Opinión del Javier González Garza, sobre MVS

Bicocas/Javier González Garza' ! doctor en Matemáticas, militante del PRD.
Publicado en Reforma, 18 Ago. 12
El problema, por la banda de 2.5 GHz, si solamente fuera económico, debería de resolverse en el ámbito del Poder Ejecutivo y los organismos que para esos fines existen, incluso en el ámbito judicial
Cuando un periodista o un medio de comunicación se convierten en noticia, se muestra que algo descompuesto hay en la sociedad. Este es el caso del conflicto por el control de la banda de 2.5 GHz, que ha pasado de ser una discusión técnico-económica a un asunto de libertad de expresión.
El gobierno federal declara que la razón para iniciar el "rescate" de las concesiones otorgadas a MVS en 2.5 GHz se realiza porque este grupo no estuvo dispuesto a pagar la contraprestación determinada por la autoridad.
Es evidente que la explotación de una concesión de esta naturaleza debería producir una buena cantidad de dinero para el erario público. También es claro que el espectro radioeléctrico es un bien de la nación que no debería otorgársele un particular sin el cobro adecuado y mucho menos discrecionalmente.
El problema, si solamente fuera de carácter económico, debería de resolverse en el ámbito del Poder Ejecutivo y los organismos de control que para esos fines existen, incluso podrá dirimirse en el ámbito judicial.
Pero el señor Joaquín Vargas, presidente de MVS, formuló en una conferencia de prensa acusaciones muy graves en contra de funcionarios de primer nivel del gobierno de Calderón. Se refirió a la señora Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y al señor Javier Lozano, entonces secretario de Trabajo del propio gobierno federal.
Joaquín Vargas acusa a la señora Sota de "exigir una disculpa pública por parte de la periodista Carmen Aristegui" por los cuestionamientos que realizó la comunicadora sobre el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón. Vargas asegura también que Javier Lozano le dijo: "hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios. Pero, si recontratas a la periodista (Aristegui), tu proyecto se lo lleva la chingada". Vargas asegura que tiene forma de demostrar su dicho.
Ello implica que el conflicto ya no está en el terreno de la discrepancia económica. Si el dicho de Vargas es cierto, como parece serlo, la situación es completamente otra, estaríamos en medio de un chantaje político que no sólo implicaría una prohibición al libre ejercicio de una profesión, también representaría un golpe inaceptable a libertad de expresión y a la democracia misma.
El asunto es de una importancia superior. Si lo que dice el gobierno federal es cierto, desde que ocurrieron los hechos, y aún hoy, está obligado a presentar denuncia. Pero en ningún caso podemos tolerar un chantaje o venganza desde el gobierno. La investigación de este caso puede llevarnos a conocer los entretelones del otorgamiento de concesiones de bienes nacionales y a eliminar la nefasta discrecionalidad con que se otorgan, sobre todo en el espectro radioeléctrico.
Vergonzosamente en este sexenio, la actividad periodística en nuestro país está en su peor momento. Periodistas de todos los niveles y en gran parte del territorio nacional han sido amenazados, secuestrados, desaparecidos y muertos. Reporteros Sin Fronteras reporta más de 83 periodistas muertos desde 2000, otros 14 desaparecidos, e innumerables amenazas.
Los ataques a las instalaciones de medios de comunicación se multiplican. Las amenazas han llegado a ser de tal magnitud que algunos medios han decidido no publicar sobre temas de seguridad. Existen casos como el de la periodista Lydia Cacho, que han decidido abandonar temporalmente el país debido a amenazas en su contra. Otros se han ido en definitiva, algunos han solicitado asilo político en otros países. Ejercer el periodismo en México se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas en el mundo.
Desafortunadamente no es sólo el poder del narcotráfico el que se encuentra detrás de estos ataques, también las embestidas y la represión vienen de poderes económicos y políticos del más alto nivel, en un clima de impunidad estructural.
Por todo esto, no debería quedar en duda la actuación de las instituciones del país a favor de la Libertad de Expresión y de ensanchar la pluralidad de las voces y empresas que ofrecen radio, televisión e internet.
Sin embargo no es así, los negocios en el campo de las telecomunicaciones se concentran cada vez más. El llamado duopolio televisivo avanza aumentado su poder, la asociación de Televisa y TV Azteca ya es un hecho en Iusacell. Estas empresas representan conjuntamente más del 90% de los servicios de televisión y ahora podrán ofrecer servicios integrados de telecomunicaciones: internet, televisión, telefonía fija y celular. Además, la telebancada de la próxima legislatura en las cámaras de Senadores y Diputados incrementará y hará sentir cada vez más su poder.
Mientras, toda la evidencia muestra que el gobierno de Calderón castiga a sus críticos y con ello fortalece aún más la fuerza del duopolio.
Para que exista una verdadera democracia en México, ningún periodista ni medio de comunicación debe ser coartado en su libertad de expresión al contrario, el gobierno debe tomar medidas extraordinarias para defender esa libertad y garantizar el derecho de todo ciudadano a estar informado.
A la Secretaría de Hacienda podrían parecerle bicocas los ofrecimientos económicos de los Vargas, lo que no es una bicoca es el ataque a la libertad de expresión.