¿Justicia militar?

Subyugados por el alto mando/

Arturo Rodríguez García
Revista Proceso # 1850, 15 de abril de 2012
Numerosos militares presos o sometidos a juicio en cortes castrenses se dicen víctimas inocentes a merced de altos mandos del Ejército, quienes manipulan la justicia para tenerlos doblegados, indefensos… y cobrando mucho menos de la mitad de sus percepciones habituales. Tres de esos casos evidencian irregularidades y presuntas operaciones ilegales en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Altos mandos militares ejercen un poder irrestricto valiéndose del fuero de guerra, lo que les permite subyugar a soldados y oficiales de bajo rango, violar sus derechos y pasar por encima del debido proceso a fin de ocultar irregularidades administrativas u operaciones ilegales.

Uno de los casos reportados como injustos es el del capitán Miguel Ángel Portillo Morales. Acusado primero de malversación y luego de peculado pese a los errores en que han incurrido los fiscales, está recluido desde hace cuatro años en la prisión del Campo Militar Número 1.

En 2001 Portillo Morales era comandante del pelotón de intendencia del 13 Batallón de Infantería, en San Cristóbal de Las Casas. Él afirma que el coronel Alfredo Ovalle Gutiérrez –a cargo del batallón– y el teniente coronel Miguel España –segundo al mando– se apoderaron del manejo administrativo de esa unidad, lo que incluye la chequera y el trato con proveedores.
Sin que se presentaran pruebas documentales en su contra –según puede observarse en las averiguaciones previas 31ZM/068/2003, 35ZM/84/2003–, Portillo Morales fue acusado de alterar facturas y mantener un almacén clandestino, por lo que se le fincaron responsabilidades por los delitos de fraude y malversación de fondos. En 2005 el juez sexto militar dictó una orden de aprehensión contra el capitán, que fue frenada mediante el amparo 245/2005-V, concedido a causa de la mala integración del expediente ministerial militar.
Portillo Morales causó baja del Ejército a finales de 2005, volvió a la vida civil y consiguió un empleo. Entonces lo acusaron de desertor.
El 16 de julio de 2009 un comando militar llegó a las oficinas de la empresa donde trabajaba el excapitán y lo detuvo; se le fincó una reparación de daño por casi 3 millones 400 mil pesos y una fianza de 200 mil.
El Código de Justicia Militar no prevé la reparación del daño.
En agosto de ese año los magistrados del Supremo Tribunal Militar –entre ellos el exprocurador general de la República Rafael Macedo de la Concha– le reclasificaron el delito y en lugar de malversación se le fincó responsabilidad por peculado. El acusado consiguió de nuevo un amparo en agosto de 2010, por lo que ya no había motivo para que siguiera preso.
Con todo y el desvanecimiento de los datos que se asentaron en los amparos, Portillo sigue ahí, en la prisión del Campo Militar Número 1.
“Este pasaje de mi vida me llevó a conocer las entrañas del sistema de justicia militar dentro de una institución que, pregonando grandes valores éticos y profesionales, como el honor, la lealtad, el patriotismo, el valor, el espíritu de cuerpo, funciona más para proteger intereses y cubrir los errores y abusos que para velar por el bien colectivo, preservar la disciplina, impartir justicia o engrandecer al país”, afirma el excapitán.
La salud, problema personal
Un hombre corpulento cruza la avenida con dificultad, muy despacio y arrastrando la pierna izquierda. Tras varios minutos llega al lugar del encuentro y saluda al reportero con la mano derecha, que está deformada, retorcida. Igual la izquierda, con la que trata de apartar la silla para sentarse. No puede controlar las manos, que se mueven por su cuenta.
Hace meses que el capitán segundo intendente Mariano Bernardino Reyes Ramírez debería guardar reposo por la pierna lastimada y los brazos inhabilitados a raíz de una caída que coronó la larga racha de mala suerte que lo aqueja. El pasado 22 de diciembre paseaba con sus dos hijos cuando cayó en un hoyo en la calle. Se fracturó el tobillo.
Ese día ingresó al Hospital Central Militar, donde lo incapacitaron y lo excusaron de realizar ejercicios físicos, servicios y uso de uniforme.
Tiene 40 años, 26 en el Ejército, y hasta hace poco su hoja de servicios estaba limpia. Es oficial administrativo, no de armas.
Su mala estrella empezó a finales del año pasado cuando un día caminaba con su familia por una calle de la Ciudad de México y fue detenido por varios hombres encapuchados y armados, quienes, sin identificarse, lo golpearon, maltrataron a su mujer y a su hija y les robaron sus pertenencias. Luego lo llevaron a las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación.
Una vez confirmada su identidad militar por quienes resultaron ser agentes federales, éstos se disculparon, pero no lo soltaron, sino hasta que un mando castrense intercedió por él ante el comandante regional de la corporación, quien ordenó su liberación. El capitán Reyes se quejó ante sus superiores y quiso proceder por la vía legal, pero la orden que le dieron fue clara: no debía interponer denuncia.
Aunque obedeció, días después lo acusaron de abuso de autoridad por haberle alzado la voz a un subordinado. Ahora se encuentra bajo proceso, con el salario reducido a 10% e integrado al Grupo de Procesados y Sentenciados de la Prisión Militar. Debe pasar lista a diario y firmar en las instalaciones del Campo Militar Número 1.
Si bien considera que su caso es una injusticia a partir de la cual se pretende evitar su denuncia por el operativo ilegal de la AFI, no quiere hablar de eso. Le preocupa más recuperar la fuerza de sus manos, fortalecer las extremidades que lo incapacitan para cualquier trabajo. Y en eso se explaya ante la negativa de sus superiores para acatar los dictámenes médicos militares.
Después de la fractura de su tobillo, cada día tenía que caminar unos seis kilómetros para ir y venir de la estación del Metro al lugar indicado para pasar lista dentro del Campo Militar, donde no hay transporte interno. El recorrido lo efectuaba con lo que terminaría siendo su apodo entre los demás procesados: Muletas.
Su peso y corpulencia, combinados con el uso de las muletas, hicieron estragos: sus manos se volvieron inútiles. Pero para el general Carlos Munguía Martínez, director de la Prisión Militar –de la que depende el grupo de procesados– eso es un asunto privado y el capitán debe cumplir con el pase de lista y un horario.
El primer diagnóstico por el daño a sus brazos se asentó el pasado 28 de enero: “Neuritis aguda”, escribió y firmó la mayor médico cirujano Diana Pérez Trejo. El 31 de enero un neurólogo del Hospital Militar consideró que la “debilidad progresiva de extremidades superiores” era consecuencia de una neuropatía periférica, que para el 2 de marzo se había convertido en una “plexopatía braquial bilateral por empleo de muletas”.
Todos los diagnósticos asentaban que debía atenderse de inmediato y realizar terapias de rehabilitación con especialistas al menos 30 días. Con copias de los diagnósticos envió una y otra vez oficios pidiendo el permiso correspondiente a la Prisión Militar, hasta que finalmente se le envió el oficio 004445.
Éste conmina a Reyes Ramírez a cumplir con su horario regular en el grupo de procesados y “se le recuerda (que) usted mismo provocó (…) encontrarse en su actual situación”. Además se le hace ver que su atención médica es un asunto “personal y/o particular”.
“Se le invita a que regularice su situación jurídica y en lo sucesivo evite elevar este tipo de peticiones de índole personal y/o particular, ya que no se les dará curso”, se lee en el oficio.
Y remata: “Se le conmina a que no trate de sorprender al suscrito”. La firma es del general brigadier, director de la Prisión Militar, Carlos Munguía Martínez.
Con miedo de perder por completo la movilidad de los brazos, Reyes Ramírez interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violación a su derecho a la salud, pero hasta el momento no se le ha notificado de ninguna medida cautelar o intervención que permita su atención médica, por lo que a diario cumple el horario que le asignó el general Munguía.
En la trampa
Al capitán segundo José Rigoberto Ontiveros lo enviaron a la II Región Militar, en Mexicali, para auxiliar en una auditoría al teniente auditor Ernesto Esteva García, perteneciente a la Inspección General y Contraloría General, cuyo titular era el general Roberto Miranda Sánchez.
Durante varios días, auditor y auxiliar revisaron las cuentas hasta que el 17 de marzo de 2010 integraron una cédula con numerosas observaciones a fin de que la administración de la Región Militar aclarara o subsanara las deficiencias y los gastos no comprobados en un periodo de ocho días.
La cantidad de anomalías había motivado un segundo procedimiento en el que se integraban muchas irregularidades más.
De acuerdo con Ontiveros, ese 17 de marzo no habían recibido sus haberes. Llevaban viáticos limitados y ni siquiera podían comprar los pasajes para regresar a la Ciudad de México.
El mayor pagador de la región, Manuel Yáñez Figueroa, llegó al área de la auditoría para avisar que viajaría a Caléxico aprovechando el asueto. Con cortesía les ofreció hacerles compras en esa ciudad estadunidense: “Lo que ustedes quieran. No se preocupen; si no tienen dinero, yo les presto. Con confianza, por favor”, les dijo.
Teniente y capitán rechazaron la oferta, pero el 22 de marzo, escasos de recursos, aceptaron un préstamo a fin de regresar a la capital del país. El mayor Yáñez fingió hacer la compra de los boletos por internet y fallar en el intento, por lo que proporcionó el dinero en efectivo. El capitán Ontiveros asegura que fue una trampa.
Cuando Yáñez les entregó el “préstamo” se hizo acompañar de otro militar que más tarde supo era Zipacna Jesús Torres Ojeda, un funcionario del Órgano Interno de Control. Frente a él, el mayor pagador contó los billetes, y se retiró junto con su acompañante. Más tarde, los arrestaron y les quitaron el dinero.
Según la “hoja 171”, con fecha 22 de marzo de 2010, firmada por el general de división Roberto Miranda Sánchez, entonces contralor general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, enviada al secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, se informa que el dinero lo habían pedido para no asentar las anomalías que habían detectado.
“Ante esta situación giré instrucciones al comandante de la II Región Militar para que me proporcionara en calidad de préstamo la cantidad de $10,000.00 para que el mayor pagador Yáñez Figueroa se los entregara al capitán Rigoberto Ontiveros y se materializara la acción de cohecho y de ser positivo se procediera en contra de los citados oficiales contadores.”
Miranda les fincó el delito de cohecho en flagrancia y los auditores fueron enviados a una prisión preventiva.
El pasado 23 de marzo se cumplieron dos años de su primera declaración ministerial militar, en la que además se presentaron como testigos a su favor dos soldados que estaban en la oficina y convalidaron la versión del préstamo para pasajes y la fingida compra por internet.
Viéndose acorralado por los testimonios, Yáñez admitió haber intentado la compra por internet pero dijo que lo hizo porque se sintió presionado, ya que el capitán Ontiveros lo amenazó con asentar irregularidades en la auditoría.
Aunque Ontiveros y Esteva recibieron el dinero, que al ser detenidos reintegraron, el segundo fue puesto en libertad de inmediato. El capitán Ontiveros sigue en proceso no obstante que él, por su jerarquía y comisión, no tenía facultades para manejar el expediente. Esteva sí.
Para Ontiveros, al haber fraguado la “trampa” el general Miranda y los mandos militares que participaron habrían incurrido también en un delito. Cita el artículo 111 del Código de Justicia Militar, en cuyo párrafo quinto se establece que son cómplices quienes, sin acuerdo con el delincuente pero sabedores de que se cometerá un delito y debiendo impedirlo, no lo hacen.
En su criterio, al enterarse de la maniobra y ordenar seguirla, el general Miranda se convirtió en cómplice lo mismo que el teniente Esteva, quien recibió el dinero, y aún más el mayor pagador Yáñez, por haber entregado los recursos.
Existen otras condiciones de modo, tiempo y lugar que implican a los demás mandos o desvirtúan los hechos. Por ejemplo, en el informe del general Miranda se asienta que el procedimiento se inició a las 8:00 de la mañana tiempo del centro, esto es a las 6:00 de la mañana tiempo del noroeste, hora en la que no trabajan las oficinas administrativas. Además se establece como fecha el 21 de marzo, cuando el mayor Yáñez gozaba de asueto.
Con 35 años de servicio, Ontiveros, el militar de menor jerarquía entre los implicados en el caso y sin facultades para auditar, es el único que está en proceso desde hace dos años. Con su salario reducido acude a pasar lista todas las mañanas al Campo Militar Número 1. Para sostenerse vende dulces en la calle.
De las decenas de irregularidades identificadas en la administración de los generales Sergio Magaña y Rubén Venzor –los anteriores responsables de la XI Región Militar–, informadas antes del supuesto cohecho, ya jamás se supo nada y Miranda pasó en enero a retiro, cubierto de honores.
Dinero perdido
Los casos de militares procesados han dejado al descubierto el asunto de la nómina que se retiene a quienes enfrentan juicio y que jamás se les reintegra. En su edición 1838 Proceso documentó diferentes casos de militares y marinos bajo caución, entre éstos el teniente de corbeta Iván Gómez.
El pasado 19 de marzo Gómez se reincorporó a servicio, exonerado de los cargos que se le imputaban. Entonces inició también el trámite para recuperar los recursos retenidos. La respuesta fue negativa.
Lo mismo ocurrió con el teniente de infantería naval Germaín Cervantes, quien también estuvo en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, denunciando los excesos del fuero de guerra. Fue exonerado.
El 17 de octubre de 2011 Felipe Calderón decretó una reforma a diversas disposiciones del reglamento de los grupos militares sentenciados y procesados: ordenó que a quienes estén en proceso se les reduzca a 50% y no a 10% su pago de nómina, y que a quienes resulten exonerados se les reintegre el dinero y las prestaciones retenidas.
Del decreto a los hechos hay una gran distancia. Hace pocos días el director de Justicia Naval de la Secretaría de Marina, el almirante Agustín Rodríguez Malpica –pariente político del contraalmirante Marco Antonio Peyrot, extitular de esa dependencia–, notificó que no ha recibido comunicación al respecto, por lo que no reintegraría las retenciones a los tenientes Cervantes y Gómez.
En lo que respecta al Grupo de Militares Procesados y Sentenciados de la I Región Militar, no han recibido el 50% que les corresponde, y ni siquiera les han explicado el motivo del incumplimiento del decreto, por lo que el destino de los recursos sigue siendo incierto.