Riesgo de “venezolanización”/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2102, 12 de febrero de 2017
La Ley de Seguridad Interior que buscan los militares es innecesaria. No sólo pretende legalizar lo que han hecho, sino también hacer permanente lo que debe ser temporal, asegura el constitucionalista Diego Valadés Ríos.
“Civiles y militares han reconocido que lo que está ocurriendo en la intervención de los militares no tiene fundamento constitucional ni legal, y lo que se está haciendo con la elaboración de una Ley de Seguridad Interior es la legalización ex post facto de lo que está ocurriendo ante facto; es decir, lo que está dándose en la realidad”, dice en entrevista el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y exprocurador general de la República.
Asegura que la intervención de los militares en el combate al narcotráfico debió haberse visto y resuelto hace mucho tiempo: “Yo planteé hace 10 años, desde 2006, que se aplicara el artículo 29 constitucional”, el cual autoriza los estados de excepción.
“Existen los instrumentos y las bases constitucionales del estado de excepción que permitían tomar eso: medidas de excepción, tales como darles intervención a las Fuerzas Armadas en carácter de policía. No se hizo, habiéndose tenido los instrumentos”, dice el también exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Favorecedor de reglamentar el artículo 29, como se ha discutido en el Senado de la República, dice que para muchos ha sido una especie de tabú decir que se suspendían las garantías para dar lugar a ciertas circunstancias de excepcionalidad.
Pero la salida ha sido contraproducente: “Como no hemos puesto en práctica las leyes que prevén la excepcionalidad, hemos establecido la excepcionalidad por la peor de las vías: la vía de hecho”.
Explica que las ventajas de la declaración de estados de excepción es que el Congreso le da al gobierno la facultad de intervenir para dar seguimiento a la medida, además de que le impone la obligación de informar periódicamente acerca del uso de las facultades excepcionales.
–En esa circunstancia, ¿entonces no es necesaria una Ley de Seguridad Interior? –se le pregunta a Valadés
–No lo es. Basta con aplicar lo que ya existe. Sí es necesaria una ley reglamentaria del artículo 29 y se puede hacer esa ley. La gran diferencia es que una ley de seguridad interior convierte en permanente lo que desde mi punto de vista debe ser excepcional. La intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad debe ser excepcional, y por eso debe ser regulada conforme al 29; sólo mientras duren las condiciones de excepción y no de manera permanente, porque lo que se va a hacer con esta ley es convertir en permanente lo que debe ser transitorio.
–¿De qué tipo de régimen estamos hablando cuando en él hay una presencia constante de las Fuerzas Armadas en las calles?
–Eso no altera las características de un sistema democrático con tal de que en esa ley se prevean instrumentos adecuados de control por parte del Congreso. Si en esta ley no se prevén mecanismos de responsabilidad política y de control político por parte del Congreso, entonces estamos construyendo un instrumento muy peligroso para la vida de las instituciones nacionales.
“Es evidente que lo que la ley va a prever es la posibilidad de que en ciertas circunstancias las Fuerzas Armadas lleven a cabo funciones policiales, y cuando se hayan reducido las circunstancias de alta violencia y delictividad que padece el país, lo natural es que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, con lo cual se estará produciendo exactamente lo mismo que se habría dado en caso de declarar un estado de excepción para permitir el uso de las Fuerzas Armadas durante el periodo que durara la emergencia que requiriera su presencia en las calles.”
–Hasta ahora, las iniciativas que hay en el Congreso carecen de mecanismos efectivos de control por parte del Congreso mismo y de rendición de cuentas por parte de los militares.
–Es una omisión que en todo caso será necesario subsanar más adelante. Las condiciones de irregularidad de la vida institucional mexicana no pueden perpetuarse indefinidamente sin que se ponga en crisis la vida misma de la democracia, y hacia lo que vamos tendencialmente es hacia una organización democrática porque hay una sociedad madura que lo exige.
“Entonces, todo aquello en lo que se produzcan omisiones en este momento será subsanado en el futuro. No estoy haciendo una predicción de pitoniso; simplemente estoy diciendo lo que en el proceso natural de construcción de una democracia se tiene que dar.
“La construcción de los controles políticos en relación con este tema de seguridad y a todas las acciones de gobierno es ineludible. Hacia allá han avanzado todos los sistemas constitucionales democráticos. Si no, la otra opción es convertir a México en una república venezonalizada, porque lo que se ha dado en Venezuela es justamente la máxima descomposición de un sistema constitucional contemporáneo.”
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