Quirino y su gabinete presentan declaraciones simuladas; siete se niegan a hacerla pública
Nota de Miriam Ramírez7
Río Doce, 15 mayo, 2017
El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y su gabinete simularon su declaración patrimonial, aprovechando los vacíos de la ley local de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Sinaloa, que no exige a los funcionarios declarar el valor actual de sus bienes y exime las propiedades de sus cónyuges o dependientes económicos bajo criterios ambiguos.
Haciendo uso de esos vacíos, Ordaz Coppel no declaró las propiedades de su esposa Rosa Icela Fuentes Chávez, quien posee dos inmuebles de un valor de siete millones 337 mil pesos y tampoco declaró el valor de sus empresas turísticas.
Los empresarios y hoy servidores públicos, Javier Lizárraga Mercado, copropietario de la compañía Café Marino; Alfredo Román Messina, accionista del hospital privado Clínica del Mar; Juan Enrique Habberman Gastélum, propietario de empresas agrícolas y Martha Cecilia Robles Montijo, titular de la Secretaría Sustentable y ex dirigente de Canacintra, se negaron a hacer pública su declaración patrimonial.
Tampoco quisieron transparentar su patrimonio el secretario de Educación, Enrique Villa Rivera, el secretario de Seguridad Pública, Genaro Robles Casillas, y el Coordinador de Proyectos Estratégicos, Francisco Córdova Celaya.
A pesar del discurso que Ordaz Coppel ha mantenido desde el inicio de su gestión, en el que ha comprometido transparencia y rendición de cuentas, el primer paso, el de las declaraciones patrimoniales, ha sido simulado.
Las propiedades de Rosy
Dedicada desde siempre al hogar, a sus hijos y a las asociaciones filantrópicas, como ella lo ha declarado a la prensa, Rosa Icela Fuentes Chávez posee dos propiedades en Culiacán, ubicadas en el exclusivo complejo habitacional La Primavera.
Una de sus propiedades con domicilio en Barrio San Agustín, de una extensión de 477 metros cuadrados, tiene un valor catastral de cinco millones 908 mil 451 pesos, mientras que la otra propiedad en el mismo sector es un terreno de 414 metros cuadrados con un valor catastral de un millón 429 mil 093 pesos.
Sin embargo, estos inmuebles no fueron incluidos en la declaración patrimonial de Ordaz Coppel, a pesar de que el artículo 120 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa incluye a los cónyuges y dependientes económicos.
Pero ese mismo artículo brinda una excepción de la que los Ordaz Coppel hicieron uso, días antes de asumir el cargo.
Según consta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa, el 14 de diciembre de 2016, días antes de que su esposo se convirtiera en Gobernador de Sinaloa, Fuentes Chávez registró una inscripción especial en la que señala a través de una carta notariada y con las firmas de tres testigos, que la propiedad ubicada en la calle San Agustín en La Primavera, de un valor de casi seis millones de pesos, fue construida con sus propios recursos.
De acuerdo con la ley, los bienes de los cónyuges o dependientes económicos no se considerarán patrimonio del servidor público cuando “se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos o con sus propios recursos”.
La acreditación de Fuentes Chávez consiste sólo en una inscripción con los nombres de sus tres testigos y la firma del notario, pero no va más allá en el origen de los recursos.
La modesta declaración de Quirino
Lo que sí declaró el gobernador de Sinaloa es un patrimonio compuesto por inmuebles, inversiones y pasivos en una suma total de 10 millones 187 mil pesos.
El patrimonio declarado por Ordaz Coppel es superado por lo menos por cuatro de sus secretarios de gabinete, entre ellos Gonzalo Gómez Flores, secretario de Gobierno; Guadalupe Yan Ortiz, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; Juan Ernesto Millán Pietsch, secretario de Pesca y Acuacultura y José de Jesús Gálvez Cázares, secretario de Innovación, quien duplica el supuesto patrimonio del gobernador.
En la declaración de situación patrimonial por inicio de gestión que el gobierno de Sinaloa entregó a través de una solicitud de acceso a la información, Ordaz Coppel señala que sólo cuenta con una casa de 2 millones 994 mil 496 pesos.
Tiene un terreno de 312 mil pesos pero no posee vehículos y cuenta con 770 mil pesos en inversiones a plazo, 809 mil pesos en cuentas de cheques y dos millones 517 mil pesos en inversiones en acciones.
Según el documento, Ordaz Coppel tiene tres pasivos, clasificados como “otros”, por 16 mil 300 pesos.
Quienes superan a Quirino, no en su posición política pero sí en su patrimonio declarado, es José de Jesús Gálvez Cázares, secretario de Innovación, propietario de empresas de tecnología y ex funcionario del Corporativo Coppel, quien reportó un patrimonio de 26 millones 622 mil 555 pesos.
Gálvez Cázares enlistó la propiedad de seis casas de un valor de 20 millones 644 mil 178 pesos y un terreno que adquirió en 150 mil pesos.
El secretario de Innovación dijo contar con seis vehículos que suman 2 millones 517 mil 400 pesos, cinco cuentas bancarias con 5 millones 513 mil pesos, dos inversiones a plazo por 2 millones 50 mil pesos y tres inversiones en acciones por 790 mil pesos.
Después de él, la funcionaria que reportó un patrimonio mayor es María Guadalupe Yan Rubio, quien declaró tres casas por 12 millones 650 mil pesos y un terreno de 2 millones 500 mil pesos.
Yan Rubio reportó cuatro vehículos y obras de arte con valor de 2 millones 050 mil pesos e inversiones en acciones por cinco millones 100 mil pesos.
En total, el patrimonio de Yan Rubio asciende, según su declaración, a 20 millones 14 mil 784 pesos.
Las declaraciones de los secretarios de gabinete y el gobernador de Sinaloa se apegaron a lo que establece el artículo 115 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa, el cual les permite declarar el valor histórico de adquisición y no el valor comercial, por lo que el patrimonio del gabinete de Ordaz Coppel podría ser aún más alto.
Los que se negaron
Del gabinete de Ordaz Coppel, 12 funcionarios de un total de 20, autorizaron que su declaración patrimonial sea pública y la pueda conocer cualquier ciudadano, pero el resto se negó a transparentar sus bienes.
Sin embargo, con una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Sinaloa se logró conocer el valor de algunos bienes que poseen los integrantes del gabinete de Ordaz Coppel.
Se encontró por ejemplo, que Martha Cecilia Robles Montijo, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, tiene un patrimonio estimado en 8 millones 367 mil 220 pesos, tan sólo del valor de sus inmuebles.
Según los registros públicos, Robles Montijo tiene cinco terrenos con un valor catastral de 624 mil 568 pesos en el fraccionamiento Santa Elena de Culiacán; un terreno de casi dos hectáreas en terrenos del Humaya, con un valor catastral de 5 millones 838 mil 669 pesos y tres casas en el fraccionamiento La Campiña por un valor de un millón 903 mil 983 pesos.
Del hoy secretario de Agricultura, Habermann Gastélum, se encontró una finca en la colonia Chapultepec con una extensión de una hectárea 285 metros cuadrados y un valor catastral de 12 millones 467 mil 063 pesos. Habermann Gastélum también se negó a mostrar a la ciudadanía su situación patrimonial.
El empresario, ex dirigente de Codesin y hoy secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga, también le dijo no a la transparencia y se apegó al artículo 112 de la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa, que les permite decidir si su situación patrimonial se hace pública o no.
Por lo que sólo se pudo conocer, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que Lizárraga Mercado es propietario de una casa en el fraccionamiento Balcones de Loma Linda en Mazatlán, con un valor comercial de 2 millones 30 mil 568 pesos, la cual se le otorgó en donación por sus padres.
También tiene una propiedad en el fraccionamiento El CID en Mazatlán, con valor de un millón 500 mil pesos.
Se buscaron las propiedades del secretario de Educación, Enrique Villa Rivera; el secretario de Seguridad Pública, Genaro Robles Castilla y Francisco Córdova Celaya, coordinador de Proyectos Estratégicos pero no se encontró información sobre propiedades a su nombre.
Transparencia simulada
Al tomar protesta como gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel enlistó entre sus compromisos de gobierno la obligación de sus servidores públicos de entregar su declaración 3de3, es decir, declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Sin embargo, en la iniciativa de reforma que Ordaz Coppel envío días después al Congreso y que ya fue aprobada, no se obliga a los funcionarios a que estas declaraciones las transparenten y las den a conocer a la ciudadanía, sino que la opción sigue quedando a voluntad del funcionario.
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