumir la responsabilidad que tenemos bajo nuestra conciencia.

Así que propongo que en la segunda votación, todos los Senadores votemos a favor de la candidata que alcance en la primera vuelta el mejor resultado de opinión de los compañeros Senadores y Senadoras.

Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias señor Senador.

Tiene el uso de la palabra el señor Senador Pablo Gómez Alvarez.

-EL C. SENADOR PABLO GOMEZ ALVAREZ: Creo que la terna enviada por el Ejecutivo anuncia un desenlace que probablemente no sea positivo para el país, ni para la institución de la responsabilidad compartida en el nombramiento de Ministros de la Corte entre el Ejecutivo y el Senado.

El Constituyente del 17 aprobó e inscribió en la Constitución que los individuos de la Corte serían nombrados en colegio electoral integrado por ambas cámaras a propuestas de las legislaturas de los estados. Así fue expedida la Constitución y entró en vigor el 5 de febrero del año de 1917.

Poco tiempo después se modificó la regla, y se adoptó la regla norteamericana, que estuvo vigente hasta que se inventó el sistema de terna. Pero cuando se redactó el precepto constitucional, que ahora rige el procedimiento, quedó, me parece a mí, claro, que rechazada una terna se presenta una nueva.

Una nueva, quiere decir nueva, no parcialmente nueva o parcialmente vieja. Porque la palabra nueva, no admite matices. Se es nueva, la terna o no. a menos de que se acepte, la parcialidad de la novedad. Lo cual no está aceptado en la Constitución.

La Constitución no puede contener los elementos de la negación del sistema, que la Constitución misma tiene plasmada.

Sin embargo en el 2005, hubo una nueva terna, que no lo fue. Había una persona que ya había estado en la terna anterior, y volvió a estar en una terna posterior. Con ese antecedente, se está pensando hoy, cuál es la regla.

Pero ésa no es la regla. La regla no la da un funesto antecedente. Indebido, inconstitucional; la regla la da la Constitución, no la dan los precedentes.

Como yo veo que hay una contradicción en el grupo panista, y respecto de la terna, de la terna en su conjunto. En la que el PAN supone que envió la terna, no es panista, sino ha de ser priísta o perredista.

Y que el sistema no está diseñado para que el Ejecutivo proponga y declare al presentar la terna, que cualquiera de las tres, es para el Ejecutivo, válida.

Ahora vamos a ver si para la oposición, cualquiera de las tres. Lo cual no puede ser, porque el único que puede presentar terna, es el Ejecutivo, y no los senadores.

Nosotros tenemos un solo voto. Y al tener un solo voto en un sistema como éste, la oposición escoge, de los nombrados por el Ejecutivo.

Así es como políticamente se tiene que entender, el funcionamiento del sistema de terna, cuando… cuando el Ejecutivo no tiene dos tercios, en la cámara ratificadora.

Los nombramientos están hechos, son tres nombramientos. La designación es de una sola persona.

Esta idea política, subyacente en la Constitución, no es compartida por el PAN. Y entonces podemos ir hacía una maniobra política inconstitucional, que finalmente tendría que resolver la Suprema Corte de Justicia, después de un litigio con el Ejecutivo.

Sobre un asunto que le compete a la Corte misma. En el sentido, perdón, no de competencia, sino que le afecta a la Corte misma.

Sería muy lamentable. Ya de entrada, a propósito del dictamen, que declara a las tres magistradas elegibles, para el cargo, no quisiera yo, por favor, que se regresara al Ejecutivo una terna de tres mujeres. ¿Cómo leer eso, no? Ninguna de las tres.

¿Cómo va a leerse esto por la opinión pública?

Hay senadores, senadoras, que no les importa esto. Pues ya a estas alturas casi no les importa nada. Hay otros, que sí, pues sí les importa algo todavía, por lo menos.

Y yo creo que estamos en una tesitura, en la que probablemente ocurra esto último. Yo manifiesto que si llega a ocurrir, como calculo que será, pues será muy lamentable y responsabilidad exclusiva del Partido Acción Nacional.

Pienso también, que la maniobra sería peor. Pienso también, que sería bueno advertir, que frente a la maniobra, la controversia constitucional tendría que ser una salida, porque quien interpreta la Constitución, finalmente es el Tribunal Constitucional del país, llamado en México Suprema Corte de Justicia. Que no es ya de Justicia, casi nunca, sino tribunal constitucional.

Entonces, todo este… digo todo esto, porque no se vale decirlo después, inventárselo después. El momento oportuno, para alcanzar a ver la consecuencia de los actos y de los hechos que se van a producir en el Senado, es este momento.

El momento, antes de aprobar el dictamen, declarando que las tres candidatas tienen las cualidades para ser ministras de la Corte. En este momento.

Después, ya sería un lloriqueo y un andar culpando a otros, de andar quitándose las culpas propias. Y no advirtiendo la posibilidad de un desenlace muy inconveniente, para la institución a través de la cual el Ejecutivo y el Senado comparten la responsabilidad de la integración de la Corte.

Así que dicho lo anterior, solamente les deseo, señores y señoras senadoras, que este día de hoy, haya ministra, eso sería lo más conveniente para el país. Si se actúa con responsabilidad, con sabiduría y con sentido político, aunque ya se está yendo, pues hay que agarrarlo por las plumas, antes de que termine de volar.

Muchas gracias. (Aplausos)

EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias a usted, señor senador Pablo Gómez.

Tiene el uso de la palabra, el señor senador Pedro Joaquín Coldwell.

EL C. SENADOR PEDRO JOAQUIN COLDWELL: Honorable Asamblea: Estamos en proceso de ejercer, una de las facultades exclusivas del Senado de la República.

La ratificación de los ministros de la Corte, a propuesta de ternas del Ejecutivo, no la compartimos con la colegisladora. Es de la estricta responsabilidad de los senadores de la República.

Por ello, cuando tomamos nuestra decisión, para efectos de ratificación de los ministros de la Corte, debemos estar conscientes que no estamos ejerciendo una facultad ordinaria, ni debemos hacerlo, mucho menos, de manera mecánica, ni tampoco de manera rutinaria.

Es una decisión, como aquí dijo al principio el senador Monreal, profundamente trascendente.

Lo es por muchas razones, empiezo por las humanitarias. Después diré las institucionales. O mejor dicho, empezaré por las humanas y después hablaré de las institucionales.

La ministra que hoy ratifiquemos, si se logra una mayoría de dos terceras partes, va a tener que llenar un enorme vacío en la Suprema Corte de Justicia, el de un Ministro que fue ejemplar en su desempeño, que encarnó el paradigma del buen juez y que dejó un valioso legado judicial, el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien la bancada del PRI quiere antes de entrar al fondo de este dictamen y de la votación, dejar un testimonio de un homenaje de reconocimiento a un juez honesto, dedicado, valiente, que jugó un rol importantísimo en la historia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero además hay razones de un gran peso institucional para que calibremos la importancia de la decisión que hoy vamos a tomar.

La Corte es un poder emergente en la transición democrática de México.

La Corte ha ido adquiriendo poderes decisivos para que la vida del país transite en un marco de institucionalidad, de estabilidad y de vigencia del estado de derecho.

Tiene una gran importancia la Corte, sobre todo en países como el nuestro que tiene gobiernos presidenciales llamados gobiernos divididos, en los dos sentidos: en el horizontal, gobierno dividido entre los poderes legislativo y Ejecutivo de la Unión, pero también en el vertical gobierno dividido entre el gobierno federal y el pluralismo político que reina en los estados.

La Corte es fundamental para resolver todas las controversias constitucionales que se susciten entre los Poderes de la Unión y entre el gobierno federal las entidades federativas y los municipios del país.

Ese simple hecho aquilataría el valor de la Corte. Pero tiene otras funciones que son básicas para la vida democrática de México, la Corte debe tutelar los derechos de las minorías legislativas. La Reforma Constitucional de 1994 le dio a la Corte precisamente la facultad de conocer las acciones de constitucionalidad de las minorías legislativas y le dio facultades de anular las leyes emitidas por los congresos locales o el Congreso de la Unión que vulneren el principio de la supremacía constitucional.

Y apenas el día de ayer le dimos más potestades a la Corte. El día de ayer al aprobar la reforma constitucional en materia de amparo, consagramos a la Corte como legislador en sentido negativo al darle facultades de hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad y esto tiene, le va a dar, un rol todavía más importante a la Corte de cara a los años venideros.

Pero la Suprema Corte de Justicia mexicana no sólo es un tribunal constitucional, tiene una peculiaridad, es también un órgano de control de la legalidad, no ha culminado su transición a un tribunal constitucional. Salvaguarda la Constitución, es su última y fundamental intérprete; pero también es un tribunal de casación y sus resoluciones son fundamentales para el acceso a la justicia de muchos mexicanos.

El simple retraso en la designación del Ministro ha dilatado la justicia en más de 15 casos, según dieron cuenta reciente algunos medios de comunicación. Sus resoluciones son fundamentales para la buena marcha de la justicia mexicana.

Por esas razones, compañeras y compañeros senadores, los senadores del PRI hemos venido reflexionando seriamente el sentido de nuestro voto.

Madison, el padre del federalismo norteamericano recomendaba para la designación de los ministros de la Corte este mecanismo compartido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Decía que era el mejor antídoto para garantizar la independencia, la imparcialidad y el partidismo del Tribunal Constitucional.

Ciertamente la justicia impartida con sesgos partidistas es justicia pervertida.

Hemos tenido poco tiempo ciertamente para deliberar, pero le hemos dado la mayor importancia los legisladores de la bancada a la que me honro en pertenecer.

Y queremos compartir con ustedes que vamos a ejercer nuestro voto con visión de estado y con la mirada puesta en el futuro de México.

No queremos los priístas ni como legisladores ni como ciudadanos una Suprema Corte de Justicia de la Nación anclada en el Siglo XIX, queremos una Corte que esté asentada en el Siglo XXI, alejada de cualquier dogma ideológico o cualquier tipo de prejuicio de Corte social. Una Corte que defienda los valores que están contenidos en nuestra Constitución, particularmente el valor que distingue a la Constitución mexicana desde sus orígenes, que es el valor de la inclusión social, de la igualdad de todos ante la ley.

Por eso votaremos por este sentido, con un sentido de estado, con una visión de futuro y con una gran fe en que México sólo es viable si transita en la democracia con una plena vigencia de su Constitución.

Muchas gracias. (Aplausos)

EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Muchas gracias a usted, señor senador Pedro Joaquín Coldwell. Tiene el uso de la palabra el señor senador Alejandro Zapata Perogordo.

EL C. SENADOR ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: Son su venia, señor presidente; honorable asamblea. Pues como ya lo mencionaron algunos de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, el día de hoy debemos tomar una decisión trascendente. Y para ello tenemos también que volver hacia atrás para ver dónde estábamos, si hemos caminado y hacia dónde queremos ir.

De entrada yo habré de señalar que me da mucho gusto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya ido caminando asentándose de tal manera que sus resoluciones no solamente las vemos en cuanto a sus debates, sino que adicionalmente las respetamos.

Esto fue producto inclusive de un acuerdo que se dio por consenso y debo también señalar que estaba dentro de nuestra plataforma legislativa en 1994, donde se pretendía que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvieran vinculados al trabajo de la interpretación de nuestra carta fundamental, y que no estuvieran dedicándole mucho tiempo a la parte carácter administrativo. Por eso se hicieron dos cambios que creo que han funcionado: la formación del Consejo de la Judicatura, por un lado, y que se hiciera el relevo de los Ministros de la Corte de manera escalonada, por otro

Yo celebro en principio que por primera vez, de manera histórica, el Presidente de la República haya mandado una terna de personas de género femenino, porque con ello, sin duda alguna se complementa en debate que hemos estado señalando de la necesidad de estar impulsando a las mujeres, porque es una visión complementaria a la de los hombres, y que eso ayuda con mucho al enriquecimiento de la nación en cuanto a su doble aspecto.

Por otro lado ¿qué Suprema Corte de Justicia queremos? ¿Qué perfiles se requieren para enriquecer las discusiones en la Corte? De entrada yo habré de señalar forzosa y necesariamente requerimos personas que conozcan la historia de la Constitución Mexicana, porque en ella encierran diferentes pensamientos de carácter jurídico, desde la del 57 es donde se impulsan los derechos del hombre y ahora evidentemente están vinculados con los derechos humanos como indiscutiblemente la visión positivista del 17. No podemos quedarnos solamente en esa parte, tenemos en estas etapas de transición o postransición en México, esperamos que la Suprema Corte siga impulsando la ampliación de las libertades en cuanto a su interpretación dentro de la propia Constitución, pero también como decía Herrera y Lasso: “Esas Libertades disciplinadas que nos permiten convivir en la colectividad”.

Por eso requerimos una Suprema Corte que debate el pensamiento jurídico, pero también que sea un hábito natural entre las diferencias políticas y también entre las interpretaciones de la Ley en cuanto a la Constitución se refiere.

Yo creo que sobre ese particular punto de vista, México ha avanzado de manera indiscutible, pero al sociedad mexicana sin duda alguna también se ha enriquecido con estos debates.

Habré de señalar que de acuerdo a los artículos 95 y 96 de la Constitución, estamos cumpliendo en tiempo y forma con nuestra obligación, que las tres personas propuestas en la terna, Elvia Rosa Díaz de León, Andrea Zambrana, Lilia Mónica López Benítez, tienen sin duda alguna experiencia y conocimiento, criterio jurídico, honorabilidad, se ha acreditado la eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, son personas competentes, las tres cumplen, sin duda alguna con los requisitos establecidos en la Carta Magna, máxime aún como bien lo señalaba nuestro compañero Pedro Joaquín Coldwell, las reformas que se han estado realizando y que el día de ayer terminamos de aprobar en lo que se refiere al Congreso de la Unión y que faltan las legislaturas locales en relación a las atribuciones que tiene el Poder Judicial entre las que se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya ampliamos el aspecto para la protección de las libertades y de los derechos y establecemos los mecanismos como tiene que conducirse nuestro máximo tribunal y también el Poder Judicial a través de sus diferentes órganos, y que están pendientes y confiamos en que salgan lo concerniente a los derechos humanos.

Estamos saliendo de un sistema político diferente y estamos construyendo uno con visión de más largo alcance que nos permite la convivencia en la pluralidad, también requerimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga pluralidad en su pensamiento jurídico, que sea partidista y que piense obviamente en el país y le dé a la Constitución la interpretación que han recogido las aspiraciones sociales a través del Constituyente Permanente. Creo que es un punto toral y fundamental, no queremos un Suprema Corte de Justicia secuestrada, queremos una Suprema Corte de Justicia imparcial y que sea un árbitro natural entre las diferentes que pueden tener los poderes y obviamente le dé un sentido de constitucionalidad y de legalidad a todos los actos que de ahí provengan.

Yo creo que son de las aspiraciones legítimas que esperan todos los mexicanos, no solamente se debe actuar con sentido político, creo que sin duda alguna en estos momentos tenemos que actuar también con la altura de miras y con sentido de estado, estamos en una compleja situación y en un parteaguas donde nos corresponde a nosotros también una gran responsabilidad, aterrizar y consolidar el sistema democrático mexicano, y para ello la Suprema Corte de Justicia, su salvaguarda, su independencia y su autonomía es fundamental. Tenemos ahora la enorme oportunidad de elegir una mujer valiosa, no la desperdiciemos, las tres propuestas son extraordinarias, pero yo sé que cuando ha habido circunstancias de esta naturaleza, el Senado ha tomado la mejor decisión.

Yo hago votos porque en esta ocasión hagamos lo propio.

Es cuanto, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior acuerdo.

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: consulto a la Asamblea, en votación económica si es de aprobarse el acuerdo.

Los que estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

Los que estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

-Aprobado el acuerdo, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Está entonces aprobado el dictamen que establece que las ciudadanas propuestas para el cargo de ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplen con los requisitos de legibilidad.

Honorable Asamblea, a fin de dar cumplimiento entonces al acuerdo aprobado el pasado 2 de diciembre, nuestro siguiente asunto es la exposición que directamente harán las ciudadanas Elvia Rosa Díaz de León, Lilia Mónica López Benítez, Andrea Zambrana Castañeda, que han sido propuestas por el Titular del Ejecutivo Federal para el cargo de Ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo ello en sustitución del ciudadano José de Jesús Gudiño Pelayo.

Conforme al acuerdo, les recuerdo, aprobado, cada una de las candidatas tendrá un tiempo máximo de 15 minutos, esto para su exposición y no habrá lugar a preguntas o a interpelaciones por parte de los senadores.

En consecuencia, solicito a los senadores: Alejandro González Alcocer, Pedro Joaquín Coldwell, Arturo Escobar y Vega, Ericel Gómez Nucamendi y Socorro García Quiroz, introduzcan a este salón a la Licenciada Elvia Rosa Díaz de León D’Hers, a fin de que pueda hacer uso de la palabra, rogando a la Asamblea, le prestemos la debida atención, para que de esta manera podamos nosotros sacar una conclusión y posteriormente después de escuchar a las tres ciudadanas, procedamos a una votación.

(La Comisión cumple)

Ciudadana Elvia Rosa Díaz de León D’Hers, a nombre del Senado de la República, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión, hemos, nosotros establecido en un acuerdo aprobado previamente que haga uso de la palabra hasta por 15 minutos a fin de que el pleno conozca de viva voz en buena parte, los planteamientos de su persona en este proceso de elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, es un honor tenerla aquí, le ruego haga uso de la voz.

LA C. ELVIA ROSA DIZ DE LEON DERS: Con su venia, señor Presidente, señoras y señores senadores de la República, he sido distinguida nuevamente para integrar la terna para la elección de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un gran honor para mí ocupar esta tribuna por segunda ocasión para dirigirme a esta representación.

Respetuosamente y con una gran emoción comparezco ante ustedes, señoras y señores senadores. Estoy consciente de la gran responsabilidad que implica formar parte de este proceso de integración del Tribunal Constitucional del Estado Mexicano.

Mi desempeño profesional suma más de 42 años de servicio en el Poder Judicial Federal, en ellos tuve la oportunidad de escalar casi todos los puestos que establece el escalafón profesional de esta institución, desde Oficial Judicial hasta Magistrada de Circuito.

Fui designada, además, consejera de la Judicatura Federal por el pleno de nuestro más alto tribunal de justicia mediante un proceso de oposición.

A lo largo de mi vida profesional he podido ver evolucionar nuestras instituciones judiciales a la par de la evolución social política y económica del país. Así, en la medida en que nuestro régimen se ha democratizado, el Poder Judicial se ha independizado y fortalecido acorde siempre con la voluntad del Constituyente y del legislador.

En estos inicios del siglo XXI podemos afirmar, tanto juzgadores como ciudadanos, que nuestro sistema de justicia es autónomo y garante de las libertades fundamentales y de la democracia.

En nuestro modelo jurídico la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano supremo del Poder Judicial de la Federación, encargado de velar por la plena vigencia de la Constitución Política, norma fundamental que rige no sólo el funcionamiento de los órganos políticos del Estado, sino también crea y distribuye los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En efecto, la Constitución es la norma que fija los presupuestos de la convivencia social y política, es decir, los principios fundamentales de la vida comunitaria y las reglas del ejercicio del poder público, el cual no puede ser ilimitado.

En nuestra ley fundamental se ve reflejada la historia política de nuestra nación, por lo cual en su interpretación interviene un factor histórico determinante. Para poderla interpretar de una manera justa y equilibrada es menester conocer y tener presente lo que llevó al Constituyente a plasmar en ella nuestros principios constitucionales vigentes, sin olvidar lo que fue nuestro país y lo que tuvo que vivir para lograr una democracia constitucional.

La Constitución, cuyo origen es popular, ya que quien la propone y la aprueba es el Congreso de la Unión, representa la voluntad del pueblo, expresa la doctrina del Pacto Social y su postulado básico de la autoorganización como fuente de la legitimidad del poder y del derecho.

Ya en 1789 la declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano disponía que una sociedad que no garantiza los derechos ni determina la separación de poderes, no tiene Constitución. Esta, como instrumento jurídico, contiene el principio de la autodeterminación política comunitaria del principio de limitación del poder, que son la base misma del carácter originario de la Ley Fundamental. En efecto, esto último es el fundamento del constitucionalismo.

Así, nuestra Constitución Política establece como principios rectores de la vida social la libertad, la igualdad ante la ley, la protección de las garantías individuales, el multiculturismo, y la separación de poderes que hace viable justamente la protección de todos estos principios.

Nuestro país se ha erigido después de largas luchas en una democracia constitucional cuya vigencia depende en gran parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano encargado de velar por el cumplimiento de la norma constitucional y de interpretarla ante un conflicto, o cuando la evolución social rebasa su alcance.

Este sistema democrático para que sea una realidad perceptible a todos, implica la limitación del poder público, la cual sólo se logra a través de mecanismos de control cuyo ejercicio dentro del sistema de división de poderes compete a las instituciones judiciales.

Nuestro Constituyente y nuestro legislador han creado mecanismos y medios de impugnación para volver al cauce legal, los actos y resoluciones de los órganos de autoridades del Estado, cuando han causado algún daño o perjuicio, su resolución compete al Poder Judicial Federal.

La apertura del sistema político y el nuevo rostro de sus actores, han requerido que un tercero cuente con facultades para emitir resoluciones que preserven las condiciones de una convivencia social, pacífica y armónica y que se fortalezcan las instituciones democráticas.

Por ello se ha dotado en las últimas décadas al Poder Judicial de la Federación, y en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de amplias competencias, dejando a partir de 1988, en términos generales, su competencia de control de legalidad, pues la conserva únicamente por medio del ejercicio de la facultad de atracción en asuntos relevantes y mediante el análisis de criterios contradictorios emitidos por los tribunales colegiados de circuito.

Pero su competencia específica se centró en la decisión última en el amparo contra leyes y en la controversia constitucional, siguiendo conservando la facultad de investigación establecida en el artículo 97 de la Carta Magna.

En el año de 1994 se ampliaron sus facultades para resolver las controversias constitucionales entre la Federación y estado, un municipio, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, o entre entidades federativas, así como las acciones de inconstitucionalidad por medio de las cuales se resuelve una eventual contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

Con ello se ha dotado a la Suprema Corte de un importante rol político, ya que debe resolver los conflictos entre los diferentes poderes o instancias políticas que surgen con motivo del ejercicio del poder, así como los que surgen entre los ciudadanos y los poderes del Estado.

Es de señalarse también el gran aporte del Constituyente con la reforma de 1994, que al crear el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene una estructura heterogénea y permite la participación de consejeros designados, tanto por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ha respondido a las expectativas de su creación y liberó a nuestro más alto tribunal de justicia del desempeño de las funciones de administración y vigilancia de todos los órganos federales, permitiendo así que pudiera concentrarse en sus funciones de auténtico tribunal constitucional.

Con motivo de la relevante reforma constitucional de 1996, el entonces autónomo Tribunal Federal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial Federal, y se estableció a favor del máximo tribunal del país, competencia para conocer de la acción de inconstitucionalidad en relación con leyes electorales.

Al pasar de los años nuestra Suprema Corte se ha convertido en la instancia que garantiza la vigencia del sistema federal, diseñado por el Constituyente, la preservación de una auténtica división de poderes y la protección de las garantías individuales, por ser el fiel de la balanza.

Si bien la legitimidad de nuestra Suprema Corte de Justicia emana tanto de la propia norma constitucional, como en lo referente a su integración de la intervención de la soberanía popular, a través de ustedes, señoras y señores senadores, lo cierto es que una institución del Estado construye y consolida su legitimidad, también a partir de su conducta, y de los actos de sus integrantes.

Ellos con su quehacer cotidiano le dan contenido a la institución y forman la imagen que de ella tienen los ciudadanos y los demás órganos públicos. El juez constitucional se ha convertido en un sujeto del espacio público con sus propios deberes, lo que implica que inspire su práctica judicial en un conjunto de servicios básicos, universalmente compartidos. Es decir, el cimiento de su potestad radica en la fuerza de la razón, ella y solo ella debe regir cada una de sus decisiones.

La fortaleza del Estado de Derecho requiere de la condición ética de la justicia, así como de un sentido firme de la misma. Así, la sentencia debe ser el reflejo de los conocimientos jurídicos del juez, pero también de su calidad humana, su ética, su competencia y su legitimidad.

La inobservancia de los mandatos constitucionales y de las sentencias dictadas por los tribunales constitucionales, anulan todo sistema de impartición de justicia permitiendo que se propague la inequidad, la zozobra y se pierda la confianza en las instituciones públicas, poniendo en riesgo al Estado de Derecho.

Comparto lo dicho por Gustavo Zagrebelsky en el sentido de que actuar por la Constitución implica crear un ambiente de firme sabiduría y moderación, actuar en su contra, implica arbitrariedad y prepotencia.

Para que una democracia funcione se requiere que tanto el gobierno como la oposición y la sociedad en su conjunto se sometan a la Constitución y solucione sus conflictos respetando las reglas del juego del sistema político.

Desde este punto de vista la jurisdicción constitucional interviene plenamente en la consolidación de la democracia.

En cada decisión judicial al interpretarse los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, así como el sistema político previsto en ella, la Corte va esbozando el orden jurídico y la paz social de nuestra sociedad.

La Constitución debe vivir en la continuidad que es la única garantía de su permanencia, por ello su interpretación a cargo del juez constitucional debe ser evolutiva, es decir, es el juez el que permite a través de sus decisiones que la voluntad soberana inscrita en la norma fundamental perdure adaptándose a los cambios de toda sociedad moderna.

Gustavo Zagrebelsky dice: “…La ley de la buena vida de las constituciones es el desarrollo de la continuidad, el instrumento normal es la jurisprudencia; la reforma es el instrumento excepcional.

Se requiere una cultura constitucional de todos los actores para defender una democracia, por ello es necesario arraigar la norma constitucional en la conciencia de todos..”.

Como magistrada federal quiero manifestar mi reconocimiento al Congreso por la Reforma Constitucional en Materia de Amparo que ayer fue aprobada, lo que estoy segura que redundará en beneficio de los justiciables, y que en ella estamos viendo que esencialmente se pretende agilizar y deducir los procedimientos jurisdiccionales, fortalecer las decisiones de los tribunales de los estados y buscar seguridad jurídica.

Esta reforma es trascendental y permita prever la esperada actualización de nuestra ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales.

México debe seguir fortaleciendo su Estado de Derecho y su democracia constitucional, lo que requiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evolucione y se prepare para enfrentar los retos del México moderno. Para ello, no sólo basta que el Poder Legislativo amplíe sus facultades y la dote de mayores instrumentos de control de la constitucionalidad, sino que es necesario que los ministros interpreten la Constitución con una visión moderna y vanguardista, pero apegada a nuestra propia cultura y atentos a los reclamos de justicia del pueblo de México.

En este contexto reitero el compromiso de que quien alcance la honrosa designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como resultado de este proceso, será tener visión de estado entendiendo a éste como una organización al servicio de los mexicanos en el que los poderes de la unión realizan sus funciones en colaboración armónica y responsable; deberá tener profunda fe en la justicia; alto sentido del deber; voluntad para trabajar arduamente; e irrevocable amor a la libertad a la que sólo se llega por el camino del derecho.

Deseo reafirmar el honor y distinción que para mi representa el ser partícipe nuevamente de este ejercicio democrático.

En el caso intervienen elementos de los tres poderes federales, el Titular del Ejecutivo al proponer la terna y el Senado de la República el sancionarla. Se da, además, la circunstancia de la que las tres aspirantes somos miembros del Poder Judicial.

Estoy segura que la decisión que tome este cuerpo colegiado respecto a la designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con toda certeza será la más conveniente para el Poder Judicial Federal, y desde luego para el pueblo de México.

Muchas gracias.

(A P L A U S O S)

EL C. PRESIDENTE SENADOR MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA: Gracias a usted licenciada Elvia Rosa Díaz de León, ha sido un gusto tenerla nuevamente aquí en el Senado de la República.

Ruego a la comisión de senadores que ha sido nombrada con antelación pudieran introducir al salón de sesiones a la licenciada Lilia Mónica López Benítez a fin de que haga uso de la palabra.

(LA COMISION ATIENDE)

Señora licenciada Lilia Mónica López Benítez, sea usted bienvenida al salón de sesiones del Senado de la República, para nosotros es un honor el darle el uso de la palabra al igual que a las otras dos magistradas, a fin de que pueda expresar a esta soberanía lo que es su pensamiento en relación a la propuesta que ha hecho el Ejecutivo Federal de su persona para poder ser incluida en la decisión de este pleno en la búsqueda de una nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia, adelante, señora licenciada.

- LA C. MAGISTRADA LILIA MONICA LOPEZ BENITEZ: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Buenas tardes.

Señoras y señores senadores de la república:

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 96, de la Constitución Federal, y atendiendo a la atenta invitación de esta cámara, tengo el privilegio de comparecer ante este honorable pleno a efecto de observar el trámite previsto para la elección de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En primer término, lamento profundamente el inesperado fallecimiento de un jurista mexicano, el señor Ministro don José de Jesús Gudiño Pelayo, a quien tuve la distinción de conocer y de admirar, y de que me honrara con su amistad.

El Ejecutivo Federal presentó una terna a la consideración de este órgano legislativo en la que tengo el alto honor de figurar, más aún cuando comparto esa deferencia con servidoras públicas de carrera con una amplia y reconocida trayectoria.

Ahora, con motivo de este proceso de coordinación que prevé nuestra norma fundamental, se proyecta el fortalecimiento de la unidad de estado, revelando una genuina colaboración entre l os poderes.

Tengo 25 años de ejercicio profesional; 20 de pertenecer al Poder Judicial de la Federación; y 16 de servir a mi país como juzgadora federal; 6 años como jueza de distrito, y 10 como magistrada de circuito, la mayor parte en materia penal en diversas plazas del territorio nacional.

Como juzgadora reconozco la necesidad de sincronizar la actuación del juez con los cambios sociales.

Considero la actualización profesional como un elemento fundamental de mi desempeño.

En el ejercicio de la función jurisdiccional también he reconocido la delicada tarea que cumplen los otros poderes.

Estoy convencida de que el derecho es el instrumento eficaz para mantener y preservar el bienestar común.

La ley es el único escudo contra la desintegración social.

Desde que me inicié como juzgadora, primero como jueza, y luego como magistrada protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y así lo he venido haciendo. He velado por la aplicación de la norma fundamental y de las leyes que surgen también de este recinto parlamentario. La creación de la ley y su aplicación tienen en la Constitución Federal el mismo referente fundamental.

Como juzgadora constitucional, es necesario reconocer que la división de poderes constituye una pieza esencial en el armónico desarrollo y fortalecimiento de los principios democráticos. Estoy convencida de que tal división obedece solamente a las facultades que cada uno desempeña, y que el bienestar supremo de la nación es responsabilidad de la unión de los tres poderes.

En su tarea diaria, los jueces federales participamos en la consolidación del estado de derecho, en la defensa de los derechos fundamentales, en la anulación de los actos arbitrarios de poder y en el acatamiento irrestricto a nuestra Constitución.

Esta delicada función se apega a los nuevos principios democráticos, ahora es posible acceder abiertamente a las sentencias y conocer los argumentos jurídicos que sustentan las resoluciones. El Poder Judicial de la Federación ha abierto las puertas a la transparencia y al acceso a la información.

Mi compromiso es contribuir a la consolidación de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Un estado moderno inmerso en la realidad compleja del siglo XXI requiere de una visión constitucional amplia, que dé sentido, presencia y perspectiva a los diversos actores del pacto político.

La Suprema Corte debe tener vertientes de interpretación constitucional modernas e incluyentes, un trabajo de argumentación que genere un mayor y mejor acercamiento con la sociedad, y una argumentación que permita ser claros, directos, pero accesibles al justiciable.

México hoy requiere ministros comprometidos con la defensa de los principios constitucionales, de no discriminación y de igualdad. La actuación del juzgador constitucional debe tener presente la dignidad de la persona y buscar, a través de la ponderación de derechos, el escenario que permita la salvaguarda de los valores y principios intrínsecos del ser humano.

El juzgador constitucional está obligado a atender a la composición pluricultural de nuestra nación con un referente en el estudio de los casos que, sin apartarse de las disposiciones constitucionales y legales, le permita juzgar con una perspectiva más amplia, más humana y más justa.

La construcción de un país requiere un entorno más propicio para el desarrollo de las potencialidades de su factor humano como riqueza principal; por tanto, el juzgador constitucional precisa tener una visión que garantice el efectivo cumplimiento de los derechos a favor de las mujeres y de la niñez.

Estoy comprometida con la defensa de los derechos de los niños y con el acceso de las mujeres a la justicia. Es imprescindible tener presente el marco normativo que, tanto en el ámbito internacional, como en el nacional, permitan una protección integral de la infancia y de la mujer.

La reciente Reforma Constitucional en Materia Penal vislumbra una justicia más pronta, expedita, completa e imparcial que conduzca a la seguridad y certeza jurídicas. El juzgador tiene un compromiso con la implementación del Sistema de Justicia Penal, en tanto que debe asegurar que se ajuste a los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Con esta reforma, los justiciables tienen a su alcance el principio de publicidad como un elemento que inhiba actos de corrupción, y con la inmediación la garantía de la presencia de un juzgador que de manera cercana e inmediata advierta directamente las circunstancias del caso, del imputado y de la víctima.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incorporado elementos del derecho internacional a sus debates. La interpretación del artículo 133 constitucional inserta al Estado mexicano en un tema relevante, el control de la convencionalidad, y con éste la revisión de los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa.

Los tratados internacionales de los derechos humanos son tema pendiente en la agenda del Poder Judicial. La Suprema Corte requiere ministros con visión de Estado, que atiendan los grandes temas del orden internacional.

Los medios de control de la constitucionalidad, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad reflejan la necesidad del equilibrio de los poderes del Estado mexicano. Los poderes de La Unión encuentran en estas figuras los mecanismos para la solución de conflictos.

Como juzgadora constitucional es necesario entender a la división de poderes como pieza fundamental para un armónico desarrollo donde prevalezcan los principios democráticos. También hay que estar atentos a una reconfiguración de la Ley de Amparo, pieza fundamental del Estado mexicano en tanto constituye el eje de la protección de las garantías individuales frente a los actos de autoridad.

Estoy segura que éste honorable órgano legislativo incorporó los principios constitucionales a la ley reglamentaria del juicio de garantías.

Una vertiente importante que genera certeza y seguridad jurídica es la resolución de contradicciones de tesis.

Mi compromiso es analizar con celeridad los criterios contrapuestos.

Senadoras y senadores de la República:

En una actitud de congruencia con mi carrera jurisdiccional y formación académica, así como de compromiso con las instituciones del Estado mexicano, ante este Senado de la República hago patente mi aspiración y compromiso para contribuir en la construcción y consolidación de un Estado constitucional y democrático.

Soy juzgadora y quiero seguir siéndolo desde el más alto Tribunal de la Nación, que es la aspiración legítima de cualquier impartidor de justicia. Desde aquí mi compromiso como mujer juzgadora con la Constitución Política, con el interés superior de la niñez, de los jóvenes, de las mujeres con apego al concepto de equidad de género y con todo aquel segmento que requiera de la protección constitucional y que por razones diversas ve menguado su acceso a la justicia.

Ante este Pleno del Senado expreso mi voluntad de aportar una visión moderna del derecho en una época donde las instituciones evolucionan y los paradigmas cambian, desligada de todo interés que no sea servir a la sociedad.

Con honradez, prudencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y valor me dispongo a hacer cumplir la Constitución y a defender la libertad y la dignidad de cada individuo.

Soy una mujer de férreas convicciones, son una mujer honesta y de palabra, soy una mujer comprometida; es mi compromiso asumir una postura abierta, actual, de franca comunicación, luchando por un México más incluyente, justo y equitativo.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias a usted, Magistrada Lilia Mónica López Benítez. A nombre del Senado de la República le agradezco mucho su presencia…

Muchas gracias. (Aplausos).

Proceda la comisión a acompañar a la Magistrada López Benítez, y hacer pasar a este Recinto a la licenciada Andrea Zambrana Castañeda.

(La Comisión cumple)

-Señora Magistrada Andrea Zambrana Castañeda, sea usted bienvenida a este Recinto Parlamentario.

A nombre del Senado le agradecemos su presencia, y le reiteramos que es un honor el tenerla aquí para escucharla por los siguiente 15 minutos en su exposición, para después dejar al Pleno del Senado de la República, cumpla con su obligación de elegir a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia conforme a la facultad que el Ejecutivo tiene de haber envidado una terna a nuestra consideración.

Le agradezco mucho su participación.

Adelante.

LA C. LIC. ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEADA, Candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Con su venia, señor Presidente.

Señoras Senadoras;

Señores Senadores:

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución, respetuosamente comparezco ante esta Honorable Cámara de Senadores.

El haber sido considerada para integrar la terna en este proceso de designación para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un honor, más aún si se toma en cuenta que en ella concurren 2 notables juzgadoras cuyas sólidas trayectorias conozco y respeto.

En los tiempos que corren, para una sociedad que se ha tornado cada vez más compleja y diversa, en la cual se percibe un ambiente de inseguridad, y en una época en la que nuestra nación debe adaptarse a los criterios e intereses del mosaico internacional, pues el dinamismo de las relaciones internacionales impone el ritmo de vida de las sociedades modernas, el correcto funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un elemento clave para responder a las demandas sociales y hacer efectiva la protección de los gobernados frente a cualquier acto arbitrario. Por ello la ocasión es propicia para plantear mi visión del Tribunal Constitucional que México requiere para el Siglo XXI.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional, y conforme a las facultades que la Constitución le confiere, tiene a su cargo 2 funciones esenciales: la de ser garante de los derechos fundamentales de los gobernados, y la de ser garante de la división de poderes. En ambos casos, la independencia en su actuación es el único factor que le puede dar legitimidad frente a los ciudadanos.

En relación con la defensa de los derechos humanos, es un lugar común afirmar que el derecho no se agota en la doctrina, ni en la jurisprudencia.

Es más, todos sabemos que las vertientes doctrinarias tienen diferentes causes, muchos de ellos opuestos entre sí.

Sin embargo, existe un tópico que, en principio, todos los juristas aceptamos como indiscutible: que la justicia y el Estado configuran una dicotomía ineludible e innecesaria para la formación y supervivencia de la nación, pues es indudable que la sociedad tiende a configurarse como una cadena ininterrumpida de relaciones sociales, orientadas permanentemente a la sustitución del poder arbitrario e imprevisible por un poder reglado y controlable, lo que sin duda supone la esencia misma del valor justicia.

Aunque difícilmente podremos ponernos de acuerdo sobre un único concepto de justicia, todos se encuentran vinculados con los diferentes aspectos de la vida del hombre en sociedad, y en ese contexto debemos aceptar que gran parte de la evolución y la legitimidad del Estado moderno están relacionados con uno de los aspectos más importantes de la idea de justicia, a saber su impartición.

De aquí que el modelo de Estado dependerá en gran medida del papel que desempeñen dentro del mismo los órganos encargados de realizar la labor jurisdiccional.

Así la función jurisdiccional no puede entenderse cabalmente sino como una de las finalidades de la Constitución liberal, que en palabras de “Calshmit” es, en primera línea, no la potencia y brillo del Estado, no la gloria, sino la libertad, la protección de los ciudadanos contra el abuso del poder.

Por ello, en los tiempos que vivimos, el quehacer jurisdiccional desplegado por el Poder Judicial de la Federación, y de manera especial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que ser una pieza clave en la tarea de la protección ciudadana, pues de nada sirve la mera ampliación de los catálogos de derechos si no tenemos medios para hacerlos efectivos, y si el gobernado no confía en sus jueces.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia, como garante de la división de poderes, enfrenta como labor el mantener el equilibrio entre estos para preservar y fortalecer el Estado de Derecho y contribuir desde su condición de intérprete de la Constitución al desarrollo de la democracia en cuanto valor constitucional que debe pernear la totalidad de las instituciones y la vida de nuestro pueblo.

Lo anterior, en tanto contemporáneamente, con independencia del modelo político que adquiere el Estado, sus notas características e incluso su posición y actitud ante la sociedad, variaría según el sistema de impartición de justicia que despliegue.

México no podría ser la excepción. Todos nosotros hemos contemplado y participado desde nuestras funciones en el advenimiento paulatino del Estado constitucional, lo que necesariamente ha significado también una variación en la configuración del derecho y de la actividad jurisdiccional.

Es decir, hemos sido testigos de la transformación de la Corte en un tribunal constitucional, lo que a su vez ha modificado la tarea de los jueces constitucionales.

El desarrollo del Estado constitucional, y el consecuente protagonismo del Tribunal Constitucional como intérprete último del texto de la ley fundamental, han brindado a la sociedad mexicana la oportunidad de rediseñar nuestra forma de vida económica, social y política.

En palabras de “Sagrevesky”: “La ley, un tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el campo del derecho, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma en objeto de medición”.

Es destronada a favor de una instancia más alta, y esta instancia más alta asume ahora la importantísima función de mantener unidas y en paz sociedades enteras, divididas en su interior y concurrencial.

En este contexto, tener la posibilidad de servir a México como Ministra de la Suprema Corte de Justicia es, desde mi perspectiva, el privilegio más grande al que puedo aspirar como juzgadora; un privilegio que demanda una profunda vocación por la defensa de las libertades consagradas en nuestra Constitución y que conlleva a una gran responsabilidad, pues mediante la labor de intérprete de la Constitución, a propósito de la solución de los litigios y controversias que le competen, nuestro máximo tribunal define: los alcances de los derechos fundamentales de los gobernados, la adecuación de los actos legislativos a la norma fundamental, el alcance y sentido de los preceptos constitucionales y locales y la espera de competencia de los entes de gobierno.

En efecto, el juez constitucional examina y resuelve cotidianamente los más relevantes conflictos de la sociedad.

Su tarea consiste en traducir y dar vida a los valores y principios contenidos en la Constitución; los cuales deben regir no sólo la actuación de los órganos del Estado, sino también los aspectos más fundamentales de la vida de los ciudadanos.

En todo problema constitucional, no se debate únicamente la situación jurídica de los interesados, sino también la configuración y contenido de los derechos y libertades fundamentales de todos. Así como el adecuado funcionamiento de los poderes públicos.

Las sentencias constitucionales, además de resolver la cuestión, efectivamente planteada, trascienden a la estabilidad social, económica y política del país. Por eso, el juez constitucional debe poseer una especial prudencia, pues su labor es explicitar la mejor manera de realizar el proyecto de nación, que se contiene en nuestra Constitución.

En los últimos tres lustros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido reforzada para servir justamente a este propósito. Su actuación vela para que los derechos fundamentales de los gobernados no sean agraviados. Es árbitro de las diferencias entre los diversos órdenes de gobierno del Estado, cuenta con la potestad de expulsar del sistema jurídico las leyes que contravengan la Constitución y además en el ejercicio de su existente, aunque problemática facultad de investigar violaciones graves a la garantías individuales, se ha ubicado en el centro de los problemas más complejos de nuestra vida pública.

De lo anterior, podemos válidamente afirmar, que la designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, labor que constitucionalmente supone la colaboración de los Poderes de la Unión; es con seguridad, una de las mayor importancia y responsabilidad en la vida nacional; pues todo integrante del Tribunal Constitucional, debe orientar el desempeño de su alta función, hacía aquellas asignaturas que la Corte, como órgano del Estado, tiene pendientes, dado el cambiante y complejo entorno sociocultural que vive nuestro país.

Estas tareas que a todos nos conciernen, son, entre otras las siguientes.

La Suprema Corte debe distinguirse por la calidad de sus resoluciones. Sin embargo, es oportuno subrayar la necesidad de que sus sentencias y criterios jurisprudenciales sean accesibles y entendibles para el ciudadano común; de suerte que éste pueda confiar plenamente en la justicia que se imparte y que constituye el fin y justificación de todo estado de derecho.

Para lograr ese objetivo, deberá tomarse en consideración, que las características que le dan legitimidad a las sentencias de todo tribunal constitucional, son aquellas que permiten al gobernado, identificar la racionalidad, la deliberación, la transparencia, la claridad y la probidad de sus juzgadores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación del Siglo XXI, y la justicia del Siglo XXI, requieren que los miembros del Tribunal Constitucional elaboren y desarrollen una doctrina judicial congruente, que sea acorde y tienda al cumplimiento de los valores y principios que rigen al estado de derecho.

Resulta también conveniente que la Suprema Corte, siempre dentro de las atribuciones que tiene constitucionalmente conferidas, afine y delimite su quehacer jurídico, para fortalecer su actuación como el máximo tribunal de la República; lo cual se traduce, en seguridad y certeza jurídica para los gobernados.

La Suprema Corte, al interpretar la Constitución, debe orientar el criterio de los órganos jurisdiccionales del país, a fin de que la justicia se imparta de manera pronta y expedita, por tribunales imparciales e independientes.

En este sentido, el interés primordial del tribunal constitucional, no debe ser la elaboración de una gran cantidad de sentencias, sino la elaboración de las mejores sentencias posibles.

De tal manera que el criterio que se adopte, sirva de parámetro para los demás jueces del país, garantizando con ello, que la justicia constitucional sea accesible para el gobernado. Que se le proteja de manera efectiva y a la vez se construya gradualmente una cultura de legalidad.

Vivimos tiempos de globalización creciente, en los que las relaciones económicas y sociales se transforman y modifican momento a momento; y dependen cada vez más de la posibilidad de una convivencia fructífera y respetuosa en el concierto internacional.

En el ámbito jurisdiccional, esta nueva manera de relacionarnos con los demás estados, nos obliga a hacernos cargo de las decisiones que sobre distintas materias emiten los organismos y tribunales internacionales.

Por tanto, parece inaplazable definir la posición y el papel que ha desempeñar nuestro tribunal constitucional, tanto en relación con la jurisprudencia, que emiten dichos órganos, como respecto a la ejecución de la sentencia de los mismos.

Es decir, tenemos como tarea, la construcción de una interpretación de la normativa constitucional, que permita armonizar la soberanía nacional en el ámbito interno, con los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional.

Por otra parte, dadas las características y en ocasiones dificultades de carácter técnico, que supone la impartición de justicia; así como el extenso campo de la materia de su competencia, la Suprema Corte de Justicia conoce de primera mano las necesidades de adecuación legislativa, para la solución de los conflictos jurídicos que se presentan ante los tribunales federales.

Por esta razón, sería interesante que nuestro tribunal constitucional, tuviera la facultad para elaborar proyectos de leyes, a fin de proponer al Congreso de la Unión, las reformas pertinentes para la mejor solución e impartición de justicia.

Esta atribución no supondría, en modo alguno, la invasión a la esfera de competencia del Congreso de la Unión, puesto que a éste corresponderá, en todo caso, aceptar o no la propuesta presentada a su consideración; pero permitiría el diálogo y la colaboración entre poderes, en beneficio del justiciado.

Señoras y señores senadores: Es un privilegio ser parte del ejercicio democrático, a partir del cual se designará a la próxima Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este proceso, encuentra su pleno y cabal sentido, en la medida en que fortalece a las instituciones y procura la construcción del país, que todos los mexicanos deseamos.

Tengo la seguridad, de que la decisión que tome este honorable Senado de la República, será la más conveniente para el Poder Judicial de la Federación y, sin duda, para el pueblo de México.

Este año, celebramos 200 años de la Independencia de México, y entonces como ahora, el reclamo de Morelos, nos compromete: “ Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.

Muchas gracias. (Aplausos)

EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Muchas gracias a usted, señora magistrada.

Gracias, por su presencia.

Ruego a la comisión encargada, conduzca a la señora magistrada Zambrana, hacia el salón contiguo.

(La comisión cumple)

Senadoras, senadores: Una vez concluidas las intervenciones, de las candidatas a ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia, procederemos a la elección correspondiente.

informo a la asamblea que se entregarán sobres personalizados para las votaciones que se lleven a cabo, en cuyo interior se encuentra la cédula respectiva. Recordemos que las disposiciones constitucionales, exige que la elección reúna las dos terceras partes de los senadores presentes.

En el caso de que eso no ocurriese en la primera votación, realizaremos una segunda votación inmediatamente después de conocer los resultados.

Para llevar a cabo la primera ronda de votación, solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y los senadores, y a la secretaría proceder a pasar lista de asistentes de los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna que se ha dispuesto para tal propósito.

(Pasa lista)

EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: Informo a la asamblea que se iniciará a realizar el escrutinio.

(Se realiza el escrutinio)

EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Señor presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación.

Por la candidata Elvia Rosa Díaz de León D’herz, 48 votos.

Por Lilia Mónica López Benítez, 73 votos.

Andrea Zambrana Castañeda, 2 votos.

Señor presidente, informo a usted que se emitieron 123 votos y para alcanzar las dos terceras partes faltaron 9 votos a la que obtuvo el mayor número.

Es cuanto, presidente.

-EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (Desde su escaño): Señor presidente, pido la palabra.

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: ¿Sí, con qué objeto, señor senador? Adelante, señor senador.

Quiero comentar solamente, previo a la participación del senador Pablo Gómez, que debido a que ninguna de las candidatas obtuvo la mayoría que exige el artículo 96 constitucional, procederemos a realizar una segunda ronda de votación después de escuchar al senador Pablo Gómez

-EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Ciudadanas y ciudadanos senadores.

En esta asamblea cada senador y cada senadora tiene la absoluta libertad de votar en el sentido que lo desee, sin duda alguna. Estoy diciendo algo bien sabido, reconocido e indiscutible.

Hemos hecho un ejercicio interesante sobre la base de una regla constitucional, pero también sobre la base de una regla senatorial.

La regla constitucional son dos terceras partes de presentes. La regla senatorial son dos votaciones en el caso de que en la primera nadie obtenga dos terceras partes, manteniendo en la segunda votación, como es natural, la misma regla constitucional de dos terceras.

Ustedes saben que no siempre es así en algunos parlamentos del mundo. Hay algunos en las que en tercera ronda se requiere una mayoría menor. No es el caso de la Constitución mexicana para el nombramiento de integrantes de la Corte.

Sin embargo, la diferencia entre las dos magistradas más votadas es bastante grande. Y lo que se requiere para que una de ellas sea ministra es una cantidad relativamente pequeña de votos.

El sentido de la segunda vuelta es tratar de buscar un acuerdo suficiente. De lo contrario no hubiéramos puesto esa regla que no está en la Constitución, a la que no estábamos obligados. Pero lo hemos hecho en casos anteriores y ha resultado bien, porque la primera votación es indicativa de quién de los tres propuestos puede llegar a tener eventualmente con cierta facilidad los dos tercios requeridos.

Pero eso se le deja a la conciencia libre de los legisladores y legisladoras.

Yo quisiera hacer el exhorto antes de la segunda ronda de votación para que no devolviéramos una terna integrada exclusivamente por mujeres. Podríamos declarar que ninguna de tres es aceptada para ser ministra de la Corte si justamente hemos tenido la opción de votar por una de tres. Que de ninguna manera puede salir de esta terna una ministra de la Corte. Este es el problema político.

Hay otro problema político también.

Es evidente que dos tercios requieren de un acuerdo demasiado grande en el Senado, que por lo visto no lo hay. La pregunta es por qué no lo hay si la terna fue confeccionada por una persona.

Yo lo que quisiera exhortar al Senado es a tratar de evitar con un regreso de la terna un posible conflicto en que se nos presente la terna de uno. Qué contradicción ¿no? De que si no es una determinad persona entonces el Ejecutivo nombrará. Esa es una terna de uno, lo que daría al traste a la norma constitucional o a la intención de la norma constitucional…

Ciudadanas y ciudadanos, me refiero principalmente a los señores y señoras legisladores de Acción Nacional.

No rechacemos una terna de tres mujeres, no nos pongamos en la dirección de un conflicto de una terna de uno, no desconozcamos que el autor de la terna es un dirigente de acción nacional que hizo consultas antes de enviar la terna, y que desde ese punto de vista, cualquiera de los integrantes de la terna sería igual para ir a la Corte, puesto que las ternas no vienen palomeadas, ni es admisible que fueran palomeadas, y que la voluntad política en este caso, de una minoría, de la minoría que acaba de votar, puede resolver un problema también de orden político, si no se puede resolver con la responsabilidad de la no solución de este asunto, estará muy claramente ubicada en una parte de la Asamblea, y de ninguna parte en la mayoría.

Por su atención, muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Tiene el uso de la palabra, aunque así lo ha solicitado el Senador Ricardo Monreal.

EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Ciudadanos legisladores y legisladoras, estamos ejerciendo una facultad que plasma el artículo 94, 95, 96 de la Constitución, el ejercicio que hemos realizado en un primer momento, evidencia con claridad cómo mayoritariamente el Senado de la República ha emitido un voto de preferencia a favor de una de las propuestas en la terna para ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Yo advertía, cuando hablábamos y discutíamos el dictamen que aprobamos y que declaraba como elegibles a cualquiera de las tres, aclaraba que sería contradictorio, difícil de creer que una de las integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo Federal, pudiera ser rechazada por el Partido Político al que pertenece el Ejecutivo.

Es más, al conversar con varios legisladores de Acción Nacional, en un principio comentaba que cualquiera de las tres pudiera representar con dignidad a la Suprema Corte de Justicia en la sustitución del Ministro Gudiño Pelayo. Este es un ejercicio correcto, depende de una sola fuerza, digámoslo con toda claridad, toda la oposición en el Senado, incluyendo PRI, PRD, PT y Convergencia hemos expresado nuestro voto, el Verde también, toda la oposición con excepción del Partido, y Alianza, nuevamente, todos con excepción del Partido cuyo Presidente envió la terna.

Por eso es incomprensible que puedan vetar a una de las tres, porque las tres tienen la confianza del Ejecutivo Federal. Yo convoco a los militantes del Partido Acción Nacional, Senadores, que hagamos un esfuerzo por lograr el consenso para que podíamos el día de ahora resolver y ratificar quién ocupara la vacante de Ministro de la Corte que tiene ya varias semanas vacante, qué pasará, es muy sencillo, si Acción Nacional no mueve su voto, el segundo ejercicio será similar con dos o tres votos más para la candidata que obtuvo la mayoría de votos de la Asamblea, y en consecuencia se rechazará, para que se envíe otra terna por el Ejecutivo.

Corremos el riesgo que nos envíen tres menos buenos o con clara inclinación política de manera estratégica a juicio del Ejecutivo y de su partido, pero no debemos perder la oportunidad, aquí la oposición del Senado, la gran mayoría ha propuesto una de las propuestas, una de las candidatas de la terna.

Tiene la palabra Acción Nacional, y yo creo en el fondo que es una oportunidad histórica para refrescar la integración de la Corte, tener un perfil liberal, independiente, capaz, y sobre todo no rechazar una terna de mujeres para fortalecer y reforzar el principio de equidad en la Corte, en el más alto tribunal de justicia de la Nación. Ojalá y los miembros del Partido Acción Nacional reflexionen y puedan depositar sólo 9 votos en favor de la candidata que obtuvo mayoría de votos en esta Asamblea.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias a usted, señor Senador Monreal.

Solicito al personal de apoyo de la Mesa Directiva del Senado en su conjunto, proceda nuevamente a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y los senadores, a fin de poder resolver en una segunda ronda si se elige Ministra de la Suprema Corte de Justicia, en base a la terna que el Ejecutivo Federal envió a consideración de esta soberanía.

En consecuencia, proceda la secretaría a pasar lista de asistencia de los señores senadores, a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna que se ha dispuesto para tal propósito.

-EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Se va a dar cuenta con el resultado de la votación: Por la candidata Elvia Rosa Díaz de León D´Hers”, 48 votos; por la candidata Lilia Mónica López Benítez, 74 votos; por la candidata Andrea Zambrano Castañeda, cero votos y una abstención. Se emitieron en total 123 votos a la candidata del primer lugar, le faltarían ocho votos para alcanzar las dos terceras partes, presidente.

-EL C. PRESIDENTE BELTRONES RIVERA: Gracias, señor secretario. Luego entonces, conforme al resultado de la votación no se reúne la mayoría que exige el artículo 96 constitucional. El resultado se comunicará al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de que proponga una nueva terna.

Continuamos con la sesión de este día…