Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión fueron señalados como los grandes causantes de que la Reforma Penal, con base en el Sistema Acusatorio de los Juicios Orales, no hubiese avanzado más en el país.
Fuertes reclamos del Presidente Calderón y del Ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls, así como de numerosos académicos y líderes de opinión, marcaron el tono de poner al Congreso en el banquillo de los acusados, por la falta de aprobación de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que implemente los nuevos principios de transparencia y eficiencia en los juicios penales.
En cierta forma el Foro tuvo características de un Juicio Oral, pues los legisladores en el panel, a su vez, recalcaron la falta de voluntad política del propio Ejecutivo Federal en el tema, pues tardó más de tres años en proponer su Iniciativa de Ley a Diputados.
Pero
como no se trataba sólo de empatar recriminaciones, ante un ambiente franco de
rendición de cuentas, para enmendar errores Humberto Benítez, Diputado del PRI
y Presidente de la Comisión de Justicia, y Oscar Martín Arce Paniagua, Diputado
del PAN y Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, se comprometieron a
convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones
del Congreso para que, antes de que terminen sus mandatos, se emitan las leyes
que den plena vigencia jurídica a la Reforma Constitucional; de los del PRD ni
sus luces, pero no se les necesitaría para formar mayoría.
Patéticamente
evidente resultó la inactividad del Congreso porque más de la mitad de los
Estados de la República cuentan ya con nuevas legislaciones que otorgan a sus
ciudadanos, víctimas y acusados, un mejor Sistema de Administración de Justicia
Penal, en el que existe una columna vertebral entre la
actuación Policial y la Justicia, como principio de la cadena penal y como fin,
engarzando en esta cadena, Ministerios Públicos, Defensores de Oficio, Jueces y
Sistema Carcelario.En las Entidades con Reforma Penal los índices más representativos de eficiencia del sistema han mejorado sustancialmente; así, por ejemplo, Chihuahua, a pesar de una contrarreforma juzgada como mal instaurada, tiene denuncias por delitos, en proporción, más del doble que la media nacional y es tres veces mayor el porcentaje de estas denuncias que concluyen con sentencias condenatorias.
Por virtud de la Reforma Penal, Chihuahua cuenta con mayor confianza ciudadana en las autoridades penales y menor impunidad, en paralelo que ha ido disminuyendo la violencia en el Estado; con algunas diferencias esto es igualmente válido en los otros Estados reformados.
En las Mesas dedicadas a los Candidatos Presidenciales quedaron en claro dos puntos.
Uno, la ausencia de AMLO en el Foro, que no fue sorpresa por su conocido desinterés en mejorar el sistema de justicia penal, como lo comprobó en su paso por el Gobierno del Distrito Federal, así como por ni siquiera mencionarlo en la plataforma política de su campaña. M. Mancera, con congruencia partidaria, tibiamente apoyó los principios del nuevo sistema, sobre los que poco, más bien nada, hizo como Procurador General del D.F.
Dos, más cosmética que de fondo calificaron especialistas en la Mesa de Candidatos a la Reforma Penal del Estado de México, por no partir de una transformación de Policías, Ministerio Público, ni del Sistema Carcelario; hasta ahora se han instalado Salas de Juicios Orales y remodelado las oficinas de atención al público, pero Juicios Orales, en términos del Sistema Acusatorio, no existen pues, inclusive, en la llamada Audiencia Oral se "lee" el expediente de la Averiguación Previa, cumpliendo con el aspecto "verbalizado" nada más, forma que no fondo.
Bien y todo esto que pertenece al campo de la Justicia Penal ¿qué tiene que ver con la Seguridad Pública?
En una de las Conferencias Magistrales, el Dr. Cristian Riego, autoridad mundial sobre este tema, de Chile, pidió que México no cometa el error de estructurar la implementación de la Reforma Penal sin la preocupación central de su impacto contra la violencia; la Reforma es una herramienta de Seguridad Pública, por lo que su énfasis transformador de Policías, por ejemplo, debe enfocarse a la prevención y persecución de los delitos y, por su parte, la transparencia en los procesos penales a crear confianza ciudadana, que incremente denuncias y colaboración con la Policía.
En el umbral de un cambio del Ejecutivo Federal y de Legisladores Federales, el Cuarto Foro consignó lo que los principales actores de la escena penal han hecho en relación a poner en práctica el nuevo sistema penal; también registró lo que no hicieron; un ejercicio de la sociedad civil necesario en función del reconocimiento de que el Estado no es único responsable de la Justicia Penal y la Seguridad Pública.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario